Johnny Hernández Velasco
Expediente 962/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Johnny Hernández Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la boleta de cuenta, remitida por la Oficina de Correspondencia Común, de la cual se desprende que el recurso de revisión interpuesto en el presente juicio fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, para la sustanciación del medio de impugnación antes referido contra la sentencia definitiva dictada en el juicio citado al rubro; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón circunstanciada asentada por el actuario adscrito, mediante la cual hace constar la imposibilidad que existió para notificar personalmente a la tercera interesada Iveth Reyes Nopaltitla, la sentencia dictada y el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, ello por los motivos que expone; al respecto, con fundamento en lo previsto por el artículo 27, de la Ley de Amparo, la notificación de la sentencia dictada, el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la citada tercera interesada, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA TERCERA INTERESADA IVETH REYES NOPALTITLA, POR MEDIO DE LISTA LAS SIGUIENTES DETERMINACIONES: (RESOLUCION DE 22-JULIO-2022) R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, AT & T COMUNICACIONES DIGITALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE a través de apoderado, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. * Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. * Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. * Actuario adscrito a la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".Se señala como acto reclamado todo lo actuado por las autoridades responsables a partir del ilegal, contrario a derecho y pretendido emplazamiento a juicio, del cual se desconoce la fecha en que supuestamente fue realizado dado que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que nunca he sido legalmente notificado por conducto del C. Actuario adscrito a la hoy autoridad responsable y en consecuencia, igualmente como acto reclamado se señalan todas y cada una de las constancias posteriores al ilegal emplazamiento, como lo son las audiencias del procedimiento incoado en mi contra, acuerdos respectivos, incluso al laudo que en su caso se haya emitido en el mismo por derivarse de un procedimiento al cual no fue debida y legalmente citada a juicio por conducto del funcionario actuario adscrito a la autoridad responsable, en consecuencia al no haberse practicado dicho emplazamiento a juicio, respetando las formalidades establecidas por la ley Federal del Trabajo, tratados internacionales, los principios generales del derecho, leyes que regulen casos similares y la jurisprudencia, todo lo actuado en dicho procedimiento es de naturaleza ilegal y contrario a derecho, siendo de naturaleza trascendente dicha violación tan es así que se dejó a la hoy quejosa en imposibilidad de ser oída y vencida en juicio y en la actualidad supuestamente me encuentro condenado en un procedimiento seguido ante la responsable con el número de juicio 977/2019 promovido por IVETTE REYES NOPALTITLA en contra de mi representada, sin conocer mayor dato de localización del expediente por lo que acudo ante esta H. Organismo Jurisdiccional a solicitar el amparo y protección para que por su conducto se requiera a la responsable que informe sobre la certeza de la existencia del acto reclamado y en su caso remita todas las constancias que constituyan los antecedentes del acto reclamado, para que una vez que me pueda imponer de su conocimiento se me permita ampliar la demanda de amparo contra todos los actos que hoy me resultan desconocidos.". SEGUNDO. El tres de marzo de dos mil veinte, se recibió la demanda y radicó el asunto con el número de expediente 435/2020, por parte del Juzgado Segundo de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México, y se dictó auto aclaratorio, el cual una vez desahogado, admitió, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El once de septiembre de dos mil veinte, fue celebrada la audiencia constitucional, y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo 435/2020, promovido por AT & T COMUNICACIONES DIGITALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos. CUARTO. El veintiséis de octubre de dos mil veinte, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México, dictó acuerdo dentro del juicio de amparo 435/2020, de su índice, por el causó ejecutoria la determinación de incompetencia y por lo tanto ordenó enviar el asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos en turno. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, se recibió oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México, por el que fue remitió los autos del juicio de amparo 435/2020, de su índice, con motivo de la incompetencia planteada en autos, el cual fue turnado al día hábil siguiente. Por auto de seis de noviembre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos los autos del juicio de amparo 435/2020, y esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 959/2020, se avocó al conocimiento del asunto, dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación y ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia. El quince de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, ordenó el emplazamiento del tercero interesado, requirió a la responsable informe justificado y regularizó el juicio, señaló hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. QUINTO. Mediante escrito presentado la quejosa a través de apoderado, formuló ampliación de demanda en contra de los actos del Presidente, Actuario adscrito y