Jonathan Huerta Blancarte

Expediente 1067/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1067/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Jonathan Huerta Blancarte
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante diversos autos de diecisiete de junio, cuatro y veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables, a efecto de que acreditaran haber otorgado la suficiencia presupuestal; asimismo, mediante proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, se otorgó una prorroga considerable para tal efecto, sin que a la fecha acontecido. En virtud de lo anterior, en atención a las consideraciones expuestas en auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, se ordena ABRIR EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA y una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente acuerdo, remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, esto es, para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de las autoridades contumaces y las consigne al Juez de Distrito que corresponda. Para lo anterior, con apoyo en el artículo 74 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y numeral 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, privilegiando el ágil acceso, uso y administración de los recursos electrónicos; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el órgano jurisdiccional citado, se encuentre en aptitud de relacionar y consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Sin que haya lugar a formar el cuaderno de antecedentes a que se refiere el artículo 193, párrafo quinto de la Ley de Amparo, toda vez que no se remiten los autos originales. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente requiera las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidas de inmediato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria adscrita al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito por medio del cual, remite el testimonio de la resolución dictada en sesión de nueve de agosto de dos mil veintiuno dentro del amparo en revisión R.A. 92/2021. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano colegiado oficiante resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por el Director de Prestaciones y Política Laboral y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México." Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido, y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, atento a lo determinado en la ejecutoria que se provee, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada el cuatro de diciembre de dos mil veinte, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Ahora bien, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece prevén: [.] Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo.[.] Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: [.] Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días.[.] Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. En esa tesitura, atento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, y toda vez que los efectos para los que se concedió el amparo a la parte quejosa consisten en los siguientes: [.]En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable, Director de Prestaciones y Política Laboral de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, realice lo siguiente: 1.- Deje de aplicar a la parte quejosa, en el caso concreto y en lo futuro, la porción normativa de los lineamientos reclamados que vinculan el cálculo del aguinaldo al salario base y, en consecuencia; 2. Realice el cálculo del aguinaldo de dos mil ocho a dos mil diecisiete, que le corresponde a la aquí quejosa con base en la suma del "sueldo tabular" o "salario base", consignado en el tabulador aplicable y las compensaciones adicionales que se pagan, en su caso, mensualmente, en forma ordinaria a la quejosa, consignadas también en el tabulador aplicable. 3.- Pague a la quejosa la diferencia que resulte entre lo que se pagó y lo que debió pagarse. [.] Por tanto, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia se REQUIERE al Director de Prestaciones y Política Laboral de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos antes precisados. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE al Director General de Administración de Capital Humano de la Secretaría Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico del Director de Prestaciones y Política Laboral de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, lo conmine a cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no cumplir con la ejecutoria de amparo, sin causa justificada se realizará lo siguiente. a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a cada uno de sus titulares una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aún cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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