Jonathan Alonso Galindo Morales
Expediente 1891/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1891/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2022
Partes del expediente
- Jonathan Alonso Galindo Morales
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Devuélvase documento. Téngase por recibido el escrito signado por el promovente *; en atención a su contenido, de conformidad con lo previsto por el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amaro, se autoriza la devolución del documento que indica, previa toma de razón y recibo que de ello se otorgue en autos, a satisfacción de este juzgado. Autorizados para recibirlo. Además, como lo solicita el promovente, téngasele designando como autorizados para recibir el citado documento, a las personas que refiere. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS **** Y ****, LA RESOLUCIÓN DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, LA RESOLUICIÓN A NOTIFICAR, SEÑALA: V I S T O S, para resolver el incidente de daños y perjuicios, previsto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, promovido por ****, en los autos del incidente de suspensión, relativo del juicio de amparo 2586/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Antecedentes del juicio de amparo. ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que reclamó del Juez y Secretario Ejecutor, adscritos al Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, los cuales hizo consistir en la orden de lanzamiento y desposesión de la finca marcada con el número 325, de la calle Esperanza, fraccionamiento La Federacha, en Guadalajara, Jalisco. Una vez apersonado el tercero interesado Francisco Torres Álvarez, y seguido el juicio en sus etapas, el mismo se resolvió a través de sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el juicio con los actos reclamados a las autoridades responsables, la que fue recurrida mediante recurso de revisión, la que confirmó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito dentro del recurso 22/2022, en ejecutoria que se dictó el cuatro de mayo de dos mil veintidós. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. En auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó la apertura de los cuadernos incidentales, conforme a la solicitud de suspensión del acto reclamado, por la parte quejosa, fecha misma en que se concedió la suspensión provisional del acto reclamado y se señaló fecha la celebración de la audiencia incidental. El once de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia incidental en la que se concedió la suspensión definitiva, de los actos reclamados, para el efecto siguiente: "[.] pudiéndose continuar con el procedimiento de origen, no se desposea a la parte quejosa del inmueble precisado en la demanda, si es que a la fecha no ha ocurrido; situación que prevalecerá hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal. [.].". A su vez, para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar a la tercera interesada con la suspensión del acto reclamado, en caso de no obtener, los quejosos, sentencia de amparo favorable en el juicio principal, se fijó como garantía para que continuara surtiendo efectos la suspensión, la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional). TERCERO. Presentación del escrito incidental. Por escrito presentado el doce de julio del año en curso, ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito Francisco Torres Álvarez interpuso incidente de daños y perjuicios, señalando lo siguiente: "[.] no fue factible que se me pusiera en posesión del inmueble de mi propiedad, desde el día ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, en que se otorgó la suspensión definitiva, hasta el día VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, fecha en que fue confirmado el sobreseimiento por el superior. [.] Siendo un tiempo superior a 29 VEINTINUEVE MESES, que se me vinieron causando los daños y perjuicios al suscrito [.] por no haber podido disponer de la finca del presente amparo [.].". II. Admisión del incidente de daños y perjuicios. Mediante proveído de trece de julio del año en curso, se admitió la incidencia planteada, ordenándose correr traslado a la partes. III. Notificación de la admisión. El veintiuno de julio del año en curso, se notificó la admisión de la presente incidencia a la parte quejosa. IV. Se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental. En auto de veintiocho de julio del año en curso, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la que se verificó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer del presente incidente, de conformidad a lo establecido por los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, ya que se pretende hacer efectiva la garantía otorgada para la suspensión de los actos reclamados, incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 2586/2019, que se tramitó ante este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Estudio y decisión de la acción ejercida. Lo que se realiza a fin de concluir si la parte actora incidentista cumplió con la carga procesal que le corresponde. Los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente.". De los citados preceptos, se desprende que la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión, está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1. La presencia de un tercero interesado en el