Jonathan Hernández Cruz

Expediente 579/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
579/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Jonathan Hernández Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, donde se desechó la demanda de amparo; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. aviso. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, el proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, donde se desechó la demanda de amparo; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 579/2023-I. En efecto, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; preceptos legales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.;". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". En relación con la referida causa de improcedencia, debe tomarse en consideración que, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y determinó que los actos de imposible reparación, para calificarse como tal, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En virtud de lo anterior, estableció que las dos condiciones para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consisten en: 1. La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Asimismo, resulta importante destacar que el Pleno del Alto Tribunal precisó que dicho criterio es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales con independencia de la competencia material que ejerzan. De la contradicción de tesis mencionada derivó la jurisprudencia en materia común P./J. 37/2014 (10a.), que resulta de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Criterio que fue reiterado en la jurisprudencia P./J. 12/2018 (10a.), que versa sobre la resolución que desestima la excepción cosa juzgada, que a se transcribe a continuación: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo". Ahora bien, en el presente asunto, el acto reclamado consiste en el auto del diecisiete de abril de dos mil veintitrés emitido por el juez responsables por el que inadmite la reconvención planteada por el quejoso en el expediente ********************. Así, para determinar si es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, resulta oportuno establecer que, al resolver la contradicción de tesis 12/96 -que dio origen a la tesis jurisprudencial P./J. 146/2000- el Pleno del Alto Tribunal precisó lo siguiente en cuanto a la naturaleza jurídica de la reconvención: "[.] conceptualmente, la reconvención es la demanda que el reo promueve contra el actor dentro del mismo juicio en que es demandado. La doctrina distingue las reconvenciones o contrademandas eadem causa, que son las que se apoyan en la misma causa o título que sirve de base a la demanda principal, de las causae dispari, que se fundan en causa diversa de la que sirve de sustento a la principal. Nuestra legislación admite ambas. Desde luego debe advertirse que al examinar la mencionada figura procesal en relación con las reglas de la Ley de Amparo, para verificar si en contra de la resolución que la desecha procede la vía directa o la indirecta en el juicio de garantías, no cabe argumentar, para efectos de la decisión, que en vez de la reconvención, el demandado puede optar por la promoción de otra demanda principal en contra del actor en juicio distinto, pues con ello se abandonan los términos del problema, además de que tratándose de las reconvenciones eadem causa, no es exacto que dé lo mismo litigar, actuar y resolver ambas acciones en un mismo juicio, que en juicios diferentes. Debe tenerse presente, también, que el contrademandante tiene, dentro del proceso, los siguientes derechos fundamentales: 1) En primer lugar, que su reconvención y la demanda principal se ventilen en el mismo proceso; 2) Que conozca el mismo Juez; y 3) Que en una sola sentencia se resuelvan ambas acciones. Las características señaladas producen importantes consecuencias para las partes, especialmente para el contrademandante, en virtud de que se sigue un solo proceso en vez de dos, con lo cual se gana en expeditez; se concentra el trámite probatorio y, sobre todo, hay un solo Juez que, con criterio uniforme, puede ponderar equilibradamente todas las pretensiones a través de sus autos, interlocutorias y resoluciones, culminando con la sentencia.". En este sentido, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categori´a de "sustantivos". El desechamiento de la reconvención no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. Siendo que, aun cuando la demanda reconvencional no sea abordada en la determinación final, en caso de combatirla como violación procesal en la vía directa y concederse el amparo solicitado, se dejaría insubsistente y se ordenaría su admisión; subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. Y si bien es cierto que con la referida reposición del procedimiento se generaría una afectación a la justicia pronta, también lo es que dicho menoscabo no participa de la naturaleza material necesaria para generarse el supuesto de procedencia excepcional del amparo indirecto, en tanto que, se insiste, únicamente depara afectaciones a la celeridad o prontitud que debe revestir el juicio, pero no genera consecuencias para la persona o bienes del justiciable que trasciendan a las cuestiones meramente procedimentales; de ahí que se concluye que tal acto no es de imposible reparación, en términos del precepto 107, fracción V, de la ley de la materia. A mayor abundamiento, cabe mencionar que el Pleno del Alto Tribunal considera que dicha interpretación es la más acorde con el propósito al que está llamado a salvaguardar la nueva redacción del citado artículo de la Ley de Amparo, a saber, "evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional"; lo cual no podri´a cumplimentarse si se estimara que el desechamiento de la reconvención pudiera ser combatida a través del juicio de amparo indirecto -por el contrario, la interposición de múltiples juicios de amparo contra actos intraprocesales, lejos de permitir salvaguardar ese derecho, podría traducirse también en una afrenta