Jonathan Efrain González Robreño
Expediente 98/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jonathan Efrain González Robreño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Jonathan ********************, por medio del cual solicita le sea devuelta la copia certificada del contrato de compraventa que obra en el presente sumario. Atento a lo anterior, se deja a su disposición la copia certificada solicitada que ofreció durante la substanciación del presente juicio de amparo; en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia de la misma; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***, por medio del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa, así como la devolución de los documentos originales que se adjuntaron a su escrito inicial de demanda. En atención a lo anterior, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa la copia certificada de todo lo actuado, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos por persona autorizada para dicho efecto, en el entendido de que la certificación es totalmente gratuita.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia de treinta y uno de mayo dos mil veintitrés, que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución causa ejecutoria; por tanto, archívese el asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se omitió publicar la sentencia dictada el treinta y uno de mayo del año en curso; en consecuencia, se ordena notificar el auto en comento a las partes. Atento a lo ordenado, se transcribe la determinación de referencia para los efectos legales a los que haya lugar, misma que es del tenor literal siguiente: "En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y día señalados en autos para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 98/2023-A-3, estando en audiencia pública Samuel Sánchez Sánchez, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México, quien actúa con Alejandra Nieto García, Secretaria que da fe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace relación de todas las constancias que obran en los presentes autos y certifica que no quedan promociones pendientes de acordar. Acto seguido, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede. Abierto el periodo de pruebas: la Secretaria da cuenta con las documentales remitidas por el Juez Septuagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, consistente en un dos tomos de pruebas del expediente 543/2021, de su índice y con la documental exhibida por la parte quejosa mediante el escrito registrado con el número de control interno 2979. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las pruebas de cuenta, dada su propia y especial naturaleza. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó alegato ministerial alguno. El Juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos, así como el de la aludida agente para presentar alegato ministerial, con lo que se cierra el periodo de alegatos. Sin diligencias pendientes por practicar, el Juez dio por concluida la audiencia constitucional, de la que se levanta acta para constancia y a continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo 98/2023-A-3, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Septuagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, turnado al día siguiente hábil a la oficialía de partes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en esa Ciudad, ***, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se precisan: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo es en este caso, el ciudadano Juez Septuagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México. Como autoridad ordenadora. I V.- A LA AUTORIDAD ORDENADORA le reclamo el auto de fecha veinticinco de agosto de dos mil once en donde se ordena "se requiera a la parte demandada ***, la entrega del bien inmueble adjudicado en autos consistente en la casa ubicada en ***. Siendo que estas personas nunca han tenido la posesión de dicho inmueble, ni han vivido en dicha dirección." (sic) SEGUNDO. En acuerdo dictado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, radicó la demanda bajo el número 38/2023, y en ese mismo auto se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, y, como consecuencia, ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. TERCERO. En proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el comunicado proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al que se acompañó el original del juicio de amparo 38/2023, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil en Materia Civil de la Ciudad de México, registrándose bajo el número 98/2023-A-3. CUARTO. Trámite de la demanda de amparo. Previas aclaraciones, por auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se dio la intervención que le corresponde a la Fiscal Federal adscrita; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, el cual se rindió con ocho días de anticipación en relación con la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en esta fecha al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado tendrá ejecución en el municipio de Coacalco, Estado de México. SEGUNDO. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la orden de escrituración, emitida por la autoridad de responsable el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el juicio especial hipotecario 569/2008, hoy 543/2021, instado por ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de ****. TERCERO. Certeza de actos. Al rendir su informe justificado el Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, aceptó la existencia de los actos atribuidos, en virtud de que se encuentra radicado el juicio especial hipotecario 543/2021 (antes 569/2008), instado por ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de ***. Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas por la responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de certificación de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, Novena Época, del título y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Improcedencia del juicio. Previamente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede en primer lugar el análisis de las causales de improcedencia por ser de examen preferente y de orden público. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que la autoridad responsable haya aceptado la existencia del acto a ella atribuido, pues la certeza de estos no constituye, por sí misma, la procedencia del juicio, esto es, no impide al resolutor de amparo el análisis oficioso respecto de las causas de improcedencia de la acción constitucional. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 139-144, primera parte, página 287, séptima época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En el caso, el quejoso se ostenta como tercero extraño al Juicio Especial Hipotecario 543/2021 (antes 869/2008), instado por ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, ***, en contra de ***, del índice del Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México; ya que no es parte procesal en la controversia de origen. Al respecto, resulta pertinente precisar que la hipoteca es un derecho real de garantía, que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación (normalmente de pago de un crédito o préstamo), que confiere a su titular un derecho de realización de valor de un bien, (generalmente inmueble) el cual, aunque gravado, permanece en poder de su propietario, pudiendo el acreedor hipotecario, en caso de que la deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado, promover, previo juicio correspondiente, la venta forzosa del bien gravado con la hipoteca, cualquiera que sea su titular en ese momento (reipersecutoriedad) para, con su importe, hacerse pago del crédito debido, hasta donde alcance el importe obtenido con la venta forzosa promovida para la realización de los bienes hipotecados. Así, la ejecución hipotecaria es el derecho legal que tiene un acreedor hipotecario u otro acreedor del derecho de retención de adquirir la titularidad de la propiedad y/o el derecho de venderla y usar las ganancias para cancelar la hipoteca cuando esta o el embargo preventivo está en mora. En un principio, la ley establecía que la falta de pago de una hipoteca daba como resultado la obtención automática de la titularidad del inmueble por parte del titular de la hipoteca (a veces denominado "acreedor hipotecario"); pero la ley evolucionó con el transcurso de los años y ahora permite que los deudores hipotecarios tengan tiempo para saldar la hipoteca antes de que se les quite la propiedad. Este proceso de quitarle la propiedad al deudor hipotecario a causa de la mora es lo que constituye la ejecución hipotecaria. En general, el acreedor hipotecario inicia una acción de ejecución hipotecaria después de producida una mora en los pagos. Por lo que en el caso, contrariamente a lo esgrimido por el quejoso, en dicho juicio no era necesaria su intervención, o llamamiento a juicio. Ahora bien, al hacer un estudio de las constancias que obran en autos del juicio de origen, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. De los preceptos citados se advierte con claridad uno de los principios que rige como base en el juicio de garantías, que es que, éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, luego entonces una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos personales o patrimoniales. Ahora, se debe destacar que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico de quien promueve el amparo, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos. Si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica del quejoso, ésta carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia 1o.A.J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, Número 60, (Diciembre de 1992), visible en la página 35, cuya sinopsis refiere: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclama tendrá por incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico solo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." De lo anterior, podemos extraer los siguientes elementos del interés jurídico: a).- La existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo). b).- La titularidad de ese derecho por parte de una persona. c).- La facultad de exigencia para el respeto de ese derecho, y d).- La obligación correlativa a esa facultad de exigencia. Por tanto, el interés jurídico es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo; es decir, el interés y legitimación procesal, están íntimamente ligados con el elemento perjuicio jurídico, como se desprende de lo establecido por el artículo 5 fracción I, de la ley de la materia, que regula que son partes en el juicio amparo, entre otros, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la citada legislación y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, en un juicio de amparo. Al caso se invoca la jurisprudencia emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 72, página 55, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." De tal suerte que el peticionario de garantías debe acreditar de forma fehaciente, cuando acude en su demanda de amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. Para el caso en estudio, es preciso señalar que de acuerdo al artículo 