John William Cazara Luna
Expediente 978/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- John William Cazara Luna
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el tres de enero de dos mil veintidós, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Por otra parte, ya que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar; que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente; asimismo, de que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; por tanto se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible. IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY. En la inteligencia de que, atendiendo a la carga de trabajo con que se cuenta dentro de este órgano jurisdiccional, la carencia de personal de manera presencial dentro de éste, aún más reducida por el periodo vacacional de que disfruta parte de personal que integra este juzgado, y el limitado tiempo que se puede permanecer en el mismo, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 9/2021 y 20/2021, del propio Pleno, el envío de oficios a las autoridades para su debida notificación del presente auto, así como de los subsecuentes en que sea necesaria la expedición de oficios, se deberá realizar conforme las cargas de trabajo de este juzgado lo permitan, lo anterior con apoyo en la circular 1/2022, firmada por el licenciado Arturo Guerrero Zazueta, Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el trece de enero de dos mil veintidós.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, tres de enero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por John William Cazara Luna y Jorge Luis Rivera Cuevas, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la secretaria encargada del despacho acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 978/2021-IV y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De las autoridades ordenadoras: La ilegal resolución que ordena el traslado de los quejosos a un distinto centro penitenciario para que enfrenten su proceso penal en lugar distinto al que se encuentran recluidos actualmente. De las autoridades ejecutoras: La ejecución de la ilegal resolución que ordena el traslado de los quejosos a un distinto centro penitenciario para que enfrenten su proceso penal en lugar distinto al que se encuentran recluidos actualmente. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Este juzgado advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto al acto reclamado que se hace consistir en el traslado de los quejosos John William Cazara Luna y Jorge Luis Rivera Cuevas, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas en el que actualmente se encuentran internos, a otra demarcación territorial así como su ejecución, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto al mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, de la novena época, tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así como la tesis II.2°.C.T.19K, visible en la página 618, del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, mayo de 1997, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, con registro 198810, aplicada en términos del sexto transitorio que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, de la Constitución Federal, 61, fracción XVIII y XX, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En un principio, cabe destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De acuerdo con el artículo transcrito, cuando se reclamen actos provenientes de autoridades judiciales, antes de promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley común para revocar, anular o modificar el acto de autoridad. En caso contrario, el juicio de amparo será improcedente, por no cumplirse el principio de definitividad. Esta regla tiene las siguientes excepciones: a) Cuando se trate de actos que impliquen peligro de privación de la vida o ataques contra la libertad personal fuera del procedimiento; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Cuando se trate de una persona extraña al juicio. La razón de este principio es que el juicio de amparo sólo procede contra actos de naturaleza extraordinaria, es decir, cuando se han intentado todos los medios de defensa ordinarios que establece la ley, para no rebasar las competencias de las restantes autoridades y reservar al conocimiento de los Juzgados Federales cuestiones que ya se han definido a través de determinaciones firmes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a este principio, el juicio de amparo no procede contra omisiones inherentes a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, ya que antes de acudir al amparo deben seguir el procedimiento que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante las propias autoridades penitenciarias o los Juzgados de Ejecución. La legislación mencionada establece en sus artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 un procedimiento para que las personas privadas de libertad formulen peticiones administrativas ante las autoridades de su centro de internamiento en contra de actos u omisiones respecto a sus condiciones de internamiento. La ley establece qué personas están legitimadas para su presentación, cómo deben sustanciarse y el plazo para su resolución (cinco días). Si no se emite resolución dentro de este plazo, la persona privada de libertad está legitimada para acudir ante el Juzgado de Ejecución para denunciar esta omisión; asimismo, si se trata de un caso urgente, las personas legitimadas pueden acudir directamente al Juzgado de Ejecución para plantear su petición, caso en el cual se podrá suspender de oficio el hecho u omisión y se determinarán las acciones que debe realizar la autoridad penitenciaria. Además, la ley prevé el procedimiento que debe seguirse ante el Juzgado de Ejecución y dicha resolución, a su vez, es apelable con efecto suspensivo. En el caso los quejosos John William Cazara Luna y Jorge Luis Rivera Cuevas, señalan como acto reclamado la ilegal resolución que ordena el traslado a diverso centro de reclusión al que se encuentran privados de la libertad; de la que, de acuerdo a lo narrado por los quejosos en su demanda de amparo, se enteraron porque en el mismo centro de reclusión a personas que