Jonathan Hernández Gómez

Expediente 2143/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2143/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Jonathan Hernández Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que entre la fecha de la publicación del auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se acordó el informe justificado rendido por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Tabasco "1", con sede en Tabasco del Servicio de Administración Tributaria, y la diversa fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, no media el término de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional fijada para esta fecha y en su lugar se señalan las diez horas con dos minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    Archivo. Visto el estado de autos, se advierte que en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; y al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales En ese tenor, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado en sesión plenaria de diez de mayo de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio siguiente, se ordena: Tocante al original del incidente de suspensión, debe decirse que se negó tanto en fase provisional, como en fase definitiva, la medida cautelar peticionada, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo. Por otro lado, tocante al duplicado del cuaderno incidental, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a) del acuerdo general mencionado, es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses de archivo, procédase en consecuencia. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente asunto, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente incidente de suspensión. Notifíquese.

  3. Incidental

    JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1604/2023-I En dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, doy cuenta con el estado procesal que guarda el presente juicio. Conste. Villahermosa, Tabasco, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de once de octubre del año en curso, se señalaron las once horas con un minuto del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para la audiencia constitucional, sin embargo, de una consulta a la agenda electrónica del Sistema Integral de Expedientes (SISE) se obtuvo que en la misma hora y día fue programada una diligencia en el expediente 1623/2023; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento dejándose sin efectos la fecha y hora programada para la audiencia constitucional en los presentes autos. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan once horas con cuarenta y un minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese.