respectivo juicio de garantías; 2. El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3. La emisión de una sentencia constitucional que no fuere favorable al quejoso y que hubiere causado ejecutoria; o revista esa característica; 4. La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Asimismo, como diverso parámetro a satisfacer para en su caso determinar la procedencia o improcedencia del incidente de daños y perjuicios, tenemos que no obstante que al momento de haberse fijado la caución para granizar los posibles daños y perjuicios que motivo de la suspensión se pudieren generar, el tercero interesado que por medio de dicha incidencia intente la indemnización respectiva, se encuentra obligado a satisfacer la obligación formal de señalar los hechos constitutivos de ésta, ya que la garantía no constituye el monto cierto y preciso de ellos, pues se trata de un cálculo al que hipotéticamente podrían ascender los daños y perjuicios, a partir de factores financieros y económicos existentes al momento de su fijación, al no estar en condiciones de conocer los que correspondan a los meses futuros. SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONTIENE CANTIDAD LÍQUIDA, EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN PARA GARANTIZAR LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS NO RELEVA NI SUSTITUYE LA EXIGENCIA FORMAL DE EXPRESAR LOS HECHOS QUE FUNDAN LA INDEMNIZACIÓN. El monto de la caución para garantizar los posibles daños y perjuicios tratándose de la suspensión en el amparo promovido contra la resolución que contiene cantidad líquida en el incidente previsto en el artículo citado, a razón del Índice Nacional de Precios al Consumidor (daños) y de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (perjuicios), sobre ese monto, por el tiempo probable de resolución del juicio de amparo; no releva ni sustituye la exigencia formal de expresar los hechos que fundan la indemnización, ya que la garantía no constituye el monto cierto y preciso de ellos, pues se trata de un cálculo al que hipotéticamente podrían ascender los daños y perjuicios, a partir de factores financieros y económicos existentes al momento de su fijación, al no estar en condiciones de conocer los que correspondan a los meses futuros (por el tiempo probable de conclusión del juicio); de ahí que la notoriedad de la existencia de la afectación no comprenda ni deba extenderse al monto de los daños y perjuicios, los cuales aunque eventualmente puedan coincidir con la caución, deben quedar efectivamente constatados, a razón de los valores que estuvieron vigentes durante la tramitación del amparo. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 338/2017. BBVA Bancomer, S.A., I.B.M., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 17 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Sánchez. Secretario: Mauricio Omar Sanabria Contreras.". Ahora bien, de constancias de autos se desprende que se encuentran acreditados los tres primeros requisitos, ya que la hoy incidentista tiene el carácter de tercera interesada en el juicio de amparo, al ser reconocida dicha calidad, términos del inciso a) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo y según se advierte del proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte. También se demuestra el otorgamiento de la medida cautelar en la suspensión definitiva a través de la interlocutoria de once de diciembre de dos mil diecinueve, en que se condicionó para que continuara surtiendo efectos, la exhibición de una garantía consistente en $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional). De igual forma, se encuentra acreditada la existencia de una sentencia constitucional emitida el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el juicio con los actos reclamados a las autoridades responsables, la que fue recurrida mediante recurso de revisión, la que confirmó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito dentro del recurso 22/2022, en ejecutoria que se dictó el cuatro de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo, se considera que respecto del último requisito, este no se encuentra acreditado por el incidentista. A fin de destacar lo anterior, es necesario establecer que el acogimiento de la pretensión del tercero interesado Francisco Torres Álvarez descansa, de acuerdo a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en lo siguiente: a) Manifestar en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado (causaefecto) 1; y, b) Demostrar sus afirmaciones2. Ahora, si la afectación al patrimonio puede ocurrir, ya sea por el daño o ya sea por el perjuicio sufrido, es necesario establecer, en primer orden, en qué consiste cada uno de esas privaciones, a fin de dilucidar si el 1 Artículo 322.- La demanda expresará: . III.- Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa. 2 Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. estándar de prueba requerido para cada uno de esos supuestos es idéntico, o bien, si en uno y otro casos existen divergencias que ameriten un análisis diferenciado. En efecto, los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal definen los conceptos de referencia en los términos siguientes: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." A partir de esas definiciones legales, puede afirmarse válidamente que el daño constituye un dato cierto y objetivo, en tanto que el perjuicio se ubica dentro del ámbito de las probabilidades, de donde se colige que en cada caso se requiere un estándar de prueba diferente, porque diferente es la calidad de los hechos que, en cada supuesto, debe demostrar el tercero interesado. En efecto, cuando la pretensión de la actora incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, esto es, la pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio, es imperativo que dicha tercera interesada indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su haber patrimonial como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado y que, en su momento, los demuestre. Esto, porque la garantía que se pretende hacer efectiva se rige por el principio indemnizatorio, conforme al cual la indemnización constituye propiamente la reparación del quebranto o la merma que en su patrimonio efectivamente ha sufrido la tercera interesada. Entonces, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo es necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En el caso de los perjuicios no puede darse el mismo trato, pues por su propia naturaleza éstos se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que per se obliga al incidentista a exponer los hechos relevantes de su reclamo a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca el interesado y de las que, a su vez, allegue el quejoso. Entonces, como se mencionó en párrafos anteriores, debe partirse de la base de que en la narración de hechos la incidentista debe señalar en qué consistieron los perjuicios que dijo resentir, esto es, debe hacer una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido el uso o la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. En tal virtud, las pruebas que en tal caso ha de ofrecer la tercera interesada, si bien no ameritan un estándar de alta calidad -como en el caso en que se afirma la existencia de un acto que se vio frustrado por la indisponibilidad del bien inmueble-, sí deben ser aptas para demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad dependerá también de los elementos de convicción que, a su vez, ofrezca el quejoso. Para cumplir con lo anterior, la actora incidentista narró, en esencia, como hechos del pago de daños y perjuicios, los siguientes: 1. Que se concedió a la quejosa la suspensión definitiva fijándose un monto de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para garantizar daños y perjuicios que ocasionaran a la suscrita con la meda cautelar. 2. Que con motivo del sobreseimiento decretado en el juicio principal, la quejosa debe pagar los daños consistentes en que no pudo tener la posesión del inmueble por el plazo en que duró vigente la suspensión que le fue otorgada a la quejosa. Sentado lo anterior, tenemos que como la pretensión de la actora incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, esto es, la pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio; es imperativo que dicha tercera interesada indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su haber patrimonial como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado, así como su demostración. Luego, el tercero interesado indica el acto concreto por el que se aduce se vio disminuido su haber patrimonial, mismo que hace consistir en que no tuvo en posesión el inmueble respecto del que se concedió la suspensión definitiva. Sin embargo, contrario a lo afirmado por la actora incidentista, dicho reclamo no puede ser materialmente considerado como daño, en la medida que en forma alguna representa una pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio, ello en virtud de que de sus propias manifestaciones se constata que no reclama haber dejado de percibir algún fruto respecto del inmueble que no podía entregársele en posesión y que ello trajera como consecuencia una disminución directa dentro de su economía o patrimonio. De ahí que, no señaló que directamente haya sufrido un menoscabo en su patrimonio, además de que con las probanzas que exhibió no se demuestra que haya tenido un menoscabo en su patrimonio. Ahora bien, como se anticipó por lo que se refiere a los perjuicios, su propia naturaleza los ubica en un plano hipotético, pues se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, lo que obliga al incidentista a exponer los hechos relevantes de su reclamo a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca el interesado y de las que, a su vez, allegue la parte tercera interesada. Dicho de otra forma, debe partirse de la base de que en la narración de hechos la actora incidentista ha de señalar en qué consistieron los perjuicios que dijo resentir, haciendo una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privada y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido el uso o la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. Luego, en la especie, la actora incidentista adujo que los perjuicios que resintió, consisten en que con motivo de la medida suspensional decretada en autos no pudo disponer del inmueble materia de litis. Empero, el tercero interesado Francisco Torres Álvarez, en principio no señaló en qué consistieron los perjuicios que dijo resentir, haciendo una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido el uso o la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, además tampoco proporcionó las bases para su cuantificación. En ese sentido, omitió aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido el uso o la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas; puesto que omitió allegar prueba alguna para demostrar sus aseveraciones, incluso, de las que se constataran las bases para la cuantificación de los perjuicios en trato, por lo que lo ahora sostenido por la incidentista se traducen en meras afirmaciones sin fundamento legal alguno. Es preciso establecer que la falta de éxito de la parte quejosa en el juicio de amparo, no genera de manera automática la causación de daños y perjuicios a los terceros interesados con motivo de la suspensión otorgada, pues para ello se requiere se actualicen las siguientes condiciones: I). Que se haya otorgado a la quejosa la suspensión del acto reclamado; II). Que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable a sus intereses; y, III). Que se demuestre que con motivo de la suspensión del acto reclamado se ocasionen daños y perjuicios al tercero interesado. Sustenta lo anterior el criterio siguiente: "Décima Época Registro: 2016690 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h Materia(s): (Común) Tesis: I.13o.C.15 K (10a.) SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA INDEMNIZACIÓN POR LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDAN CAUSARSE CON MOTIVO DE AQUÉLLA. El artículo 156 de la Ley de Amparo adopta la tesis objetiva de la responsabilidad civil, al no exigir para su procedencia la acreditación de un hecho ilícito (conducta antijurídica, dañosa y culposa), ya que la suspensión del acto reclamado participa de la naturaleza de las medidas cautelares, cuya fundabilidad de la pretensión se sustenta en la verosimilitud del derecho o apariencia del buen derecho cuya urgencia autoriza su otorgamiento, lo cual crea un riesgo inherente a la incertidumbre del derecho alegado que, de no quedar constatada su existencia por el dictado de una sentencia favorable al quejoso, provocará que éste soporte los daños y perjuicios que con motivo de la suspensión se hubieren causado, ante la dilación para obtener las prerrogativas que confería el acto reclamado al tercero interesado. Así, para la procedencia de la indemnización deben cumplirse los requisitos siguientes que: i) haya otorgado la suspensión, con garantía; ii) emita una resolución ejecutoria o firme adversa al quejoso; iii) causen daños y perjuicios; y, iv) exista un nexo causal entre los daños y perjuicios, y la suspensión. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 338/2017. BBVA Bancomer, S.A., I.B.M., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 17 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Sánchez. Secretario: Mauricio Omar Sanabria Contreras.". En tales condiciones, es menester establecer que el simple hecho de que no se conceda a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal o el que se decrete el sobreseimiento del juicio, no necesariamente presupone la generación de un daño o perjuicio, habida cuenta que corresponde acreditar a la tercera interesada que con la concesión de la suspensión otorgada se le ocasiona un daño o perjuicio, o ambos, razón por la que, como se ha dicho a lo largo de este apartado, debe demostrar en primer término, que existe un daño o perjuicio y en segundo lugar, que esos daños o perjuicios se ocasionaron con motivo de la concesión de la suspensión. En ese orden de ideas, es inconcuso que al alegar la actora incidentista, que se le ocasionaron los aludidos daños y perjuicios con motivo de la suspensión decretada en el presente juicio, era menester haber probado en forma fehaciente los mismos, y no limitarse a decir que éstos se le produjeron en virtud de que se impidió que se rematara el inmueble que se embargó en el juicio de origen. Ello es así, ya que si bien, en razón de la suspensión, la actora incidentista tuvo impedimento para tener la posesión del inmueble respecto del que se concedió la suspensión, lo que probablemente le pudo haber deparado perjuicios, lo cierto es que, no es suficiente la existencia de esa probabilidad, sino que es indispensable demostrar en forma plena la causación de éstos, los que no se generan con el simple hecho de que la tercera interesada así lo manifestara. Sirve de sustento jurídico a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis de los datos de identificación, rubro y texto siguientes: DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista.". De tal suerte que la parte actora incidentista incumplió con la carga que le correspondía, ya que el monto de la garantía fijada no implica que, desde ese momento, se acepte que se le hayan causado daños y perjuicios, más aún cuando no plasmó el método o parámetro para fijar su importe y, en todo caso, como se dijo, corresponde al actor incidentista la carga de narrar en qué consistieron los daños y perjuicios, su relación directa e inmediata con la suspensión de los actos reclamados y la plena demostración de su causación y su importe. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes: DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA SUSPENSIÓN. