Jonatan Bautista Rios
Expediente 667/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 03/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- JONATAN BAUTISTA RIOS y Otros.
- FRANCISCO JAVIER BAUTISTA RIOS y Otros.
- Jonatan Bautista Rios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Acapulco, Guerrero; tres de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Francisco Javier Bautista Ríos; en atención a su contenido, téngase únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Abel Gonzaga Sánchez, dado que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO: NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA JONATAN BAUTISTA RÍOS Y FRANCISCO JAVIER BAUTISTA RÍOS, DEL AUTO DE FECHA VEINTISETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE: Acapulco, Guerrero, a veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VIA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 667/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Jonatan y Francisco Javier ambos de apellido Bautista Ríos, por derecho propio, presentó demanda de garantías contra las autoridades y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero 2. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "PRIMERO. La Falta de Emplazamiento de los suscritos Quejosos, en nuestro carácter de copropietarios del Lote de Terreno Marcado con el Número dos, Zona ciento cuatro, manzana setenta y nueve, ubicado en el Ejido "LA SABANA", actualmente Colonia Vicente Guerrero, de esta Ciudad de Acapulco, de Juárez, Guerrero, al Procedimiento administrativo número 153/2014, iniciado por la Autoridad Responsable SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. SEGUNDO. La (.) orden de demolición de mi casa habitación o fracción de la misma, derivada del ilegal Procedimiento administrativo número 153/2014, iniciado por la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO." SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo registrándose en el libro de gobierno respectivo con el número 667/2017, se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en diversas ocasiones, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto emanado de un procedimiento administrativo respecto del cual el quejoso se ostenta como tercero extraño, ejecutado por una autoridad dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. Bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa refirió tener conocimiento de los actos reclamados el cuatro de julio de dos mil diecisiete, -data en la que personal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero pretendió ejecutar la orden de demolición, lo que además se corrobora con la copia certificada de la referida diligencia; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del cinco al veinticinco de julio de dos mil diecisiete, descontándose los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del citado mes y año en curso, por haber sido inhábiles; de ahí que, al haberse presentado la demanda el diecisiete de julio de la anualidad que transcurre, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo en relación con las demás constancias de autos, se obtiene que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la orden de demolición de una construcción en una superficie de 18.00 metros cuadrados consistente en un cubo de baños en tres niveles construidos a base de muros de tabicón de 12 centímetros de espesor y castillos de concreto armado con dimensiones de 1.37 x 2.29 metros, dando una superficie de 3.14 metros cuadrados, ubicada en Andador Las Cruces número 876, de la Colonia Vicente Guerrero en esta ciudad, que invade la vía pública atribuido a Javier Bautista Reyes, contenida en la resolución de trece de enero de dos mil dieciséis, dentro del procedimiento administrativo número 153/2014, del que se ostenta tercero extraño, y su ejecución. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. La Síndica Procuradora Administrativa, Financiero, Contable y Patrimonial en representación del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, lo que debe aceptarse en sus términos en razón de que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, como apoyo a su informe justificado relativas al procedimiento administrativo número 153/2014, se advierte que la orden de demolición reclamada fue emitida por diversa autoridad, es decir por el Cabildo en pleno del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, conformado por el Presidente, Primer Síndico, Segundo Síndico, Regidores y Secretario General, todos del citado Ayuntamiento. Consecuentemente, al no haber emitido el acto reclamado la citada autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que procede es sobresee el presente juicio a su respecto. QUINTO. Certeza del acto reclamado. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, lo que además se robustece con la copia certificada de las constancias que integran el procedimiento administrativo de referencia, valoradas en el de considerando que antecede. SEXTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así en el caso, de oficio se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la legislación en cita, que la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Conforme a los preceptos legales invocados, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que así lo dispone la Constitución o la propia ley de la materia; y que la demanda relativa debe de colmar, entre otros requisitos, la de señalar a la autoridad responsable que emita o realice el acto reclamado, de modo que a la misma pueda atribuírsele el carácter de parte en el juicio y por ende, el juzgador esté en aptitud de analizar la constitucionalidad del acto impugnado, pues de proceder en sentido contrario, no podría vincularse dicho análisis a los actos de una autoridad que no formó parte en la relación procesal y que no se le permitió aportar pruebas para demostrar la legalidad del acto que se le reprocha. Ilustra sobre el particular aplicada por analogía por las razones que lo informan, el criterio aislado número VI.1o.129 K que integró el Primer tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 244 tomo XV-II, Febrero de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES. EL QUEJOSO DEBE SEÑALAR CON TAL CARÁCTER, A LA QUE EMITIÓ EL ACTO RECLAMADO. La circunstancia de que el quejoso estime que el servidor que emitió el acto reclamado no sea autoridad