Jonathan Atexcatenco Ramírez

Expediente 955/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
955/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Juez Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Chiconautla" en Ecatepec, Estado de México
  • Jonathan Atexcatenco Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta que antecede, se advierte que en cumplimiento a las circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Estado de México (Segundo Circuito), el dieciséis y diecisiete de febrero actual, se aplicó un breve régimen de transición de conformidad con el Acuerdo General 13/2020, y a partir del dieciocho de febrero de la presente anualidad, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el diverso 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, en consecuencia, se ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos procesales. En virtud de lo anterior, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Jonathan Atexcatenco Ramírez, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General citado. Se levanta reserva. Finalmente sin que se realice mayor pronunciamiento en cuanto a las constancias que remitió el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, lo anterior en atención a la presente determinación. NOTIFÍQUESE...MESA 5

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual remite diversas constancias en original que integraban el juicio de amparo 923/2020 de su índice (ahora 955/2020), a fin de que este órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Atento a lo anterior, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto el acuerdo de ocho de diciembre pasado, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Jonathan Atexcatenco Ramírez cause estado. Finalmente acúsese recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veinte. Recepción de incompetencia y nos avocamos al conocimiento Por recibido el oficio 14767/2020, signado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual remite el juicio de amparo 923/2020-VII, de su índice, promovido por Jonathan Atexcatenco Ramírez por carecer de competencia legal para conocer del mismo; hágase del conocimiento del homólogo declinante que este juzgado de distrito, se avoca al conocimiento del citado asunto. Acúsese recibo. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Jonathan Atexcatenco Ramírez, contra actos que reclama del Juez Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Chiconautla" en Ecatepec, Estado de México y otras autoridades. Registro de la Demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 955/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Desechamiento de demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con l lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causal de improcedencia Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo 955/2020, y con apoyo en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, respecto el acto reclamado consistente en la orden de traslado a diverso Centro Penitenciario de Reinserción Social y su ejecución. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía bi-instancial contra resoluciones de tribunales judiciales, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que, conforme a las leyes que lo rijan, proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, ello sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante las autoridades responsables o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Así, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija; máxime que, se insiste, dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se actualiza o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el quejoso, reclama el posible cambio de dormitorio, celda y la orden de traslado a diverso Centro Penitenciario de Reinserción Social y su ejecución; sin embargo, en contra de dicho acto, previamente al juicio de amparo, debieron agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a lo dispuesto en los artículo 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracciones I y III, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; ello es así puesto que es evidente que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo los derechos atinentes a las condiciones de internamiento. Ahora, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar los derechos atinentes a las condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Ello es así, puesto que si bien el juicio constitucional constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, lo cierto es que deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el artículo 107 constitucional. Ahora bien, es menester resaltar que, en el caso de una situación urgente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la suspensión del acto o hecho que la motivó sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, puesto que su tramitación se circunscribe a que la solicite la persona legitimada y que el Juez de Ejecución de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición y sus efectos. Mientras que en los numerales 128 y 132 de la Ley de Amparo, señalan que para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere que la solicite el disconforme; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reprochado, incluso, tomando como parámetro su tramitación es dable afirmar que brinda una mayor cobertura al ordenar que de inmediato se suspenderá la ejecución, es decir, dentro de un plazo razonable y sin mayor requisito que la simple solicitud. Entonces, queda en evidencia que los actos reclamados en esta instancia constitucional, necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, por ende, no puede ser combatido en esta vía de amparo, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede frenar la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, así como de cambio de estancia, dormitorio o celda, mediante solicitud al director del centro de reclusión y en ausencia de respuesta o contestación no favorable, acudir ante el Juez de Ejecución o de control, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada. Por ello, la orden de traslado a diverso Centro Penitenciario de Reinserción Social y su ejecución, que se reclama en la especie, no puede ser sujeto al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que debieron agotar el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia ley especial en comento, los faculta para acudir ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. Ello es así, ya que del análisis de tales criterios, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los emitió efectuando el examen de los casos sometidos a su potestad, a la luz de las previsiones contenidas en la reforma constitucional de junio de dos mil once, que sufrieron los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en donde se vedaron las facultades de las autoridades administrativas para decidir respecto a las controversias que se suscitaran en reclusión y se activaron en favor de las autoridades judiciales; por ende, las autoridades administrativas carecían de competencia para ordenar traslados; pues de hacerlo se trataría de actos que afectan la libertad fuera de procedimiento judicial. En tales criterios, se alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues como ya se dijo, creó un procedimiento judicial específico que regula los traslados; así como la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el penúltimo supuesto mencionado, pues la Ley de Ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se examinaron actos emitidos fuera de procedimiento; de ahí que no resulten aplicables tales criterios al caso a estudio. Se desprende que fue modificado el diverso que establece las disposiciones relativas a la actividad administrativa, en la que se dejó de tener como asuntos de carácter urgente aquellos en los que se reclama una orden de traslado, ello, atendiendo a que dicha circunstancia corresponde a la autoridad administrativa para el caso de que resulte necesario; además, como ya se refirió, esa determinación debe ser recurrida a través del medio ordinario de defensa que para tal efecto reconoce la Ley Nacional de Ejecución Penal. Este criterio implica el abandono del sostenido por este juzgador hasta esta esta fecha; lo anterior encuentra su sustento en las consideraciones desarrolladas en párrafos precedentes y se estima aplicable a los asuntos que ingresen a partir del diez de febrero de dos mil veinte1 . Se desecha demanda de amparo En ese contexto, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo, respecto al acto reclamado consistente en la orden de traslado a diverso Centro Penitenciario de Reinserción Social y su ejecución. De la notificación al quejoso. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquense al quejoso únicamente las notificaciones de carácter personal en el lugar en que se encuentra recluido. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Solicitud de copias. Finalmente, solicita copias certificadas del presente auto, así como del auto donde le fue decretada la suspensión de plano concedida por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Juicios Federales en el Estado de México, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el ocursante, expídase y entréguese las copias que refiere, en el lugar que se encuentra recluido el promovente al notificar el presente proveído. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

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