Jonatan Raziel Gutierrrez Vera

Expediente 268/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 8 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
268/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
08/03/2018

Partes del expediente

  • Jonatan Raziel Gutierrrez Vera

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ocho de marzo de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo promovida por JONATÁN RAZIEL GUTIÉRREZ VERA, contra actos de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 268/2018. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora bien, del sumario se advierte que el acto que se analizará en este expediente, lo es la aprobación y expedición del decreto 1108 publicado en el periódico oficial del Estado el veintisiete de enero de dos mil dieciocho, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en especial los artículos 117 y 118. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y Acuerdos Generales 03/2013 y 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de territorio y estima que debe conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. Lo anterior, porque las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, en virtud de que el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o de las partes. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y tres, publicada en la página doscientos sesenta y siete, Tomo VII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA, APLICACIÓN DE LAS LEYES DE. Las normas que regulan la competencia por función o materia, se apoderan de las relaciones jurídicas procesales en el estado en que se encuentran, rigiendo inmediatamente, por ser de orden público." Ello es así, pues el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Del análisis del numeral transcrito se obtienen tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: El párrafo primero reproduce el principio genérico de que será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. La segunda hipótesis se refiere a que cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presentó la demanda de garantías. La tercera hipótesis establece que, cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante el que se haya promovido la demanda de garantías. De ahí que se actualiza la primera de las hipótesis establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo descritas, pues el quejoso reclama la aprobación y expedición del decreto 1108 publicado en el periódico oficial del Estado el veintisiete de enero de dos mil dieciocho, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en especial los artículos 117 y 118, la cual fue ejecutada en Bahías de Huatulco, como se advierte de los recibos de pago expedidas en FONATUR, mantenimiento turístico, S.A. de C.V. Razón por la cual este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda, por razón de territorio, pues el acto reclamado se llevará a cabo en Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia, ciento sesenta y seis, página doscientos setenta y ocho, tomo VII, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que establece: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado: la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades". Y, la tesis con registro 316005, publicada en la página ciento diecinueve, Quinta Época, tomo CXXX, materia administrativo, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO: Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por JONATÁN RAZIEL GUTIÉRREZ VERA; por consiguiente, remítase el juicio de amparo al Juez de Distrito en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, para que determine sobre la competencia declinada; asimismo, solicítese acuse recibo. Con copia certificada de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, únicamente para oír y recibir notificaciones a Guillermo Abascal Mendoza, José Luis Vega Reyes y José Antonio Abascal Mendoza. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos personales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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