Jonathan Alexis Mundo Castro

Expediente 237/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
237/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Alexis Mundo Castro
  • Titular del Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México
  • Jonathan Alexis Mundo Castro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el ocurso de cuenta a través del cual el quejoso ****, en representación del niño de identidad resguardada de iniciales I.A.M.M, solicita copia certificada de diversas actuaciones que obran en el sumario en que se actúa. En atención a lo anterior, de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase el juego en réplica certificada que insta; en la inteligencia que, para obtenerlas, deberá gestionar la cita correspondiente.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de abril de dos mil veintidós, por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; por tanto, archívese el asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el comunicado de cuenta a través del cual el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, comunica que el veintiséis de abril de dos mil veintidós, emitió sentencia definitiva en el juicio de amparo auxiliar 78/2022 de su índice, derivado del juicio 237/2021 de esta estadística, por ende, dejó a disposición de este juzgado de distrito el archivo electrónico de la resolución de mérito en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales conducentes. En concordancia con lo anterior, notifíquese a la parte quejosa, tercera interesada, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables, la sentencia dictada en este juicio, por lo que se transcribe la sentencia de referencia para su conocimiento: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 237/2021 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, promovido por Jonathan Alexis Mundo Castro, en representación de su hijo menor de edad de iniciales I. A. M. M., contra el acto reclamado del Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, se solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES, como ordenadoras y ejecutoras: 1. El C. Juez Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 2. El C. Actuario adscrito a la autoridad responsable señalada en primer lugar, como autoridad ejecutora de los actos reclamados en primer lugar. 3. El Consejo de la Judicatura del Estado de México. 4. C. Director del Centro de Convivencia Familiar de Ecatepec, Estado de México. 5. El titular del Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. IV. ACTOS RECLAMADOS: Reclama mi menor hijo por conducto del suscrito, de las autoridades responsables: 1.- La emisión y ejecución del auto de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 334/2017 del índice del Juzgado responsable, por el que se suspendió el régimen provisional de visitas presenciales. 2.- La emisión, promulgación, publicación, aplicación y ejecución de la circular número 38/2020, emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado de México, publicada el día 30 de junio de 2020 en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 3.- La falta de contestación a los oficios 2406/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, así como el oficio 3542/2020 de fecha 7 de diciembre de 2020, mismos que dirigió el C. Juez responsable al C. Director del Centro de Convivencia Familiar de Ecatepec, Estado de México; sin que este último diere respuesta a éstos." Lo que la parte quejosa estima contrario a los artículos 1, 4, 13, 14, 16, 17, 29, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. En acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, registró la demanda de amparo con el consecutivo 237/2021; la admitió a trámite; solicitó los informes justificados; le reconoció el carácter de tercera interesada a Yesenia del Crystal Martínez Gerónimo; le dio a la agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició a las diez horas con veinte minutos del veintidós de julio de dos mil veintiuno, conforme al acta respectiva. TERCERO. Remisión del expediente al Juzgado Auxiliar. Tramitado el juicio de amparo, mediante oficio 6/2022, firmado electrónicamente por el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, se puso a disposición de este Juzgado Federal -entre otros- el expediente electrónico del juicio de amparo indirecto 237/2021 de su índice, que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (SISE), en términos de los Acuerdos Generales 51/2009 y 52/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, juicio de amparo que le correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, el que ordenó formar el cuaderno auxiliar 78/2022; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, con jurisdicción en toda la República, es competente para resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos Primero, fracción II, Segundo, fracción II, punto tres, Cuarto, fracción II; y Quinto, primer párrafo, punto nueve y segundo párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece; en relación con el punto PRIMERO del diverso acuerdo número 51/2009, del mismo órgano colegiado, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran; punto PRIMERO del Acuerdo General 52/2009 del mencionado órgano, relativo al inicio de funciones de este juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; y oficio SECNO/STCCNO/195/2022 de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, emitido por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se comunica que este órgano jurisdiccional apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez; así como en atención a que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito de competencia de dicho órgano de control de la constitucionalidad, y este órgano jurisdiccional lo está apoyando en el dictado de las sentencias. Asimismo, previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control de la constitucionalidad se encuentra circunscrita a dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, al haber sido creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelve con base en los registros digitales que existen en el expediente electrónico que consta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, conforme lo integró el Juzgado Auxiliado. De conformidad con lo establecido en los puntos primero y quinto, primer párrafo, del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán. Lo anterior encuentra apoyo en los Criterios de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, derivados de consultas formuladas con motivo del trámite de envío-recepción-devolución de expedientes a los órganos jurisdiccionales auxiliares, específicamente en el: "3.