Jonathan Diaz Sanchez
Expediente 338/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 7 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 338/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/10/2020
Partes del expediente
- Jonathan Diaz Sanchez
Actuaciones
- Principal
CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución; 1, 2, 37, 107, y demás relativos de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tal efecto es menester efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, con registro 181810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, página 255. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los quejosos señalaron como autoridades responsables las siguientes: 1. Presidenta Municipal del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. 2. Secretario de Seguridad Ciudadana del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. 3. Director y/o Comandante de la Policía Municipal y/o Policía y Tránsito Municipal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. 4. Subdirector Operativo y/o Subcomandante de la Policía Municipal y/o de Policía de Tránsito Municipal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. 5. Oficiales de la Policía Municipal a quienes les está asignada la unidad 0729, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. 6. Oficiales de la Policía Municipal a quienes les está asignada la unidad 19-014, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. 7. Oficiales de la Policía Municipal a quienes les está asignada la unidad 19-020, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. A quienes les reclamaron: La orden de detención, presentación, retención o cualquier otro acto que implique privar de la libertad o posesiones a los quejosos, así como la ejecución. TERCERO. Una vez precisados los actos reclamados en este juicio de amparo y atendiendo a que su existencia es un requisito esencial para efectuar el estudio de su constitucionalidad, es menester pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éstos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Presidenta Municipal y Secretario de Seguridad Ciudadana, ambas del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, precisadas en el segundo considerando; toda vez que al rendir los respectivos informes justificados negaron la existencia de éstos; sin que los quejosos hayan aportado pruebas o datos que desvirtúen esa negativa; por lo que, ante la inexistencia de dichos actos, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, por lo que hace a dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese contexto, al advertirse que no obra el informe justificado de las autoridades responsables Director y/o Comandante de la Policía Municipal y/o Policía y Tránsito Municipal, Subdirector Operativo y/o Subcomandante de la Policía Municipal y/o de Policía de Tránsito Municipal, Oficiales de la Policía Municipal a quienes les está asignada la unidad 0729, Oficiales de la Policía Municipal a quienes les está asignada la unidad 19-014, Oficiales de la Policía Municipal a quienes les está asignada la unidad 19-020, todos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, no obstante que fueron debidamente notificadas para ello; sin embargo, no es procedente tener por presuntivamente cierto los actos que se le atribuyen, al considerar que si las autoridades ordenadoras negaron los actos reclamados, es evidente que no existen actos que ejecutar, por lo que deberá sobreseerse en el presente juicio respecto de las ejecutoras, al haberse decretado el sobreseimiento en relación a las ordenadoras. En apoyo a lo anterior, cabe citar la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número quinientos dieciséis, en el Tomo VI, Parte SCJN, página trescientos treinta y nueve, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro reza: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." En efecto, al considerar la naturaleza de los actos reclamados, y al no haber aportado la parte quejosa algún medio de convicción con el que se acredite fehacientemente que las autoridades referidas los emitieran, tiene sustento la negativa propuesta por éstas. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia de los actos reclamados, ni es suficiente que los argumentos expresados en ellas se hayan realizado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Además, dicha negativa cobra relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos, pues la obligación que impone el artículo 117, de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir el informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo es exigible cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", si las autoridades admiten la existencia y aducen la constitucionalidad, mas no, cuando categóricamente niegan los actos que se les imputan. Supuesto en el cual no se está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y las encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. En consecuencia, al no haberse desvirtuado las negativas formuladas por las autoridades responsables de referencia, con fundamento en lo que dispone el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el quince de enero de dos mil quince, procédase a realizar la captura de este fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente en su oportunidad. Esta resolución se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y el secretario que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 107, fracción VII, Constitucional; numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Jonathan Díaz Sánchez y Alondra Chávez Muñoz, por los actos y las autoridades responsables precisados en el segundo considerando y por lo motivos que se señalan en el considerativo tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el último considerando de esta sentencia, procédase a la captura de la misma en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. NOTIFÍQUESE
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