Jonathan Eduardo Castro Vazquez
Expediente 250/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jonathan Eduardo Castro Vazquez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el ocho de abril de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a la autoridad responsable esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por auto dictado en este asunto el ocho de abril de dos mil diecinueve, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento susceptible de devolución presentado por las partes. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su oficio de cuenta. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda y escrito aclaratorio, se advierte que en la especie se reclama la omisión de acordar sobre la admisión de la demanda presentada por el quejoso ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ahora bien, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que respecto de la omisión reclamada en el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, procederá el sobreseimiento en el juicio de amparo. Precisando lo anterior, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe de ley negó expresamente la existencia de la omisión reclamada y al efecto allego copia certificada de diversas constancias en vía de justificación. A tales probanzas se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De las documentales referidas se advierte que el cinco de marzo de dos mil diecinueve, se dictó un acuerdo dentro del expediente laboral **********, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el cual se admitió a trámite la demanda interpuesta por Rodolfo Isaac Monsiváis Morquecho, en su carácter de apoderado jurídico del quejoso Jonathan Eduardo Castro Vázquez, señalándose las diez horas con treinta minutos del seis de mayo de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia de conciliación, de demanda y excepciones. Lo anterior se patentiza con la siguiente transcripción: ".San Luis Potosí, S.L.P., a cinco de marzo de 2019, dos mil diecinueve. [.] PRIMERO.- Se tiene a la demanda de cuenta por recibida y radicada, debiéndose tramitar bajo el número ********** mediante el cual ha quedado registrada.- SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 870, 871 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, se señalan las 10:30 DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 06 SEIS DE MAYO DE 2019, DOS MIL DIECINUEVE para que se lleve a cabo una AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES, en los despachos de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje. [.]" Lo cual se notificó a la parte actora (aquí quejosa), el veintisiete de marzo del año en curso, según se advierte de la copia certificada de la cédula de notificación por instructivo que acompañó la autoridad responsable a su informe de cuenta. De lo expuesto, resulta inconcuso que las omisiones reclamadas no existían a la fecha de la presentación de la demanda (trece de marzo de dos mil diecinueve), ya que con anterioridad, es decir, el cinco de marzo de dos mil diecinueve, se acordó sobre la admisión de su demanda presentada ante la responsable. En efecto, al analizar el sello receptor de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el cual se encuentra impreso en la parte superior del escrito de demanda, se desprende que fue presentada el trece de marzo de dos mil diecinueve; y como quedó establecido en el párrafo que antecede, el cinco de marzo de dos mil diecinueve, la responsable acordó la demanda presentada por el aquí quejoso, haciéndolo de su conocimiento el veintisiete de marzo siguiente; es por ello que en el presente asunto no puede ocuparse de la omisión reclamada toda vez que ésta no existía a la fecha de la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de las omisiones reclamadas precisadas en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Es de puntual aplicación a lo antepuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 254, Tomo: XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado, no desatiende la jurisprudencia 1a./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a actos reclamados, no a omisiones y a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra inexistencia de las omisiones reclamadas, como en el caso particular, pues quedó demostrada dicha inexistencia con las documentales públicas que allegó al presente sumario la autoridad responsable al rendir su informe de ley. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del doce de abril de dos mil diecinueve. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Jonathan Eduardo Castro Vázquez, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Jonathan Eduardo Castro Vázquez, contra la omisión de acordar sobre la admisión de su demanda presentada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda de amparo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del ordenamiento legal en cita. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de la Materia. Se señalan las DIEZ HORAS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64, de la Ley en cita, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251, de la citada legislación. Hágase del conocimiento de las partes que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese.
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