Johanna Marcela Cabanilla Arias

Expediente 1208/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1208/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Johanna Marcela Cabanilla Arias y Otros.
  • Johanna Marcela Cabanilla Arias

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, del contenido del oficio proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, se advierte que remite las constancias generadas con motivo de la diligenciación parcial del exhorto identificado con los progresivos de orden 298/2023 y de origen 104/2023 de la estadística de este Juzgado Federal. Al respecto, se reciben las actuaciones descritas, sin que sea necesario expedir el acuse de recibo correspondiente, porque el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes lo genera de manera automática al momento de su envío en forma electrónica. Por otra parte, regístrese la baja de la citada comunicación oficial en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como parcialmente diligenciada. Lo anterior, porque de las constancias remitidas se advierte que únicamente se comunicaron procesalmente los oficios 22670/2023, 22671/2023, 22672/2023, 22673/2023 y 22674/2023 dirigidos a los entes responsables que contienen la inserción de auto inicial de veinte de los corrientes, dictado en el juicio de amparo de donde deriva este cuaderno de antecedentes, pero no se realizó la diligencia de notificación personal de esa determinación a los disidentes, ni se dio fe del estado físico de los justiciables y tampoco se les requirió para que ratificaran la demanda de amparo con el apercibimiento respectivo, porque no fueron localizados en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California, como consta en la razón actuarial de veinte de noviembre del año en curso, que fue enviada. Por otro lado, se toma conocimiento de las situaciones anteriores y se reserva proveer lo que en derecho corresponda en cuanto al resultado de las diligencias encomendadas en el citado exhorto hasta que se conozca el sentido de la resolución que el Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, dicte en cuanto a que sí aceptó o no la competencia declinada a su favor, por razón de territorio, en el acuerdo inicial de veinte de noviembre pasado, pronunciando en el juicio constitucional de donde emana el presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el instrumento señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que las autoridades responsables Representante del Instituto Nacional de Migración, Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto, Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Titular y/o encargado responsable de la estación migratoria, todas esas autoridades en Tijuana, Baja California, rinden su informe sobre la suspensión de oficio y de plano concedida a la parte quejosa en el auto de veinte de noviembre del año en curso, en cuanto a los actos reclamados. Al respecto, se recibe tal informe y resérvese proveer sobre su remisión o no hasta que se tenga conocimiento de la determinación que el Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con asiento en Tijuana, en turno, pronuncie en cuanto a que sí aceptó o no la competencia declinada a su favor, por razón de territorio, en el proveído inicial de veinte de los corrientes, dictado en el juicio de amparo de donde deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de noviembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; asimismo, regístrese con el número 1208/2023. De la revisión de la demanda de amparo se advierte que ********************, quien promueve a favor de 1. ********************, y 2. ********************reclama los actos siguientes: Autoridades responsables. 1) Representante del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California; 2) subrepresentante en el aeropuerto del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California; 3) subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California; 4) titular o encargado en funciones del Área Jurídica del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California; y 5) titular y/o encargado responsable de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California. Actos reclamados. La detención de los quejosos fuera de procedimiento con fines de deportación. La incomunicación de la que aduce son objeto los inconformes. El traslado de la estación migratoria con fines de expulsión. La negativa de liberar el oficio de salida de la estación migratoria. La inaplicación de los artículos 97, 98, 99 y 11 de Ley de Migración en aplicación al precedente obligatorio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 388/2022. La negativa de devolver los documentos de identificación. La retención en la estación de migración. La excesiva garantía para autorizar el egreso de los justiciables. El traslado a domicilio desconocido. La falta de atención médica. Suspensión de oficio y de plano. En cuanto a la suspensión de oficio y de plano se provee lo siguiente: Respecto de los actos reclamados previstos por el artículo 15, primer, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Amparo en relación con los diversos 109, 126, primer y segundo párrafos y demás relativos de esa legislación SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO para que de inmediato cese todo acto que tienda a tener incomunicados a los agraviados, hacerlos víctimas de malos tratos, coacción, castigos o tormentos y que puedan privarles de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la detención o retención de la que se encuentran siendo objeto los quejosos por parte de la autoridades señaladas como responsables, así como para que tampoco sean trasladados a una estación de migración diversa y para que no sean deportados o expulsado y a la brevedad en el caso de requerirlo se les proporcione la atención médica oportuna y adecuada al posible detrimento de su salud. En cuanto a la privación de libertad de los quejosos en las instalaciones de la estación migratoria (Tijuana, Baja California), con motivo del procedimiento administrativo migratorio al que se encuentran sujetos para resolver su permanencia en el país, y atendiendo a la detención migratorio como excepción y no como regla, de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que sean puestos en libertad y que las autoridades responsables dicten las medidas previstas legalmente (diversas a la que impliquen privación de la libertad personal cualquiera que sea su forma de denominación) que sean accesibles y aseguren que los agraviados no evadan el cumplimiento de las leyes sobre migración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse antes ella cuantas veces les sean exigido, sin que dicha medida implique la suspensión del referido procedimiento. En el entendido que el artículo 68, primer párrafo, de la Ley de Migración dispone que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular no podrá exceder de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición sin iniciar el procedimiento administrativo migratorio. Lo