la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, precisando como actos reclamados lo siguiente: ".Por lo que hace al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cuernavaca, los actos reclamados consisten en el ilegal citatorio previo documento del cual a la fecha se desconoce la fecha en la que supuestamente se dejó al Quejoso, por conducto de otra persona, la supuesta acta circunstanciada de fecha 16 de agosto de 2019, así como la supuesta diligencia realizada a mi representada en fecha 20 de enero de 2020 y las demás notificaciones hechas ilegalmente dentro del juicio natural que devienen ilegales en virtud de que no fui legalmente emplazada a juicio en el expediente laboral que se identifica bajo el número 977/2019 radicado en la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cuernavaca.". Por auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, esta autoridad, admitió la ampliación de demanda, requirió informe justificado a las autoridades responsables y dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. SEXTO. El veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa a través de apoderado formuló ampliación de demanda contra actos del Presidente, Actuario y Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, señalando como actos reclamados los siguientes: "Por lo que hace al C. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cuernavaca, los actos reclamados consisten en el ilegal citatorio previo al cual supuestamente se realizó el día 15 de agosto de 2019, así como la supuesta cédula de notificación de fecha 16 de agosto de 2019, y la supuesta diligencia de fecha 20 de enero de 2020.". Por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda de mérito, requirió informe justificado a las responsables, se dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama todo lo actuado en el juicio natural 977/2019, índice de la autoridad señalada como responsable, esto a partir del emplazamiento a juicio realizado en dichos autos. Por otro lado, como lo preciso en ampliación de demanda, también reclama la diligencia de veinte de enero de dos mil veinte, dentro de los autos del expediente laboral 977/2019, diligencia en la cual se embargó la cuenta bancaria a nombre de la hoy quejosa. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades señaladas como responsables Presidente, Actuaria y Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les reclama. Además las autoridades señaladas como responsables manifestaron que no es cierto el acto reclamado, toda vez que la hoy quejosa no es parte demandada en el juicio natural, por lo que al no haber sido señalada demandada, en consecuencia no fue emplazada al juicio origen de donde emanan los actos reclamados. Así, dado que la parte quejosa no aportó a este juicio prueba idónea para desvirtuar tal negativa, procede sobreseer en el presente juicio, respecto de las citadas autoridades y de los actos reclamados a aquéllas, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20 (8ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, segunda parte-2, julio-diciembre de 1989, página 627, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 fracción IV del ordenamiento en cita. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Presidente, Actuario y Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, pues así lo manifestaron al rendir informe en el sentido de que el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó auto de ejecución y el veinte de enero de dos mil veinte, la parte que obtuvo en conjunto con la responsable se constituyó en el domicilio de las demandadas y requirieron de pago, sin que se hubiera exhibido la cantidad solicitada, por lo que procedieron a embargar la cuenta bancaria a nombre de la hoy quejosa AT & T COMUNICACIONES DIGITALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE; lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al no existir alguna otra causal invocada por las partes, además de que este juzgado federal no observa la actualización de una hipótesis de inejercibilidad de la acción constitucional, lo que procede es entrar al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En sus conceptos de violación el promovente medularmente argumenta que las autoridades responsables violaron en perjuicio de la sucesión que representa, las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, virtud a que no fue emplazada al juicio natural, por tanto no tuvo conocimiento de procedimiento instaurado, donde se llevó a cabo la diligencia reclamada de embargo de la cuenta bancaria de la hoy quejosa y entregado el numerario al actor aquí tercero interesado en cumplimiento a la determinado por la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, esto sin haber sido oída y vencida en juicio. Lo anterior es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. Para demostrar tal aserto, es necesario partir del derecho de audiencia que garantiza el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "ARTÍCULO 14.