Jonathan Cortés González
Expediente 37/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/05/2022
Partes del expediente
- Jonathan Cortés González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California y, atento a su solicitud, remítase el juicio de amparo en que se actúa, consistente en un tomo de actuaciones, vía mensajería acelerada, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS: Tijuana, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se desprende que el dieciocho de febrero pasado, se recibió el informe justificado rendido por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, y toda vez que no se adjuntaron las copias certificadas que adujo, relativas al cuaderno de ejecución 691/2019, se determinó estar a la espera del oficio remitido vía ordinaria por dicha autoridad. En ese contexto, agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexos remitidos por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, mediante el cual rinde informe justificado y envía copia certificada de las constancias relativas al cuaderno de ejecución 691/2020, en las que lo apoya. Por tanto, agréguese sin mayor proveído el informe justificado de referencia, en razón de que éste se tuvo por recibido el dieciocho de febrero pasado; por otra parte, dése vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias que remite la autoridad responsable. Luego, de las constancias que se reciben, consistentes en un disco versátil digital (DVD), se advierte la audiencia pública celebrada el diez de febrero de dos mil veintidós, formado con motivo del "incidente de beneficio de libertad anticipada, beneficio de remisión parcial de la pena, así como que se le realice los estudios técnicos de personalidad y quantum prisión preventiva" que solicitó el aquí quejoso Jonathan Cortéz González, en la cual, determinó por una parte, tenerlo por desistido de la solicitud planteada respecto al beneficio de libertad anticipada, beneficio de remisión parcial de la pena, así como que se le realicen estudios técnicos de personalidad y algún beneficio preliberacional, y por otra, se determinó fundada la solicitud del descuento de prisión preventiva a favor del sentenciado Jonathan Cortéz González.Constancias que, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, al encontrarse certificadas por el titular del juzgado de origen, adquieren el carácter de documento público, con valor probatorio pleno para evidenciar la existencia del referido acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Consideración que debe prevalecer respecto al registro audiovisual señalado en supralíneas, consistentes en un disco óptico en formato de videograbación contenida en disco versátil digital (DVD), toda vez que las videograbaciones de audiencia celebrada en procedimiento penal de corte acusatorio y oral hechas en discos versátiles digitales, para efectos del amparo indirecto constituyen una prueba documental, que se desahoga por sí, al haberse remitido por la autoridad judicial responsable para justificar su informe. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2004362, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En tal virtud, toda vez que el quejoso Jonathan Cortes González, promovió demanda de amparo, contra actos de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, consistente esencialmente en la omisión de dar respuesta a la solicitud que presentó el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en relación con el incidente que denominó como ''incidente de descuento del quantum de prisión preventiva" . En mérito de lo anterior, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por no haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo [.]" De lo anterior se desprende que la causa de inejercitabilidad invocada prevé que el juicio de amparo no procede cuando el objeto o la materia del acto que se reclama haya dejado de existir, no obstante que el acto en sí siga subsistiendo. Entonces, si el diez de febrero del año en curso, en el cuaderno de ejecución 691/2019, se determinó procedente el "incidente de descuento del quantum de prisión preventiva" que promovió el quejoso, debe concluirse que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior se afirma, ya que el acto reclamado consistía en la falta de contestación a la solicitud del incidente que denominó el quejoso como "descuento del quantum de prisión preventiva"; luego, al declararse procedente dicha solicitud, con posterioridad a presentar la demanda constitucional, se pone de manifiesto que dejó de existir el objeto del acto reclamado; en tales condiciones, existe imposibilidad jurídica y material para resolver el fondo del asunto en razón de que la situación jurídica que surgió con motivo del acto de autoridad, aun cuando subsiste, se modificó sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que sea susceptible de reparación a través de una sentencia concesoria de amparo. Máxime que del desahogo de la audiencia púbica de diez de febrero de dos mil veintidós, la Juez de Ejecución, tuvo por notificado en términos de los artículos 63 y 82 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, al aquí quejoso Jonathan Cortéz González, de la multicitada resolución. Consecuentemente al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto las providencias decretadas así como el señalamiento de la audiencia constitucional. Comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación respectiva en el libro de juzgado correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a quese le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se desprende que el dieciocho de febrero pasado, se recibió el informe justificado rendido por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, y toda vez que no se adjuntaron las copias certificadas que adujo, relativas al cuaderno de