Jonathan Eduardo Luna Escobar

Expediente 50/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
50/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2016

Partes del expediente

  • Jonathan Eduardo Luna Escobar

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.Visto el oficio de cuenta, que remite la Secretaria de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, de esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en auto trece de octubre de dos mil dieciséis, remite en copia certificada constancias relativas a la medida de apremio impuesta a la demandada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dictada en el expediente 262/2013, del que derivó la interposición de la denuncia penal ante el Agente del Ministerio Público Federal, por la posible comisión de delito de desobediencia; con su contenido, dése vista a las partes, por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. N O T I F Í Q U E S E.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a tres de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído por el cual se desechó la demanda de juicio constitucional interpuesta por Jhonatan Eduardo Luna Escobar, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, dado que en la resolución se desechó la demanda de amparo, además que se observa de la certificación de cuenta que no existen documentos originales, que no se abrió el incidente de suspensión, y que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA... Ensenada, Baja California, a diez de febrero de dos mil dieciséis. Visto el escrito que presenta Jhonatan Eduardo Luna Escobar, por derecho propio, mediante el cual promueve juicio de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta localidad. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno Uno con número 50/2016. Ahora bien, del análisis integral del escrito de petición de derechos fundamentales, se aprecia que la parte amparista precisa como acto reclamado, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: La Resolución Interlocutoria de Personalidad de fecha ocho de diciembre de dos mil quince dictada dentro del expediente natural 486/2012." (sic) Asimismo, de los antecedentes de la demanda se advierte, que la citada resolución declaró improcedente el incidente de personalidad promovido por la parte quejosa dentro del juicio laboral 486/2012. Precisado lo anterior, resulta oportuno asentar que conforme que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, esto es, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por tanto, es deber de este resolutor de verificar la procedencia de la demanda en cuestión, precisando si se actualiza o no una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que imponga su desechamiento. Debiendo entenderse por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que se revela. Cabe señalar, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Así, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. En esas directrices, se estima que en el presente asunto se patentiza de forma notoria la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De una interpretación del último precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Así, los actos de imposible reparación se conceptúan como aquellos que afecten de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. Ahora bien, en el presente asunto comparece Jhonatan Eduardo Luna Escobar, por derecho propio, reclamando de la autoridad laboral responsable, la emisión de la resolución interlocutoria de ocho de diciembre de dos mil quince, dictada dentro del incidente falta de personalidad derivado del juicio laboral 486/2012, en la que se declaró improcedente dicha incidencia. Acto que se estima no es de aquellos que sean de aquellos que les revista el carácter de ejecución irreparable, por las siguientes razones. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que: "[.] Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De tales consideraciones, tuvo génesis la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de dos mil catorce, Tomo I, página trienta y nueve, con número de registro 2006589 que expresa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De lo que se pone de relieve que el Tribunal Pleno, dejó sin eficacia la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001, de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", para sostener que ya no es procedente la presente instancia constitucional en aquellos asuntos que se dirima la personería de la partes dentro de juicio contencioso, siendo en todo caso, combatible en amparo directo, siempre y cuando trascendiera al resultado del fallo, y se obtuviera sentencia no favorable a las pretensiones de la parte afectada por tal acto de autoridad. Luego entonces, es claro que si la parte quejosa reclama la sentencia interlocutoria de ocho de diciembre de dos mil quince, dictada dentro del incidente falta de personalidad derivado del juicio laboral 486/2012, en la que se declaró improcedente la incidencia promovida por la parte actora Jhonatan Eduardo Luna Escobar --aquí quejoso--,es evidente que se está en el supuesto de inejercitabilidad de la acción de amparo descrito, pues ello no es un acto de imposible reparación. Se insiste en lo aquí expresado, pues dicha actuación no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que constituyen derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales y que, al presentarse, se colocan en una posibilidad latente y constante de desaparecer o bien, resultan jurídicamente intranscendentes en cuanto al fondo, si se le dictara una sentencia favorable. En consecuencia, al quedar patente la actualización de la hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo ya descrita, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la demanda de derechos fundamentales en términos de lo previsto en el diverso 113 de la ley de la materia, ya que la misma no podrá ser desvirtuada con ningún medio de prueba, por lo que hace ocioso la radicación y tramitación del presente sumario constitucional. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 21, último párrafo de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones que de manera personal deban practicarse en el presente asunto. Finalmente, se tiene autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Anabella Soto Serrano, y como domicilio procesal el ubicado en calle Las Redes, número 164, fraccionamiento Playa Ensenada, de esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma el licenciado Víctor Miguel Bravo Melgoza, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante el licenciado Rubén Reynoso Barbosa, Secretario que autoriza y da fe.VMBM/RRB/Dave

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