790 del Código Civil Federal, correlacionado con el diverso 5.28 del Código Civil para el Estado de México, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho; sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen, según se advierte de los propios términos del artículo 5.29 del Código referido en segundo lugar, puesto que si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se tratará entonces de la posesión originaria o en concepto de dueño. En ese sentido, si el quejoso acude al juicio de garantías, aduciendo defender un derecho de propiedad que, de acuerdo a su dicho, detenta en virtud de la copia de un contrato privado de compraventa y cesión de deuda, certificada por notario público el trece de octubre de dos mil veintidós, esa circunstancia debe de ser acreditada y no inferirse con base en presunciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número Tesis: VI.2o. J/141, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VIII (Julio de 1998), página 270, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO QUE VERSA SOBRE INMUEBLES. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; de lo que se sigue, que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, que el acto o la ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso, por lo que, si lo reclamado es la falta de emplazamiento a un juicio que versa sobre determinado predio, que el amparista alega como de su propiedad y posesión, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio, que quien pide amparo demuestre que el inmueble, cuya propiedad y posesión dice ostentar, es el mismo materia de aquel juicio, pues de esa manera justificará su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos, ya que de no acreditar lo aludido, no tendrá por qué ser escuchado en ese procedimiento y por ende emplazado, en tanto no pruebe que el juicio natural le causa alguna molestia en sus propiedades, posesiones o derechos." En ese sentido, respecto de la referida copia certificada del contrato privado de compraventa y cesión de deuda, la misma no resulta ser suficiente para acreditar el interés jurídico que dice tener sobre el inmueble materia de la litis en el juicio especial hipotecario de que se trata. Lo anterior, en virtud que un documento privado y cesión de deuda será de fecha cierta, entre otras hipótesis, a partir del día que se celebra ante fedatario público; esto es que el mismo se hubiera celebrado ante el notario, es decir, redactado por él; sin que baste la simple certificación del contrato por el fedatario para considerarlo suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis número VI.1o.C.69 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XXI (Febrero de 2005), página 1684, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PRIVADOS. SON DE FECHA CIERTA, CUANDO CONSTA EN ELLOS UN ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO RELATIVO A BIENES INMUEBLES, SÓLO SI SON CELEBRADOS ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la lectura de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.", se concluye que un documento privado será de fecha cierta, entre otras hipótesis, a partir del día que se celebra ante fedatario público. En esa virtud, un contrato privado de compraventa de bien inmueble será de fecha cierta, sólo en el caso de que dicho documento se hubiera celebrado ante el notario, es decir, redactado por él; sin que baste la simple ratificación de los contratantes ante el fedatario para considerarlo suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, por lo siguiente: a) Porque los actos traslativos de dominio referentes a bienes inmuebles, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1491 del Código Civil para el Estado de Puebla deben constar en escritura pública; y, b) En la Ley del Notariado del Estado se establece en el numeral 123 que la ratificación de un documento únicamente consiste en que el fedatario hace constar la comparecencia y reconocimiento del firmante, mas no implica que aquél conoce íntegramente el contenido del contrato por lo que es claro que no puede dar fe de él." Lo anterior es así toda vez que la copia certificada del contrato privado de compraventa y cesión de deuda, celebrado aparentemente entre *** como vendedor y *** como comprador, el cual ostenta fecha de celebración de veintiocho de diciembre de dos mil nueve y con certificación de trece de octubre de dos mil veintidós, respecto del inmueble ubicado en la *** no puede ser considerado eficaz para acreditar su interés jurídico, en virtud de las siguientes consideraciones: El trece de octubre de dos mil veintidós, el Notario Público número veinticinco del Estado de México, certificó: "Licenciado LEOPOLDO LOPEZ BENITEZ, Notario Público Número Veinticinco del Estado de México, CERTIFICO que la presente COPIA FOTOSTÁTICA constante de dos páginas útiles, concordantes en todas y cada una de sus partes con el documento original, tomada del Contrato privado de compraventa, celebrado por J***como comprador y el señor ***, de fecha 28 de diciembre del 2009, documento que tuve a la vista, el cual fue presentado en términos del artículo 117 de la Ley del Notariado en vigor; este Cotejo acredita la identidad del documento cotejado con el documento original exhibido, sin calificar sobre su autencidad, validez o legalidad, misma que es expedida exclusivamente para trámites administrativos y fiscales. Certificación que quedó asentada con el número ***del Libro de Cotejos número *** de esta Notaria a mi cargo, de fecha trece de octubre de dos mil veintidós. ----DOY FE" En ese sentido, al contener dicho documento la certificación notarial de