Jonas Micheall Stone

Expediente 1253/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1253/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Jonas Micheall Stone

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que el cuatro del mes y año en curso, quedó sin materia el conflicto competencial 10/2018, por los motivos expuestos; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada mediante oficio 5878/2018, por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.aec

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta que autoriza y da fe.MCEC

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, que en lo conducente establece: Cuernavaca Morelos diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el término de tres días, concedido mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 100 a 101), a la promovente Margarita Valverde Torres, para que manifieste si tiene conocimiento de que el directo quejoso JONAS MICHEALL STONE, se encuentra privado de la libertad en algún otro lugar, o bien, si fue puesto en libertad, sin que diera cumplimiento a lo anterior. En consecuencia, con fundamento en el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Margarita Valverde Torres, en favor de JONAS MICHEALL STONE, pues no existe instancia de parte agraviada. Ello es así, en virtud de que en el precepto constitucional citado en segundo término, así como en los diversos numerales 5, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución o los Tratados Internacionales, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho juicio, ni que se restablezca el orden constitucional, que deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos humanos del quejoso; pues no debe soslayarse, que sólo aquel gobernado a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, tiene la facultad de instar el juicio de amparo y de presentar escritos en la tramitación del mismo. Por los principios jurídicos que en ella rigen, se cita la tesis con registro 232899, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, Volumen 76, Primera Parte, página 45, con el rubro: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO.". Conforme a dicho principio, para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el acto de autoridad -norma, acto u omisión- que se reclame efectivamente ocasione un agravio o afectación real y actual que afecte la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por agravio, para efectos del juicio de amparo la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses, tomándose la palabra "perjuicio", no en los términos de la ley civil, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Además, el agravio, para poder ser considerado como causa generadora del juicio de amparo, debe revestir dos características más, ser personal y directo; se entiende que el agravio es personal, cuando se concreta y recae en una persona determinada, ya sea física o moral, que se identifica como el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, de manera que sea ésta la que instaure la demanda de amparo. Así, los daños o perjuicios que no afecten a alguna persona en concreto no pueden dar lugar a un agravio que haga procedente el juicio de amparo. Por su parte, el atributo de directo se determina en atención al tiempo, de modo que para que el agravio pueda ser considerado como tal, y así hacer procedente el amparo, debe ser pasado, presente o futuro inminente, en otras palabras debe ser real y actual. Lo antes expuesto, guarda relación con lo dispuesto por el numeral 63, fracción I de la ley de la materia, que establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo, procede entre otros casos, cuando el quejoso desista de la demanda, lo que pone de manifiesto la trascendencia de la voluntad del impetrante para proseguir con la tramitación de esta instancia constitucional. En el caso, se allegaron al sumario datos que permiten afirmar que no existe voluntad del directamente afectado para intentar el presente juicio, lo que contraviene el principio de instancia de parte agraviada del que todo juicio de amparo debe revestir; para corroborar lo anterior, resulta oportuno destacar las actuaciones que integran el presente expediente. Así, mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado en esa data a este órgano de control constitucional, Margarita Valverde Torres, presentó demanda de amparo en representación del ciudadano inglés JONAS MICHEALL STONE, en la que señaló como acto reclamado la privación ilegal de la libertad del prenombrado, así como la incomunicación, la tortura física y psicológica de la que adujo fue objeto el directo quejoso por parte de los agentes y/o elementos de la Estación Migratoria "Las Agujas", ubicada en la Ciudad de México, dependiente del Instituto Nacional de Migración. De los hechos que constituyeron los antecedentes de los actos reclamados, relatados por la promovente bajo protestad de decir verdad, se advierte que indicó que a mediados del año dos mil diecisiete, conoció a JONAS MICHEALL STONE, a través de la red social denominada "Facebook", entablando una amistad "electrónica"; que con motivo de ello, el prenombrado