-TÍTULO Amparos indirectos no integrados debidamente. Procede dictar la sentencia y no su devolución", visible en la página http://www.cjf.gob.mx/secretarias/secjacno/Creacion%20Nuevos2 0 Órganos/criteriosComision.html, del contenido siguiente: "Cuando el punto toral de la consulta se circunscribe a que en un amparo indirecto se reclama, entre otros actos, la inconstitucionalidad de diversos preceptos de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, sin que al afecto se hayan llamado como responsables a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo en un asunto en el que ya se celebró la audiencia constitucional, dicho aspecto debe considerarse de naturaleza jurisdiccional que se ubica fuera del ámbito de atribuciones administrativas que sobre el particular caso de la distribución de las labores judiciales están conferidas a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, como pudiera ser la cantidad, cualidad y temporalidad de los expedientes a enviarse a los órganos jurisdiccionales auxiliares; en tal virtud, al órgano oficiante le reviste plena libertad para que, en ejercicio de su autonomía jurisdiccional, resuelva el asunto de que se trata, conservándolo para que dicte la sentencia que en derecho corresponda. Una decisión en sentido contrario, equivaldría a una reposición de procedimiento, lo que, en su caso, sólo sería factible a través del recurso de revisión de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. (Consulta formulada por el Magdo. Titular del Segundo Tribunal Unitario del Centro Auxiliar de la Quinta Región - 30-enero-2012-)". SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se tiene que la parte quejosa reclama: Del (1) Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de su (2) Actuario adscrito, del (3) Consejo de la Judicatura del Estado de México, del (4) Centro de Convivencias Familiar de Ecatepec de Morelos del Poder Judicial del Estado de México y del (5) Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México: a) El auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre pensión alimenticia 334/2017, que suspendió la convivencia presencial entre ésta y el padre no custodio, así como su ejecución. b) La emisión, promulgación, publicación, aplicación y ejecución de la Circular 38/2020, emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado de México, publicada el treinta de junio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano del México. c) La omisión de contestar los oficios 2406/2020 y 3542/2020, de fechas trece de octubre y siete de diciembre de dos mil veinte, respectivamente. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable (3) Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de su Presidente negó los actos que se le reclamaron consistentes en a) el auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre pensión alimenticia 334/2017, y c) la omisión de contestar los oficios 2406/2020 y 3542/2020, de fechas trece de octubre y siete de diciembre de dos mil veinte, respectivamente; sin que exista prueba en contrario que desvirtué tal negativa. Por su parte, la diversa autoridad responsable (4) Centro de Convivencias Familiar de Ecatepec de Morelos del Poder Judicial del Estado de México, por conducto de su Encargada, negó los actos que se le atribuyeron, consistentes en a) el auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre pensión alimenticia 334/2017, b) la emisión, promulgación, publicación, aplicación y ejecución de la Circular 38/2020, emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado de México, publicada el treinta de junio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano del México, y, c) la omisión de contestar los oficios 2406/2020 y 3542/2020, de fechas trece de octubre y siete de diciembre de dos mil veinte, respectivamente; sin que exista prueba en contrario que desvirtué dicha negativa. Consecuentemente, respecto de las precisadas autoridades en relación a los actos reclamados antes señalados, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informan, la jurisprudencia 130 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tomo VI, años 1917 a 1995, página 209, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual forma, es inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables (1) Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a su (2) Actuario adscrito y al (5) Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, consistente en c) la omisión de contestar los oficios 2406/2020 y 3542/2020, de fechas trece de octubre y siete de diciembre de dos mil veinte, respectivamente; asimismo, es inexistente el diverso que se le atribuyó a la autoridad responsable citada en último término, relativo al auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre pensión alimenticia 334/2017; se dice lo anterior, pues en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta su existencia. Asimismo, es inexistente el acto reclamado al (1) Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y a su (2) Actuario adscrito, consistente en b) la emisión, promulgación, publicación, aplicación y ejecución de la Circular 38/2020, emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado de México, publicada el treinta de junio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano del México, en virtud de que, de autos no se advierte que las citadas autoridades responsables hayan promulgado, publicado o aplicado la Circular reclamada. Por tanto, en cuanto a las autoridades precisadas con antelación y en relación a los actos reclamados antes señalados, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al (1) Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, consistente en el auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. Por su parte, el (2) Actuario adscrito a dicho juzgado, fue omiso al rendir