para los efectos del amparo, no justifica que señale tal carácter a otro de la misma dependencia, con rango superior o inferior, cuya calidad aun siendo indiscutible, sin embargo, no emitió la providencia combatida, porque en todo caso debe ser materia de la defensa que se enderece ante la potestad federal, la existencia o legitimación de quien expidió el acto de molestia resultando inadmisible que, frente a las disposiciones de los artículos 11 y 116 fracción III de la Ley de Amparo, se llame a juicio a quien resulta ajeno por no haber intervenido en la confección o ejecución de aquello que combate." En efecto, debe decirse que la consecuencia de que en el juicio de amparo no se haya designado como responsable a la autoridad que emitió el acto reclamado impide analizar su constitucionalidad, tornando improcedente la acción intentada, lo que a su vez conduce al sobreseimiento del juicio a su respecto; lo anterior es así, porque sólo a través de la armonización de todos los elementos que componen la demanda se está en aptitud de dilucidar en torno a la cuestión efectivamente planteada; luego, si del análisis de la demanda se advierte la participación de una autoridad que no fue señalada con el carácter de responsable para los efectos del amparo que se intenta, ello da pauta para que el Juez de Distrito prevenga al promovente para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda por lo que ve a tal autoridad, so pena de incurrir en la violación a las normas que rigen el procedimiento. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 250, tomo III, Junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Asimismo, conviene citar el diverso criterio jurisprudencial número VI.2o. J/205, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 468, tomo II, Octubre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." En concatenación con lo anterior, cuando la participación de una autoridad no designada como responsable no deriva del análisis de la demanda de garantías, sino de las constancias que allegadas por las autoridades responsables con motivo del informe justificado, a fin de determinar cuál es la cuestión efectivamente planteada ante la potestad del juzgador y dar oportunidad a que se integre la relación procesal de modo que exista vinculación entre las partes que intervienen y la pretensión que se les reclama, también debe prevenirse a la parte quejosa mediante notificación personal, precisamente para que manifieste si es su deseo designar como responsable a esa autoridad, para que, de ser el caso, puedan atenderse los motivos de queja que se enderecen en contra de la conducta desplegada por ésta última. Resulta aplicable a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 112/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 93, tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Luego, si a pesar de haber sido requerida la solicitante del amparo para que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda de garantías, respecto de una autoridad cuya participación se advirtió en la propia demanda, o con motivo de los informes justificados rendidos por las responsables, y no lo hizo así, entonces debe sobreseerse el juicio por actualizarse la causal de improcedencia invocada, que como se dijo, deriva de la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto de una autoridad que no forma parte de la relación procesal derivada del juicio de garantías instaurado, de ahí que no pueda vinculársele con motivo de la decisión judicial. Sirve de apoyo por aplicación analógica la tesis aislada 2a. CLXIV/98, que integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada por analogía, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Ahora bien, de las constancias de autos se advierte lo siguiente: 1. Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, toda vez que de las documentales que acompañó a su informe justificado rendido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, se advirtió que la orden de demolición reclamada fue emitida mediante resolución de trece de enero de dos mil dieciséis, dentro del procedimiento 153/2014, por el Cabildo en pleno del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, conformado por el Presidente, Primer Síndico, Segundo Síndico, Regidores y Secretario General, todos del citado Ayuntamiento, este Juzgado Federal requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifestara si era su voluntad señalarla como autoridad responsable, apercibido que de no hacerlo se continuaría el presente juicio sin darle intervención a la misma (foja 154); lo que se notificó personalmente a la parte quejosa el veinte de octubre siguiente, como se aprecia de la constancia respectiva (foja 157). 2. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en razón de que la parte quejosa no desahogó la citada prevención pese a estar notificada para ello, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó continuar con la substanciación del presente juicio únicamente respecto de las autoridades responsables designadas en el escrito inicial de demanda, en otras palabras sin tener como autoridad responsable a la antedicha. En tal virtud, si la parte quejosa reclama por esta instancia la referida orden de demolición y su ejecución emitidos en el procedimiento administrativo número 153/2014, el cual fue emitido por el Cabildo en pleno del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, conformado por el Presidente, Primer Síndico, Segundo Síndico, Regidores y Secretario General, todos del citado Ayuntamiento, y la referida autoridad no fue señalada como responsable, a pesar de que sobre el particular fue requerida expresamente a la parte quejosa, es evidente que no se está en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, toda vez que no es dable jurídicamente examinarlo porque equivaldría a decidir la controversia sin oír a la aludida autoridad. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas a pie de página en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E UNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 667/2017, promovido por Jonatan y Francisco Javier ambos de apellido Bautista Ríos, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, en términos de lo establecido en el último considerando de este fallo. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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