le hizo saber su intención de viajar a nuestro país, comunicándole que llegaría el dos de julio del presente año, de la ciudad de Londres al Aeropuerto de Chihuahua; que llegada esa fecha, no tuvo noticias del citado extranjero, hasta el cuatro de julio siguiente, en que recibió una llamada telefónica por parte de un supuesto agente "aduanero", quien le indicó que el prenombrado se encontraba "detenido" en la garita del Estado de Chihuahua y que necesitaba que la ocursante realizara un "depósito" de doscientos dólares, para que aquel pudiera llegar a la Ciudad de México, por lo que realizó la transferencia solicitada al número de cuenta que le proporcionaron. Agregó que recibió llamadas similares el veinte y veintiocho de julio del presente año, en las que nuevamente le solicitaron depositara numerario con el fin de poner en libertad al quejoso, por lo que ante el temor de que pudieran causarle algún daño, efectuó los depósitos requeridos; enterándose que el citado extranjero, se encontraba "ingresado" en la Estación Migratoria conocida como "Las Agujas", en la Ciudad de México; motivo por el cual, la ocursante afirmó que el dos de agosto del año en curso, se constituyó en dicha dependencia, entrevistándose con un agente migratorio a quien cuestionó respecto de la situación de JONAS MICHEALL STONE, indicándole que no le podían proporcionar información, pero que su amigo inglés iba a estar incomunicado y que ellos se encontraban interrogándolo. Para corroborar lo narrado, la ocursante agregó a la demanda de amparo, copias simples de lo que adujo se trata de los originales de los comprobantes del envío de dinero que depositó a las cuentas que le indicaron (fojas 02 a 08). En virtud de lo anterior y atendiendo a la naturaleza de los hechos narrados, mediante auto de siete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 10 a 14), se decretó la suspensión de oficio y de plano, para que cesaran de inmediato los actos reclamados, consistentes en la tortura física y psicológica, y en su caso la incomunicación, así como cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 del Pacto Federal; requiriendo a las autoridades responsables informaran dentro del plazo de veinticuatro horas el acatamiento de la citada medida suspensional. Por tal motivo, se giró vía electrónica el exhorto 525/2018-II-E, de nuestro índice al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de esta potestad judicial, comisionara al actuario de su adscripción para constituirse en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración "Las Agujas", buscara al directo quejoso y lo requiriera para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su favor, con el apercibimiento legal a que alude el arábigo 15 de la ley de la materia. Dicha comunicación oficial, se turnó al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien ordenó su diligenciación mediante proveído de siete de agosto del año en curso (fojas 24 a 33); por lo que la fedataria comisionada, hizo constar que el ocho de agosto siguiente, se constituyó en la estación migratoria en mérito, siendo atendida por el Agente Federal de Migración Jorge Moisés Hernández Martínez, sin que lograra encontrar al buscado, por lo que luego de que el citado funcionario realizara la revisión de la base de datos de dicha dependencia, a efecto de verificar si el quejoso anteriormente estuvo detenido en ese lugar, no encontró dato alguno con el nombre de JONAS MICHEALL STONE (foja 31). Mediante auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 40 y 41), se recibió parcialmente diligenciado el exhorto en mérito, por lo que se requirió a la promovente a fin de que manifestara si tiene conocimiento si el directo quejoso se encontraba en otro lugar privado de la libertad o bien si había sido liberado; sin que la referida ocursante, cumpliera con el requerimiento formulado. Razón por la cual, al no tener conocimiento del paradero del directo quejoso, y atendiendo a que el suscrito juzgador debe dictar todas las medidas necesarias para lograr su comparecencia, como lo dispone el arábigo 15 de la Ley de Amparo, el diez de agosto del año en curso, se requirió al Procurador General de la República, así como al Director de Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, para que informaran si dentro de sus registros se advierte que el ciudadano inglés JONAS MICHEALL STONE, ingresó a nuestro país y de ser así, informen si tienen conocimiento de que se encuentra en alguna dependencia bajo su mando (foja 47). Por ende, mediante oficios recibidos el quince y veinte de agosto del año en curso, respectivamente, las autoridades requeridas informaron que en las unidades y áreas a su cargo, no se localizaron registros o antecedentes del directo quejoso; destacando que la dependencia citada en último término, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, precisó que realizó la consulta en las áreas del citado órgano administrativo, encargadas de administrar los ingresos de extranjeros al país, no encontrando dato de la persona buscada (fojas 88 a 89 y 97). Lo anterior debe adminicularse, con el contenido del oficio 2228/2018, de ocho de agosto de dos