su informe justificado, sin embargo se tiene presuntivamente cierto el acto que se le atribuye consistente en la ejecución del auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Aunado a lo expuesto, la certeza se corrobora de las constancias electrónicas remitidas como prueba por el Juez responsable, las cuales cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; de las cuales se observa la determinación reclamada. Ahora, en cuanto a los actos atribuidos a las autoridades (3) Consejo de la Judicatura del Estado de México y (5) Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, consistentes en b) la emisión, promulgación, publicación, aplicación y ejecución de la Circular 38/2020, emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado de México, publicada el treinta de junio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano del México, se tienen por ciertos porque así lo manifestaron esas autoridades en sus informes justificados, a través de su Presidente y de su Encargada del Despacho de la Dirección de Legalización, respectivamente. Aunado a lo expuesto, la certeza de la Circular reclamada deriva del principio de derecho que establece que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°. QUINTO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que para tal efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues ello aconteció el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Lo anterior se justifica porque la resolución reclamada se notificó mediante boletín judicial el nueve de marzo de dos mil veintiuno y surtió efectos el mismo día, según lo dispuesto por el artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México1; por tanto, el plazo inició a trascurrir el diez del citado mes y año, y concluyó el cinco de abril de la aludida anualidad , de ahí que su demanda se haya presentado en tiempo. SEXTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de los motivos de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la actual Ley de Amparo. Circular 38/2020 emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado de México. En el presente caso, la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de México, aduce que respecto a la Circular 38/2020 que emitió, publicada el treinta de junio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano del México, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no acreditó tener un interés jurídico como objeto directo de la protección constitucional. Es fundada la citada causa de improcedencia, respecto de la circular 38/2020 y su publicación, atribuidas al Consejo de la Judicatura del Estado de México y el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano del México, ello en atención a las consideraciones que enseguida se exponen. El artículo 107, fracción I, constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Del precepto constitucional parcialmente transcrito, en la parte que aquí interesa, se advierte que el promovente del amparo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además, deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna, y que de ello deriva una afectación a su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y contra normas generales que por su sola entrada en vigor no afecten los intereses apuntados, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Sobre estos conceptos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad -interés jurídico-; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Así, tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general, por lo que debe aplicarse el criterio de clasificación de ambos tipos de normas, que con base en la actual regulación del juicio constitucional aún subsiste, relacionado con el concepto de "individualización incondicionada", que define la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa; de este modo, el juez de amparo debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Ahora bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En este orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Luego, en la especie, la parte quejosa alude que el acto de aplicación de la Circular 38/2020, que emitió el Consejo de la Judicatura del Estado de México, publicada el treinta de junio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano del México, consistente en el auto reclamado de ocho de marzo de dos mil veintidós, es inconstitucional pues contraviene lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Magna. Ahora bien, el proveído reclamado de ocho de marzo de dos mil veintiuno, que es el auto de que aduce la parte quejosa es el acto de aplicación de la Circular reclamada, es del tenor literal siguiente: "Naucalpan, México, ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Visto el contenido del escrito de cuenta que presenta YESENIA DEL CRYSTAL MARTÍNEZ JERÓNIMO (sic) con fundamento en lo dispuesto por los numerales 1.134, 1.138 y 1.164 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, se tienen por hechas sus manifestaciones y atendiendo su petición, así como al interés superior del menor involucrado, respecto a su derecho a convivir con su progenitor, se ordena dar vista al colitigante en el domicilio procesal señalado en autos, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda y en su caso proporcione su número telefónico. Ahora bien, tomando en consideración la situación sanitaria actualmente imperante en el país y con fundamento en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o. de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 13, 22 23 y 24 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 1.124 fracción I, 1.134, 1.138, 1.164, 5.8 y 5.16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, 4205 del Código Civil, 189 Bis, 19 Ter, 19 Quarter, 19 Quinquies, 19 Sexies, 19 Septies y19 Octies Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, atento a lo vertido por la ocursante y en atención a que las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular y que el interés superior de la menor (sic), se encuentra por encima de cualquier otro derecho que las partes en el juicio pudieren haber alegado, SE SUSPENDE LA CONVIVENCIA PRESENCIAL, por la pandemia y se SE EXHORTA a las partes para que contemplen alguna alternativa para que la convivencia paternofilial se lleve a cabo durante la contingencia, ya sea a través de videoconferencias, video-llamadas o cualquier otro medio electrónico o virtual con todas las medidas sanitarias de seguridad, pues lo que trasciende es que todas son formas de convivencia que propician el trato humano; debiendo prevalecer siempre en las modalidades que se adopten, el derecho de los menores, conforme a su interés superior. Asimismo, contemplen la posibilidad de acudir al Centro de Convivencias Familiar del Poder Judicial del Estado de México o concertar una cita vía telefónica, a fin de solicitar en caso de ser procedente se active el programa de convivencia electrónica, mediante las siguientes tecnologías: llamada telefónica en conferencia, videollamada por WhatsApp, webex y cualquier otra. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia que a la letra dice: (Se transcriben datos y texto). "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. MODALIDADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN." NOTIFÍQUESE. (.)" De la transcripción anterior, se advierte que contrario a lo que aduce la parte quejosa, no existió alguna afectación o menoscabo a su esfera jurídica, pues en el caso concreto no fue aplicada en el auto reclamado, la Circular 38/2020 que emitió el Consejo de la Judicatura del Estado de México, publicada el treinta de junio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano del México. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento respecto de la Circular 38/2020 y su publicación, atribuidas al Consejo de la Judicatura del Estado de México y al Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano del México, aquí analizada, conforme a lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. No pasa inadvertido para este Juzgador las diversas causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables (3) Consejo de la Judicatura del Estado de México y (5) Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, sin embargo, no se realizará su estudio al ser innecesario en virtud la causa de improcedencia ya analizada, misma que resulto ser fundada. Acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno. Por otra parte, quien resuelve de oficio advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, porque en el auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se reanudaron las convivencias presenciales entre el progenitor no custodio y su hijo menor de edad, aquí quejoso. Esta norma dispone que el amparo es improcedente cuando subsiste el acto reclamado, pero no puede surtir efecto legal o material alguno, porque dejó de existir su objeto. De manera general, la emisión de un acto de autoridad, ya sea positivo o negativo (omisión), conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una situación jurídica, la cual origina determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, circunstancia que lo legitima para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez de la actuación. En ese sentido, si el amparo tiene como objeto reparar las violaciones de derechos fundamentales que un acto u omisión de autoridad genera a la esfera jurídica del gobernado, ya sea para restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas violadas tratándose de los actos positivos, o bien, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho del particular en caso de los negativos -en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo -, es evidente que uno de los presupuestos procesales que deben cumplirse es que el fallo protector pueda concretarse y trascender realmente a los derechos de la parte quejosa. Así, la causal de improcedencia en estudio se actualiza cuando los efectos del acto reclamado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretarán, debido a la modificación del entorno en el cual se emitió; por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional el acto impugnado ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Las tesis que anteceden son aplicables al caso por analogía, porque analizaron el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo abrogada, el cual está redactado casi idéntico al trascrito 61, fracción XXII, de la ley de la materia vigente7 . En ese contexto, a fin de demostrar que en el caso concreto se actualiza la aludida causal de improcedencia, se relatan algunos antecedentes de la resolución reclamada, siendo los siguientes: 1. El veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, ******** por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales I. A. M. M., demandó en controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre pensión alimenticia a Jonathan Alexis Mundo Castro. 2. La demanda fue radicada como expediente 334/2017, del índice del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, con residencia en Naucalpan de Juárez, la cual mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite y se ordenó el emplazamiento al demandado ********. 3. El escrito de contestación a la demanda fue acordado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en el cual se le tuvo interponiendo demanda reconvencional en contra de la aquí tercera interesada. 4. En auto de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora contestando la demanda reconvencional entablada en su contra. 5. En audiencia inicial de trece de junio de dos mil diecisiete, como medida provisional se decretó un régimen de visitas y convivencias a favor del demandado Jonathan Alexis Mundo Castro con su hijo menor de edad, aquí quejoso, los días sábados y domingos, alternadamente cada quince días, de las diez a las dieciocho horas. 6. El cuatro de julio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia principal en la que se desahogaron diversas pruebas de las partes. 