Jonathan Humberto Barrio Menjivar

Expediente 668/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
668/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Humberto Barrio Menjivar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la determinación por la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acuerdo: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que remite el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con un anexo que se acompaña; en atención a su contenido, se provee: Visto el anexo de cuenta, en concepto de la suscrita, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. El precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos. a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo, la tesis 2ª.CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, del tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 199808 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado al aquí quejoso. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, acompañó a su oficio de cuenta, copia certificada de la determinación de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, de la que se observa que ordenó la salida de la estación migratoria del aquí quejoso Jonathan Humberto Barrios Menjivar, a efecto de que abandone el territorio nacional por sus propios medios. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de la orden de salida de la estación migratoria, que es la que actualmente rige el estadio procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) El auto de salida no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados por la determinación de salida de la estación migratoria; de ahí que en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por analogía, se cita la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1688, Libro 41, abril de 2017, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SI SE RECLAMÓ LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y, PREVIO A LA EMISIÓN DE ESA CONTESTACIÓN, CULMINÓ ÉSTE CON EL DICTADO DEL FALLO DEFINITIVO, SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos emitidos dentro de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, cuando por cambio de situación jurídica se consumen irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica. Por otra parte, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción III del artículo 107 de la ley de la materia, el concepto de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, comprende tanto a aquel en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como el procedimiento mediante el que la autoridad prepara su resolución definitiva con intervención del particular. Al respecto, el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2014, de la que derivó la jurisprudencia PC.IV.A. J/8 A (10a.), de título y subtítulo: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que los procedimientos de licitación pública constituyen procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de acuerdo con la definición que sobre este concepto jurídico emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 22/2003. Por tanto, si en un juicio de amparo en el que se reclamó la falta de respuesta a una solicitud de regularización del procedimiento de licitación pública y, previo a la emisión de esa contestación, culminó el procedimiento con el dictado del fallo definitivo, se actualiza un cambio de situación jurídica que torna improcedente el juicio de amparo, en razón de la sustitución procesal, porque la situación jurídica a que estaba sujeto el quejoso respecto a los actos reclamados ya no está regida por éstos, sino por la nueva resolución administrativa. En ese sentido, las violaciones que el quejoso hubiese afirmado que acontecieron en el procedimiento de licitación y sobre las cuales versaron los escritos presentados ante la autoridad responsable y sus respectivas respuestas, quedaron irreparablemente consumadas, en tanto que no pueden variarse sin afectar lo determinado en la apuntada determinación administrativa". En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que remite el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con un anexo que se acompaña; en atención a su contenido, se provee: Visto el anexo de cuenta, en concepto de la suscrita, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. El precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos. a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo, la tesis 2ª.CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, del tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 199808 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado al aquí quejoso. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, acompañó a su oficio de cuenta, copia certificada de la determinación de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, de la que se observa que ordenó la salida de la estación migratoria del aquí quejoso Jonathan Humberto Barrios Menjivar, a efecto de que abandone el territorio nacional por sus propios medios. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de la orden de salida de la estación migratoria, que es la que actualmente rige el estadio procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) El auto de salida no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados por la determinación de salida de la estación migratoria; de ahí que en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por analogía, se cita la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1688, Libro 41, abril de 2017, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SI SE RECLAMÓ LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y, PREVIO A LA EMISIÓN DE ESA CONTESTACIÓN, CULMINÓ ÉSTE CON EL DICTADO DEL FALLO DEFINITIVO, SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos emitidos dentro de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, cuando por cambio de situación jurídica se consumen irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica. Por otra parte, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción III del artículo 107 de la ley de la materia, el concepto de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, comprende tanto a aquel en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como el procedimiento mediante el que la autoridad prepara su resolución definitiva con intervención del particular. Al respecto, el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2014, de la que derivó la jurisprudencia PC.IV.A. J/8 A (10a.), de título y subtítulo: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que los procedimientos de licitación pública constituyen procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de acuerdo con la definición que sobre este concepto jurídico emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 22/2003. Por tanto, si en un juicio de amparo en el que se reclamó la falta de respuesta a una solicitud de regularización del procedimiento de licitación pública y, previo a la emisión de esa contestación, culminó el procedimiento con el dictado del fallo definitivo, se actualiza un cambio de situación jurídica que torna improcedente el juicio de amparo, en razón de la sustitución procesal, porque la situación jurídica a que estaba sujeto el quejoso respecto a los actos reclamados ya no está regida por éstos, sino por la nueva resolución administrativa. En ese sentido, las violaciones que el quejoso hubiese afirmado que acontecieron en el procedimiento de licitación y sobre las cuales versaron los escritos presentados ante la autoridad responsable y sus respectivas respuestas, quedaron irreparablemente consumadas, en tanto que no pueden variarse sin afectar lo determinado en la apuntada determinación administrativa". En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el treinta de mayo del presente año se agregó el informe remitido vía electrónica por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de San Luis Potosí, en representación de las diversas autoridades señaladas como responsables, mediante el cual en atención al requerimiento que le fue elevado por este Juzgado, entre otras cuestiones, informó que para que cese la detención, aseguramiento y privación de la libertad dentro de la Estación Migratoria, la parte promovente deberá cumplir con los lineamientos que para tal efecto establece la legislación migratoria. Virtud de lo anterior, con fundamento en la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase al citado representante de las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio respectivo, informe a este órgano jurisdiccional, la situación actual migratoria en que se encuentra el quejoso, o bien si éste ya fue puesto en libertad acorde a los lineamientos precisados en la suspensión de plano decretada en autos, y en su caso remita las constancias correspondientes; lo anterior bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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