mil dieciocho, signado por el Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México (nombre correcto de dependencia que se denominó como "Las Agujas", en la que se adujo se encontraba detenido el directo quejoso) con el que rindió el informe respecto de la suspensión de plano, señalando que después de realizar una búsqueda en la base de datos de dicha unidad administrativa, no se encontraron registros coincidentes a nombre de JONAS MICHEALL STONE (foja 55). Ahora bien, atendiendo a los hechos narrados por la compareciente Margarita Valverde Torres, relativos al supuesto ingreso al país del ciudadano inglés JONAS MICHEALL STONE, y su detención por autoridades migratorias, confrontados con la documentación proporcionada por la Procuraduría General de la República y el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, en las que se comunicó que no se localizó dato respecto de la persona buscada; se llega a la conclusión de que no existe constancia fehaciente que acredite la existencia del directo quejoso. Esta conclusión tiene sustento en los datos proporcionados por las autoridades migratorias encargadas del ingreso, salida, permanencia y tránsito de los extranjeros en nuestro país, quienes informaron a esta potestad judicial que de la consulta realizada en las áreas encargadas de administrar dicha información, no se encontró registro de JONAS MICHEALL STONE; lo anterior adquiere especial relevancia, pues los artículos 37 y 46 de la Ley de Migración, disponen que para internarse en el país los extranjeros deberán presentarse en el filtro de revisión migratoria del Instituto Nacional de Migración con los documentos correspondientes, además que las empresas aéreas y marítimas, así como las aeronaves y los barcos de carácter privado que efectúen el transporte internacional de pasajeros deberán transmitir electrónicamente al citado Instituto, la información relativa a los pasajeros, tripulación y medios de transporte que entren o salgan del país; de ahí que resulte improbable que el directo quejoso haya ingresado al país, atendiendo a lo expuesto por la promovente, pues adujo que éste arribaría a México por la vía aérea, a través el Estado de Chihuahua. No se soslaya que Margarita Valverde Torres, adjuntó a la demanda de amparo lo que adujo se trata de los comprobantes originales del envío de dinero que depositó a diversas cuentas, conforme a los hechos narrados; sin embargo, tales documentos adolecen de eficacia demostrativa, pues se trata de copias simples, que si bien corresponden a recibos aparentemente expedidos por las compañías de envío de dinero Money Gram y Western Union, lo cierto es que reflejan la remisión de numerario de nuestro país hacia los Estados Unidos de América, respecto de personas no especificadas por la promovente; máxime que no se advierten las fechas en que se efectuaron estas transacciones; por ende, resultan insuficientes para respaldar lo expuesto por Margarita Valverde Torres, o bien para corroborar la existencia de JONAS MICHEALL STONE. Por tal motivo, es dable afirmar que no existe instancia de parte agraviada, al margen que el presente juicio se promovió con base en lo dispuesto por el numeral 15 de la ley de la materia, que permite que la demanda de amparo, sea presentada por cualquier persona a nombre del directo quejoso, cuando éste se encuentre imposibilitado para hacerlo y se trate de los actos graves estrictamente descritos en el aludido precepto legal, en el caso se accionó por un supuesto no probado, sin prejuzgar lo narrado por Margarita Valverde Torres, pues lo cierto es que no se probó la existencia del directo quejoso, mucho menos el elemento detonador de los actos reclamados, que fue el ingreso del aludido ciudadano inglés a nuestro país. Por tanto, con fundamento en el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, ambos de la Ley de Amparo, ante la ausencia de voluntad para instar la acción constitucional de amparo, lo procedente es, como ya se apuntó, tener por no presentada la demanda presentada por Margarita Valverde Torres; por ello, se dejan sin efectos todas y cada una de las medidas decretadas en auto de siete de agosto de dos mil dieciocho; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director de la Estación Migratoria del Instituto de Migración de la Delegación Federal en la Ciudad de México, mediante el cual en relación al auto de siete y trece ambos del mes y año en curso, hace del conocimiento que la autoridad denominada como Agentes y/o elementos de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración "Las Agujas"; no existe; en relatadas consideraciones se tiene por inexistente en el presente juicio a la citada autoridad, por tanto, se ordena suspender toda comunicación con ella, lo que se asienta para los efectos legales a los que haya lugar. Finalmente, en relación al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones este Juzgado Federal no realiza mayor pronunciamiento, lo anterior, en razón de que mediante auto de trece de agosto del año en curso, se proveyó lo conducente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.

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