Jonatan Silverio Ortíz Rocha
Expediente 1025/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1025/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jonatan Silverio Ortíz Rocha
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se sobreseyó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas con treinta minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1025/2021-I, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos, en atención a lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido en tiempo y forma los informes justificados de mérito. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que remitió la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad responsable, a lo que el Juez acuerda: que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tengan por ofrecidas y desahogadas por su naturaleza las probanzas de referencia; con lo anterior se cierra dicho periodo de prueba. Seguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría da cuenta con el alegato ministerial de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se niegue o sobresea en el presente juicio de amparo. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 1025/2021-I promovido por Jonatan Silverio Ortíz Rocha contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad, con residencia en esta ciudad de Mérida y otra, por violación a los artículos 8, 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: I. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el diez de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Jonatan Silverio Ortíz Rocha solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y otra autoridad, los cuales los hizo consistir en la omisión de la Junta Local Número Cuatro de Conciliación y Arbitraje del Estado. II. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su correspondiente informe con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se emplazó a la parte tercero interesado, se dio a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en la especie se reclama un acto omisivo que carece de ejecución pero presentado en la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito en esta entidad y turnado posteriormente a este juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de la integridad de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y del Actuario de su adscripción, que se encuentra paralizado el procedimiento por la omisión de dictar acuerdo alguno o de emitir el laudo correspondiente y la notificación respectiva, en el juicio reclamatorio laboral 643/2019. Tercero. Acto inexistente. Al rendir su informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y el Actuario de su adscripción, aceptaron la existencia de los actos reclamados, particularmente los que consisten en la falta de laudo y su notificación; pues no obstante que manifestaron al rendir su informe que sí era cierto, inmediatamente, la primera de aquellas señaló que no era el momento procesal oportuno para ello, lo que corrobora de las constancias remitidas con dicho informe y en alcance del mismo por oficio 1121/2021, por lo que se desvirtúa la certeza de los actos. Esto es así, ya que la Junta informó que a fin de emitir el laudo, había dictado acuerdos de veintiocho de junio, uno y cinco de julio, todos de dos mil veintiuno y certificación de dos de julio citado, por lo que se encontraban transcurriendo los términos legales, ya que en orden cronológico, en el primero de los acuerdos, otorgó el término de dos días para que las partes formularan alegatos, en el segundo acuerdo, se declararon perdidos los derechos para alegar y ordenó turnar los autos a la Secretaría para levantar la certificación respectiva e inmediatamente turnara al Auxiliar para que formulara el proyecto de resolución en forma de laudo, en la certificación se asentó que no existían pruebas pendientes ni diligencias y, en el tercer acuerdo se dio vista a las partes por el término de tres días para que expresaran su conformidad con aquella certificación. Lo que se corrobora, de las constancias remitidas por la Junta responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De las que se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el diez de junio de dos mil veintiuno, no se había abierto el periodo de alegatos en el juicio laboral de origen de número 643/2019, por lo que no se estaba en posibilidad de dictar el laudo, menos de notificarlo. En esas condiciones, la omisión reclamada no existe, ya que las autoridades no estaban en posibilidad legal de hacerlo, al no encontrarse en la etapa procesal correspondiente para ello. Por tanto, aun cuando las autoridades responsables hayan aceptado la existencia del acto reclamado, en cuanto a que no había dictado ni notificado el laudo respectivo, lo cierto es que de las constancias del juicio, se observa que no estaban en condiciones de emitir la resolución correspondiente, menos de notificarla, por la razón de que el procedimiento laboral de origen, no estaba en estado de resolución, porque aún no se había concedido a las partes el termino para formular alegatos, de ahí que, se reitera, resulta inexistente el acto reclamado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En esas consideraciones, al resultar inexistentes los actos reclamados destacados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Cuarto. Existencia de acto. Al rendir su informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y el Actuario de su adscripción, aceptaron la existencia del acto reclamado, aunque sin precisarlo, que consiste en que se encontraba paralizado el procedimiento del juicio laboral número 643/2019, por falta de dictado de acuerdos y su notificación, lo que se corrobora de las copias certificadas remitidas, por lo que se tiene por existente. Quinto. Causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación, ya que por ser una cuestión de orden público, se estudia en primer término si se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de oficio este resolutor de amparo considera actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, respecto al acto que reclama la parte quejosa a las autoridades señaladas como responsables, que consiste en: La paralización del procedimiento del juicio laboral número 643/2019, por falta de dictado de acuerdos y su notificación. Sin embargo, del informe justificado y oficio en alcance y de las copias certificadas que la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, responsable remitió con los mismos, a los que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: Que en el juicio laboral número 643/2019, fueron dictados acuerdos de veintiocho de junio, uno y cinco de julio, todos de dos mil veintiuno y levantada certificación de dos de julio citado, en el primero de los acuerdos, se otorgó el término de dos días para que las partes formularan alegatos, en el segundo acuerdo, se declararon perdidos los derechos para alegar y ordenó turnar los autos a la Secretaría para levantar la certificación respectiva e inmediatamente turnara al Auxiliar para que formulara el proyecto de resolución en forma de laudo, en la certificación se asentó que no existían pruebas pendientes ni diligencias y, en el tercer acuerdo se dio vista a las partes por el término de tres días para que expresaran su conformidad con aquella certificación; acuerdos que les fueron notificados a las partes en su propia fecha, con excepción del fechado el uno de julio en curso, que se realizó mediante vista dada en este juicio el ocho de julio citado, notificada el nueve siguiente. Lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el diez de junio de dos mil veintiuno; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, a virtud de que por la cesación de efectos, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto destacado, se impone sobreseer en el juicio, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Lo que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jonatan Silverio Ortíz Rocha, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y otra autoridad, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Esta sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando sexto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA I. Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibid el oficio 1121/2021 remitido por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el que en alcance a su informe justificado rendido en autos, remite diversas constancias relativas a los actos reclamados en este asunto; oficio y documentales que se ordenan agregar a los presentes autos para que obren como correspondan y para ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. (.)
- Principal
MESA I. Mérida, Yucatán, nueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido y se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda el alegato ministerial 486/2021 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito en el Estado de Yucatán, con el que solicita se niegue el amparo, o en su caso, sobresea en el presente juicio, así como que se le expida copia de la sentencia que se dicte. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos vertidos en el pedimento de mérito, para ser tomados en consideración en la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. (...)
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