  4. Incidental

    Villahermosa, Tabasco, nueve de octubre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo número 2143/2023-II-1, promovido por Jonatan Hernández Gómez, por propio derecho, contra actos del Administración Desconcentrada de Recaudación de Tabasco "1", con sede en tabasco del Servicio de Administración Tributaria; tramítese el incidente de suspensión. Ahora, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 136 párrafo primero, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos, los que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído. En el entendido de que los informes respectivos deberán ser remitidos preferentemente de manera digital con la firma electrónica correspondiente o, en su caso, manifestar la imposibilidad que tenga para ello y remitirlo de manera física. Apercibidas que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se le impondrá una corrección disciplinaria, consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, como lo dispone la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. Se señalan las nueve horas con veintidós minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer mediante la presentación de promociones físicas o electrónicas. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes, que no se apertura la formación del duplicado físico del incidente de suspensión, al ser sustituido por el expediente electrónico, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 128 en relación con el 3, de la Ley de Amparo, 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos jurisdiccionales, y por el considerando Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Acto reclamado Las comunicaciones de periodo de remate dirigidas al quejoso, con el objeto de otorgar el derecho al tanto para la adquisición del bien sujeto a remate en términos de lo dispuesto por el artículo 973 del Código Civil Federal, contenida en los oficios 400 58 00 02 01 2023-10401 y 400 58 00 02 01 2023-10403. Concesión de la suspensión provisional Ahora bien, en cuanto a la solicitud de la suspensión en el sentido que se suspenda el procedimiento del juicio natural. Se niega la suspensión provisional en razón, de que al tratarse de un juicio que dada su naturaleza es de orden público, no puede suspenderse su procedimiento. Por otra parte, para preservar la materia del juicio de amparo y como lo peticionó el quejoso en la solicitud de la suspensión, ya que con la concesión de la misma no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, con fundamento en lo dispuesto por los 128, 138, y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, para el único efecto de que se continúe con el procedimiento administrativo de ejecución seguido en contra de Marlis Cupil López; pero deberá de abstenerse del embargo de los bienes inmuebles identificados como: Lotes trece (13) y catorce (14) de la manzana 54, constante de una superficie de 183.11 m2, con folio real número 250813, número de predio 30955, ubicado en calle Mario Trujillo García, Poblado Saloya, Primera Sección, Lomitas Nacajuca, Tabasco; Lotes ochenta (80) y ochenta y uno (81), manzana 2, constante de una superficie de 432.00 m2, con folio real número 269101, número de predios 000006 y 000007, ubicado en calle Paseo Cannes, Fracc. Puerta Azul, Ranchería González Primera sección, municipio de Centro, Tabasco, siempre y cuando esto no haya sucedido. Ahora, en caso de que en el continúe con el procedimiento administrativo de ejecución seguido en contra de Marlis Cupil López, se haya dictado la ejecución, y exista orden de desposeimiento, desocupación o lanzamiento respecto de los bienes inmuebles embargados en el procedimiento administrativo y del cual es copropietario Jonatan Hernández Gómez, quien acredita con las copias certificadas de las escrituras públicas: 1) número diecisiete mil ciento ochenta y cuatro (17,184), de doce de septiembre de dos mil doce y 2) quince mil ochocientos noventa y nueve (15,899), de veinticinco de junio de dos mil diez, ambas pasadas ante la fe del notario público Jorge Vladimir Pons y García, de la notaría uno, con residencia en Paraíso, Tabasco; y tomando en consideración que no se sigue perjuicio al interés social, ni contraviene disposiciones de orden público, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para que, en caso que exista alguna orden de embargo en contra de la parte quejosa sobre los bienes inmuebles consistentes en: Lotes trece (13) y catorce (14) de la manzana 54, constante de una superficie de 183.11 m2, con folio real número 250813, número de predio 30955, ubicado en calle Mario Trujillo García, Poblado Saloya, Primera Sección, Lomitas Nacajuca, Tabasco; Lotes ochenta (80) y ochenta y uno (81), manzana 2, constante de una superficie de 432.00 m2, con folio real número 269101, número de predios 000006 y 000007, ubicado en calle Paseo Cannes, Fracc. Puerta Azul, Ranchería González Primera sección, municipio de Centro, Tabasco, Sin paralizar la ejecución del procedimiento administrativo de ejecución seguido en contra de Marlis Cupil López, se continúe con el procedimiento de ejecución de sentencia y procedimiento de remate del mismo, hasta antes de que se ordene en su caso, la escrituración e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y la entrega física y material de los bienes inmuebles que sean copropiedad del hoy quejoso Jonatan Hernández Gómez al adjudicatario; asimismo, en caso que exista orden de embargo sea respecto a algún bien mueble este no sea entregado o adjudicado a su contraparte en el juicio de origen; asimismo debe ser respetada la posesión de dichos bienes inmuebles, por lo que deberá de abstenerse de desalojar al aquí quejoso Jonatan Hernández Gómez de los mismos; lo anterior, siempre y cuando no se hayan efectuado dichos actos, y hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.5/93 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, número 68, Agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo contenido es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SI EL QUEJOSO ES TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO, PROCEDE SU CONCESIÓN. El interés público que existe para que se cumplimenten las sentencias ejecutorias, sólo subsiste cuando lo resuelto en éstas constituye la verdad constitucional y legal para el quejoso; pero tal interés no surge cuando la resolución jurisdiccional carece de la fuerza legal, definitiva e inmodificable que le atribuye la ley frente a las partes litigantes, porque al continuar sub júdice la decisión de los tribunales, ya no puede representar válidamente la verdad de la ley ante la sociedad, como sucede cuando en un juicio de amparo indirecto se reclaman los actos de ejecución de una sentencia, ostentándose el peticionario de la suspensión del acto reclamado como tercero extraño al juicio, caso en que resulta procedente otorgarle la suspensión provisional de los actos reclamados emitidos dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, si se satisfacen los demás requisitos fijados en la ley, pues no existe esa vinculación definitiva y total de la resolución para con el quejoso. Lo anterior, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la suspensión definitiva que se llegue a dictar en la presente incidencia. Cabe precisar que la medida cautelar se concedió atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, así como de la documental que anexó a su demanda de amparo consistente en las copias certificadas de las escrituras públicas: 1) número diecisiete mil ciento ochenta y cuatro (17,184), de doce de septiembre de dos mil doce y 2) quince mil ochocientos noventa y nueve (15,899), de veinticinco de junio de dos mil diez, ambas pasadas ante la fe del notario público Jorge Vladimir Pons y García, de la notaría uno, con residencia en Paraíso, Tabasco Medio de pruebas que gozan de valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199, 200 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se deduce que el quejoso tiene la posesión de los bienes inmuebles descritos en los párrafos que anteceden; lo que en este momento resulta suficiente para conceder la suspensión provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." Garantía. Cabe hacer puntual indicación de que no se exige garantía alguna al quejoso en virtud de que los efectos de la suspensión que nos ocupa no resulta aplicable el artículo 135 de la Ley de Amparo, ya que cuando se solicita la suspensión del remate y las consecuencias legales de un procedimiento administrativo de ejecución, donde el quejoso no figura como parte y aduce ser copropietario. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 1091, registro digital 173874. "SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PARA LA CONCESIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR ES INNECESARIO FIJAR GARANTÍA ALGUNA SI SE RECLAMA EL REMATE DE UN BIEN INMUEBLE QUE GARANTIZA EL INTERÉS FISCAL Y EL QUEJOSO NO ES EL DEUDOR DIRECTO NI TIENE EL CARÁCTER DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO COACTIVO." Asimos, es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo 4, página 2827, registro digital 2002069, que menciona: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DEL TERCERO EXTRAÑO QUE DEFIENDE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD EMBARGADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL, NO DEBE CONDICIONARSE LA SUBSISTENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA OTORGADA A UNA GARANTÍA ADICIONAL." Reserva sobre el conocimiento de la presente determinación a la parte tercero interesada. Ahora, se reserva ordenar la notificación de la presente determinación al tercero interesado ya que la parte quejosa desconoce su domicilio; por tanto, una vez que se conozca el mismo se ordenará la notificación correspondiente. Inexistencia de autoridades. En caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, se les tendrá como inexistentes y se suspenderá comunicaciones procesales, resolviéndose el juicio conforme a tal circunstancia. Ahora bien, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial recabara la constancia de recibo correspondiente, lo que asentará en la razón actuarial. Autorizados por la parte quejosa y medio alterno de notificación. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, téngase por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Pérez Morales y Ernesto Alonso Chávez González, por tener registradas sus cédulas profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita como abogados. Por otro lado, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Carlos Daniel Reyes Marín en razón a que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho o abogado y no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Además, téngase como medio de comunicación alterno el número telefónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del juzgado. Se autoriza a los actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Copias. Ahora, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, expídasele a la citada parte procesal copia certificada del presente auto; ello, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese.

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