Johnny Ramírez Gómez
Expediente 556/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Johnny Ramírez Gómez
- Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
En la ciudad de León, Guanajuato, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, María Milagros Quiroz Mendoza, secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, hago constar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo el expediente electrónico coincide con las constancias integradas en el impreso. Por tal motivo, con esta fecha se envía al archivo definitivo, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.María Milagros Quiroz MendozaLa secretaria.Firmado electrónicamente
- Principal
Cúmplase.
- Principal
León, Guanajuato, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable con las cuales pretende acreditar la observancia del fallo protector, sin que realizaran manifestación; en consecuencia, se analizará de oficio si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: Antecedentes. En sentencia de ocho de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los siguientes términos: "OCTAVO. Efecto del amparo. En consecuencia, se impone conceder el amparo y la protección constitucional solicitados, para el efecto de que la Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América: 1. Deje sin efectos el oficio LAN2629, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno. 2. Desaplique a la quejosa en el presente y en el futuro, los artículos 134, 135, fracción II, 137 y 138 del Código Civil Federal, que contemplan, fundamentalmente, la obligación de que la peticionaria debe substanciar un procedimiento para la adecuación de su nombre a la realidad social, ante la sede judicial, lo que trae aparejado su deber jurídico de tramitar y resolver el procedimiento formal y materialmente administrativo, respecto a la solicitud que elevó la promovente del amparo, para obtener la modificación de su acta de nacimiento, a fin de que adecue su nombre y sexo, sin alterar los datos de filiación y parentesco. 3. Lo anterior, se traduce en que, una vez que se concluya el procedimiento administrativo para la adecuación de la identidad de género autopercibida, deberá expedir una nueva acta de nacimiento que refleje los cambios pertinentes, pero sin evidenciar la identidad anterior; y, por cuanto hace al acta de nacimiento primigenia ésta debe quedar reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial. Finalmente, atendiendo a los efectos de la protección constitucional concedida respecto de los numerales reclamados, resulta necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica que las diversas autoridades responsables Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Presidente de la República, se pronuncien sobre la anulación de las normas combatidas; por tanto, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, atento a que ello corresponde exclusivamente a la Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." "LEYES. EFECTOS DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO Y EN EL INDIRECTO. En el amparo directo, el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la ley controvertida trae como consecuencia que se deje insubsistente la sentencia que se funda en ella y se emita otra en la cual no se aplique el precepto legal considerado inconstitucional, y si su aplicación se realizó en el acto originalmente impugnado ante la autoridad que emitió la sentencia, el efecto será dejar insubsistente ese acto, para que se emita uno nuevo apegado a lo sostenido en la ejecutoria de amparo. En cambio, la declaración de inconstitucionalidad de una ley en el amparo indirecto tiene como efecto dejar insubsistente el acto de aplicación y que en el futuro no se pueda volver a aplicar al peticionario de garantías hasta que se reforme."" En auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento. A fin de dar acreditar el cumplimiento al fallo protector, el director Jurídico de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en representación del Secretario de Relaciones Exteriores y del Cónsul General de México en los Ángeles, California, Estados Unidos de América, remitió copia de las siguientes constancias: Resolución de diez de febrero de dos mil veintidós, emitida por la Cónsul General de México, en los Ángeles, California, mediante la cual determinó: "(.) Es decir, a la luz de los criterios sostenidos por la SCJN y la CIDH, sería contrario a la CPEUM y los tratados internacionales suscritos por México remitir a las personas trans mexicana que se encuentran en el exterior a un proceso judicial para la obtención (sic) una nueva acta de nacimiento ya que ello representaría una carga indebida e innecesaria. Así, en aplicación directa de los principios constitucionales que protegen la identidad, la igualdad ante la ley, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al nombre y a la seguridad jurídica y a partir de una labor de interpretación e integración normativa de los mismos se emite el presente acto administrativo cuyo objeto es cumplir con los estándares de privacidad, sencillez, expeditez y adecuado reconocimiento de la identidad de género de la persona solicitante. A la luz de los anteriores razonamientos y con fundamento en el "Instructivo para la expedición de actas de nacimiento para reconocimiento de identidad de género en las oficinas consulares de México en el exterior" expedido por la Dirección General de Servicios Consulares con fecha 18 de enero de 2022 se emite el acta de nacimiento cuyos datos quedaron asentados en el primer párrafo del presente documento. En este mismo acto se hace del conocimiento de la persona interesada que los derechos y obligaciones contraídos con anterioridad a la expedición a su nueva acta por reconocimiento de identidad de género no se modifican o se extinguen con el levantamiento de nueva acta; incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados y que su levantamiento es oponible ante terceros de conformidad con el artículo 50 del Código Civil Federal. (.)" Acta de nacimiento folio A 321017080 expedida a nombre de Lorena Rodríguez Gómez. Con lo anterior se dio vista a las partes. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento al fallo protector, en tanto que cumplió con los extremos señalados en este, pues al efecto: Deje sin efectos el oficio LAN2629, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Desaplicó a la quejosa en el presente los artículos 134, 135, fracción II, 137 y 138 del Código Civil Federal. Declaró procedente la solicitud de la quejosa respecto de la modificación de su acta de nacimiento, a fin de que adecue su nombre y sexo, sin alterar los datos de filiación y parentesco. Emitió una nueva acta de nacimiento con los cambios pertinentes, pero sin evidenciar la identidad anterior. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 18, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa, por lo que se le requiere a la parte quejosa para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la PARTE QUEJOSA, el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, que en resumen dice: León, Guanajuato, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable con las cuales pretende acreditar la observancia del fallo protector, sin que realizaran manifestación; en consecuencia, se analizará de oficio si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: Antecedentes. En sentencia de ocho de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los siguientes términos: "OCTAVO. Efecto del amparo. En consecuencia, se impone conceder el amparo y la protección constitucional solicitados, para el efecto de que la Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América: 1. Deje sin efectos el oficio LAN2629, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno. 2. Desaplique a la quejosa en el presente y en el futuro, los artículos 134, 135, fracción II, 137 y 138 del Código Civil Federal, que contemplan, fundamentalmente, la obligación de que la peticionaria debe substanciar un procedimiento para la adecuación de su nombre a la realidad social, ante la sede judicial, lo que trae aparejado su deber jurídico de tramitar y resolver el procedimiento formal y materialmente administrativo, respecto a la solicitud que elevó la promovente del amparo, para obtener la modificación de su acta de nacimiento, a fin de que adecue su nombre y sexo, sin alterar los datos de filiación y parentesco. 3. Lo anterior, se traduce en que, una vez que se concluya el procedimiento administrativo para la adecuación de la identidad de género autopercibida, deberá expedir una nueva acta de nacimiento que refleje los cambios pertinentes, pero sin evidenciar la identidad anterior; y, por cuanto hace al acta de nacimiento primigenia ésta debe quedar reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial. Finalmente, atendiendo a los efectos de la protección constitucional concedida respecto de los numerales reclamados, resulta necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica que las diversas autoridades responsables Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Presidente de la República, se pronuncien sobre la anulación de las normas combatidas; por tanto, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, atento a que ello corresponde exclusivamente a la Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." "LEYES. EFECTOS DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO Y EN EL INDIRECTO. En el amparo directo, el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la ley controvertida trae como consecuencia que se deje insubsistente la sentencia que se funda en ella y se emita otra en la cual no se aplique el precepto legal considerado inconstitucional, y si su aplicación se realizó en el acto originalmente impugnado ante la autoridad que emitió la sentencia, el efecto será dejar insubsistente ese acto, para que se emita uno nuevo apegado a lo sostenido en la ejecutoria de amparo. En cambio, la declaración de inconstitucionalidad de una ley en el amparo indirecto tiene como efecto dejar insubsistente el acto de aplicación y que en el futuro no se pueda volver a aplicar al peticionario de garantías hasta que se reforme."" En auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento. A fin de dar acreditar el cumplimiento al fallo protector, el director Jurídico de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en representación del Secretario de Relaciones Exteriores y del Cónsul General de México en los Ángeles, California, Estados Unidos de América, remitió copia de las siguientes constancias: Resolución de diez de febrero de dos mil veintidós, emitida por la Cónsul General de México, en los Ángeles, California, mediante la cual determinó: "(.) Es decir, a la luz de los criterios sostenidos por la SCJN y la CIDH, sería contrario a la CPEUM y los tratados internacionales suscritos por México remitir a las personas trans mexicana que se encuentran en el exterior a un proceso judicial para la obtención (sic) una nueva acta de nacimiento ya que ello representaría una carga indebida e innecesaria. Así, en aplicación directa de los principios constitucionales que protegen la identidad, la igualdad ante la ley, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al nombre y a la seguridad jurídica y a partir de una labor de interpretación e integración normativa de los mismos se emite el presente acto administrativo cuyo objeto es cumplir con los estándares de privacidad, sencillez, expeditez y adecuado reconocimiento de la identidad de género de la persona solicitante. A la luz de los anteriores razonamientos y con fundamento en el "Instructivo para la expedición de actas de nacimiento para reconocimiento de identidad de género en las oficinas consulares de México en el exterior" expedido por la Dirección General de Servicios Consulares con fecha 18 de enero de 2022 se emite el acta de nacimiento cuyos datos quedaron asentados en el primer párrafo del presente documento. En este mismo acto se hace del conocimiento de la persona interesada que los derechos y obligaciones contraídos con anterioridad a la expedición a su nueva acta por reconocimiento de identidad de género no se modifican o se extinguen con el levantamiento de nueva acta; incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados y que su levantamiento es oponible ante terceros de conformidad con el artículo 50 del Código Civil Federal. (.)" Acta de nacimiento folio A 321017080 expedida a nombre de Lorena Rodríguez Gómez. Con lo anterior se dio vista a las partes. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento al fallo protector, en tanto que cumplió con los extremos señalados en este, pues al efecto: Deje sin efectos el oficio LAN2629, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Desaplicó a la quejosa en el presente los artículos 134, 135, fracción II, 137 y 138 del Código Civil Federal. Declaró procedente la solicitud de la quejosa respecto de la modificación de su acta de nacimiento, a fin de que adecue su nombre y sexo, sin alterar los datos de filiación y parentesco. Emitió una nueva acta de nacimiento con los cambios pertinentes, pero sin evidenciar la identidad anterior. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 18, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa, por lo que se le requiere a la parte quejosa para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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