Johann Fredye Ortiz González

Expediente 819/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
819/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Johann Fredye Ortiz González
  • Alejandro Ortiz González y Otros.
  • Johann Fredye Ortiz González y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En esas condiciones, devuélvanse al Secretario de Seguridad del Estado de México, la totalidad de las constancias remitidas como complemento a su informe justificado y téngase como acuse de recibo el oficio por el cual se le haga del conocimiento el presente acuerdo.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba prevista para las nueve horas con treinta minutos del once de enero de dos mil veintiuno; sin embargo, no fue posible su celebración en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 13/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19. REANUDACIÓN DE PROCEDIMIENTO No obstante, en acatamiento al diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y Circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del referido consejo, se reanuda el procedimiento en el punto en que quedó pausado y, para tal fin, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES En términos de la circular SECNO/10/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veinte. Agréguense los informes rendidos por las autoridades que los suscriben, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas, dada su propia y especial naturaleza. Ahora, tomando en consideración el informe justificado, las promociones de cuenta, remitidas por la autoridad responsable, así como la certificación que antecede, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.).". De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Ello es así, ya que el acto que inicialmente tildó de inconstitucional la parte quejosa fue la orden de detención y/o privación ilegal de la libertad, tortura y golpes e incomunicación dictada por cualesquiera de las autoridades responsables; sin embargo, la responsable informó que el siete de noviembre del año en curso, fueron puestos a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, quien el ocho de los corrientes, celebró la audiencia inicial en autos de la causa penal ****, después, el trece de noviembre de dos mil veinte, dictó auto de no vinculación a proceso, ordenando su inmediata libertad, información que fue corroborada como ha quedado asentado en la certificación de cuenta. Bajo esas circunstancias, se evidencia un cambio de situación jurídica, por lo que si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado en este asunto, primigeniamente, el cual dio origen al presente juicio, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la resolución emitida en la causa de origen; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Resulta aplicable la jurisprudencia ****, publicada en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto 2007, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". Atendiendo a lo señalado en líneas que preceden, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 819/2020-II-C, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las doce horas con diez minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte; háganse las anotaciones respectivas.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Intégrese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Como lo dispone el artículo 9 del ordenamiento legal en consulta, se tiene como delegados a las personas mencionadas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su parte las ofrecidas y documentales que adjunta; fórmese el anexo I. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS. Ahora, para un mejor proveer y allegarse de las constancias necesarias a fin de resolver el presente asunto; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Agencia Central Dos en Toluca, Estado de México de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que en el plazo de veinticuatro horas improrrogables contadas a partir de que reciba el oficio que derive del presente auto, comunique la situación jurídica que actualmente guardan los quejosos ***, en específico, si fueron puestos a disposición de autoridad jurisdiccional o se ordenó su libertad, además deberá remitir las constancias certificadas que acrediten su dicho. Con el apercibimiento que de ser omisa, o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello dentro del referido término, se le impondrá una multa a la persona física que ostente el cargo de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al numeral 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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