están en la misma situación los han trasladado a otros centros, porque el Gobernador del Estado ha señalado en medios de comunicación que está próximo a realizar traslados de varias personas procesadas y porque han sido informados por custodios de ese centro penitenciario que está próximo su cambio a otros centros. Esto significa que la orden de traslado de la que se duelen se refiere a una de sus condiciones de internamiento. Por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia a que nos hemos referido, ya que la parte quejosa -previamente a acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo- debió agotar primero el mecanismo de control (medio de defensa) que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el acto materia de la presente instancia constitucional, esto es, la orden de traslado, situación que el promovente del amparo omitió realizar. Esto es así, porque en tratándose de la orden de traslado que se atribuye a las autoridades administrativas, debió agotar el recurso que prevé la ley especial, por el que el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, conforme dicha ley especial; ya que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo; sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en los artículos 1, 4, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 49, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, 116, fracción I, 117, fracción III, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129, establecen el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados voluntarios e involuntarios ante el juez de control o ejecución, según corresponda, en tanto que se obtiene: 1) La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en esa ley. 2) El desarrollo de los procedimientos dentro del sistema penitenciario debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. 3) La autoridad penitenciaria tiene como funciones básicas, en lo que interesa, ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado. 4) En sus competencias, el juez de ejecución deberá, en lo que interesa, garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esa ley, además de todas aquellas que establezca la ley. 5) Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando su proceso; asimismo, que las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de su libertad en el centro de reclusión más cercano a su domicilio, sin que sea aplicable en los casos de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas de seguridad especiales. 6) Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operaran cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la federación de acuerdo con el artículo 18, párrafo tercero, de la constitución, casos en los que no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo de dicho precepto legal; de igual forma, al existir interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro penitenciario el juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor y no procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas que estén sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 7) El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o ejecución, en su caso dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, pudiendo solicitar la autoridad penitenciaria el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio, y en el caso de personas sujetas a prisión preventiva el traslado podrá realizarse a petición del ministerio público ante el juez de control. 8) La autoridad penitenciaria como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado el traslado en los casos siguientes: i) en caso de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; ii) en caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, iii) en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, siendo que en todos los supuestos de excepción de traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, para calificar la legalidad de la notificación de traslado y contra la resolución judicial, se podrá interponer el recurso de apelación; en caso de que dentro del plazo establecido la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. 9) Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser concedidas por el juez de ejecución del centro penitenciario de origen o por el juez de ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. 10) Los jueces de ejecución conocerán, entre otras cosas, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. 11) Los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán la acción judicial ante el juez de control o ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cosas, las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o de su ejecución, dentro de los diez días siguientes a la misma, cuando la persona privada de la libertad no haya sido notificada previamente. 12) Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral, que se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales, mientras que la autoridad penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del centro o de la persona que ésta designe, quien podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuencia de un derecho fundamental. 13) En los procedimientos ante el juez de ejecución podrán intervenir como partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia: i) la persona privada de la libertad; ii) el defensor público o privado, iii) el ministerio público; iv) la autoridad penitenciaria, el director del centro o quien lo represente; v) el promovente de la acción o recurso; y, vi) la víctima o su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. 14) La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, pruebas en caso de contar con ellas, solicitud de la suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, a petición de parte o de oficio el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 15) Una vez recibida la solicitud se registrará la causa y se turnará al juez competente, el juez de ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para admitir, prevenir o desechar; en caso de prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud y en caso de no hacerlo se desechara de plano; admitida la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata, sin que pueda exceder el término de veinticuatro horas, en caso de que no se notifique se entenderá que fue admitida la solicitud, pudiéndose acumular en el auto admisorio las solicitudes que tengan un mismo objeto total o parcial y el auto que admite o niegue la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. 