Johari Abigail Cordero Solís
Expediente 1266/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2021
Partes del expediente
- Johari Abigail Cordero Solís
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ************, en su carácter de padre o tutor de la menor ***********; contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1266/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida aparentemente por **********, en su carácter de padre o tutor de la menor ******, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no cumplir con el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo; toda vez que la demanda de amparo carece de la firma electrónica de quien supuestamente la presenta, por lo que, no hay manifestación de voluntad para acudir a la instancia constitucional. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá´ siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El agraviado o agraviados; Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá´ hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá´ promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." . "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Razones de la improcedencia. Ahora bien, el artículo 2° fracción XVI del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece lo siguiente: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: [.] XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados (.)" De los numerales antes expuestos, en lo que interesa, se advierte que el juicio de amparo solo es procedente a instancia de parte agraviada, esto es, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés, el cual se ve afectado con motivo de algún acto de autoridad. Establecido lo anterior, cabe destacar que el presente juicio de amparo se promovió a través de los servicios tecnológicos previstos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece los lineamientos para la presentación de las promociones en el juicio de amparo, las cuales podrán ser de manera escrita, oral y electrónica; en el primer supuesto, el ocurso formulado por escrito y el cual se presenta de forma física ante el órgano jurisdiccional, debe contener la firma autógrafa del promovente; en la última hipótesis, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese orden de ideas, debe destacarse que la demanda que dio origen al presente juicio fue remitida vía electrónica por lo que debe cumplir con la formalidad de estar signada con la firma electrónica respectiva de la parte quejosa. No obstante, dicha demanda carece de la firma electrónica de la parte quejosa, la cual constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que además de dar autenticidad al mismo, pone de manifiesto la voluntad del promovente. Circunstancia que, como se advierte, la demanda en línea que se provee no adjunta evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica del promovente. En el caso, no se advierte que la impetrante hubiere firmado de manera electrónica la demanda -lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa- es decir, no se desprende que hubiere colocado en éste el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, como al efecto lo establece la fracción XVI del numeral 2° del Acuerdo administrativo 12/2020. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6° de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió electrónicamente el escrito relativo, atento a lo cual lo procedente es desechar la demanda constitucional. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma electrónica de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues como quedó expuesto, a través de la firma las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda (en el caso, firma electrónica) equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. Además, quien aparece como promovente de la demanda no indica que se encuentre imposibilitada para firmar la demanda por ella misma, ya que no manifestó impedimento alguno para ello, ni refiere estar afectada de manera real y actual o bien impedida para hacer llegar la demanda con firma autógrafa. Asimismo, no se actualiza el supuesto de excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, que establece que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley, toda vez que los actos que se reclaman consisten en lo siguiente: "ACTO RECLAMADO.- a) La omisión de aplicar de manera congruente con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 17 años, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer con sus dos dosis, ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, iniciada el 30 de Agosto de 2021, pese a que desde el 24 de junio de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través del Comunicado a la población No. 23 /2021 publicó la autorización de la aplicación de la vacuna anti COVID-19 de Pfizer/BioNTech para personas a partir de los 12 años de edad, información que se puede constatar mediante la liga de internet https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacionpara-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-permitira-aplicacion-a-partir-de-12- anos?idiom=es, siendo que las autoridades no han informado sobre su aplicación a este grupo etario y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado, y que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e Internacional no admiten excepciones discriminatorias. b) La omisión de llamar, informar y/o notificar al menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarían las dosis de la vacuna autorizadas, antes del inicio de clases presenciales, 30 de agosto de este año en la Ciudad de México. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. d) La ilegal actuación por parte de las autoridades responsables al estar solicitando requisitos que no han cumplido con los requerimientos mínimos legales para ser aplicados, y que incluso no son de conocimiento del público en general, ni han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como lo son los señalados en el punto 21 de los hechos, de los cuales manifestamos lo siguiente: i. En este acto y por este medio manifestamos nuestra conformidad de que nuestro(a) hijo(a) sea inoculado con la vacuna BioNTech, Pfizer con sus dos dosis, o con cualquier otra vacuna que sea autorizada por la COFEPRIS por lo que no es necesario llenar ningún formato que a todas luces rompe con el principio de legalidad consagrado en la Constitución General de la república. ii. Es responsabilidad del Estado velar por la salud de todos los mexicanos, por lo que pretender trasladar dicha responsabilidad a los padres y a los menores, no solo rompe con dicho principio, sino que rompe con todo el pacto federal, por lo que si el menor sufre alguna reacción adversa el Estado TIENE LA OBLIGACIÓN DE ATENDERLO DE FORMA INMEDIATA. iii. Resulta incongruente y desapegado de toda certeza jurídica e incluso de los principios más básicos de moral y ética solicitar un descargo de responsabilidad mediante un formato ilegal, cuando es el propio estado el que, por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios quien, mediante procedimientos científicos y probados, autorizó el uso de la vacuna BioNTech, Pfizer, para el grupo etario de 12 a 17 años por lo que dicho formato de descargo de responsabilidad no tiene razón de ser. iv. Aceptamos que nuestro hijo sea sometido a valoración médica por la clínica de Secretaría de Salud adscrita al Gobierno de Ciudad de México que Usted determine, misma que solicitamos se encuentre en un rango no mayor a 3 kilómetros de la demarcación territorial en la que se encuentra su domicilio, pues una mayor distancia, requeriría un traslado por transporte público, lo cual pondría en riesgo de contagio a mi menor hijo. d) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no ha recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligra y está en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como mexicano mi hijo tiene derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que lo pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. e) El pasado 1° de octubre de 2021 inició el registro en la campaña de vacunación para niños con comorbilidades y enfermedes cronicas, sin tomar en cuenta a los menores de edad SANOS, por lo que dicho acto es discriminatorio y violatorio de las garantias individuales y los derechos humanos reconocidos en favor de mi menor hija, así como tira por tierra el falso positivo que han argumentado algunas autoridades de que "no se pueden vacunar a los niños de entre 12 a 17 años, debido a que no sabemos que efectos adversos les puede provocar la vacuna; pues si está incluido en el programa de vacunación del gobierno federal menores con comorbilidades,, cuanto mas se puede vacunar a una menor SANA, pues los efectos secundarios serían EXTREMADAMENTE MENORES AL GURPO QUE ACTUALMENTE SE VACUNA" De lo anterior, se advierte que los actos reclamados que se pretenden combatir en esta vía, no encuadran en los supuestos enunciados en el citado artículo 15 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En efecto, tomando en consideración los actos reclamados, este juzgador considera que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo ni se trata de algún acto contemplado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior es así, debido a que el acto reclamado debe atenderse conforme a su naturaleza y no en atención a los agravios que éste refiere. Sirve de apoyo a lo anterior por las consideraciones expuestas en su contenido, la tesis VI.1o.A.19 K, con número de registro digital 179731, Novena Época, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1458, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO." De ahí que no basta incluso con invocar la afectación al derecho a la salud, para estimar que por ese motivo se surte la hipótesis de excepción prevista en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y por ende, que la demanda presentada a través del portal de servicios en línea, carezca de la firma electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, ubicada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, con registro 2019715, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". Conclusión. Lo anterior, implica que al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo por quien promueve el amparo, no existe la posibilidad de identificar a su autor y como consecuencia de ello, no existe una manifestación de la voluntad que permita establecer la instancia de parte agraviada que se requiere para iniciar el juicio. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII en relación con los diversos 5° fracción I y 6° de la Ley de Amparo, por consiguiente, se desecha la demanda de amparo. No pasa inadvertido, que el escrito presentado vía electrónica está presentado a nombre de la parte quejosa y con la firma autógrafa del mismo; sin embargo, dicha firma únicamente se encuentra escaneada, pues como ya se precisó al haberse presentado de manera electrónica, ésta carece de la firma correspondiente. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse como autorizados en términos del artículo 24 de la citada ley a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda. Por lo que hace al correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. Acceso a expediente electrónico. No ha lugar autorizar la consulta del expediente electrónico y notificaciones por esa vía, hasta en tanto proporcione un nombre de usuario debidamente autorizado para tal efecto. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno y por esta vía se notifica a la parte quejosa la determinación de siete de octubre año en curso, cuyo texto es: "Ciudad de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ************, en su carácter de padre o tutor de la menor ***********; contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1266/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida aparentemente por **********, en su carácter de padre o tutor de la menor ******, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no cumplir con el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo; toda vez que la demanda de amparo carece de la firma electrónica de quien supuestamente la presenta, por lo que, no hay manifestación de voluntad para acudir a la instancia constitucional. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá´ siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El agraviado o agraviados; Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá´ hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá´ promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." . "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Razones de la improcedencia. Ahora bien, el artículo 2° fracción XVI del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece lo siguiente: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: [.] XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados (.)" De los numerales antes expuestos, en lo que interesa, se advierte que el juicio de amparo solo es procedente a instancia de parte agraviada, esto es, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés, el cual se ve afectado con motivo de algún acto de autoridad. Establecido lo anterior, cabe destacar que el presente juicio de amparo se promovió a través de los servicios tecnológicos previstos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece los lineamientos para la presentación de las promociones en el juicio de amparo, las cuales podrán ser de manera escrita, oral y electrónica; en el primer supuesto, el ocurso formulado por escrito y el cual se presenta de forma física ante el órgano jurisdiccional, debe contener la firma autógrafa del promovente; en la última hipótesis, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese orden de ideas, debe destacarse que la demanda que dio origen al presente juicio fue remitida vía electrónica por lo que debe cumplir con la formalidad de estar signada con la firma electrónica respectiva de la parte quejosa. No obstante, dicha demanda carece de la firma electrónica de la parte quejosa, la cual constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que además de dar autenticidad al mismo, pone de manifiesto la voluntad del promovente. Circunstancia que, como se advierte, la demanda en línea que se provee no adjunta evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica del promovente. En el caso, no se advierte que la impetrante hubiere firmado de manera electrónica la demanda -lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa- es decir, no se desprende que hubiere colocado en éste el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, como al efecto lo establece la fracción XVI del numeral 2° del Acuerdo administrativo 12/2020. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6° de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió electrónicamente el escrito relativo, atento a lo cual lo procedente es desechar la demanda constitucional. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma electrónica de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues como quedó expuesto, a través de la firma las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda (en el caso, firma electrónica) equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. Además, quien aparece como promovente de la demanda no indica que se encuentre imposibilitada para firmar la demanda por ella misma, ya que no manifestó impedimento alguno para ello, ni refiere estar afectada de manera real y actual o bien impedida para hacer llegar la demanda con firma autógrafa. Asimismo, no se actualiza el supuesto de excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, que establece que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley, toda vez que los actos que se reclaman consisten en lo siguiente: "ACTO RECLAMADO.- a) La omisión de aplicar de manera congruente con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 17 años, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer con sus dos dosis, ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, iniciada el 30 de Agosto de 2021, pese a que desde el 24 de junio de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través del Comunicado a la población No. 23 /2021 publicó la autorización de la aplicación de la vacuna anti COVID-19 de Pfizer/BioNTech para personas a partir de los 12 años de edad, información que se puede constatar mediante la liga de internet https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacionpara-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-permitira-aplicacion-a-partir-de-12- anos?idiom=es, siendo que las autoridades no han informado sobre su aplicación a este grupo etario y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado, y que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e Internacional no admiten excepciones discriminatorias. b) La omisión de llamar, informar y/o notificar al menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarían las dosis de la vacuna autorizadas, antes del inicio de clases presenciales, 30 de agosto de este año en la Ciudad de México. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. d) La ilegal actuación por parte de las autoridades responsables al estar solicitando requisitos que no han cumplido con los requerimientos mínimos legales para ser aplicados, y que incluso no son de conocimiento del público en general, ni han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como lo son los señalados en el punto 21 de los hechos, de los cuales manifestamos lo siguiente: i. En este acto y por este medio manifestamos nuestra conformidad de que nuestro(a) hijo(a) sea inoculado con la vacuna BioNTech, Pfizer con sus dos dosis, o con cualquier otra vacuna que sea autorizada por la COFEPRIS por lo que no es necesario llenar ningún formato que a todas luces rompe con el principio de legalidad consagrado en la Constitución General de la república. ii. Es responsabilidad del Estado velar por la salud de todos los mexicanos, por lo que pretender trasladar dicha responsabilidad a los padres y a los menores, no solo rompe con dicho principio, sino que rompe con todo el pacto federal, por lo que si el menor sufre alguna reacción adversa el Estado TIENE LA OBLIGACIÓN DE ATENDERLO DE FORMA INMEDIATA. iii. Resulta incongruente y desapegado de toda certeza jurídica e incluso de los principios más básicos de moral y ética solicitar un descargo de responsabilidad mediante un formato ilegal, cuando es el propio estado el que, por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios quien, mediante procedimientos científicos y probados, autorizó el uso de la vacuna BioNTech, Pfizer, para el grupo etario de 12 a 17 años por lo que dicho formato de descargo de responsabilidad no tiene razón de ser. iv. Aceptamos que nuestro hijo sea sometido a valoración médica por la clínica de Secretaría de Salud adscrita al Gobierno de Ciudad de México que Usted determine, misma que solicitamos se encuentre en un rango no mayor a 3 kilómetros de la demarcación territorial en la que se encuentra su domicilio, pues una mayor distancia, requeriría un traslado por transporte público, lo cual pondría en riesgo de contagio a mi menor hijo. d) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no ha recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligra y está en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como mexicano mi hijo tiene derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que lo pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. e) El pasado 1° de octubre de 2021 inició el registro en la campaña de vacunación para niños con comorbilidades y enfermedes cronicas, sin tomar en cuenta a los menores de edad SANOS, por lo que dicho acto es discriminatorio y violatorio de las garantias individuales y los derechos humanos reconocidos en favor de mi menor hija, así como tira por tierra el falso positivo que han argumentado algunas autoridades de que "no se pueden vacunar a los niños de entre 12 a 17 años, debido a que no sabemos que efectos adversos les puede provocar la vacuna; pues si está incluido en el programa de vacunación del gobierno federal menores con comorbilidades,, cuanto mas se puede vacunar a una menor SANA, pues los efectos secundarios serían EXTREMADAMENTE MENORES AL GURPO QUE ACTUALMENTE SE VACUNA" De lo anterior, se advierte que los actos reclamados que se pretenden combatir en esta vía, no encuadran en los supuestos enunciados en el citado artículo 15 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En efecto, tomando en consideración los actos reclamados, este juzgador considera que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo ni se trata de algún acto contemplado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior es así, debido a que el acto reclamado debe atenderse conforme a su naturaleza y no en atención a los agravios que éste refiere. Sirve de apoyo a lo anterior por las consideraciones expuestas en su contenido, la tesis VI.1o.A.19 K, con número de registro digital 179731, Novena Época, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1458, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO." De ahí que no basta incluso con invocar la afectación al derecho a la salud, para estimar que por ese motivo se surte la hipótesis de excepción prevista en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y por ende, que la demanda presentada a través del portal de servicios en línea, carezca de la firma electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, ubicada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, con registro 2019715, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". Conclusión. Lo anterior, implica que al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo por quien promueve el amparo, no existe la posibilidad de identificar a su autor y como consecuencia de ello, no existe una manifestación de la voluntad que permita establecer la instancia de parte agraviada que se requiere para iniciar el juicio. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII en relación con los diversos 5° fracción I y 6° de la Ley de Amparo, por consiguiente, se desecha la demanda de amparo. No pasa inadvertido, que el escrito presentado vía electrónica está presentado a nombre de la parte quejosa y con la firma autógrafa del mismo; sin embargo, dicha firma únicamente se encuentra escaneada, pues como ya se precisó al haberse presentado de manera electrónica, ésta carece de la firma correspondiente. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse como autorizados en términos del artículo 24 de la citada ley a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda. Por lo que hace al correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. Acceso a expediente electrónico. No ha lugar autorizar la consulta del expediente electrónico y notificaciones por esa vía, hasta en tanto proporcione un nombre de usuario debidamente autorizado para tal efecto. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe."
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