- [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la garantía a que alude el artículo en comento, consiste en que nadie podrá ser privado de sus bienes, derechos, posesiones, etcétera, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que deberán cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que satisfagan los requisitos siguientes: a) Notificar al interesado del inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; b) Dar oportunidad al interesado de ofrecer y desahogar pruebas que en su caso justifiquen su defensa; c) Dar ocasión, igualmente, al interesado de formular alegatos; d) Emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoyan lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, Materia Constitucional, Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Asimismo, cabe señalar que cuando se reclama todo lo actuado en un procedimiento por falta de emplazamiento, corresponde a la autoridad responsable acreditar la existencia de tal acto, como ocurre en la especie, pero si lo que se reclama es la ilegalidad del mismo, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, recae en la parte quejosa, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, la falta de llamamiento o su realización inadecuada, contraría las disposiciones legales, toda vez que se imposibilita al afectado por el acto de autoridad a formar parte de la secuela procesal y, por consiguiente, deducir sus derechos dentro del mismo, formular sus alegatos y ser notificados oportunamente de las determinaciones respectivas; de ahí que dicha omisión constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave en toda relación jurídica procesal. De lo anterior es posible afirmar que el carácter de tercero extraño a juicio, tratándose de quienes figuran como partes en el juicio (por equiparación), se actualiza sólo cuando el demandado no es legalmente emplazado, sin embargo, en el presente asunto, se hace la precisión de dicho carácter es liso y llano, dado que no fue demandado en el juicio de origen, y por tanto, como se dijo no fue emplazado al juicio natural, sin embargo, fue afectado con la diligencia de embargo reclamada que culminó con el embargo de su cuenta bancaria y la entrega del numerario embargado en dicha cuenta en favor del actor hoy tercero interesado. Ahora bien, se recuerda que los actos reclamados en este juicio quedaron fijados como la diligencia de embargo de veinte de enero de dos mil veinte, dentro de los autos del natural 977/2019, respecto de la cuenta bancaria propiedad de la hoy quejosa, así como la entrega del numerario a la parte hoy tercero interesada y actora en el juicio natural de donde emanan los actos reclamados. En esta medida, si el veinte de enero de dos mil veinte, en la diligencia de requerimiento, pago y embargo, la Actuaria adscrita a la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, procedió a entender con el empleado de la sucursal bancaria "Santander", y ante la negativa de pago se embargó la cuenta bancaria 65501318138, la cual estaba a nombre de la hoy quejosa AT & T COMUNICACIONES DIGITALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, del banco Santander México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, se estima que dicho requerimiento fue efectuado de manera ilegal, dado que la parte hoy quejosa no había sido llamado a juicio, en razón de que como se advierte de autos, no fue demandado en el juicio de origen y por tanto, no llamado a juicio para defender sus intereses. Así las cosas, al encontrarse evidenciado que la persona moral hoy quejosa AT & T COMUNICACIONES DIGITALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, no fue legalmente llamado al procedimiento natural, lo que se impone es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Presidente y Actuario adscrito, con sede en esta ciudad, realicen lo siguiente: ° Deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de ejecución en el juicio laboral 977/2019, incluyendo el embargo trabado sobre la cuenta bancaria de la hoy quejosa y sus consecuencias. Lo anterior acorde al contenido de la tesis VII.2o.C.36 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, página 2244, Materia Común, Décima Época, bajo el siguiente rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER. En la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio que se ha considerado conveniente clasificar con el fin de establecer, del modo más preciso posible, cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis. Así, se tiene: I. Al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajeno a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. De resultar en el amparo que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, conforme al principio establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación el efecto natural de la salvaguarda constitucional solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que, involucrados en el litigio al que es ajeno, le fueron afectados; esto es, se le restituirá, por ejemplo, en el disfrute de su derecho de propiedad sobre un bien que ha sido embargado en un juicio en que no es parte; al no ser partícipe de esa relación procesal, es claro que no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión del amparo no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que se es extraño, en mérito a que al acudir al juicio de garantías la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; no le interesa una declaratoria de nulidad total del juicio porque, se reitera, es ajeno a la relación jurídica en él ventilada. II. El tercero extraño por equiparación que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. En este supuesto el efecto de una sentencia protectora se traducirá simplemente en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores; en materia civil, a partir de ese momento de restitución, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que la rige, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. Virtud a lo anterior, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos apuntados; b) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídica para ponerla en aptitud de defender sus derechos. En esta hipótesis, el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance no ordenar la reposición del procedimiento a fin de que dicha persona que no fue señalada en la