Jonatha Alexis Colín Maytorena

Expediente 937/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
937/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Jonatha Alexis Colín Maytorena

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiese interpuesto el recurso de queja previsto por la fracción I, inciso a), del artículo 97, de la invocada Ley, contra el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2, de la Ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Se ordena archivo del asunto y su destrucción

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo [...] Este Juzgador estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución., que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. (.)" Dichos preceptos contemplan el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone agotar o ejercitar en contra del acto reclamado y previamente a esta instancia constitucional, el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Apoya lo considerado, la tesis Jurisprudencial I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 902, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir, en esencia, en lo siguiente: La determinación del no ejercicio de la acción penal de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta de investigación CI/QRO/48992021, y la falta de su notificación. En ese tenor, se advierte que, en el presente asunto los actos reclamados derivan de una carpeta de investigación, por tanto, es inconcuso que la investigación de mérito, se realiza conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". En las relatadas circunstancias, se hace patente que la ley que rige el acto reclamado, esto es, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral 258, prevé medio de defensa ordinario por el que pueden ser revisada el no ejercicio de la acción penal, o las omisiones del Ministerio Público, en el caso la falta de notificación de dicha resolución; mismo que se tiene que agotar previamente a la promoción del juicio de amparo. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 233/2017, de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, resolvió que sí debe agotarse tal medio de defensa contra tal tipo de actos reclamados, por lo que contrario a lo manifestado por el quejoso, en efecto, se actualiza el supuesto de agotar la impugnación conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apoya lo anterior la jurisprudencia PC.I.P. J/68 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, febrero de 2020, Tomo II, página 1433, de rubro y texto: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado". Asimismo, conforme a la ejecutoria que dio lugar a formar la jurisprudencia 1ª./J 27/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicada el 17 de agosto de 2018, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". De igual modo, sirve de sustento a lo considerado en el presente auto, la diversa jurisprudencia 1ª./J. 28/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicada el 17 de agosto de 2018, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Como se aprecia de los criterios vinculantes para este órgano jurisdiccional, son categóricos en el sentido de que la resolución del no ejercicio de la acción penal y la falta de su notificación, debe ser impugnada por la víctima y ofendido ante el Juez de Control, al ser factible la audiencia de impugnación prevista por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para revisar las omisiones y abstenciones que aquí se combaten. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, en el caso, no se actualiza la excepción al principio de definitividad contenida en dicho artículo, pues el acto entraña omisiones de ahí que no hay un acto físico, sino que se reclama un no hacer de las autoridades responsables, de ahí que no encuadra en el supuesto de que el acto reclamado carezca de fundamentación, se reclaman también cuestiones de legalidad, en cuanto a los preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen el quejoso que se vulnera en su contra con la omisiones de las responsables, de ahí que no solo se aleguen violaciones directas a la Constitución, aunado a que el medio de defensa se encuentra previsto en dicha Codificación Penal, la que evidentemente no se trata de un reglamento. Asimismo, debe enfatizarse que no se está en el supuesto de que el quejoso sea tercero extraño al procedimiento, pues de sus manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad, se advierte que tiene el carácter de parte ofendida en la carpeta de investigación de mérito. Así las cosas, es claro que no existen elementos para considerar que pueda haber una excepción para no agotar el principio de definitividad. Sin que lo anterior, contravenga lo dispuesto en los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, octubre de 2014, tomo 1, página 909, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". También resulta conveniente invocar, la tesis I.3o.C.64 K (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2295, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Si bien de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, son de observancia general no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, con el objeto de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, ello no implica que la normativa en materia de derechos humanos sea incompatible con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, dado que éste no puede considerarse como un recurso, sino como un verdadero juicio previsto en el artículo 107 de la Carta Magna, en el que se sientan las bases a las que se sujetará el procedimiento y el orden jurídico que lo regula a través de la Ley de Amparo, en cuyo artículo 61 establece diversas causas de improcedencia como presupuestos procesales que deben atenderse, pues lo contrario daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persiguen el juicio de amparo, la Constitución y los propios tratados sobre derechos humanos. Ahora bien, el citado artículo 61, en su fracción XVIII, señala como casos de excepción al principio de definitividad cuando: a) se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente por desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, el principio de definitividad es compatible con la normatividad en materia de derechos humanos, ya que la observancia de los requisitos para acceder al juicio de amparo resultan acordes con los lineamientos establecidos en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que su trámite es rápido, sencillo y únicamente se requiere estar en el supuesto de afectación de un acto de autoridad para acceder a la posibilidad de impetrar la protección de la Justicia Federal, dentro del plazo previsto por la ley. De ahí que el derecho de acceso a la justicia no se traduce en una facultad para transgredir las normas que rigen al procedimiento; tampoco implica que quede al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, pues la ley de la materia dispone específicamente en qué casos el quejoso puede acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa". Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia advertida, en el acto reclamado, pues de analizarse el contenido de ésta, habrá de prolongarse la tramitación del proceso penal de origen en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de ese procedimiento a través de la improcedencia decretada para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. En conclusión, por lo antes expuesto y al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia estudiada respecto del acto reclamado, por ende, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por ser notoriamente improcedente. ? Exhortación de tramitar asuntos "en línea". Asimismo, en atención al contenido de la certificación de cuenta, se desprende que el trámite del presente asunto se encuentra en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, por ende, con fundamento en el artículo 28 , se exhorta a las partes a que transiten la tramitación del presente juicio hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; a través del cual es posible notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como el envío de demandas y promociones, todo a través de los recursos tecnológicos. Bajo los siguientes pasos: 1.- Obtén tu firma Electrónica (FIREL). Sólo sigue los pasos: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/SolicitaFirel 2.- Autoriza expresamente la consulta del expediente electrónico y solicita expresamente notificaciones vía electrónica proporcionando tu usuario registrado al Juzgado (requisito para poder acceder al sistema y para la notificación electrónica). * Solo si cumples los dos puntos anteriores es juicio en línea. Autorizado para oír o recibir notificaciones carece de facultad para dicha autorización si aún no lo faculta la parte respectiva. * Solo las partes, apoderados o representantes legales pueden facultar dicha notificación electrónica o encomendarla expresamente al autorizado hacerla a su nombre. 3.- Adicionalmente, puede designar un correo electrónico o teléfono de mero contacto (no sustituye los dos puntos anteriores) ni es medio de notificación. ? Efectos de no realizar transición a juicio en línea En la inteligencia que de no realizar el cambio a juicio en línea deberá estar a las reglas de expediente físico y para poder ingresar a las instalaciones que ocupan este Juzgado Federal, solo será por citas, las cuales atenderán a la Agenda del Juzgado, partiendo de la premisa que solo se pueden señalar dos cada media hora, y que el sistema de asignación es automatizado, de acuerdo a la fecha y hora disponible. Sin cita, no se le permitirá la entrada a las instalaciones que ocupan este Juzgado Federal, de conformidad con los artículos 3, 15 y 21 del Acuerdo General 21/2020, ya señalado. El permiso de entrada QR no es transferible, tiene vigencia limitada al horario agendado y únicamente para acudir al órgano jurisdiccional especificado. Favor de atender las indicaciones sanitarias, lineamientos y restricciones del Acuerdo referido que son en pro del bien individual y colectivo. Evite desatenderlas y mayores molestias. Personas vulnerables deberán precisarlo desde la agenda en cita para consultar en el área asignada para su propia protección. Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden consultar la lista electrónica la síntesis del acuerdo publicada o simple consulta electrónica del expediente previa solicitud y usuario electrónico que proporcione conforme el asignado por el Portal relativo. Aspecto que evita mayores molestias o exposición innecesaria. ? Disponibilidad de consulta de acuerdos por lista electrónica en lugar de estrados (física). En la inteligencia que, mientras el presente asunto no sea juicio en línea, queda expedito a las partes, en general, consultar la información disponible en la lista de acuerdos electrónica que aparece publicada en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal: www.cjf.gob.mx en el apartado de "Servicios y Trámites", rubro consultas, donde están disponibles por fechas las listas de acuerdos generadas en los diferentes órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación, con independencia que será la Administración Regional en Querétaro, del Poder Judicial de la Federación, quien se encargará de colocar la lista física, en un fácil acceso para quienes no cuenten con cita, con fundamento en el artículo 21, del multicitado Acuerdo. Dado que es un hecho notorio la reanudación de plazos conforme a la publicación oficial del Acuerdo relativo del Consejo de la Judicatura Federal, la presente determinación notifíquese por lista y oficio las partes conducentes; según corresponda. ? Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. ? Vista para omitir datos personales Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. ? Autorizados Finalmente, se tienen como autorizados de su parte, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, parte final del segundo párrafo del artículo en cita, esto es, únicamente para recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Por otro lado, se advierte que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sino las listas de este juzgado; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por medio de lista el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal.

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