ejecución 691/2019, se determinó estar a la espera del oficio remitido vía ordinaria por dicha autoridad. En ese contexto, agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexos remitidos por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, mediante el cual rinde informe justificado y envía copia certificada de las constancias relativas al cuaderno de ejecución 691/2020, en las que lo apoya. Por tanto, agréguese sin mayor proveído el informe justificado de referencia, en razón de que éste se tuvo por recibido el dieciocho de febrero pasado; por otra parte, vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias que remite la autoridad responsable. Luego, de las constancias que se reciben, consistentes en un disco versátil digital (DVD), se advierte la audiencia pública celebrada el diez de febrero de dos mil veintidós, formado con motivo del ncidente de beneficio de libertad anticipada, beneficio de remisión parcial de la pena, así como que se le realice los estudios técnicos de personalidad y quantum prisión preventivaque solicitó el aquí quejoso Jonathan Cortéz González, en la cual, determinó por una parte, tenerlo por desistido de la solicitud planteada respecto al beneficio de libertad anticipada, beneficio de remisión parcial de la pena, así como que se le realicen estudios técnicos de personalidad y algún beneficio preliberacional, y por otra, se determinó fundada la solicitud del descuento de prisión preventiva a favor del sentenciado Jonathan Cortéz González. Constancias que, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al encontrarse certificadas por el titular del juzgado de origen, adquieren el carácter de documento público, con valor probatorio pleno para evidenciar la existencia del referido acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Consideración que debe prevalecer respecto al registro audiovisual señalado en supralíneas, consistentes en un disco óptico en formato de videograbación contenida en disco versátil digital (DVD), toda vez que las videograbaciones de audiencia celebrada en procedimiento penal de corte acusatorio y oral hechas en discos versátiles digitales, para efectos del amparo indirecto constituyen una prueba documental, que se desahoga por sí, al haberse remitido por la autoridad judicial responsable para justificar su informe. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia stentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2004362, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. En tal virtud, toda vez que el quejoso Jonathan Cortes González, promovió demanda de amparo, contra actos de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, consistente esencialmente en la omisión de dar respuesta a la solicitud que presentó el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en relación con el incidente que denominó como incidente de descuento del quantum de prisión preventiva. En mérito de lo anterior, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por no haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo De lo anterior se desprende que la causa de inejercitabilidad invocada prevé que el juicio de amparo no procede cuando el objeto o la materia del acto que se reclama haya dejado de existir, no obstante que el acto en sí siga subsistiendo. Entonces, si el diez de febrero del año en curso, en el cuaderno de ejecución 691/2019, se determinó procedente el "incidente de descuento del quantum de prisión preventiva" que promovió el quejoso, debe concluirse que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior se afirma, ya que el acto reclamado consistía en la falta de contestación a la solicitud del incidente que denominó el quejoso como "descuento del quantum de prisión preventiva"; luego, al declararse procedente dicha solicitud, con posterioridad a presentar la demanda constitucional, se pone de manifiesto que dejó de existir el objeto del acto reclamado; en tales condiciones, existe imposibilidad jurídica y material para resolver el fondo del asunto en razón de que la situación jurídica que surgió con motivo del acto de autoridad, aun cuando subsiste, se modificó sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que sea susceptible de reparación a través de una sentencia de amparo. Máxime que del desahogo de la audiencia púbica de diez de febrero de dos mil veintidós, la Juez de Ejecución, tuvo por notificado en términos de los artículos 63 y 82 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, al aquí quejoso de la multicitada resolución. Consecuentemente al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto las providencias decretadas así como el señalamiento de la audiencia constitucional. Comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación respectiva en el libro de juzgado correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL,CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Andrea Yissell Picasso Barba, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, en representación de la Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual informa las gestiones de cumplimiento al requerimiento realizado en acuerdo de veinticuatro de febrero de este año. Asimismo, solicita una prórroga para rendir el informe de autoridad requerido, por los motivos expuestos en el oficio de cuenta; en ese tenor, dígase a la autoridad oficiante, que se concede una prórroga de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, a fin de que este en posibilidad de rendir el informe de autoridad supra citado, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa consistente en cincuenta Unidades de Medida y Actualización, se le impondrá la multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el 259 de la ley en mención. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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