Jonathan Blanco Gonzalez
Expediente 684/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/09/2023
Partes del expediente
- Jonathan Blanco Gonzalez
Actuaciones
- Principal
MESA I. Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, transcurrió del veintisiete de julio al dos de agosto de dos mil veintitrés, con exclusión de los días veintinueve y treinta, de julio del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos) en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusieran el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción I y 3 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General.... Notifíquese.
- Principal
MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de ******, mediante el cual, desahoga en tiempo la prevención realizada en proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad, que consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. En ese tenor, el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, establece: "Artículo 88. Las resoluciones son: I. Determinaciones de mero trámite, que se llaman decretos; II. Decisiones que determinan sobre materia que no sea de puro trámite, y se llaman autos; III. Decisiones que resuelvan un incidente, y se llaman sentencias interlocutorias; IV. Sentencias definitivas, que resuelven el asunto principal." El precepto legal transcrito prevé los diferentes tipos de resoluciones que pueden emitirse en un juicio civil, a saber, decretos, autos, interlocutorias y sentencias definitivas. Asimismo, el ordenamiento legal en comento, prevé la existencia de tres recursos para impugnar las determinaciones, decisiones y sentencias definitivas que se emitan en los juicios civiles, a saber, revocación, apelación y reclamación. En esa medida, el artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de revocación, a saber: "Artículo 794. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta." Mientras que los artículos 805, 806, 807 y 836 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regulan la procedencia del recurso de apelación, a saber: "Artículo 805. Las sentencias definitivas son apelables en ambos efectos, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley. Artículo 806. Los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable, y cuando la ley lo dispone. Artículo 807. Es gravamen irreparable el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Artículo 836. Son aplicables a las apelaciones las reglas del juicio ordinario, en lo que no esté previsto por las disposiciones de este Capítulo". Finalmente, el artículo 837 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de reclamación, a saber: "Artículo 837. Se llama reclamación el recurso que se interpone para que la Sala Civil confirme, reforme o revoque, las resoluciones dictadas por su presidente." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, contra los autos que no sean apelables, procede el recurso de revocación. Asimismo, que los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable; y cuando la ley lo dispone De igual forma, que el "gravamen irreparable" se presenta cuando el daño no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Por otro lado, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, no prevé expresamente recurso alguno en contra de los decretos, autos e interlocutorias dictadas durante el procedimiento de ejecución de sentencia, por tanto, debe realizarse un estudio por exclusión. En el caso que nos ocupa, del análisis integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es el auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar *****, por el Juez Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, que negó la celebración de una junta para mejor proveer. Sentado lo anterior, para este juzgador el acuerdo impugnado por el quejoso, es un auto de los previstos en el artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, esto es, se trata de un auto que no es apelable, por lo que puede ser revocado por el juez que lo dicta, situación que relacionada con el artículo 806 del propio ordenamiento, podrá apelarse siempre y cuando tenga fuerza de definitivos o causen gravamen irreparable, y cuando así lo dispone la ley. Por otro lado, el artículo 795 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, prevé lo siguiente: Art. 795.- La revocación se interpondrá por escrito, en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada, precisamente dentro de los tres días siguientes a la notificación. El juez dictará la resolución que corresponda dentro del término de tres días. Bajo ese contexto, el acuerdo reclamado debe ser reclamado ante el juez responsable en el juicio familiar *****, dentro los tres días siguientes, expresando los agravios que le cause el auto impugnado. Por ende, el acuerdo reclamado es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación previsto en el artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. Bajo ese contexto, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación, contra el auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar ******, del Juzgado Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, que decretó la negativa de la junta para mejor proveer. Es así, porque la interposición del aludido medio de impugnación tiene como finalidad que el juez que dictó el auto, reforme o modifique su determinación, en términos del artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. No pasa inadvertido, que en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, se establecen los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; sin embargo, el acto reclamado por el quejoso, no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De igual forma, el directo quejoso no tiene el carácter de persona extraña al procedimiento civil, por el contrario, tiene la calidad de parte, pues de los antecedentes del acto reclamado se desprende que se trata de un juicio de divorcio incausado, en el cual, fue condenado a una pensión compensatoria. Asimismo, no se trata de un auto de vinculación a proceso. Finalmente, la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamentación es insuficiente para determinarla, pues basta atender a la literalidad del artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, para establecer con claridad su procedencia. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *****, en contra del auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar ******, del Juez Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, que decretó la negativa de la junta para mejor proveer. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizada con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en Derecho ****, se advierte que después de una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que la autorizada de la parte quejosa cuenta con cédula profesional de licenciada en derecho. Por otra parte, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a ****, ****, ****, quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. Lo anterior, dado que en el escrito de demanda el quejoso no proporciona datos que acrediten que las mencionadas personas se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en Derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, con la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a *****, con nombre de usuario "*****", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "*****", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juzgado Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente ****, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema. PREVENCIÓN. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. Por otra parte, del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, deriva la obligación del quejoso de señalar con precisión el acto que de cada autoridad se reclame, con la finalidad de fijar debidamente la litis constitucional, para que de esta forma la autoridad responsable esté en condiciones de rendir con claridad el informe justificado que se les solicite. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 108 fracción V y 114, fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, cumpla con lo siguiente: 1. Aclare si la demanda de amparo la promueve por propio derecho o representación de alguna persona. En el entendido de que si la demanda de amparo la promueve en representación de alguna persona, deberá mencionar su nombre y acreditar con documento idóneo el carácter con el que promueva la demanda. Lo anterior, en razón de que en el proemio de la demanda de amparo menciona: "Promoviendo en mi carácter de apoderada de la parte actora del juicio ordinario laboral ****". En cambio, en el apartado relativo al nombre y domicilio del quejoso, señala con tal carácter de ****, lo que genera incertidumbre respecto al carácter con el que promueve la demanda de amparo. 2. En caso de que la demanda de amparo la promueva en representación de alguna persona, deberá exhibir tres (3) copias simples del documento con el que acredite tener el carácter de apoderado legal de dicha persona, ya que una (1) será para la autoridad responsable; una (1) para el tercero interesado y una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. 3. Manifieste bajo protesta de decir verdad la materia del juicio donde se emitió el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés. 4. Mencione bajo protesta de decir verdad qué parte procesal apeló la sentencia dictada en el juicio de donde emana el acto reclamado. 5. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda deberá exhibir tres (3) copias simples, ya que una (1) será para la autoridad responsable; una (1) para el tercero interesado y una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, página 1449, cuyo epígrafe dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." De igual manera, se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 37/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 125, intitulada: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo." Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en *****. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Por cuanto hace a la designación de autorizadas que realiza el promovente en términos de los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, una vez que desahogue la prevención ordenada, se acordará lo que en derecho proceda. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener el número telefónico que proporciona el promovente como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales.. Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA JONATHAN BLANCO GONZÁLEZ, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO FIJADO EN PUERTA EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 684/2023, POR DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR ES DEL TENOR SIGUIENTE. MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juzgado Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente ****, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema. PREVENCIÓN. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. Por otra parte, del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, deriva la obligación del quejoso de señalar con precisión el acto que de cada autoridad se reclame, con la finalidad de fijar debidamente la litis constitucional, para que de esta forma la autoridad responsable esté en condiciones de rendir con claridad el informe justificado que se les solicite. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 108 fracción V y 114, fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, cumpla con lo siguiente: 1. Aclare si la demanda de amparo la promueve por propio derecho o representación de alguna persona. En el entendido de que si la demanda de amparo la promueve en representación de alguna persona, deberá mencionar su nombre y acreditar con documento idóneo el carácter con el que promueva la demanda. Lo anterior, en razón de que en el proemio de la demanda de amparo menciona: "Promoviendo en mi carácter de apoderada de la parte actora del juicio ordinario laboral ****". En cambio, en el apartado relativo al nombre y domicilio del quejoso, señala con tal carácter de ****, lo que genera incertidumbre respecto al carácter con el que promueve la demanda de amparo. 2. En caso de que la demanda de amparo la promueva en representación de alguna persona, deberá exhibir tres (3) copias simples del documento con el que acredite tener el carácter de apoderado legal de dicha persona, ya que una (1) será para la autoridad responsable; una (1) para el tercero interesado y una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. 3. Manifieste bajo protesta de decir verdad la materia del juicio donde se emitió el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés. 4. Mencione bajo protesta de decir verdad qué parte procesal apeló la sentencia dictada en el juicio de donde emana el acto reclamado. 5. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda deberá exhibir tres (3) copias simples, ya que una (1) será para la autoridad responsable; una (1) para el tercero interesado y una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, página 1449, cuyo epígrafe dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." De igual manera, se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 37/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 125, intitulada: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo." Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en *****. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Por cuanto hace a la designación de autorizadas que realiza el promovente en términos de los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, una vez que desahogue la prevención ordenada, se acordará lo que en derecho proceda. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener el número telefónico que proporciona el promovente como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales.. Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.
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