a la prontitud de la justicia, al retrasar el dictado del fallo definitivo en el juicio ordinario respectivo-. Pues, como se ha reiterado, la afectación a la celeridad que en todo caso depare tal actuar jurisdiccional, no tiene sino repercusiones dentro del propio procedimiento -esto es, no trasciende a la persona o bienes del propio gobernado, más allá de lo meramente procedimental-; de ahí que tal acto de autoridad debe concebirse dentro de la regla general consistente en que los actos dictados dentro de un juicio ordinario no pueden considerarse como de ejecución irreparable, pues no se tratan de conductas autónomas al procedimiento en el que se encuentra el justiciable, sino que se dan justamente dentro del mismo. Tales consideraciones son acordes a las expuestas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 370/2017, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.) que resulta aplicable por analogía y que es del tenor siguiente: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza". Sin que en el caso resulte aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 146/2000 del Pleno del Alto Tribunal (derivada de la contradicción de tesis 12/96 antes mencionada) integrada conforme de la Ley de Amparo abrogada, que establece la procedencia del amparo indirecto contra la resolución que confirma el desechamiento reconvención; la cual es del tenor siguiente: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como criterio general que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En congruencia con tal criterio, debe decirse que contra el auto que confirma la resolución que desecha la reconvención planteada procede el juicio de amparo indirecto conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque dicho acto procesal debe considerarse como de ejecución irreparable, toda vez que al impedir que mediante la reconvención se ejerza el derecho de acción, se comete una violación palmaria y sobresaliente que afecta de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional, pues la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del demandado inicial (actor en la reconvención), no lo restituye en el derecho que le otorga la propia Constitución, en virtud de que no resolverá sobre la procedencia de la acción ejercida a través de la reconvención, que no formó parte de la litis. Por otro lado, en virtud del carácter especial y sui generis de la resolución que confirma aquella que desechó la reconvención, este Máximo Tribunal advierte que también, por excepción, es susceptible de violar en forma relevante derechos adjetivos, esto es, de carácter procesal, como lo es el derecho que tiene el reconvencionista a que el procedimiento se siga ante el mismo Juez y no ante otro, así como el derecho que tiene de que un solo Juez sea competente para resolver ambas acciones y que a través de una sentencia se diriman de manera congruente y con criterio unificado, todas las pretensiones planteadas por las partes". Se sostiene lo anterior, pues el hecho de que en la citada jurisprudencia integrada conforme de la Ley de Amparo abrogada se haya establecido que el auto que confirma la resolución que desecha la reconvención "afecta de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional, pues la resolución final que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del demandado inicial (actor en la reconvención), no lo restituye en el derecho que le otorga la propia Constitución, en virtud de que no resolverá sobre la procedencia de la acción ejercida a través de la reconvención, que no formó parte de la litis"; en forma alguna conlleva a que, derivado de tal afectación, se actualice la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, para la procedencia del amparo indirecto. Ello es así, toda vez que, como se precisó al inició, actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para ser calificados como "actos de imposible reparación", sus consecuencias "deberi´an ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva" que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que "debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables" (contradicción de tesis 377/2013). Sobre esa base, se insiste, el desechamiento de la reconvención no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales; dado que, aun cuando la demanda reconvencional no sea abordada en la determinación final, en caso de combatirla como violación procesal en la vía directa y concederse el amparo solicitado, se dejaría insubsistente y se ordenaría su admisión, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. En similares términos se pronunció el Pleno del Máximo Tribunal en la contradicción de tesis 370/2017 -que dio origen a la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.) ya citada- al desestimar la aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 102/2008 de la Primera Sala del Alto Tribunal integrada bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior, en cuyo texto se indica que la negativa de llamar a un tercero a juicio "violenta la garanti´a a la administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 constitucional, que en su aspecto activo se traduce en el derecho sustantivo de pedir e iniciar la acción de los tribunales, tanto para deducir una pretensión como para impugnar una resolución previa, por lo que si un órgano jurisdiccional se abstiene de admitir una promoción o solicitud de las partes, afecta de manera cierta, directa e inmediata su derecho a la jurisdicción, lo cual deriva en una ejecución de imposible reparación, en tanto que impide la tramitación y resolución de su pretensión". Para mayor ilustración, se cita la parte conducente de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 370/2017: "El propósito de los anteriores razonamientos no es otro que el demostrar que, contrario a lo resuelto por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, el hecho de que en la jurisprudencia 1a./J. 102/2008, intitulada: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS