Jonathan Fernando Casanova Solís
Expediente 1269/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jonathan Fernando Casanova Solís
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de diecisiete de octubre del presente año, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIOD E LISTA DE OCNOFMRIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEYD E AMPARO Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en el arresto administrativo y la incomunicación de que fue objeto; SE ACUERDA: Fórmese expediente, regístrese con el número 1269/2017-III-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A consideración del suscrito, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable". Para demostrar la improcedencia apuntada, debe tenerse presente que de acuerdo con la indicada fracción XVI, del precepto legal mencionado, el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, toda vez que el medio extraordinario de defensa tiene por objeto reparar la violación que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, aspecto que no se puede consolidar cuando el acto se consumó de modo irreparable. En efecto, a fin de establecer cuándo opera la causa de improcedencia materia de estudio, es preciso transcribir el precepto 77 de la Ley de Amparo, únicamente en la parte que establece los efectos de la sentencia que otorgue el amparo respecto de actos positivos: "Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas que guardaban antes de la violación; .". Conforme a lo expuesto, si el acto que se reclama es ejecutado y físicamente resulta irreparable, de manera que sea imposible volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la realización de dicho acto, el juicio de amparo carece de objeto y no tiene, por lo mismo, razón de ser. Esto es, el juicio constitucional tiene una finalidad práctica, que es la de reparar la situación jurídica de que disfrutaba el quejoso y que resultó lesionada por el acto impugnado; pero si tal reparación no es factible porque dicho acto es materialmente indestructible, el juicio pierde su objetivo y resulta improcedente, según lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 61 que se analiza. En el caso, de lo expuesto por el peticionario del amparo en su demanda, se desprende que el día ocho de octubre del año en curso, fue objeto de un arresto administrativo de veinticuatro horas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el cual una vez que lo cumplió, fue puesto en libertad; señalando además, que también estuvo incomunicado porque no le permitieron realizar una llamada telefónica para informar a sus familiares de su detención. Lo anterior, pone de relieve que la causa de improcedencia invocada se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto y la omisión de haberle permitido comunicarse con sus familiares, que ya se ejecutaron, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal y de su derecho a una llamada telefónica, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de esos derechos, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado y del derecho que alega fue vulnerado. Ello es así, porque ejecutado el arresto y el acto de no permitirle realizar una llamada telefónica, e incluso la incomunicación no puede circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para restituirlo en el goce del derecho violado; pues la autoridad responsable ya lo ejecutó y por tanto ha sido consumado, para los efectos que persigue el juicio de amparo. Sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tales actos pudieron ocasionar, haga procedente el juicio de mérito, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen los derechos fundamentales de los gobernados, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, pero no deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dichos actos o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo, los referidos actos reclamados han sido consumados de manera irreparable y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegada no puede ser motivo de estudio por esta vía, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia invocada. Sirve apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 423, Tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2007, Novena Época, cuyo rubro y texto señalan: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVI, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por JONATHAN FERNANDO CASANOVA SOLÍS, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad. Hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Finalmente, fórmese el correspondiente expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese, haciéndolo personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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