mérito, se obtiene que dicho contrato privado de compraventa y cesión de deuda es de fecha cierta. En apoyo de estas consideraciones, por identidad de razonamientos y en lo conducente, se invoca la jurisprudencia 1a./J 21/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 259, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." Y en lo conducente, la diversa jurisprudencia 1a./J. 96/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia Civil, Página 191, registro: 171436, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional." No obstante lo anterior, esto es, que el contrato privado de compraventa y cesión de deuda ofrecido y exhibido por el quejoso, es de fecha cierta, el referido documento no es suficiente para acreditar el interés jurídico que dice tener el mismo, respecto del inmueble que refiere es de su propiedad. Ello es así, en virtud de que la referida certificación es posterior a la emisión de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen de siete de enero de dos mil diez, por el entonces Juez Quincuagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México; por ende, tampoco resulta ser un medio probatorio eficaz para establecer el interés jurídico que dice tener el hoy quejoso. Lo anterior se obtiene al analizar la constancias remitidas por la autoridad responsable, en la que se advierte que, en auto dictado por el entonces Juez Quincuagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México de cuatro de junio de dos mil ocho, se admitió a trámite el Juicio Especial Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de ***, el cual fue radicado bajo el número 569/2008; se realizó el emplazamiento de los demandados quienes no dieron contestación a la demanda; por lo que el siete de enero de dos mil diez se dictó sentencia condenatoria, decretando el vencimiento anticipado del plazo concedido a los demandados para el pago del crédito hipotecario, condenando a los referidos al pago de las prestaciones reclamadas por el actor. En resolución interlocutoria de aprobación o no de remate en tercera almoneda, emitida el quince de junio de dos mil diez, se adjudicó el inmueble ubicado en ***", en favor de ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ***. De lo que se colige que si bien el Notario Público Veinticinco del Estado de México, certificó la impresión que consta de dos páginas, es reproducción fiel y exacta del original que le fue presentado y que dio fe haber tenido a la vista y con el cual la cotejó, cuyo efecto levantó en el libro de registro de cotejos del protocolo a su cargo, en el registro número ocho ***, del libro número nueve, el trece de octubre de dos mil veintidós, dicho contrato adquirió fecha cierta a partir de que el Notario realizó la referida certificación. En efecto, si el contrato privado de compraventa y cesión de deuda se hace existente, en certeza de fecha, a partir del momento en que el Notario Público realizó su certificación y ésta es de fecha posterior a la emisión del acto de autoridad (sentencia definitiva) e incluso la adjudicación del inmueble; es inconcuso que en relación a dicho acto el quejoso carece de interés jurídico, ya que al momento de dictarse el fallo definitivo en el juicio de origen no había certeza del referido acuerdo de voluntades; de ahí que, con su sola exhibición, no acredita el interés jurídico para reclamar lo actuado en el juicio de origen. Por lo que dicha documental que carece de valor probatorio pleno, por sí misma, y, por ende, es insuficiente para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, ya que no existe en autos otro elemento que, relacionado con esta, pueda generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados. Lo anterior en virtud que con la documental exhibida no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales. Probanza con la que no acredita la calidad de poseedor jurídico del bien materia de la litis, en la forma en que lo expresó en su demanda de garantías, ni que dicha posesión sea la tutelada en el artículo 14 Constitucional. En efecto, el presupuesto fundamental que como punto de partida debe atenderse en el caso concreto es la causa generadora de la posesión, o sea en concepto de poseedor jurídico, como prerrogativa de la posesión y su afectación con motivo de los actos reclamados. Toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional. Lo anterior encuentra sustento en la tesis número I.5o.C.6 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II (noviembre de 1995), Novena Época, registro 203885, página 613, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO. INTERÉS JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Porque el instrumento privado en análisis únicamente demuestra el acuerdo de voluntades que contiene, pero nunca la posesión, ya que ésta radica en el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, por lo que se debe probar en el juicio de amparo que la impetrante ejerce ese mando de hecho sobre la cosa de la que dice tratan de desposeerla, lo que no se puede derivar necesariamente del contrato de compraventa y cesión de deuda en examen. Por lo anterior, si el peticionario de amparo omitió justificar fehacientemente la causa u origen de la propiedad que arguyó ejercer sobre el inmueble materia del acto reclamado, ante tal situación resulta inobjetable que no demostró el interés jurídico necesario para que mediante el ejercicio de la acción constitucional, fuere tutelado el derecho que invocó, actualizándose por ende la causa de improcedencia que establece la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley, es un derecho subjetivo, o sea, la facultad opotestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva de derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia, de dos elementos inseparables a saber: a) Una facultad de exigir, y b) Una relación correlativa traducida en un deber jurídico de cumplir dicha exigencia. No se opone a lo que antecede la circunstancia de que la garante hubiera aportado, en su caso, copia certificada del contrato privado de compraventa y cesión de deuda antes descrito, ya que como se ha señalado con anterioridad, éste no justificaría de manera legítima la supuesta propiedad y/o posesión que dice tener, ya que para acreditar el poder de hecho relativo de un bien en forma permanente, constante o continua y actual, se requiere de prueba idónea. Lo anterior encuentra apoyo el criterio sostenido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mismo que señala en su rubro y texto: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger a simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión." (S.J.F. 8ª Época, tomo II, 2ª, Julio a Diciembre de 1988, Pág. 404) Así como el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis P/J.1/2012 mismo que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." (S.J.F. y su Gaceta, 9ª Época, Febrero de 2002, tomo XV, Pág. 5) En ese sentido, aun cuando el contrato exhibido por la parte quejosa, es de fecha cierta por haberse certificado y cotejado ante notario público, lo cierto es que al haberse obtenido la certeza de su existencia después de la emisión de los actos reclamados, no puede estimarse que le asista derecho para instar el presente juicio; y, por tanto, al no estar legitimado para ello, no acredita su interés jurídico. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 69/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI (noviembre de 2013), Tomo 1, Décima Época, registro 2004905, página: 287, de rubro y texto siguientes: "EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad." Por lo anterior, si el peticionario de amparo omitió justificar fehacientemente la causa u origen de la propiedad o posesión que arguye ejercer sobre el inmueble materia del acto reclamado, ante tal situación resulta inobjetable que no demostró el interés jurídico necesario para que mediante el ejercicio de la acción constitucional, fuere tutelado el derecho que invoco, resulta manifiesto que se actualiza en el caso planteado la referida causa de improcedencia, situación que conduce a sobreseer en el juicio de garantías intentado, conforme establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a las autoridades ejecutoras, toda vez que no fue reclamado por vicios propios. Tiene aplicación al respecto la tesis de jurisprudencia, número 647, visible en la página 4343, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Además, no pasa inadvertido para este juzgador, la circunstancia de que no se haya emplazado a la parte tercera interesada, al presente juicio, sin embargo, aun cuando dicho acto procesal es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, también lo es que uno de los principios fundamentales de la impartición de justicia es que sea pronta y expedita. En efecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero interesado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente. Empero, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. Por tanto, aun cuando el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que si una de las partes que tenga derecho a intervenir en un juicio de garantías no ha sido oída, se violan las reglas fundamentales que norman el procedimiento; sin embargo, para que se reponga éste, es menester que haya trascendido al resultado del fallo, causando un perjuicio a la parte no llamada al procedimiento, lo cual no acontece en el presente asunto, puesto que lo que en realidad le afecta es la imposibilidad de ejecutar una sentencia firme, atento a la tramitación de este juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis 2a. VII/97, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V (Febrero de 1997), página 350, que a la letra indica: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INNECESARIA CUANDO NO SE PRODUJO AFECTACIÓN A LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO NI TRASCENDIÓ AL RESULTADO DE LA SENTENCIA. Es improcedente ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, cuando atendiendo al sentido de la sentencia recurrida, que niega el amparo a la quejosa por cuanto a la ley, se torna intrascendente para el resultado del fallo la intervención de las autoridades responsables que no fueron llamadas al juicio, pues debe tenerse en cuenta que la determinación de reponer el procedimiento para reparar las violaciones a sus normas esenciales se finca en que esa infracción produce afectación a las defensas de la parte interesada y trasciende al resultado de la sentencia; de manera que si ésta no causa perjuicio a la parte interesada, que no fue oída en el juicio, la infracción de referencia no es base para reponer el juicio". Además, obligar al juzgador a emplazar al tercero interesado, en las condiciones apuntadas, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Al caso se invoca la jurisprudencia 1a./J 65/99, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X (Noviembre de 1999), página 336, cuyo rubro y texto es: "PROCEDIMIENTO, REPOSICIÓN DEL. SÓLO CUANDO LA VIOLACIÓN TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES PROCEDENTE. Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico." Por lo expuesto, fundado, se: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio."
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