SOLICITADA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES PROCESALES (ACTOR O DEMANDADO). EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", se haya establecido que la negativa de llamar a un tercero a juicio "violenta la garantía a la administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 constitucional"; en forma alguna conlleva a que, derivado de tal afectación, se actualice la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, para la procedencia del amparo indirecto. Es así, pues es menester que la referida violación sea de naturaleza "material" y no puramente formal o adjetiva; cuestión que no acontece respecto a la negativa de llamar a juicio a un tercero; pues resulta inconcuso que tal acto únicamente depara consecuencias dentro del procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud de tal juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable, más allá de lo meramente procedimental. Siendo que, como lo sostuvo uno de los órganos colegiados contendientes, aun cuando la determinación de la negativa de llamar a juicio a un tercero no sea abordada en la sentencia definitiva, en caso de combatirla como violación procesal en la vía directa y concederse el amparo solicitado, se dejaría insubsistente y se ordenaría llamar al tercero; subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario.". De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 146/2000, al sustentarse en una concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente y su interpretación por parte del Máximo Tribunal de la República. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia PC.XVI.A. J/32 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, que se cita a continuación: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN SISTEMÁTICA Y ANALÓGICA DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLICABILIDAD DE LA DIVERSA 2a./J. 55/2002]. En la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascienda al sentido del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Con apoyo en esas directrices, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) la Segunda Sala sostuvo que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; además, en ese criterio también precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que en ese caso el juicio de amparo será procedente. En esa línea de pensamiento, en la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal determinó que el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia del juicio a terceros carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, postura que, dijo, es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar, dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con base en lo anterior, contra el desechamiento parcial de la demanda no procede el juicio de amparo indirecto, por contravenir el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a una impartición de justicia pronta, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del promovente, no se ocupará de lo desechado, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto de los elementos que integraron la litis y concluirá con una sentencia definitiva impugnable en amparo directo en el que puede cuestionarse esa actuación como violación procesal que, de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente". Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito al resolver los autos del amparo en revisión civil 113/2021 mediante resolución del nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo la tesis XVII.4o.4 K del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con registro digital 186402, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 1418, de rubro y texto: "TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. El Juez Federal no está obligado legalmente a sujetarse a los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito en tesis aisladas; sin embargo, sí puede apoyar su criterio en ellas por compartirlo y ser aplicable específicamente al caso que analice". Sin que pase inadvertido que en contra del acto reclamado haya interpuesto recurso de queja y, con ello, la resolución impugnada haya quedado sustituida procesalmente por la determinación inadmitió el recurso de queja, sin embargo, dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva, como en el caso acontece. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 2002188, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, página 841, de rubro: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS". Así como la jurisprudencia 1a./J. 10/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 2000644, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, página 789, de rubro: "RECONVENCIÓN. CONTRA SU DESECHAMIENTO NO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DE LOS ESTADOS DE MORELOS, MÉXICO, CHIAPAS, PUEBLA -ABROGADA-, Y JALISCO, VIGENTE ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994)". En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia en cita, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de amparo se desecha la demanda de amparo. En otro contexto, se tiene como domicilio el que señala, dado que se encuentra en la residencia de este Juzgado de Distrito. Con apoyo en el último párrafo del artículo 21 de la legislación de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito realice las notificaciones que así lo ameriten. En otro contexto, téngase por autorizado al usuario "********************" únicamente para la consulta del expediente electrónico por así solicitarlo expresamente la quejosa; por lo que se instruye al Oficial Judicial "A", a efecto de que realice los registros convenientes. Se tienen por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que precisa, en la inteligencia que de ser en amplios términos, deberán contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. De conformidad en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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