Jonathan Alberto Dilone González

Expediente 1172/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1172/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Jonathan Alberto Dilone González
  • Comisionado del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de enero de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la ley de la materia, se declara que tal determinación ha causado estado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR NO SEÑALAR DOMICILIO Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el seis de los actuales, se tuvo por admitida la demanda que dio origen al presente juicio, y se ordenó notificar personalmente al directo quejoso en el lugar en que se encontraba recluido, a fin de que éste señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo, de acuerdo a la constancia actuarial levantada en ese fecha, el actuario judicial adscrito a este juzgado, puso en manifiesto la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo dicha diligencia, toda vez que, de acuerdo a lo informado por personal del Centro de la Estación Migratoria Juárez, hicieron de su conocimiento que el treinta de noviembre último, se giró oficio de salida definitiva a favor del directo quejoso ********************. En consecuencia, el doce de diciembre último, se requirió al promovente de la demanda Roberto Méndez Torres, para que dentro del plazo de tres días, indicara el lugar exacto en que se encuentra el quejoso, o bien, informara si éste goza actualmente de su libertad ambulatoria; sin que a la fecha lo haya hecho. Ahora bien, como se dijo en párrafos precedentes, es menester analizar si la demanda de amparo cumple con los requisitos del artículo 15 de la Ley de la materia para ser interpuesta y, de acuerdo a lo anticipado, se hace constar que el treinta de noviembre último, ********************, fue puesto en libertad de acuerdo a lo manifestado por la autoridad migratoria al actuario judicial adscrito. Sentado lo anterior, este resolutor considera que se actualiza la causal de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". A tal conclusión se llega, porque del contenido de la constancia actuarial de seis de diciembre último, personal del Centro de la Estación Migratoria Juárez, hizo del conocimiento del actuario judicial adscrito a este juzgado, que el treinta de noviembre último, se giró oficio de salida definitiva a favor del directo quejoso ********************. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de la materia, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime transgredido, pues ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Así las cosas, válidamente se puede establecer que aunque subsistan los actos reclamados, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, por virtud de la orden de salida definitiva a favor del directo quejoso ********************, emitida por la autoridad migratoria . Como apoyo se cita la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, materia común, visible en la página 189, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Consecuentemente, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 61, fracción XXII, del referido ordenamiento legal. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con veinte minutos del nueve de enero de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de diciembre de dos mil veintidós. De la constancia signada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso ********************, el proveído de seis de los actuales, por la razón de que en las instalaciones a donde acudió a cumplir con lo ordenado, le informaron que el día treinta de noviembre del año que transcurre, giraron oficio de salida definitiva en favor del quejoso, motivo por el cual no se pudo llevar a cabo la diligencia encomendada. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al promovente de la demanda Roberto Méndez Torres, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, manifieste bajo protesta de decir verdad si ******************** aún permanece detenido (como lo dijo en su escrito inicial) por alguna autoridad, en cuyo caso deberá indicar el lugar exacto en que se encuentra, o bien, diga si éste ya goza de su libertad ambulatoria. Apercibido que de no dar contestación al presente requerimiento dentro del lapso concedido, o manifestar las causas que se lo impidan, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo; a fin de no retardar el procedimiento, atento a lo dispuesto en el numeral 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles con la finalidad de lograr el cumplimiento de la diligencia ordenada. En virtud de lo anterior, ya que en el escrito de demanda no se señaló domicilio ubicado en esta ciudad, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista al promovente mencionado con antelación, el presente proveído y en su caso, los acuerdos subsecuentes, aun los que entrañen una notificación personal, hasta en tanto proporcione domicilio en que pueda efectuársele. Por otro lado, de la segunda constancia de cuenta, signada por el actuario judicial adscrito, se indica la imposibilidad que tuvo para notificar a la autoridad responsable Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con el oficio número 27222/2022, ya que no le recibieron dicha misiva, toda vez que refieren que la ubicación de dicha autoridad es en la ciudad de México, motivo por el cual no se realizó lo ordenado, en consecuencia, con respecto a esto, se reserva a acordar lo conducente, una vez que el promovente desahogue lo solicitado en el párrafo precedente. Finalmente, agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con el cual remite copia certificada de escrito firmado por diversos quejosos, los que manifiestan su deseo de desistirse del juicio de amparo promovido a su favor, lo anterior sin mayor proveído, toda vez que en dicho ocurso no firma el quejoso beneficiario del presente juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio y anexos remitidos por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta localidad fronteriza, de cuyo contenido se advierte que mediante acuerdo de uno de los actuales, dictado en autos del amparo 1087/2022-III, se decretó la separación de juicio, ordenándose la creación de un juicio de amparo independiente por los diversos quejosos descritos en el escrito de demanda, para así quedar en el conocimiento en el presente juicio exclusivamente respecto de la parte quejosa ********************. Ahora bien, de las constancias que integran el aludido juicio de amparo se advierte que en el acuerdo de radicación de treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, tuvo por recibido el escrito de mérito y se pronunció respecto de la suspensión de los actos reclamados, de conformidad con lo previsto en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, que impone la obligación, en los supuestos que ahí se mencionan, de proceder en esos términos; Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se avoca al conocimiento del asunto y se admite la demanda promovida por ********************, a favor del directo quejoso ********************, contra actos de las autoridades responsables Comisionado y del Subrepresentante Federal, ambas del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad fronteriza; por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 1172/2022-IV. Sin que resulte necesaria la apertura de incidente de suspensión por cuerda separada en virtud de que el juez declinante se pronunció con suspensión de plano sobre la totalidad de los actos que se reclaman. Se señalan las diez horas con veinte minutos del nueve de enero de dos mil veintitrés, para que tenga lugar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que consideren pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar, en su caso, copias certificadas legibles y ordenadas de todas las constancias de las que derive el acto reclamado necesarias para apoyar su informe, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y además, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia. Para tal fin, remítase copia simple de la demanda, como anexo al oficio con que se notifique este auto. En el entendido que podrán rendir dichos informes a esta autoridad, por vía correo electrónico akgonzalez@correo.cjf.gob.mx, siendo posible su confirmación en el número 656 227-26-00 extensión 1241, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, entregándole copia simple de la demanda. Con fundamento en los artículos 64, párrafo primero, 238 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo comuniquen de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos veintidós centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero del año en curso, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Con independencia de lo anterior, con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, se autoriza firmar electrónicamente, mediante el uso de la Firel, los oficios que correspondan a este asunto. Se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma, podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda o https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; por ende, por ende, se requiere a todas las partes para que faciliten un correo electrónico y en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos a través del Portal de Servicios en Línea. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. De conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera personal al directo quejoso, el presente proveído, entregándole copia que del mismo se obtenga y lo requiera para que al momento de la notificación, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de dicho proveído, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad fronteriza; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que para tal fin se fija en los estrados de este juzgado. No obstante lo anterior, téngasele como medio de contacto el correo electrónico y número telefónico que menciona en su escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que la secretaria deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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