Jonás Campos Aguirre

Expediente 344/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
344/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Jonás Campos Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiséis de abril del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte promovente *** y sus autorizados, por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de amparo 344/2021, que dice: Recepción de juicio de amparo. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por Jonás Campos Aguirre, contra actos del Consejo de Honor de la Unidad Militar Décimo Cuarto Regimiento de Caballería Motorizada dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 344/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.1 De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.2 Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló en esencia como acto reclamado: La citación para que comparezca ante el Consejo de Honor de la Unidad Militar Décimo Cuarto Regimiento de Caballería Motorizada dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en MMúzquiz, Coahuila de Zaragoza, a las quince horas del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, a fin de que se dictamine la conducta que presentó del uno de enero al cinco de abril de dos mil veintiuno, efectuada a través del oficio 5109 de cinco de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior, permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.3 El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que interpretado a contrario sensu, importa que si el acto reclamado no es de aquéllos cuyos efectos sean de ejecución irreparable, el juicio de amparo biinstancial es improcedente. Es importante establecer que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutelan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Ahora bien, se reitera que el acto reclamado se hace consistir en la citación para que comparezca ante el Consejo de Honor de la Unidad Militar Décimo Cuarto Regimiento de Caballería Motorizada dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, a las quince horas del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, a fin de que se dictamine la conducta que presentó del uno de enero al cinco de abril de dos mil veintiuno, efectuada a través del oficio 5109 de cinco de abril de dos mil veintiuno. De lo anterior, se tiene que el acto impugnado representa un aviso de que el aquí quejoso debe comparecer ante el Consejo de Honor Militar del Cuartel de su adscripción para revisar su conducta en el periodo mencionado en el párrafo precedente. En consecuencia, de modo alguno, constituye una resolución definitiva, pues lo será aquella que asuma el Consejo de Honor luego de que revise el motivo que dio origen a la respectiva audiencia y, para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, dicho acto debe estudiarse como parte integrante de aquella decisión. Por otra parte, se considera que tal acto tampoco afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo como propiedades, posesiones o derechos de la parte quejosa, pues tiene como finalidad sujetar al impetrante del amparo a un procedimiento administrativo, dándole la oportunidad de comparecer, a efecto de que asuma la postura que a su interés legal convenga y en su caso ofrezca pruebas que estime idóneas para acreditar su pretensión y desvirtuar la conducta atribuida. Ello, sin que sea condición que la resolución que se emita sea contraria a sus intereses, pues no obstante que, de conformidad con lo previsto en los artículos 364 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 65 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército y Armada Nacionales, entre las facultades del Consejo de Honor se encuentra la de determinar una posible mala conducta de los elementos castrenses, cierto es que existe la posibilidad de que pueda obtener una decisión favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Además, con independencia de la determinación que emita el respectivo Consejo, en la especie, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 172/2019 (10a.) 6, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual prevé que, en caso de que pudiera resolverse la baja del quejoso como miembro de la milicia, de demostrarse ilegalidad del procedimiento en instancia judicial y se conceda la protección constitucional, no le es aplicable la prohibición para ser reinstalado, en términos del precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden, la citación a la audiencia del Consejo de Honor, no podría ser sujeta a escrutinio judicial por la vía de amparo, al considerarse intraprocesal, pues será hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento, en el que los agravios que genere, podrán reclamarse en conjunto como violación procesal. Lo anterior, guarda congruencia con el numeral 1707 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea de México, que dispone que la baja definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea procede por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional. Finalmente, si bien el promovente del amparo, por virtud del acto en estudio, debe comparecer ante el Consejo de Honor Militar del Cuartel de su adscripción, ello tampoco puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca proteger su garantía de audiencia a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa, más no privarlo de la libertad; es decir, la citación reclamada no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad. En tal virtud, el acto impugnado no constituye una resolución definitiva y tampoco de afectación de imposible reparación, por lo que no es susceptible de impugnación a través del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 43/20068 que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Caléndula, número 1130, fraccionamiento Los Laureles, en esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Marco Antonio Miranda Rivero y Jorge Candelario Carrillo Cu, por tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Lo anterior, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

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