Jonatan Espinosa Rodríguez
Expediente 630/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jonatan Espinosa Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintiuno.********************En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. ********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************Con fundamento en las fracciones II, inciso a) y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. ******************** Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 630/2020, promovido por Jonatan Espinosa Rodríguez.RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de noviembre siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-6). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticinco de noviembre siguiente, se acordó: admitir a trámite la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete a la Fiscal de la Federación adscrita; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional y, emplazar a las terceras interesadas (fojas 8-12). El doce de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazadas al presente juicio de amparo a las terceras interesadas ITECIA (computación e inglés) sociedad anónima de capital variable y EICOM, sociedad anónima de capital variable (fojas 81-82). Al encontrarse integrado el asunto por obrar en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (foja 19) se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción III, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: La omisión de cerrar el periodo de instrucción y, como consecuencia, la omisión de dictar el laudo respectivo en el expediente laboral 751/X/2019 del índice de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, en Boca del Río, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. El Presidente de la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de decretar el cierre de la instrucción en el juicio laboral de que se trata (foja 19). Como se aprecia de la lectura integral de la demanda, el quejoso hizo consistir su reclamo en la omisión de cerrar el periodo de instrucción dentro del expediente laboral 751/X/2019 del índice de la junta responsable y, como consecuencia de ello, la omisión de dictar el laudo correspondiente. Ahora bien, es importante mencionar que, para determinar la certeza de un acto, cuya naturaleza es omisiva, debe existir previamente la obligación correlativa de realizar el acto positivo, conforme lo dispongan las normas legales, y que la autoridad obligada a hacerlo se abstenga de realizarlo sin justificación legal alguna. Así, un acto omisivo atribuido a la autoridad, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa y de la propia autoridad responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales o legales que ineludiblemente esté constreñida a realizar; y no simplemente por el sólo hecho de incurrir en la omisión derivada de criterios subjetivos de las partes. En estas circunstancias, para delimitar la actualización de un acto de naturaleza omisiva, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica. En este aspecto es ilustrativa la tesis 1ª.XXIV/98, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y tres, Tomo VII, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." ANTECEDENTES Para evidenciar la inexistencia del acto reclamado a la presentación de la demanda, se relatan los siguientes antecedentes: 1.- Jonatan Espinosa Rodríguez demandó laboralmente a ITECIA (computación e inglés) sociedad anónima de capital variable y EICOM sociedad anónima de capital variable, ante la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, en Boca del Río, Veracruz, quien radicó el expediente 751/X/2019. 2.- Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte se decretó el cierre de instrucción en el aludido juicio laboral, para todos los efectos legales a que haya lugar, esto es, para que se procediera a emitir el proyecto de resolución en forma de laudo (foja 88 vuelta). 3.- Finalmente, el ocho de octubre de dos mil veinte se declaró cerrado el periodo de instrucción y se turnaron los autos a resolver, siendo la última actuación procesal por parte de la junta responsable. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto, los alcances derivados del análisis del mismo, deben ser considerados de acuerdo con la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en abandono a la jurisprudencia 2a./J. 45/2007 de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL." Sobre ese panorama, contrario a las manifestaciones del quejoso con relación a la omisión de decretar el cierre de instrucción, es evidente que dicho periodo ya se había cerrado desde el ocho de octubre de dos mil veinte, como se advierte de las constancias que remitió la junta responsable como justificación de sus actos, específicamente a foja ochenta y ocho vuelta de autos. Documentales que tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. En ese orden de ideas, deviene incuestionable que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno) no existía obligación de la junta para declarar cerrado el periodo instructivo. Lo anterior significa que, en virtud de haber reclamado la omisión de cerrar el periodo de instrucción en el citado expediente laboral, los puntos a analizar se reducen únicamente a ese supuesto, y no a las circunstancias antecedentes -o posteriores- al acto reclamado al momento de la presentación de la correspondiente demanda de garantías. Sin que en el caso a estudio pueda analizarse la mencionada omisión con relación al dictado del correspondiente laudo, porque no combatió ese acto por vicios propios, sino en vía de consecuencia y, por ende, la fase procesal que impugnó a la fecha de la presentación de la demanda era inexistente. Sustenta lo anterior el criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.) interpretado a contrario sensu, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De ahí que resulta improcedente el juicio de amparo al quedar evidenciado que la parte quejosa en su demanda de amparo solicitó la activación de una fase procesal que ya había sido concluida desde antes su presentación, por lo tanto, no se puede considerar que existió una omisión de decretar su cierre pues como se dijo, ya había sucedido incluso antes de que la quejosa instara en la vía constitucional. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado. Por tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jonatan Espinosa Rodríguez, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, en Boca del Río, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido mediante misiva 3203 girada en auto de dieciocho de febrero actual, toda vez que remite las constancias que le fueron devueltas por este juzgado, debidamente certificadas. Con lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento para el caso de incumplimiento. Por último, dado que las referidas constancias son las que remitió la responsable junto a su informe como justificación de sus actos, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que las constancias que remitió junto a su informe justificado la autoridad responsable 1. y 2. Presidenta de Junta Especial número Diez de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en Boca del Río, Veracruz, no se encuentran debidamente certificadas, en la medida que la certificación correspondiente no está firmada por el Secretario de la Junta de origen; por ende, devuélvasele para su exacta certificación, las que deberá devolver dentro del término de tres días, contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo; apercibida que de no hacerlo se hará efectivo el apercibimiento decretado por auto de veinticinco de noviembre del año pasado. Del mismo modo, se le requiere para que en lo sucesivo remita debidamente certificadas las copias que le pida esta autoridad, ya que su actuación puede trascender a impartir justicia fuera de los términos establecidos conforme al artículo 17 Constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese en términos de ley.
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