Jonathan Amaury Jurado Correa
Expediente 331/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jonathan Amaury Jurado Correa
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación inicialmente asentada, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En virtud a que por resolución de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó el amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Asimismo, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial el informe rendido por el Fiscal General del Estado y Secretario de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, de los que se advierte que se actualiza una causal de improcedencia. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de lo que se advierte que el quejoso ..., por esta vía reclama: "De todas las autoridades responsables, reclamamos el Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus sars-cov2 (covid-19), publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de abril de dos mil veinte, para que entre en vigor el mismo día" En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dice lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este sentido, en la especie, los actos reclamados en el presente asunto se hicieron consistir en la interpretación, aplicación y ejecución del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID19), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veinte de abril de dos mil veinte y su aplicación. Por lo que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar siempre que esas normas afectan, de manera real y actual, la esfera jurídica de quien solicita la protección Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (heteroaplicativas), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Señalado lo anterior, cabe mencionar que de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama el aludido Decreto como una norma de carácter autoaplicativo, es decir, con motivo de su entrada en vigor, pues desde ese momento se prohibió el tránsito libre de los habitantes del Estado de Michoacán por las vías de uso público. Así, tratándose de amparo contra leyes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que a efecto de verificar si se actualiza la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos, es necesario constatar si se trata de normas prohibitivas, o de normas que generan una obligación y, en este último supuesto, verificar si éstas produjeron consecuencias durante su vigencia, dado que las normas prohibitivas prevalecen durante la vigencia de la ley, de manera que al derogarse cesan sus efectos prohibitivos; mientras que en relación a las normas que generan obligaciones de hacer o actuar en determinado sentido, su derogación no siempre libera a sus destinatarios de las consecuencias derivadas de su vigencia, salvo que contengan disposiciones expresas. Ciertamente, en general, una prohibición solo prevalece durante la vigencia de la norma que la establece, y derogada ésta cesa su efecto prohibitivo, pudiendo el gobernado actuar en el sentido prohibido. En ese caso, una eventual sentencia de amparo no tendría efecto práctico alguno, dado que no podría restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos, ante la imposibilidad de surtir efectos hacia el pasado; es decir, volver en el tiempo para reparar la violación causada por su aplicación. En cambio, cuando la ley impone una obligación de hacer, su derogación no libera a sus destinatarios de las consecuencias que pudieran haber derivado de su observancia o inobservancia, ya que esa derogación produce efectos hacia el futuro, pero no abarca los realizados mientras estuvo en vigor; por ello, es necesario analizar si la afectación provocada en la esfera jurídica de los gobernados puede ser subsanada mediante la protección de la Justicia de la Unión. Resulta aplicable a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 52/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Cuando la norma impugnada, en su carácter de autoaplicativa, no entraña una prohibición sino una obligación de actuar en determinado sentido, es decir, una obligación de hacer o permitir que se haga, su derogación no libera a quienes se ubicaron dentro de sus hipótesis normativas, de las consecuencias que pudieren haber derivado de su cumplimiento por todo el periodo en que estuvieron vigentes, ya que los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma, puesto que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma- la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro. Por consiguiente, mientras subsistan los efectos de la ley respecto del periodo durante el cual rigió, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque las disposiciones legales de naturaleza positiva, como son las que establecen los elementos esenciales de un tributo, obligan a los sujetos a actuar de forma determinada, dejando huella en su esfera jurídica, que sólo puede ser subsanada, en su caso, por la protección de la Justicia de la Unión". Con base en lo anterior, es necesario precisar el contenido y alcance del Decreto reclamado y, precisamente en sus artículos 1º, 5º, y 7º, dispone: "Artículo 1°. Durante la vigencia del presente Decreto, todos los habitantes en el Estado de Michoacán, únicamente podrán transitar por las vías de uso público, de manera individual, para la realización de las siguientes actividades: Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; Asistencia a hospitales, servicios y establecimientos sanitarios; Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, en las áreas declaradas como actividades esenciales por la Federación; Asistencia y cuidado de adultos mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; Desplazamiento a entidades financieras y de seguros; Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad plenamente justificada; Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las anteriores; y En cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias". Adicionalmente, el artículo segundo facultó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cerrar la circulación o fluidez de tráfico, así como la restricción de acceso a determinados vehículos; el artículo quinto establece la limitación o prohibición de reuniones en la vía pública, tanto para eventos públicos como privados que implicaran agrupaciones de personas que impidieran la aplicación de las medidas sanitarias de sana distancia; el artículo sexto estableció el uso de cubrebocas obligatorio, de preferencia casero, para todas las personas que transitaran en vía pública o en cualquier espacio público, así como la aplicación de las demás medidas dictadas por la autoridad sanitaria; por último, el artículo séptimo señalaba las medidas de seguridad sanitaria consistentes en aislamiento obligatorio y cuarentena que se impondrían en caso de inobservancia. Pues bien, a criterio de este juzgador, el Decreto reclamado es una norma de carácter meramente prohibitivo, toda vez que durante su vigencia prohibió el libre tránsito de los habitantes del Estado de Michoacán, por las vías de uso público, lo que la parte quejosa estimó violatorio de sus derechos humanos. De ahí que existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus sarscov2 (covid-19), publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de abril de dos mil veinte, pues como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de dicha norma impugnada, como consecuencia de la conclusión de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el propio decreto reclamado en su artículo primero transitorio, mismo que literalmente señaló: "[.] PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 20 de abril de 2020, una vez publicado el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y estará vigente hasta el día 17 de mayo del año 2020. [.]". Como se observa, los efectos impugnados en la demanda de amparo del decreto señalado dejaron de tener vigor en la data mencionada, sin que al respecto se advierta acto de aplicación alguno con motivo de la vigencia del mencionado decreto por el cual hubiere resultado afectado en sus derechos la parte quejosa, pues de la simple lectura de su demanda se aprecia que únicamente se reclama el decreto por su entrada en vigor, lo que como se apreció definitivamente concluyó en sus efectos dicho decreto como tal, lo cual constituye un impedimento técnico para abordar el estudio de las violaciones que se hacen valer en la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos". Igual criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en la ejecutoria emitida el uno de octubre de dos mil veinte, dentro del recurso de queja administrativa número 105/2020 de su índice. Por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (catorce horas con diez minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte). Notifíquese personalmente.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada para tal efecto, como se advierte de la constancia que obra agregada en autos; consecuentemente, se presume cierto el acto que de dicha responsable se reclama, en término del artículo 117 de la Ley de Amparo, además de que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, que la citada autoridad expidió el decreto de aislamiento obligatorio y se establecen medidas sanitarias necesarias para el virus SARS COV2 (COVUD-19), el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veinte de abril de dos mil veinte, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, por resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a la autoridad responsable de que se trata, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita copias certificadas de la totalidad de las constancias relativas al decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2, así como para que informen si, a la fecha, dicho decreto se encuentra vigente y, de ser así, remita las constancias conducente a dicha vigencia, a fin de estar en posibilidad de resolver el presente asunto, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el oficio SSP/DA/2276/2020, remitido vía correo electrónico por la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Teodoro Gamero, número 165, colonia Sentimientos de la Nación en esta ciudad; de igual forma, se tiene a las autoridades de cuenta, designando como delegados a las personas que indican. En la inteligencia de que el oficio recibido vía correo electrónico, previamente ha sido certificado por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio aplicado por identidad de razón que aparece publicado en la Octava Época, del tomo XI, del mes de abril de 1993, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente" NOTIFÍQUESE.
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