Jonathan Ismael Bermudez Ramírez y Otros.

Expediente 702/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
702/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Tania Lizet López Santiago y Otros.
  • Jonathan Ismael Bermudez Ramírez y Otros.
  • Tania Lizet López Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA CUMPLIDA LA SRNTENCIA

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, así como el estado de los autos, de los que se advierte que en cuatro de julio de dos mil veintiuno, se recibió en guardia alta la demanda de amparo la demanda de amparo promovida por ******************** en nombre y representación de ********************y******************** En consecuencia, gírese oficio vía correo electrónico a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común, para que conforme a lo establecido en el precepto 43 del mencionado Acuerdo General, realice la corrección respectiva, genere la boleta, y haga la compensación correspondiente. Finalmente, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Juez Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de este año, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Se autoriza a la Secretaria y/o Actuario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, de la constancia actuarial de cuatro de julio del año en curso, se advierte que Jhonatan Ismael Bermúdez Ramírez y Tania Lizet López Santiago, no ratificaron el contenido de la demanda presentada en su favor por Mónica Cruz López; además, la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional dio fe de que los mismos no presentaron marcas de violencia y que los directos quejosos señalaron como domicilio los estrados. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de cuatro de julio del año en curso y se tiene por no presentada la demanda que se trata, en consecuencia, quedan sin efectos las providencias decretadas en su beneficio en el citado acuerdo. Sirve de apoyo, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1031, Tomo LXXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, RATIFICACIÓN DE LA, ENCONTRÁNDOSE DETENIDO EL AGRAVIADO." Asimismo, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado de Distrito. 14/05/22 16:34:31 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.38.31.35.33.32.35 FLAVIA MARIA AGUAYO CARMONAHáganse las anotaciones procedentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Se autoriza a la Secretaria y/o al actuario de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente asunto. Finalmente, agréguense únicamente para que obren como correspondan los oficios sin número y terminación 3969/2021, remitidos por el Juez Calificador del Tercer Turno, así como por la Jefa de la Unidad Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, ambos en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, respectivamente, mediante los cuales rinden su informe respecto a la suspensión de plano; en virtud de lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo por Mónica Cruz López en representación de Jhonatan Ismael Bermúdez Ramírez y Tania Lizet López Santiago, contra actos del Director y Juez Calificador, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; regístrese en libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 702/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Suspensión de plano. Ahora, del análisis del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, actos contenidos en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, a saber: Detención ilegal. Incomunicación Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para que cese de inmediato la privación de la libertad personal fuera de procedimiento, en contra de la parte quejosa, con las salvedades que más adelante se expondrán, así como para que cese de inmediato la incomunicación, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que no se consume la materia del juicio, ni se ejecuten irreparablemente las alegadas violaciones; sin perjuicio de que si con posterioridad al analizar el fondo del asunto, se aprecia que se trata de un arresto o detención válido constitucionalmente, se constriña a la parte quejosa a compurgar la sanción faltante al momento de ser puesta en libertad. El cese de la privación de la libertad personal fuera de procedimiento antes decretado, al no advertirse participación de autoridad judicial, es para el efecto de que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: a) De existir orden de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, emitido contra la parte quejosa por autoridad distinta al Ministerio Público, se abstengan de ejecutarlo, siempre que la parte quejosa no hubiere sido sorprendida en flagrancia, cuasiflagrancia o presunción de delito, así como en caso de urgencia, a que se refiere el párrafo sexto del precepto 16 de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención. b) En el caso que ya se hubiere ejecutado el ataque fuera de procedimiento sin causa legal, tendrá por efecto que la parte quejosa sea puesta en inmediata libertad. En el entendido que dicha medida suspensional en los términos antes descritos no surtirá efectos, si la parte quejosa fue sorprendida en flagrancia, cuasiflagrancia, presunción de delito, comisión de delito, ni en caso de urgencia, a que se refiere el párrafo sexto del precepto 16 de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención; supuestos en los cuales, la medida suspensional únicamente tendrá por objeto, que los quejosos sean puestos a disposición del agente del Ministerio Público que corresponda. Lo anterior, a fin de que no se consume la materia del juicio, ni se ejecuten irreparablemente las alegadas violaciones; sin perjuicio de que si con posterioridad al analizar el fondo del asunto, se aprecia que se trate de una restricción o privación de la libertad personal válida constitucionalmente, se constriña a la parte quejosa a compurgar la sanción faltante al momento de ser puesta en libertad. Ahora bien, en caso de que