Jonathan Enrique Tellez Sanchez

Expediente 58/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
58/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Jonathan Enrique Tellez Sanchez
  • Yessica Laura Téllez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Con fundamento en los dispositivos 3, último párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ya que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con su original, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen..M-IV

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de enero de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por ***; y téngasele cumpliendo la prevención formulada en acuerdo de dieciséis de enero pasado; por lo que se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Analizado en su integridad el escrito de demanda que se provee, se advierte que, en el caso que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente y, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgado de amparo de analizar oficiosamente las causales de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable dos causales de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. De lo antes transcrito, se tiene que para que un acto sea susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo debe causar un perjuicio real y actual a la esfera jurídica del accionante, y producir una afectación personal y directa en ésta. Cabe destacar que por agravio debe entenderse todo menoscabo u ofensa a la persona (física o moral), que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material y apreciable de manera objetiva. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no sólo subjetivo; y, ese agravio debe recaer en persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto ni genérico y de realización pasada, presente o inminente, es decir, se debe haber producido o estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no sólo eventual, aleatorio o hipotético. La presencia del daño o perjuicio constituye pues, el elemento material de agravio, pero no basta que exista dicho elemento para que haya una afectación desde el punto de vista jurídico, sino que es menester que sea causado o producido en determinada forma. En efecto, es necesario que tal daño o perjuicio sea ocasionado por la autoridad al transgredir un derecho fundamental. También es necesario establecer que para que el agravio pueda ser causa generadora del juicio de amparo, necesita también ser personal, esto es, que recaiga sobre persona determinada (física o moral). Por ende, todos aquéllos daños o perjuicios en que se pueda manifestar el agravio que no afecten a persona especificada de manera concreta, no pueden reputarse como agravios desde el punto de vista constitucional y no origina por tanto, la procedencia del amparo. Además de la personal determinación del agravio, éste debe ser directo, lo cual significa que sea de realización presente, pasada o futura de manera inminente. En consecuencia, aquéllas posibilidades o eventualidades en el sentido de que cualquier autoridad cause a persona determinada daño o perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse como integrantes del concepto de agravio. De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que por ese solo hecho se tenga por acreditada la comprobación del agravio resentido por el quejoso y como consecuencia se deba admitir a trámite, pues para ello es necesario que se demuestre, o cuando menos que se infiera de forma presuncional, que el acto reclamado lesiona su esfera jurídica. Precisado lo anterior, se considera que el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar ***/2022, en su punto XIII donde se negó la solicitud de admitir en ambos efectos el recurso de apelación que hicieron valer contra el acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, donde se les fijó una pensión alimenticia a su cargo; recurso que únicamente fue admitido en efecto devolutivo. Sin embargo, tal acto no produce una afectación real, actual y directa en la esfera jurídica de la parte quejosa, debido a que esa determinación no es definitiva, como se verá. Los numerales 387 y 402 del Código Familiar para el Estado de Hidalgo que establecen: Artículo 387. Interpuesta una apelación, el Juez la admitirá sin substanciación alguna si fuere procedente, siempre que se hayan hecho valer los agravios respectivos, expresando el juzgador en su auto, si la admite en ambos efectos o en uno solo. El recurso de apelación procede en un solo efecto o en ambos efectos. Artículo 402. Al recibir las constancias que remita el inferior, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y calificará si se confirma o no el grado en que se admitió por el inferior. De encontrarlo ajustado a derecho lo hará saber y citará a las partes en el mismo auto para oír sentencia, la que pronunciará dentro del término de diez días si se tratare de auto o interlocutoria y dentro de quince días si se tratare de sentencia definitiva; cuando se trate de expedientes muy voluminosos, se podrá ampliar el plazo en diez más para dictar sentencia y notificarla. En lo que aquí interesa, dichos preceptos establecen que al admitir la apelación el juez proveerá si se admite en