Jonathan Guijosa García

Expediente 212/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
212/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
17/05/2017

Partes del expediente

  • Jonathan Guijosa García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental. Devuélvanse al Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, el anexo y los DVD'S que remitió al juicio en que se actúa.

  2. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Toluca, Estado de México, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de abril de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 212/2017-I-B; en audiencia pública Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; asistido del Secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se abre el periodo probatorio; el Secretario da cuenta con las remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, autoridad no responsable en el presente juicio, con las cuales se ordenó formar el anexo uno, y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; y al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. En seguida y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se abre el periodo de alegatos; el Secretario hace constar que no fueron formulados por las partes; por lo cual se cierra el presente período. Al no haber prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda: Visto, para resolver el juicio de amparo número 212/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese mismo día a este Órgano Jurisdiccional; Jonathan Guijosa García, a través de Ana Bertha Romero Vences, solicitó el Amparo y la Protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Por auto de trece de febrero de dos mil diecisiete (fojas 8 y 10), éste juzgado registró la demanda bajo el número 212/2017, y decretó la suspensión de plano, requirió al quejoso Jonathan Guijosa García, a fin de que ratificara la demanda presentada a su favor, bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda. Luego, por auto de uno de marzo del año en curso (foja 118), se tuvo por cumplido el requerimiento de mérito y se admitió la demanda de referencia, solicitó informe justificado a las responsables, dio intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha para celebrar audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 1°, fracción I, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad administrativa, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Ante todo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar cuáles son los actos reclamados en el presente juicio de amparo, y para ello debe interpretarse en su integridad el escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente. Así las cosas debe decirse que la parte quejosa reclama de los Titulares de las Agencias del Ministerio Público adscritos al Primer y Tercer Turno de la Agencia Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, Coordinador General de la Policía de Investigación y Encargado de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Atención Ciudadana de Naucalpan de Juárez, Estado de México: La ilegal detención y la privación de la libertad. TERCERO. El Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Agencia Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 155); Fiscal General de Justicia del Estado de México (foja 126); Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado de México (foja 127), al rendir su respectivo informe justificado negaron los actos reclamados, consistentes en la ilegal detención y la privación de la libertad tal y como se advierte de autos; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario que desvirtúe dichas negativas; por lo tanto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 65 de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia número 284, visible en las página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. La Agente del Ministerio Público adscrita al Primer Turno de la Unidad de Investigación B3 de Naucalpan de Juárez, Estado de México (foja 152), negó los actos reclamados consistentes en la detención del ahora quejoso; sin embargo, de las constancias que integran el exhorto 42/2017 (orden 83/2017), enviado para notificar al quejoso a fin de que ratificara la demanda promovida a su favor, se evidencia que el actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, al constituirse en el Centro de Atención Ciudadana de Naucalpan de Juárez, fue atendido por quien dijo tener el cargo de Agente del Ministerio Público del Primer Turno de dicho Centro de Atención Ciudadana, quien le refirió que el directo quejoso el trece de febrero del año en curso, a las quince horas, fue puesto en libertad con las reservas de ley. En esas condiciones resulta ser cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo, este juzgado emprenderá su análisis de oficio en términos del artículo 62 de la ley de la materia. Este juzgador advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en ilegal detención y la privación de la libertad, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En efecto, de las constancias que obran en autos, se advierte que respecto de los actos reclamados, han cesado los efectos de ese acto. Dicha causa de improcedencia consiste en que los actos reclamados dejan de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión; misma debe entenderse como la desaparición total de los efectos del acto, y en tratándose de actos de autoridad omisivos (de no hacer), la cesación se da en razón de que la autoridad realiza la conducta que se había abstenido de realizar, con lo cual el acto deja de surtir efectos, sin hacer huella alguna en la esfera jurídica del particular. Así las cosas, en el caso se surte la referida causal de improcedencia, en razón de que si bien la parte quejosa reclama la ilegal detención y privación de la libertad de que fue objeto. También es verdad, que de las constancias que integran el exhorto 42/2017 (orden 83/2017), enviado para notificar al quejoso a fin de que ratificara la demanda promovida a su favor, se evidencia que el actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, al constituirse en el Centro de Atención Ciudadana de Naucalpan de Juárez, fue atendido por quien dijo tener el cargo de Agente del Ministerio Público del Primer Turno de dicho Centro de Atención Ciudadana, quien le refirió que el directo quejoso el trece de febrero del año en curso a las quince horas, fue puesto en libertad con las reservas de ley (foja 71 de autos), por su probable responsabilidad por el delito de cohecho; de ahí que hayan cesado los efectos del acto reclamado en análisis, por lo que la causa legal que dio origen al presente sumario constitucional ha sido destruida, motivo por el cual es que se considera actualizada la causal de improcedencia a estudio. Por tanto, resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, pues con tal proceder la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al destruir los actos que se habían realizado, produciendo con ello una situación jurídica que definitivamente destruyó el acto de afectación a la parte quejosa, y de donde surge la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni lo surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Robustece lo anterior la tesis de jurisprudencia número 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al actualizarse la referida causal de improcedencia lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sin que obste a lo anterior, que mediante oficio 465, de tres de marzo del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, comunicó que el once de febrero de la presente anualidad, se solicitó ante el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea, la orden de aprehensión la cual refirió fue negada, por lo que nuevamente solicitó se librara mandamiento de captura, misma que fue librada contra el aquí quejoso, por el delito de Robo con Modificativa Agravante de Haberse Cometido en Medios de Transporte Público de Pasajeros y se Utilice en su Ejecución la Violencia, en agravio de Judith Reyes Alcantara; el catorce siguiente, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, decretándose la detención judicial del promovente de amparo, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, en la carpeta administrativa de 32/2017. Luego, previa duplicidad del plazo constitucional, el diecinueve de febrero de dos mil diecisiete, el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en la carpeta administrativa de referencia, dictó auto de vinculación a proceso, por el ilícito antes precisado, prevaleciendo la medida cautelar impuesta al aquí quejoso inicialmente; de ahí que se evidencia que la detención del peticionario de amparo, fue con motivo de diverso delito que se le atribuye a este último. Por lo anteriormente expuesto, fundado, y con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jonathan Guijosa García, a través de Ana Bertha Romero Vences, contra los actos que reclamados a las autoridades responsables y, por los motivos y fundamentos expuestos en el tercer y último considerando de esta resolución.

  3. Principal

    ...Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Finalmente, para dar tiempo a lo anterior, se difiere, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE...

  4. Principal

    Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga.

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