demanda natural, sea emplazada junto con los demás litisconsortes; sino que, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 1a./J. 79/2001 "...los alcances de la protección deberán ser para que se revoque la sentencia reclamada y se dejen a salvo los derechos de las partes...", en mérito a que "...admitir otra postura, esto es, que se reponga el procedimiento, sería tanto como darle poderes al Juez para que supla la demanda del actor, señalando a demandados que no fueron mencionados en la demanda, y es al actor a quien corresponde redactar otra demanda en la que cite a todos los demandados, no al Juez hacerlo de oficio.". Por otro lado, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio; caso en que al igual que el tercero extraño equiparado simple al que se hizo referencia, por virtud del principio de derecho rogado rector de la materia civil, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, tal como lo sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 9/96, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.". Así, los diferentes supuestos de persona extraña a juicio que se presentan en el amparo permiten afirmar que el efecto del fallo protector no puede ser el mismo en todos ellos; los alcances que deban asignarse a la protección constitucional dependerán de la ubicación del caso en específico dentro de la categorización enunciada.". Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en los autos del juicio de origen 977/2019, índice de la autoridad señalada como responsable el siete de febrero de dos mil veinte, ordenó el archivo del expediente al haberlo solicitado la parte actora ante la recepción del cheque relativo, emanada de la cuenta bancaria embargada a la hoy quejosa AT & T COMUNICACIONES DIGITALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, lo anterior, en razón de que el referido auto de archivo, no es un acto consumado de modo irreparable, dados los efectos retroactivos del juicio de amparo, lo que encuentra apoyo en la tesis I.6o.T.488 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 2061, Materia Común, Laboral, Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. NO LO CONSTITUYE EL AUTO QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO COMO CONCLUIDO A CONSECUENCIA DE LA ENTREGA DEL DEMANDADO DE UN CHEQUE DERIVADO DEL EMBARGO DE UNA CUENTA BANCARIA, DECRETADO EN EJECUCIÓN DEL LAUDO, SI EL ACTO RECLAMADO ES SU ILEGAL EMPLAZAMIENTO A JUICIO. El auto que ordena el archivo del asunto como concluido por haber entregado el demandado al actor un cheque a consecuencia del embargo de una cuenta bancaria, decretado en ejecución de un laudo, no constituye un acto consumado de modo irreparable, que impida la procedencia del amparo indirecto, toda vez que en ese supuesto aún es posible reestablecer las cosas al estado que se encontraban antes de la emisión de dicho auto, esto, con la devolución o reintegración de los recursos entregados al actor, dado los efectos retroactivos del juicio de garantías regulados en el artículo 80 de la Ley de Amparo, que establece que los fallos protectores tienen por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, aunado a que no puede producir efectos legales la ejecución de un laudo dictado en contravención a la Constitución, cuando el acto reclamado, de forma fundamental, lo es el ilegal emplazamiento, ya que en este supuesto, la parte demandada argumenta que no tuvo conocimiento del procedimiento instaurado en su contra, aduciendo que no fue oída ni vencida en juicio, lo que hace patente que no tuvo posibilidad de intentar los recursos ordinarios previstos en la ley contra el o los actos reclamados, para que de esa forma, sí se pudiera considerar que los actos impugnados quedaran consumados por ser consentidos.". Ante la conclusión alcanzada se estima innecesario atender el resto de los conceptos de violación hechos valer, en la medida de que a nada práctico conllevaría su estudio al no cambiar el sentido de la presente resolución conforme al tópico que aquí se trató. Por lo expuesto y con fundamento legal, además en los artículos 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, en términos del considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a AT & T COMUNICACIONES DIGITALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en relación con los actos atribuidos a las autoridades responsables que quedaron precisadas, por los motivos expuestos y para los efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintidós de julio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe. (ACUERDO DE 29-SEPTIEMBRE-2022) Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que a la fecha no se cuenta con la notificación a la parte tercera interesada de la sentencia dictada; por tal motivo, de conformidad con el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de que el actuario adscrito realice la formalidad encomendada en la sentencia dictada el veintidós de julio de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, donde se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, fijándose para su celebración las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós Agréguense a los autos los oficios signados por la Síndica Procuradora y representante legal y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento Taxco de Alarcón, Guerrero, autoridades responsables en el presente juicio, mediante los cuales informan sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes, reservándose acordar al respecto, hasta en tanto cause estado la sentencia dictada en los presentes autos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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