Jonathan García Munguía

Expediente 1084/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1084/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
28/07/2016

Partes del expediente

  • Jonathan García Munguía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    MESA V.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que la partes legitimadas hayan recurrido el proveído de veintitrés de junio de la presente anualidad, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo (fojas 189 a 192). Por tal motivo, como se encuentra ordenado en dicho acuerdo, envíese al archivo el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, devuélvase al Juez Quincuagésimo Quinto Penal de la Ciudad de México, un tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, de conformidad a lo ordenado en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil quince (foja 43).

  2. Principal

    MESA V.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de seis de junio pasado, para que hicieran manifestaciones sobre el cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio, ha transcurrido sin que hicieran manifestación alguna al respecto; ahora bien, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesora se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veintinueve de abril del año en curso (fojas 60 a 68), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Jonhatan García Munguía para que el Juez Quincuagésimo Quinto Penal de la Ciudad de México, hiciera lo siguiente: 1. Dejará insubsistente el auto de veintiocho de octubre de dos mil quince. 2. Repusiera el procedimiento hasta la etapa de preinstrucción para que de nueva cuenta inicie el término constitucional ampliado, en aras de: + Agotara todos los medios legales para lograr la comparecencia de los testigos Daniel Mendoza Valdez y Eduardo Campos Hernández a efecto de que rindan sus ampliaciones de declaración. + Desahogara la diligencia de reproducción e inspección de las videograbaciones ofrecidas por el defensor particular. 3. Valorara las pruebas de cargo y descargo y oportunamente resuelva la situación jurídica de Jonathan García Munguía. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Reclusorio Varonil Oriente de la Ciudad de México, por no ser reclamados por vicios propios. En esa tesitura, en auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 84 y 85). En vista de ello, mediante oficio recibido en este juzgado el dos de junio de dos mil dieciséis, el Juez Quincuagésimo Quinto Penal de la Ciudad de México informó el cumplimento al fallo protector y remitió copia certificada de diversas constancias relativas a la causa penal 181/15. Así, del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, el Juez responsable, hizo lo siguiente: Emitió el auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, en el que dejó insubsistente el auto de veintiocho de octubre de dos ml quince y ordenó la reposición del procedimiento hasta la etapa de preinstrucción. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, llevó a cabo la audiencia de desahogo probatorio dentro del término constitucional ampliado, en ésta la defensa y el quejoso se desistieron de las probanzas consistentes en la ampliación de declaración de los denunciantes Daniel Mendoza Valdez y Eduardo Campos Hernández, así como de la reproducción judicial de las videograbaciones de las cámaras de la Secretaria de Seguridad Pública; por lo que los tuvo como tal. Resolvió la situación jurídica del aquí quejoso mediante auto de formal prisión de uno de junio de dos mil dieciséis, en el que valoró las pruebas de cargo y descargo. Por su parte, mediante oficio recibido en este juzgado el seis de junio de dos mil dieciséis, el Subdirector Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México en ausencia del Director refirió que se abstenía de ejecutar el acto tildado de inconstitucional. Consecuentemente, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Lo anterior, porque si bien el efecto del amparo fue para que se desahogaran las pruebas ofrecidas a favor del amparista, no menos cierto que al desistirse de las mismas en ejercicio de sus derechos de defensa, ello no implica un desacato a la sentencia del amparo por parte de la autoridad responsable porque atendió el derecho de defensa del oferente de la prueba, quien consideró que ya no era pertinente su desahogo, por lo que renunció a éstas a pesar de tener una sentencia de amparo a su favor. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal.

  3. Principal

    MESA V.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA JONATHAN GARCÍA MUNGUIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LA RESOLUCIÓN O AUTO DE VEINTITRES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de seis de junio pasado, para que hicieran manifestaciones sobre el cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio, ha transcurrido sin que hicieran manifestación alguna al respecto; ahora bien, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesora se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veintinueve de abril del año en curso (fojas 60 a 68), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Jonhatan García Munguía para que el Juez Quincuagésimo Quinto Penal de la Ciudad de México, hiciera lo siguiente: 1. Dejará insubsistente el auto de veintiocho de octubre de dos mil quince. 2. Repusiera el procedimiento hasta la etapa de preinstrucción para que de nueva cuenta inicie el término constitucional ampliado, en aras de: + Agotara todos los medios legales para lograr la comparecencia de los testigos Daniel Mendoza Valdez y Eduardo Campos Hernández a efecto de que rindan sus ampliaciones de declaración. + Desahogara la diligencia de reproducción e inspección de las videograbaciones ofrecidas por el defensor particular. 3. Valorara las pruebas de cargo y descargo y oportunamente resuelva la situación jurídica de Jonathan García Munguía. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Reclusorio Varonil Oriente de la Ciudad de México, por no ser reclamados por vicios propios. En esa tesitura, en auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 84 y 85). En vista de ello, mediante oficio recibido en este juzgado el dos de junio de dos mil dieciséis, el Juez Quincuagésimo Quinto Penal de la Ciudad de México informó el cumplimento al fallo protector y remitió copia certificada de diversas constancias relativas a la causa penal 181/15. Así, del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, el Juez responsable, hizo lo siguiente: Emitió el auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, en el que dejó insubsistente el auto de veintiocho de octubre de dos ml quince y ordenó la reposición del procedimiento hasta la etapa de preinstrucción. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, llevó a cabo la audiencia de desahogo probatorio dentro del término constitucional ampliado, en ésta la defensa y el quejoso se desistieron de las probanzas consistentes en la ampliación de declaración de los denunciantes Daniel Mendoza Valdez y Eduardo Campos Hernández, así como de la reproducción judicial de las videograbaciones de las cámaras de la Secretaria de Seguridad Pública; por lo que los tuvo como tal. Resolvió la situación jurídica del aquí quejoso mediante auto de formal prisión de uno de junio de dos mil dieciséis, en el que valoró las pruebas de cargo y descargo. Por su parte, mediante oficio recibido en este juzgado el seis de junio de dos mil dieciséis, el Subdirector Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México en ausencia del Director refirió que se abstenía de ejecutar el acto tildado de inconstitucional. Consecuentemente, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Lo anterior, porque si bien el efecto del amparo fue para que se desahogaran las pruebas ofrecidas a favor del amparista, no menos cierto que al desistirse de las mismas en ejercicio de sus derechos de defensa, ello no implica un desacato a la sentencia del amparo por parte de la autoridad responsable porque atendió el derecho de defensa del oferente de la prueba, quien consideró que ya no era pertinente su desahogo, por lo que renunció a éstas a pesar de tener una sentencia de amparo a su favor. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal.

  4. Principal

    MESA V.- Agréguese a los autos el oficio signado por el Subdirector Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México en ausencia del Director, mediante el cual aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio descrito; así como con el oficio signado por el Juez Quincuagésimo Quinto Penal de la Ciudad de México y anexo que acompañó, recibidos en este juzgado el dos de junio pasado, por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que de no hacerlo, se resolverá sobre el acatamiento del fallo protector con base en las constancias de autos.

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