16) De ser admitida la solicitud o subsanada la prevención el juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de pruebas que estimen pertinentes, además se requerirá a la autoridad penitenciara, para que dentro del mismo término, rinda el informe que corresponde. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que de no atenderse de inmediato quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional y el juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de la misma a las partes, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, que se realizará al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos deberán indicar el domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 17) Previo a cualquier audiencia el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, esta será presidida por el juez de ejecución y se realizará en términos de ley. 18) La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: i) el juez de ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora señalados, declarará abierta la audiencia y dará una explicación breve del motivo de la misma; ii) el juez de ejecución verificará que las partes conozcan sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario se les hará saber; iii) el juez de ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; iv) las partes discutirán sobre la admisión de los medios de pruebas o apelar su admisión; v) el juez de ejecución admitirá los medios de prueba y procederá a su desahogo; vi) las partes formularán alegatos finales; vii) el juez declarará cerrado el debate; y, viii) emitirá su resolución y la explicará a las partes. 19) El juez de ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, en la cual se deberá pronunciar, incluso de oficio, sobre cualquier derecho fundamental violado. 20) Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. 21) La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme, transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad penitenciaria, el juez de ejecución de oficio, o bien, a petición de parte requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma; cuando la autoridad penitenciara manifieste haber cumplido, el juez notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga al respecto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución el juez de ejecución notificará a la autoridad penitenciaria tal inconformidad en el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre su cumplimiento o no, cuando la autoridad informe que la resolución fue cumplida parcialmente, o que es de imposible cumplimiento, el juez si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la autoridad penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento, de no hacerlo se aplicaran las medidas de apremio que correspondan. Cuando la autoridad penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el juez de ejecución escuchando a las partes fijara un plazo razonable para el cumplimiento. En el caso de que la autoridad penitenciaria no cumpliera dentro del plazo establecido, el juez requerirá su cumplimiento a sus superiores jerárquicos aplicando las medidas de apremio conducentes. Así, es evidente que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el ordinal 117, fracción III, establece que la persona privada de la libertad podrá accionar la controversia judicial respecto a cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados. La anterior determinación es acorde a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de queja 36/2020 derivado de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 837/2019, en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, en la que estudió si era correcto un auto a través del cual se desechó de plano el juicio de amparo promovido contra una orden verbal de traslado atribuido a autoridades penitenciarias, porque no se agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La Corte estimó que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, por lo que sólo debe ocuparse de resoluciones que no admitan medios de defensa que puedan modificarlas, aunque existen excepciones, precisó que la Ley Nacional de Ejecución Penal regula los traslados y prevé diferentes supuestos: voluntarios, involuntarios y urgentes, éstos últimos son los que se pueden ordenar por las autoridades penitenciarias y en contra de éstos procede el recurso de apelación y la controversia judicial; por ende, sí existía un recurso judicial procedente contra el acto reclamado. Así, con base en lo expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. En ese sentido, los quejosos, previo a acudir al amparo, debieron agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, pues al enterarse de la orden de traslado, reclamada tenían la posibilidad de reclamarla ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social o según se trate, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Máxime que debe establecerse que respecto de los actos reclamados no se puede considerar que se actualice alguna de las causas de excepción previstas en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto del acto que los quejosos John William Cazara Luna y Jorge Luis Rivera Cuevas, hacen consistir en la orden de traslado a diverso centro de reclusión al que se encuentran privados de la libertad así como su ejecución, porque al no agotar el medio ordinario de defensa respectivo, se surte la hipótesis legal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Karla Guadalupe Hernández, Luis Carlos Hernández Tinoco y Manuel Leonardo López Contreras. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Montes Urales, número trescientos dieciséis (316), Privada El Vergel, Colinas del Padre, en Zacatecas, Zacatecas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, del propio Pleno.
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