John Vaughan Siebel
Expediente 576/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/08/2021
Partes del expediente
- John Vaughan Siebel
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que al promovente JOHN VAUGHAN SIEBEL, dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de veintisiete de mayo del año en curso, en el que se desechó por su notoria e indudable improcedencia su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por JOHN VAUGHAN SIEBEL, contra actos de los integrantes de la Junta Especial número Dos, dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 576/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni 2 deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En esas condiciones, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII de los numerales 61 y 62 de la Ley de Amparo, en correlación con el 107 fracción V, éste último aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte ." De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 3a./J.43 29/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página doscientos noventa y uno, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que 6 tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De igual manera, la tesis número II.1o.C.T.9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Segundo Circuito, visible en la página 488, Tomo II, Diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN; QUÉ DEBE CONSIDERARSE COMO, EN EL JUICIO DE AMPARO. Por actos de imposible reparación, se deben considerar aquellos cuyas consecuencias, sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que dimanan tales actos, aunque se obtenga sentencia definitiva favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento; y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, dada en el trámite y resolución del juicio." Acotado lo anterior, se advierte que el peticionario de garantías en el apartado de autoridades responsables, acto reclamado y antecedentes, éste último en sus arábigos nueve y diez, señaló en lo que interesa lo siguiente: "III.-AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. a) LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS, DEPENDIENTE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, CAPITAL." "I.- ACTO RECLAMADO: El auto dictado con fecha once de enero del dos mil veintiuno, dentro de la causa laboral número 41/2009, en el cual se ordena -de manera ilegal y arbitraria- en mi contra lo siguiente: '.Con sustento en lo que dispone el artículo 782, y la facultad potestativa que confiere el numeral 886 de la Ley Federal del Trabajo, se rodena para mejor proveer, la práctica de dicha pericial, por lo que GÍRESE, atento oficio al DIRECTOR GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT; a efecto de que se designe un PERITO EN LA MATERIA DE MEDICINA, y efectúe un diagnóstico al actor en el Juicio Laboral citado C. LUIS ROBLES JIMÉNEZ, esto con la finalidad de: 'Constatar si existe lesión que perturbe la vista en el ojo derecho del citado, así mismo, si existen lesiones que entorpezcan el desempeño de la mano izquierda; con la correspondiente emisión del dictamen, donde se determine respecto de la presencia de alguna incapacidad parcial o permanente, y el grado de la misma conforme la Ley Federal del Trabajo'." "A N T E C E D E N T E S : 9. No conforme con el laudo emitido por la autoridad Laboral -ahora responsable- el de la voz, interpuse nuevo amparo directo, el cual fue radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado, bajo número 153/2019, y el cual mediante sentencia de fecha 9 de octubre del 2020, resuelve lo siguiente: 'Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: 'ÚNICO. Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a JOHN V. SIEBEL, contra los actos reclamados y autoridades responsables señalados en el resultando primero de esta ejecutoria." 8 10. El considerando último del resolutivo antes descrito tuvo bien a disponer lo siguiente: 'En síntesis refiere el quejoso que la responsable violó sus derechos fundamentales al condenarlo al pago de una indemnización por riesgo de trabajo, ello, asegura, porque el trabajador no ofreció la prueba pericial médica, misma que era necesaria para que se acreditara la incapacidad parcial permanente." Lo reproducido con antelación, pone de manifiesto que la inconformidad de la disidente radica medularmente el auto de once de enero del dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral número 41/2009, del índice de la Junta Especial número Dos, dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en el cual, a efecto de mejor proveer, se ordena la emisión de un dictamen pericial médico, a efecto de determinar respecto de la presencia de alguna incapacidad parcial o permanente del actora LUIS ROBLES JIMÉNEZ, y el grado de la misma conforme la Ley Federal del Trabajo;, considerando con ello que se transgredió en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1 y 16 Constitucionales. Sin embargo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que el acto materia de reclamo en la presente instancia constitucional, el cual ha quedado precisado con antelación, no es de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados; lo anterior es así, pues el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si la parte quejosa obtiene un laudo favorable en el contradictorio de origen; máxime que la admisión y desahogo del medio de convicción referido en los términos indicados con anterioridad, no implica necesariamente que el fallo deba ser contrario a los intereses de la solicitante de la protección constitucional. En efecto, la determinación impugnada, en todo caso constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte el laudo en el expediente de origen, si fuere desfavorable a los intereses para la parte quejosa, a través del juicio de amparo directo, porque la determinación de que se trata no implica afectación en sus derechos sustantivos, puesto que el único efecto que produce tal acto que reclama, es la continuación del procedimiento; empero, la trascendencia de tal decisión se reflejará en el dictado del laudo correspondiente, el cual puede ser favorable a sus intereses; máxime que el desahogo de pruebas en forma contraria a la ley está contemplado como violación procesal que debe hacerse valer en amparo directo, al tenor del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por las razones que expone la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, en materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable a página 1186, tomo XVII, de mayo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." De igual forma, apoya lo anterior, la jurisprudencia XI.2º. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 61, del Tomo 52, abril de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, de rubro y contenido siguientes: "PRUEBAS. EL AUTO QUE ADMITE A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La indebida admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, no debe reclamarse por medio del amparo biinstancial, ya que la afectación al interés jurídico estaría supeditada a la valoración que de esas pruebas se hiciera en el laudo o sentencia emitida por el juzgador, pues sería hasta ese momento, en que se negaría o se concedería valor a las mismas." Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio; y, lo correcto es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por JOHN VAUGHAN SIEBEL, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 de la ley de la materia. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados para tal efecto, a LUIS RODRIGO VELASCO CONTRERAS y JIMENA VELASCO CONTRERAS, en términos del párrafo primero del artículo de la Ley de Amparo, y a DAHNA KARINA AYÓN PARRA y CARMEN OLIMPIA PARRA RODRÍGUEZ, en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, por así solicitarlo la parte quejosa en su escrito de cuenta. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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