anterior, en el entendido que los quejosos deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria (Tijuana, Baja California) con el objeto de dar debido seguimiento administrativo migratorio correspondiente, por lo que de no hacerlo así la presente medida cautelar quedará sin efectos. En el entendido que la medida suspensional dejará de surtir efectos si una vez que egresen de la estación migratoria los quejosos son sorprendidos en flagrancia por la comisión de algún ilícito sancionado por las leyes penales. En ese sentido, acorde con lo señalado por el normativo 160 de la Ley de Amparo y por cuanto hace a los actos aquí reclamados la parte quejosa queda a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo y a disposición del órgano jurisdiccional en el lugar en que se encuentran alojados, sólo en lo que se refiere a su libertad personal hasta en tanto se comunique a la autoridad responsable la insubsistencia de esta medida. Por lo que las autoridades responsables migratorias que deberán emplear todas las medidas correspondientes previstas por la Ley de Migración para que los justiciables sean plenamente localizados y no evadan el cumplimiento de sus obligaciones migratorias; asimismo, sean requeridos para su comparecencia al procedimiento que se instaure para definir su legal instancia en el país. Además, se considera oportuno mencionar a las autoridades responsables que en términos de la Ley de Migración deberán realizar lo siguiente: 1. Garantizar la seguridad personal de los migrantes. 2. Respetar sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. 3. Dar a conocer los derechos de la persona presentada de acuerdo con lo estipulado por el precepto 109 de la Ley de Migración, tales como: -Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o apátrida; podrá, si lo desea regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido por los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; -Que tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; -Informarles su derecho a un procedimiento por la autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrán acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; -En caso de que no hablen español contarán con un traductor o intérprete para facilitarles la comunicación; -Que tiene derecho a acceder a la comunicación telefónica; -A recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. -Ser visitado por sus familiares y por su representante o defensor. Apercibimiento a las autoridades responsables. Requiérase a las responsables para que en el término de VEINTICUATRO HORAS comuniquen, vía informe, a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de plano, con el apercibimiento que de no cumplir con ello se les impondrá una multa de cien veces de unidades de medida y actualización de conformidad con lo ordenado por el ordinal 259 en relación con el diverso 237, fracción I, de la Ley de Amparo; en la inteligencia que la violación a dicha medida concedida entraña la probable comisión de un delito en términos de lo estatuido por el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia, por lo que de consumarse de inmediato se pondrá en conocimiento de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Igualmente, deberán permitir el acceso de manera mesurada a los familiares y abogados de los justiciables, en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas detenidas; en el entendido de que al momento de la notificación debe permitir, en caso de ser solicitado por el actuario adscrito al juzgado que conozca del asunto, el acceso a una de estas personas a fin de que estén presentes al momento de la diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a las autoridades responsables por cualquier violación que pudieran cometerse a esta determinación y deberá proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Prevención y apercibimiento a los agraviados. Tomando en consideración que la promovente señala, bajo protesta de decir verdad, que los 1. ********************, y 2. ********************se encuentran detenidos en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, con fundamento en los artículos, 27 fracción II, de la Ley de Amparo y 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, envíese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a efecto que comisione a quien corresponda que se constituya en dicho centro de asistencia en donde se encuentran retenidos los quejosos y realice lo siguiente: 1) Les notifique este proveído. 2) Dé fe de las condiciones físicas en las que se encuentren. 3) Los requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días manifiesten si ratifican o no la demanda presentada a su favor por ********************; asimismo, deberá apercibirlos que de no ratificarla se tendrá por no presentada y dejará de surtir efectos la suspensión decretada. 4) Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. 5) En auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional y siguiendo las reglas que para tal efecto dispone la Ley de Amparo, por conducto de su Actuario Judicial, haga entrega de los oficios anexos a la comunicación oficial indicada dirigidos a las autoridades responsables. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en los diversos 22 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, indíquese al órgano jurisdiccional encargado de diligenciar la comunicación que se envía que se habilitan días y horas inhábiles; asimismo, que se le faculta para que gire todas las medidas a su alcance para lograr la diligencia de la comunicación oficial que se le envía, es decir, con plenitud de jurisdicción, precise los medios de apremio que considere necesarios para llevar a cabo la diligencia encomendada y tome las medidas necesarias a efecto de que el fedatario correspondiente se haga acompañar de un intérprete para el caso que los agraviados no hablen ni entiendan español. Autorización para subsanar denominaciones incorrectas. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables, alguna de éstas refiere que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta al Actuario para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicho funcionario, esto es así, pues este Juzgador se encuentra facultado para corregir la inexactitud del señalamiento de la parte quejosa, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, la parte quejosa reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos de la parte quejosa. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a las autoridades responsables, que si persistiere en no recibir el oficio que le fuera dirigido, se les tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. En el entendido de que, de la negativa de las responsables, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 194 del propio ordenamiento a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo." "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico institucional de este Juzgado Federal 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se autoriza al actuario judicial adscrito el envío de la comunicación oficial vía interconexión. Incompetencia. Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se advierte que la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en el que se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señala como autoridades responsables: al Representante del Instituto Nacional de Migración, al Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto, al Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, al Titular o encargado en funciones del Área Jurídica del Instituto Nacional de Migración y al Titular y/o encargado responsable de la Estación Migratoria, todas esas autoridades en Tijuana, Baja California; asimismo, refiere que los agraviados se encuentran detenidos en la estación migratoria de esa ciudad. De ahí que se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo, determinándose que corresponde a un Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, dado que es en esa ciudad el lugar en el que ejerce jurisdicción la autoridad jurisdiccional señalada, donde se encuentran detenidos los quejosos y en el que se encuentran ejecutándose los actos reclamados. Por lo tanto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca carece de competencia legal para conocer y resolver del escrito inicial, por razón de territorio. Orienta a lo anterior, la tesis IV.1o.A. J/6 A (11a.), con registro digital 2025817, de rubro y texto siguiente: "MIGRANTES. AL TRATARSE DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBE DETERMINARSE DE MANERA ÁGIL, SIN FORMULISMOS Y FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA, CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA. Hechos: Personas migrantes promovieron juicio de amparo en contra de autoridades del Instituto Nacional de Migración, de quienes reclamaron la privación ilegal de la libertad fuera de todo procedimiento, la deportación, expulsión, proscripción o destierro. El Juzgado de Distrito en Materia Administrativa se declaró legalmente incompetente por razón de materia al estimar que los actos reclamados son de naturaleza penal. A su vez, el Juez de Distrito en Materia Penal, al que se remitió el amparo no aceptó la competencia al estimar que los actos reclamados son eminentemente administrativos, dado que fueron emitidos por las autoridades migratorias. El Juez requirente insistió en la incompetencia y se formuló el conflicto competencial. Criterio jurídico: Para establecer la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto cuando se reclama la retención de un migrante, se debe atender a la reforma constitucional en derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, concretamente al principio interpretativo pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el juzgador debe tener en cuenta que las reglas establecidas sobre la competencia se deben interpretar de la manera que más favorezca a los derechos de las personas verificando la actuación real de la autoridad. Además, se deben atender los tratados internacionales y el bloque de constitucionalidad y, analógicamente, lo determinado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra en el año 2020 en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la que México forma Parte y que se refiere a los ajustes del procedimiento que deben realizar todos los juzgadores a nivel nacional, pues de no hacerlo se "vulnera el derecho a un juicio imparcial y puede propiciar exclusión de las actuaciones judiciales o dar lugar a que se dicten sentencias injustas". Justificación: Conforme a lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución General, el ejercicio de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, porque ese ejercicio es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente a las personas más vulnerables, como lo son los migrantes, en aras de una justicia más pronta y expedita." Así como la diversa tesis II.3o.P.23 K (10a.), con registro digital 2021726, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN EJECUCIÓN EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN ALGUNO DE ELLOS, A PESAR DE QUE ANTE ÉSTE NO SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). La regla de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.", no puede aplicarse literal y aisladamente para establecer que con apoyo en esa hipótesis es competente cualquier Juez de Distrito del país, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, soslayando apreciar cuáles son estos Distritos y qué evidencia que en alguno de ellos podría tener ejecución el acto reclamado, porque sólo así podrá definirse la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocer del medio de control constitucional; por tanto, el alcance de tal porción normativa debe desentrañarse en armonía con lo que preceptúa el numeral 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto se interpondrá "... ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse..."; disposición de la que se infiere que tratándose de actos susceptibles de ejecución, siempre deberá atenderse a donde ésta tendrá lugar, como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. De ahí que al suscitarse un conflicto competencial entre Jueces de Distrito para seguir conociendo de una demanda de amparo; uno, el que previno en el conocimiento del asunto, quien no ejerce jurisdicción en alguno de los lugares en que deban tener ejecución, traten de ejecutarse, se estén ejecutando o se hayan ejecutado los actos reclamados que así lo ameritan; y otro, el que sí ejerce jurisdicción al menos en uno de ellos; motiva que se finque la competencia para seguir conociendo de la demanda constitucional, a favor del segundo." Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. Así, es patente que se actualiza la regla establecida en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, porque la detención de los quejosos se está ejecutando en Tijuana, Baja California. En ese contexto, con fundamento en lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo y por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto. En ese orden, remítase la demanda de amparo al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, para que el Titular de ese órgano jurisdiccional decida si acepta o no el conocimiento del presente asunto e informe a este Juzgado Federal el sentido de su determinación; también se solicita a ese órgano de control constitucional el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. Domicilio de la parte quejosa. En razón que la promovente señaló las lista de este Juzgado de Distrito para recibir notificaciones, con fundamento en lo previsto por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta determinación, así como las ulteriores, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto los justiciables señalen un domicilio procesal diverso. Fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que revelen la historia procesal de este asunto. Notifíquese a los agraviados y a las autoridades responsables por medio de exhorto.

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