Jonathan Díaz Vargas
Expediente 1053/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jonathan Díaz Vargas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de veintitrés de noviembre del año en curso; en consecuencia, se declara que dicho auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Asimismo, procédase a la destrucción del presente expediente una vez transcurridos tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el promovente ***, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diez de noviembre del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído; y se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***, fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1053/2021-I. Ahora bien, como cuestión previa, debe precisarse que no es procedente decretar la suspensión de plano, en virtud de que si bien del escrito de demanda se aprecia que el quejoso se duele de una "detención forzada", lo cierto es que atendiendo a lo expuesto de manera integral en dicho ocurso, no se aprecia que el mismo se encuentre actualmente privado de su libertad o incomunicado, siendo que fue el propio quejoso quien promovió el juicio constitucional que dio origen al expediente en que se actúa. De ahí que se estime que los actos reclamados en esta vía de control, no se ubican dentro de las hipótesis normativas establecidas en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Esto es, no son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o que los mismos tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, y por tanto, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, este juzgador no estima necesario decretar dicha medida cautelar. De este modo, no se satisfacen los requisitos que prevé el mencionado numeral 15 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado supone una mera posibilidad a la afectación de los derechos fundamentales del quejoso, que depende de la actualización de otros factores; de ahí que el supuesto peligro a la libertad no pueda considerarse inminente. Con base en esto último, la demanda de amparo que nos ocupa no amerita el trato de un asunto urgente en el que deba proveerse con prontitud respecto de la suspensión. Precisado lo anterior, previo a acordar lo que en derecho corresponda, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1. Señale la denominación correcta de las autoridades responsables, dado que fue omiso en especificar el fuero a que pertenecen y/o la entidad federativa en la que se localizan. 2. Manifieste BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, los antecedentes que constituyen el acto reclamado. En efecto, el Máximo Tribunal del país determinó al resolver la contradicción 127/1999, que es un requisito de la demanda de amparo, que la parte quejosa manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado; y que no es una formula sacramental o solemne. Con base en ello, resulta pertinente señalar que de conformidad con la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, el quejoso, su abogado o autorizado o ambos, que, en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, a excepción de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. En otro ámbito, dado que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; por tanto, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. No obstante, dada la trascendencia del presente proveído, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial adscrito a este juzgado federal, para que, por única ocasión, notifique el presente auto de manera personal al quejoso, en el domicilio ubicado en avenida ***. Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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