7. En auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Juez responsable suspendió la convivencia presencial entre el padre no custodio y el menor de edad, aquí quejoso, debido a la emergencia sanitaria por el virus Sars-CoV2, por lo que, exhortó a las partes a fin de que contemplaran alguna alternativa para que la convivencia paterno-filial se llevara a cabo durante la contingencia, ya fuera a través videoconferencias, video llamadas, o que acudieran al Centro de Convivencias Familiar del Poder Judicial del Estado de México, para que solicitaran se activara el programa de convivencia electrónica. Este último proveído constituye el acto reclamado en el presente controvertido de derechos. Asimismo, de las copias certificadas de la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre pensión alimenticia 334/2017 del Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que se remitieron en el expediente 1241/2021 del índice del juzgado auxiliar, se aprecia lo siguiente: a) El escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que la ahora tercera interesada informó a la autoridad responsable la restitución del régimen de visitas establecido el trece de junio de dos mil diecisiete. (Fojas 9 a 10 del anexo digital 4 relativo al juicio de amparo 1241/2021). b) El auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, que dice: "(.) AUTO.- Naucalpan de Juárez, México, ocho (8) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). Visto el escrito de cuenta se tiene a MARTÍNEZ GERÓNIMO YESENIA DEL CRYSTAL, en su calidad de parte actora, con fundamento en los preceptos 15, 16 y 5.35 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se tienen por hechas sus manifestaciones, como lo solicita, y toda vez que el semáforo epidemiológico de la entidad se encuentra en verde, se reanudan las convivencias a favor de JONATHAN ALEXIS MUNDO CASTRO, con su menor hijo los días sábados y domingos alternadamente cada quince días de diez a las dieciocho horas, debiendo pasar por el menor a su domicilio, reintegrándolo el mismo día, lo anterior decretado en audiencia inicial de fecha trece de junio del año dos mil diecisiete. Notifíquese. (.)" Del proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 334/2017 del índice de la autoridad responsable, se aprecia que la Juez natural reanudó las convivencias presenciales entre el progenitor no custodio y el menor de edad aquí quejoso, en virtud de que el semáforo epidemiológico en el Estado de México se encuentra en verde. De esta manera se advierte que el auto reclamado ha perdido su objeto, pues la determinación de la juzgadora responsable de suspender las convivencias presenciales presenciales entre el progenitor no custodio y su hijo menor de edad, aquí quejoso, hasta en tanto el semáforo epidemiológico en el Estado de México se encontrara en color verde, pudo afectar a la parte quejosa al impedírsele hacer valer su derecho de convivir con su progenitor; sin embargo, al haberse ordenado la reanudación de las convivencias presenciales entre estos en el juicio de origen, ya no existe materia u objeto respecto del proveído combatido en el que se suspendieron las convivencias presenciales entre el quejoso menor de edad y su padre. Por tanto, se considera actualizada la causal de improcedencia en estudio, pues aunque subsiste el auto reclamado, a ningún fin práctico llevaría la eventual concesión del amparo; además, no se concretó perjuicio alguno contra la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto del acto reclamado a la Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, consistente en el auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre pensión alimenticia 334/2017 de su índice y su ejecución. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos imputados al Actuario adscrito al Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al no haberse combatido por vicios propios sino como consecuencia de los atribuidos a la ordenadora; se apoya dicha conclusión en la jurisprudencia de rubro y textos siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Dado el sobreseimiento decretado, no es factible el examen de los argumentos expresados por la parte impetrante para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues esto constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido del presente estudio. Por lo expuesto, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jonathan Alexis Mundo Castro, en representación de su hijo menor de edad de iniciales I. A. M. M.., en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables (1) Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y su (2) Actuario adscrito, (3) Consejo de la Judicatura del Estado de México, (4) Centro de Convivencias Familiar de Ecatepec de Morelos del Poder Judicial del Estado de México y (5) Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, consistentes en a) el auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre pensión alimenticia 334/2017 y su ejecución, b) la emisión, promulgación, publicación, aplicación y ejecución de la Circular 38/2020, emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado de México, publicada el treinta de junio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano del México, y, c) la omisión de contestar los oficios 2406/2020 y 3542/2020, de fechas trece de octubre y siete de diciembre de dos mil veinte, respectivamente. Lo anterior por los motivos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. Háganse las anotaciones pertinentes; incorpórese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que obre en el expediente electrónico; en su oportunidad y por la vía pertinente, infórmese al Juzgado Auxiliado esta circunstancia para los efectos legales procedentes; y archívese el expediente auxiliar 78/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, como asunto concluido.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el veintidós de julio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en el presente asunto; asimismo, que en cumplimiento a la circular CAR/002/CCNO/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio 6/2022, de tres de marzo del año en curso, se remitió el juicio de amparo 237/2021-II, al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, para el auxilio en el dictado de la sentencia correspondiente. Ahora bien, toda vez que mediante escrito presentado el diez de marzo del año en curso, la parte quejosa solicitó que se dicte sentencia, hágase de su conocimiento, que una vez que el citado órgano auxiliar remita a este juzgado la resolución aludida, se le notificará en el domicilio o lugar que haya señalado para tal efecto.

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