la parte quejosa se encuentre a disposición del Agente del Ministerio Público, por la comisión de un delito, las autoridades responsables en el término CUARENTA Y OCHO o NOVENTA Y SEIS HORAS, tratándose de delincuencia organizada, según sea el caso, conforme lo disponen los artículos 16, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 165 de la Ley de Amparo, deberán poner a los quejosos a disposición de la autoridad jurisdiccional competente que corresponda, o en su caso, deberán ordenar su libertad. Además, la suspensión no surtirá efectos en caso de que la orden hubiere sido ordenada por autoridad jurisdiccional, o por haber cometido un ilícito, y se encuentre instruyéndose o se instruirá en contra de la parte directamente agraviada una causa penal; o bien, tales actos, emanen de diversas autoridades de las señaladas como responsables, o por hechos diversos. Sirve de apoyo la Tesis I.8º.A.11 K (10ª), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 3016, Libro 34, Septiembre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2012710, cuyo rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE PROCEDA DE PLANO, NO JUSTIFICA QUE SUS EFECTOS DESCONOZCAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO O SE SIGAN EN PERJUICIO DEL INTERÉS SOCIAL". En el entendido que la presente medida suspensional decretada en los términos antes anotados, es únicamente respecto de la orden de detención ilegal e incomunicación, reclamada a las autoridades responsables, al encuadrarse dentro de los supuestos que resulta su procedencia. Asimismo, debe decirse que dicha medida suspensional, no surtirá sus efectos, si deriva de actos o hechos diversos a los señalados en el escrito de demanda, o bien, si provienen de autoridad o autoridades diversas a la señalada por la parte quejosa. En ese contexto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de su legal notificación, informen a este Juzgado de Distrito, la forma y términos en que dio cumplimiento a esta suspensión; así como para que, en su caso, acrediten dentro del citado plazo con las constancias respectivas, la existencia del acto; se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia de este mandato será sancionada en los términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Asimismo, se informa a las mencionadas autoridades responsables que la violación de la medida suspensional decretada implica la comisión de un delito, conforme a los artículos 262, fracción III y 266, fracción, I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se le reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Apoya la anterior determinación, la tesis VI. 1o.A. 19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Por otra parte, infórmese a las autoridades señaladas como responsables, que podrán remitir sus informes sobre la suspensión de plano, vía fax a este órgano jurisdiccional al número de teléfono 951-5023701 o al correo electrónico institucional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Por otro lado, se comisiona a los Actuarios adscritos a este juzgado, para que de manera inmediata se constituyan a los separos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, donde dice la parte promovente que se encuentran detenidos los directos quejosos, asimismo, en caso de no encontrarlos, acudan a los separos de los centros de reclusión donde sea informado que se localice dicha parte agraviada; y una vez lograda la comparecencia, los requiera, para que en el acto de la notificación o a más tardar dentro del término de tres días siguientes a la misma, ratifiquen su demanda ante la presencia judicial, en el entendido que de no hacerlo dentro del término fijado, se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias dictadas. Certificar su integridad física; a fin de verificar si han sido víctimas de golpes y malos tratos, así como algún otro prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Manifiesten en la diligencia si es su voluntad señalar como autorizado para oír y recibir notificaciones en el presente asunto a la promovente del amparo; o en su defecto señale autorizados para tal fin. Señale en el acto de la diligencia domicilio para oír y recibir notificaciones, o indique si ratifica el señalado por la parte promovente, con el apercibimiento que de no hacerlo se notificaran por lista de acuerdos las subsecuentes, incluso las de carácter personal. Por otro lado, requiérase a las autoridades para que brinden las facilidades necesarias, a fin de que las Actuarias Judiciales cumplan con las funciones encomendadas, y por ningún motivo se vea obstaculizada su función. De igual forma, se faculta a las actuarias judiciales para el caso de que al constituirse en el domicilio de las autoridades responsables, en ese acto corrija la denominación de dichas autoridades siempre que fuere necesario, para efecto de que las responsables reciban los oficios que al efecto se libren. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 75/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, Tomo XII, Agosto 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 191374, cuyo rubro y texto son: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento.". Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios; en la inteligencia de que si a dicho funcionario no le es posible practicar la diligencia de que se trata en el lugar indicado, estará facultado para indagar por cualquier medio el domicilio correcto y realizarla sin ulterior acuerdo, una vez obtenido el dato respectivo. Tomando en consideración el presente juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", de conformidad con el artículo 1, fracción I, del "Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Finalmente, se habilita al Secretario judicial y/o actuaria adscrita, para firmar las comunicaciones oficiales y oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese personalmente a los directos quejosos.

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