Jonathan Espinoza Salinas

Expediente 1630/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1630/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Jonathan Espinoza Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA X.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo lo haya hecho valer en contra del auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General citado; por tanto, ambos son susceptibles de destrucción. En virtud de lo anterior, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de que se dictó el presente acuerdo, destrúyase este expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace notar que en el presente juicio de amparo no se aperturó incidente de suspensión, ni obran documentos originales ofrecidas por la parte quejosa. HACM

  2. Principal

    MESA X. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintitrés y remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora -aquí quejosa- del auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del juicio laboral ******. En consecuencia, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa señala como acto reclamado en esencia la omisión de la autoridad responsable en pronunciarse respecto a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro de los autos del expediente laboral ******. En esa tesitura, y toda vez que, de las constancias remitidas en el oficio de cuenta, se aprecia que el doce de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió el acuerdo correspondiente en el que se pronunció respecto a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro de los autos del expediente laboral ******; determinación que notificó a la parte actora, aquí quejosa, hasta el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En efecto, en el presente juicio se advierte que opera el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable en pronunciarse respecto a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro de los autos del expediente laboral *****. No obstante lo anterior, se encuentra acreditado que el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el doce de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió el acuerdo correspondiente en el que se pronunció respecto a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro de los autos del expediente laboral *****; determinación que notificó a la parte actora, aquí quejosa, hasta el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés; por tanto, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la omisión ha desaparecido. [...] Criterio que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basan en la interpretación del artículos 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Así las cosas, al haber quedado insubsistente el acto reclamado, tornando improcedente el juicio de amparo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. Sin que sea óbice que la quejosa refiere que la responsable ha sido omisa en apegarse a los plazos y términos establecidos por la ley, omisión que refiere deberá subsanarse durante todo el tiempo que dure el conflicto laboral y hasta el dictado del laudo; sin embargo, dicho acto deriva como consecuencia de la omisión primigeniamente reclamada, y por tanto, no puede tenerse como acto destacado. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. EDC

  3. Principal

    MESA X.- se tiene por recibido el informe justificado rendido por: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. A lo anterior se provee lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el citado informe, téngase por rendido y dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, en relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígaseles que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Igualmente, respecto a las personas que se señalan como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. Además, hace valer causales de improcedencia, mismas que de ser procedentes serán tomadas en consideración en la resolución que se dicte en el presente asunto. También, téngase a la autoridad responsable informando que no tiene conocimiento de la existencia de diverso juicio de amparo que haya lugar. Por otra parte, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba ofrecida, consistente en la documental, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva la presente instancia, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Asimismo, respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Lo anterior, con apoyo en la tesis .1o.A.33 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2013107, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2378, y que es del tenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE PERMITIR SU CONSULTA NO SE ACTUALIZA CUANDO EL SOLICITANTE NO ES PARTE EN EL ASUNTO DE QUE SE TRATE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 218, estableció que cuando se remita información clasificada -reservada o confidencial- y exista razón fundada para que alguna o todas las partes del juicio la conozcan, previo análisis que de ella se haga, los Jueces constitucionales podrán permitir el acceso total o parcial, bajo su más estricta responsabilidad, a fin de que aquéllas puedan exponer sus pretensiones y hacer valer en juicio lo que a su derecho e interés convengan, siempre y cuando el órgano jurisdiccional considere que, para efectos del juicio de amparo, dicha información clasificada se puede dar a conocer en atención a la debida defensa de las partes; de ahí que si el quejoso reclamó, por ejemplo, el resultado de un procedimiento de investigación en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos y, de acuerdo con las manifestaciones de la autoridad, aquél no interpuso la queja que dio lugar a su sustanciación ni tuvo intervención en el asunto, es evidente que pretende imponerse del contenido de ese expediente, a pesar de que no se trata del servidor público contra el cual se instruyó el procedimiento, inclusive, aun de ser quien presentó la queja que lo originó, es criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal que carece de interés jurídico para impugnar en amparo las actuaciones practicadas para determinar la improcedencia o falta de elementos para fincar responsabilidad administrativa al funcionario denunciado. Por tanto, la restricción que se establezca al acceso a esa información clasificada no está encaminada a impedir la defensa adecuada del quejoso, sino a garantizar la protección de datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado a personas que no guardan relación con el asunto, pues la obligación del Juez de Distrito de permitir su consulta no se actualiza cuando el solicitante no es parte en el asunto de que se trate." Asimismo, en la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2008986, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1830, que dice: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Ahora bien, a efecto de estar en condiciones de mejor proveer en esta instancia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a las partes del auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (ochenta y nueve pesos 22/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 237, fracción I y 238, en relación con el artículo 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA X.- Visto el estado procesal de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún se encuentra transcurriendo el plazo de quince días establecido en el artículo 117 de la ley de la materia a efecto de que las autoridad responsable, rinda su respectivo informe justificado, el cual le fue requerido en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de quince días otorgado a la referida autoridad responsable. [...] En consecuencia, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés para su desahogo. HACM

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