Jonathan Gabriel García Montoya

Expediente 1386/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1386/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Jonathan Gabriel García Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase a ********************, ******************** y ********************, por propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Ordenadoras Juzgado de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Fiscalía Regional de Justicia de Ecatepec, Estado de México. Ejecutoras Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado de México. Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Acto reclamado La orden aprehensión y/o presentación girada en contra de los quejosos; así como su ejecución. La investigación realizada en contra de los peticionarios del amparo. REGISTRO DE DEMANDA Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo ********************. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese sentido, respecto del acto reclamado por el quejoso consistente en orden aprehensión y/o presentación girada en contra de los quejosos; así como su ejecución, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 5, fracción I, párrafo primero, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". Del contenido de citado artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo se considera parte en el juicio de amparo al quejoso, cuando aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, a contrario sensu, el juicio de amparo resulta improcedente en contra norma, acto u omisión que no produzca una afectación real y actual en la esfera de derechos del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso concreto, respecto de la orden aprehensión y/o presentación girada en contra de los quejosos; así como su ejecución, no procede el juicio de amparo, en virtud de que constituyen actos futuros e inciertos, los cuales no producen una afectación actual, real y directa en contra del impetrante del amparo, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló, que un familiar le informó se acercaron a su domicilio unas personas que estaban en busca de su domicilio. Empero, las citadas manifestaciones que presuntamente le fueron informadas a los quejosos no producen una afectación actual, real y directa en su contra; tampoco pueden estimarse como actos inminentes de una orden de captura, pues no existe indicio alguno de que las autoridades que refiere en su escrito de demanda hayan emitido una orden privativa de libertad. Aunado a que la parte quejosa no señala en su demanda de amparo ningún acto especificó que hayan desplegado las autoridades que señala como responsables y tampoco indica carpeta de investigación o causa de control, de la que pudieran derivar los actos reclamados. Máxime que el juicio de amparo no constituye un medio para investigar a las autoridades que en su caso hayan dictado una orden privativa de libertad en su contra, ya que, de resultar así, y de señalar un número indeterminable de autoridades responsables en su trámite, resultaría contrario a la naturaleza sumaria que caracteriza el juicio de amparo, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe mencionar, que los actos futuros e inciertos son aquellos cuya realización es remota e incierta, en tanto que su existencia depende de la actividad previa de los quejosos o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones legales. De modo que, en la especie, los actos que la parte quejosa hace consistir en la orden de aprehensión y presentación, tienen la naturaleza de actos futuros e inciertos, pues para que la autoridad responsable pueda eventualmente emitir dichas órdenes dependerá del hecho de que exista una carpeta de investigación o causa de control, instruida en contra del quejoso, por un hecho delictuoso. Empero, como se indicó, el promovente del amparo no da noticia alguna en su escrito de demanda de amparo respecto de la existencia de una carpeta de investigación o causa de control, en la que se encuentre involucrado. Por tanto, en la especie se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia de mérito, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza. Apoya lo anterior, la tesis XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Ahora, respecto del diverso acto reclamado que la parte quejosa señaló como la investigación realizada en contra de los peticionarios del amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello importa destacar que los artículos 61, fracción XII, y 5, fracción I, de la ley de la materia, y 107, fracción I, Constitucional, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]" De los preceptos legales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la citada ley. Ahora bien, conforme a lo establecido en el 5º, fracción I, de la citada ley, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos fundamentales afectados con el acto reclamado y se identifica con el derecho subjetivo que supone una facultad de exigir y un deber jurídico correlativo de cumplir dicha exigencia, sólo el sujeto titular de esos derechos puede ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. En el caso, no se advierte que el quejoso sea el titular de un derecho subjetivo o el titular de un interés legítimo individual o colectivo y que el acto reclamado, respecto del que alega violación a sus derechos fundamentales, le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ello es así, porque el artículo 21, Constitucional, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función; el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público; y la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Así, al Ministerio Público se le concibe como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tienen la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos y, cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. En ese sentido, por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, por lo que se concluye que las actuaciones que puedan verificarse en el desarrollo de una averiguación o carpeta de investigación para su debida integración, no le genera una afectación directa, ya que incluso, se desconoce el resultado que ésta tendrá, la cual no necesariamente puede ser desfavorable a los intereses del promovente. Estimar lo contrario implicaría, sin justificación alguna, entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, en vista del interés de la sociedad. A lo anterior, es importante destacar que el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "ARTÍCULO 20. B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa [.]". "ARTÍCULO 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." De la interpretación del primer numeral citado, se desprende que, para ejercer debidamente el derecho fundamental de adecuada