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO FIJE EL MONTO DE LA GARANTÍA QUE DEBE OTORGARSE POR SU CONCESIÓN NO IMPLICA QUE DESDE ESE MOMENTO SE ESTÉ ACEPTANDO LA VERDADERA EXISTENCIA DE AQUÉLLOS, NI TAMPOCO EL PARÁMETRO CONSIDERADO POR EL JUZGADOR PARA FIJAR SU IMPORTE, CONSTITUYE EL MÉTODO OBLIGATORIO PARA SU CUANTIFICACIÓN EN EL INCIDENTE RELATIVO (ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con los artículos 107, fracción X, constitucional y 125 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, la suspensión de los actos reclamados se constriñe a asegurar la efectividad de la justicia constitucional, por lo que su otorgamiento, en los casos en que proceda, no queda a discreción del juzgador, pues dado que éste tiene obligación de decretarla, con ello no incurre en un acto de privación en perjuicio del tercero perjudicado, sino que preserva la materia del amparo, pero si con su otorgamiento se llegara a causar una afectación estimable en dinero, el juzgador debe considerar los elementos ciertos que deriven de las prestaciones demandadas o, en su caso, de la condena contenida en el fallo reclamado y, con base en esto, realizar los cálculos necesarios para determinar a cuánto ascenderían, hipotéticamente, los daños y perjuicios que tal suspensión podría ocasionar a dicho tercero perjudicado. Sin embargo, el hecho de que el Juez de Distrito fije el monto de la garantía que debe otorgarse por la concesión de la medida, no implica que desde ese momento esté aceptando la verdadera existencia de los daños y perjuicios a la parte tercero perjudicada, ni tampoco el parámetro considerado por el juzgador federal para fijar su importe, constituye el método obligatorio que ha de considerarse en un incidente de daños y perjuicios para su cuantificación, pues dado que su determinación es hipotética, en todo caso corresponde al tercero perjudicado no sólo la plena demostración de que éstos se causaron, sino también su importe. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Queja 24/2006. Humberto Guadarrama Reyes. 2 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Pérez Grimaldi. Secretaria: Margarita Morrison Pérez.". "Octava Época Registro: 213100 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIII, Marzo de 1994 Página: 340 Tesis: I.1o.C.671 C Tesis Aislada Materia(s): Civil DAÑOS Y PERJUICIOS, CON MOTIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, NO PROCEDE CONDENA GENÉRICA. Resulta improcedente que en el incidente de daños y perjuicios se haga una condena genérica, ya que no se está en el caso del ejercicio de una acción de esta naturaleza, seguida ante la potestad común en la que por disposición legal expresa se pueda pronunciar un fallo en esa forma, sino que el artículo 129 de la Ley de Amparo, prevé que en el incidente en cuestión, deben probarse dichos daños durante la substanciación del incidente y si no se cumple con esa carga probatoria, debe declararse improcedente lo pretendido por el incidentista. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 30/94. Enrique Zepeda Trujillo, como representante común de la parte tercera perjudicada Bancomer, S.N.C. y otros. 17 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio.". En las condiciones relatadas se declara infundado el presente incidente de daños y perjuicios. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 65, 66 y 156 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Es infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado ****, por las razones expuestas en el considerando último del propio fallo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Parte quejosa cumple requerimiento. Visto el escrito signado electrónicamente por el autorizado del quejoso en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de agosto del año en curso, en razón de que señala como domicilio para emplazar a la tercera interesada ****, el ubicado en la calle ***** Emplazamiento por exhorto. En consecuencia, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Juez de Distrito en el Estado de Colima, en turno, para que en auxilio de este juzgado se sirva emplazar a la referida tercera en el citado domicilio. Para cuyo caso, el funcionario que practique la diligencia la buscará y le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena el emplazamiento y el número de expediente, y le entregará copias autorizadas de demanda de amparo, del auto admisorio, del acuerdo de siete de septiembre del año en curso y del presente proveído; si la persona se niega a recibir o firmar el emplazamiento respectivo, la negativa se asentará en autos y aquél se tendrá por hecho. Asimismo, requiera a dicha tercera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que le sea practicada, señale domicilio para recibir notificaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista conforme a los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la autoridad jurisdiccional aludida, que se autoriza efectuar la diligencia encomendada en días y horas inhábiles, y en caso de que en el momento de que pretenda llevar a cabo la diligencia de mérito, tenga conocimiento de un domicilio diverso al aportado, podrá practicar en éste el emplazamiento, sin necesidad de acuerdo previo. Notifíquese por lista física y electrónica; y cúmplase.
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- Jonathan Alfredo Ruiz Rodríguez1500/2023
- Jonathan Alonso Galindo Morales2687/2022
- Jonathan Alonso Galindo Morales1856/2022
- Jonathan Arrieta Delgado347/2019
- Jonathan Arrieta Delgado2365/2018
- Jonathan Cristian Luna Moctezuma266/2022
- Jonathan Daniel Cardona Moreno608/2019
- Jonathan Daniel Salas Medina2360/2023
- Jonathan David González Yañez3046/2018