Jonatan García Mora

Expediente 119/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
119/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Jonatan García Mora

Actuaciones

  1. Principal

    el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, mediante el cual acusa recibo e informa que el presente asunto quedó registrado con el orden 001145********************y, remite la impresión de la boleta de turno que acredita lo anterior; circunstancia de la que queda enterado este órgano de control constitucional.

  2. Principal

    Con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6º y 15 interpretados a contrario sensu, así como el 113, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. En principio es dable destacar que la demanda de cuenta fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sitio electrónico a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo pueden acceder a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece diversas reglas y formas en que los procedimientos se substanciarán y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal, precisa lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Del precepto trascrito se aprecia que la tramitación del juicio de amparo indirecto podrá efectuarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. De esa forma, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior cobra sentido si se toma en cuenta que por la gravedad de la ejecución de dichos actos, el uso de la firma electrónica sería un requisito excesivo para que, cuando el agraviado se encuentre en imposibilidad de emplear ese medio; en cuyo caso podría promover la demanda cualquier otra persona en su nombre, sin perjuicio de que posteriormente el directo quejoso sea requerido para ratificarla. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020 del Peno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en los artículos 16, 17, 42 y 45 se establece lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de los establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". "Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal." "Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo". "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente". El primer artículo transcrito contempla cuáles son los requisitos necesarios para registrarse en el Portal de Servicios en Línea, indicando que el registro de cada usuario en el sistema es personalísimo y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. El artículo 17 del Acuerdo General referido, prevé que el registro en el Portal de Servicios en Línea no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen en el artículo 15 de la Ley de Amparo, igualmente, se exenta la firma electrónica de la demanda tratándose de esos supuestos. Por lo que refiere a los artículos 42 y 45 en comento, éstos establecen la forma en que se deberá presentarse la demanda de amparo de forma electrónica, distinguiéndose en el numeral 42 el modo en que puede hacerse la presentación cuando se reclaman actos mencionados en el 15 de la Ley de Amparo; y, el arábigo 45 contempla los pasos a seguir cuando el acto reclamado no se ubique en los supuestos del numeral 42. Así, de la interpretación integral de dichos preceptos, se obtiene que respecto a las demandas de amparo presentadas a través del Portal de Servicios en Línea, en las que se señalen actos reclamados distintos a aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se requiere una validación electrónica mediante una firma de esa naturaleza, o bien, el ingreso en el sistema de un usuario y contraseña personal; por consiguiente, ante la falta de dichos requisitos el acto jurídico carece de validez. Por tanto, del análisis de la demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, teniendo en cuenta que la demanda de mérito carece de firma electrónica del quejoso y no se encuentra en los supuestos de excepción que prevén los actos del artículo 22 Constitucional o 15 de la Ley de Amparo; lo que trae como consecuencia que de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directamente interesado, salvo en los casos de excepción, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al señalar que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Esto es así, porque la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que como se adelantó, no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se promovió mediante el empleo de las tecnologías de la información, sin la firma electrónica certificada del directo quejoso. Bajo ese marco legal, es evidente que la falta de firma del quejoso, se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, pues no puede decirse que exista certeza respecto de quién intentó la acción constitucional; es decir, la identidad y voluntad de la parte quejosa para promover la demanda de amparo. De ese modo, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En tales condiciones, la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica de********************, implica que el directo quejoso fue omiso en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. En razón de ello, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita por el interesado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente; por tanto, la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal; es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el órgano jurisdiccional está facultado para desecharla de plano. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el amparo sea presuntamente firmado criptográficamente por ********************, quien se ostenta como autorizado del quejoso, pues se reitera, los artículos 3º de la Ley de Amparo y 17 del Acuerdo General 12/2020 del Peno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, sólo establece como excepción cuando se trate de demandas contra actos del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por las mismas razones la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 2019715, correspondiente a la décima época, de título, subtítulo y, texto siguientes: Aunado a lo anterior, el promovente no refiere que se encuentre imposibilitado para hacerlo; en tal virtud, se entiende que el agraviado está en condiciones de elevar la solicitud de protección federal ante el órgano de control constitucional. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Juez de Control y Ordenes de Cateos en Línea de Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades. Domicilio y autorizados. Como lo solicita el promovente, téngase para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, la lista que se fijan en los estrados de este juzgado. Asimismo, con fundamento en los artículo 36 y 57 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta electrónica del presente asunto con el usuario "********************", pues, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por tanto, se comisiona al analista jurídico SISE, para que aperture los campos necesarios para la consulta en el presente expediente. En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, limitación que subsistirá hasta en tanto tenga registrada ante este Juzgado de Distrito su cédula profesional o autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho, acorde con lo dispuesto por el acuerdo general 24/2005 del Consejo de la Judicatura Federal que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito. Uso de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza el uso de aparatos electrónicos para imponerse de los autos, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que permite la utilización de aparatos como son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se habilitan días y horas inhábiles. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de cuidar que los juicios de garantías no queden paralizados, con fundamento en el precepto 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar ésta y las subsecuentes notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Digitalización. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su capítulo noveno, artículo veinticinco; procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, ello en relación con el artículo 24 del Acuerdo General 12/2020, para la debida integración, en su caso, del expediente electrónico. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea y Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este Órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese a la parte quejosa.

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