defensa, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo; además de que podrá tener acceso a aquélla, previa comparecencia judicial; acontecido lo anterior, la información recabada no podrá mantenerse en resguardo, salvo circunstancias excepcionales. En tanto que, del último de los numerales citados, se desprende que los datos de prueba serán estrictamente reservados y únicamente las partes tendrán acceso a los mismos. Así, al individuo que recaiga el carácter de imputado, así como su defensor, podrán tener acceso a dicha información a partir de tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido; 2) Cuando sea citado para comparecer como imputado; y, 3) Cuando sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Por otra parte, acorde a lo establecido en el artículo 211, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal tiene como primera etapa la de investigación, que comprende la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación y en donde el Ministerio Público determina si formula acusación. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en los artículos 211 y 213, del citado código nacional, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, la cual comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una investigación inicial para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no son de imposible reparación y, por tanto, no irrogan una afectación actual a la esfera jurídica al imputado. En ese sentido, como se dijo en líneas que anteceden, respecto del acto reclamado que combate la parte quejosa, esencialmente consiste en la investigación realizada en contra de los peticionarios del amparo, que aparentemente se sigue en su contra, resulta improcedente el presente juicio de amparo, habida cuenta que, tal como lo dispone la Carta Magna en su actual redacción, así como la porción normativa penal en comento, sólo se podrá tener acceso a los datos de prueba o a la información relacionada con la indagatoria, hasta en tanto el imputado se encuentre detenido; sea citado para comparecer como indiciado; o, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Así, por las circunstancias específicas del caso, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que no hay dato que evidencie que el quejoso se ubique en alguno de los supuestos mencionados. Apoya lo anterior, la tesis de tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que a la letra dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL IGUAL QUE EN EL SISTEMA TRADICIONAL (MIXTO), LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES PARA LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [ACLARACIÓN DE LA TESIS AISLADA II.2o.P.51 P (10a.)]. Hechos: Una persona investigada por su posible participación en la comisión de un delito promovió juicio de amparo indirecto contra los actos del Ministerio Público tendentes a la judicialización de la carpeta de investigación correspondiente y la petición al Juez de Control de fijar fecha para la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda y este Tribunal Colegiado de Circuito confirmó esa determinación al no afectarse el interés jurídico del quejoso y estimó aplicable, en lo conducente, la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.), respecto de la cual consideró realizar algunas aclaraciones. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al igual que en el sistema procesal penal tradicional (mixto), en el de corte acusatorio los actos del Ministerio Público tendentes y necesarios para la integración de la indagatoria y su subsecuente continuación ante el órgano judicial respectivo, son de interés público como parte del ejercicio de la función persecutora constitucionalmente asignada, por lo que no se afecta el interés jurídico del quejoso que acude al juicio de amparo contra el acto mismo de la judicialización o la petición de órdenes de aprehensión o de citación para audiencia de imputación; de ahí que sea improcedente. Justificación: Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial (según el sistema procesal aplicable), actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio a la persona contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, o bien, judicializa la carpeta ante el Juez de Control, pues es al Juez competente a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que podría afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar la audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo y en carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social, consistente en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que también en el actual sistema procesal de corte acusatorio, en el que la investigación se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse generadores de afectación al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente.". En ese contexto, es inconcuso que la investigación realizada en contra de los peticionarios del amparo, aparentemente seguida en su contra, y que por esta vía se pretenden combatir, no causan una afectación a los intereses de los promoventes, es decir, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia de mérito, con fundamento en lo que establece el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. EXHORTO PARA SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA LÍNEA. Toda vez que la demanda que nos ocupa se presentó de manera física; por tanto, con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado de distrito, con apoyo en el numeral 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista de acuerdos. Apoya esta consideración, la tesis emitida por el primer tribunal colegiado del vigésimo segundo circuito, de rubro: "NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ESTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.". MEDIOS DE CONTACTO Con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se tiene como medio alternativo de contacto la cuenta de correo electrónico que proporciona, para entablar comunicaciones no procesales, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS. En cuanto a las personas que menciona, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, de conformidad con lo previsto en la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no precisa en qué términos de dicho precepto lo autoriza; máxime, que no proporciona los datos correspondientes que lo acrediten como licenciado en derecho. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA Con apoyo en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" (SISE), para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Y FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Asimismo, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese; por lista a la parte quejosa.

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