ambos efectos o en un solo efecto. Sin embargo, al recibir las constancias relativas al recurso de apelación, el tribunal de alzada debe calificar el efecto en el que el a quo lo admitió a trámite, para determinar si lo confirma o no. Como se ve, la determinación que adopta el juez de la causa al admitir el recurso no es definitiva, debido a que el tribunal de segunda instancia, al recibir los autos calificará el efecto, pudiendo confirmar o modificar el grado en que admitió el medio de impugnación el inferior. En ese sentido, la determinación del juez de primera instancia no es la que produce una afectación real, actual y directa a la esfera jurídica del quejoso, debido a que no es definitiva, pues el superior, por disposición de ley, tiene que calificar el grado, una vez que reciba los autos. En esas condiciones, es dable afirmar que el proveído en el que la juez de origen admitió el recurso de alzada en el efecto devolutivo, no depara a la parte promovente un agravio personal y directo, pues esa afectación se actualizará hasta que la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, a la que corresponda conocer del medio de impugnación, determine que fue correcto tal grado de admisión; lo que podría no ocurrir, debido a que el tribunal de alzada también puede modificar el grado en que el inferior admitió el recurso. Dicho en otra palabras, será hasta que el tribunal de apelación confirme la admisión del recurso en efecto devolutivo, cuando se actualice una afectación personal y directa en los derechos de la quejosa; pues es hasta ese momento en que la calificación del grado se tornará definitiva; ya que al no compartir el criterio del juez de la causa, el tribunal pluripersonal podrá ordenar la admisión de la apelación en el efecto solicitado por la accionante (ambos efectos). En consecuencia, la calificación de grado realizada por el la juez no puede considerarse una resolución que justifique la procedencia del juicio de amparo, sino hasta que ésta se torne definitiva; lo que ocurrirá una vez que el tribunal de segunda instancia califique la determinación del inferior; estimar lo contrario, implicaría que este órgano constitucional emprenda un análisis que corresponde, por disposición de ley, previamente al tribunal de apelación; de ahí la actualización de la causa de improcedencia analizada. Asimismo, respecto del diverso acto reclamado consistente en el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio familiar ***, del índice del juzgado señalado como responsable, en el que se requiere a los quejosos acrediten estar al corriente en el pago de la pensión alimenticia decretada en dicho juicio, también se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Como ya se mencionó, el ordinal 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece claramente que la parte quejosa es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, siempre que alegue que el acto reclamado viola sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. En el caso, el proveído de ocho de diciembre del año pasado, no genera en la esfera jurídica de los quejosos una afectación actual, pues si bien se les hace el requerimiento de que acrediten estar al corriente en el pago de la pensión alimenticia que les fue decretada en el juicio de origen, y se les apercibe de multa en caso de no acatar lo anterior, dicha determinación, por sí misma, no vulnera los derechos de los promoventes del amparo, pues no se ha tenido por no cumplido lo ordenado, ni se ha materializado en una sanción para ellos. Por ello, si en este momento no existe una afectación actual derivada del proveído de ocho de diciembre del año pasado, es evidente que el mismo no puede ser impugnado a través del juicio de amparo, por no ocasionar un daño real en la esfera jurídica de los quejosos, lo que ocurrirá, en su caso, una vez trascurrido el término otorgado para ello, y siempre y cuando la autoridad responsable lo estime necesario pues, incluso, podría quedar insubsistente dicho requerimiento si, como ya se mencionó, la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, modifica el grado en el que se admitió el recurso de apelación interpuesto por los quejosos contra el diverso acuerdo de siete de octubre del año pasado. Se invoca, por analogía, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.) sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 2321, del tenor siguiente: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." En consecuencia, resulta manifiesto e indudable la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XIII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo; motivo por el cual lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por ***, ambos de apellidos ***.IV

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de enero de dos mil veintitrés. ACUSE. Se tiene a la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio mediante el cual se remitió el juicio de amparo 1636/2021-VIII-A y el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Rodolfo Abundio del Razo Curiel. De igual modo, informa que se admitió a trámite el recurso de referencia, quedando registrado bajo el número 35/2023...M-VIII

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