Johana Miriam Solis Mendoza

Expediente 360/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
360/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • Johana Miriam Solis Mendoza
  • Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Acusa recibo de constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por medio del cual acusa recibo del oficio 21620/2018, mediante el cual se le remitió el tomo de prueba que se formó con las constancias que adjuntó a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.****************************************Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee:****************************************Recepción de oficio.****************************************Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, por medio del cual acusa recibo del oficio 20645/2018 (foja 80); asimismo, solicita le sean devueltas las constancias que integran el toca de apelación I-67/2018.****************************************En consecuencia, mediante oficio que al efecto se libre, remítanse el tomo de pruebas que se formó con las referidas constancias al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad.****************************************NOTIFÍQUESE.****************************************Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se negó el amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 360/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho (fojas 1 y 2), se tuvo por recibida la demanda promovida por Johana Miriam Solís Mendoza, por derecho propio, la que inicialmente fue presentada como amparo directo, tocándole conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, quien declaró carecer de competencia para conocer de la demanda y la remitió mediante oficio 2035 de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho. En la demanda la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 4 párrafos tercero, noveno, décimo y décimo primero, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 360/2018 (fojas 27 a 33). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, y modificaciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde este órgano jurisdiccional ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia: La resolución dictada el catorce de marzo de dos mil dieciocho, dentro del toca I-67/2018, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por José Emiliano Cortés Gómez; determinación que revocó la sentencia interlocutoria dictada dentro del incidente de cumplimiento de convenio sobre pago de pensión alimenticia, planteado por la quejosa en las diligencias de jurisdicción voluntaria 240/2005 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que sobre divorcio por mutuo consentimiento promovieron la quejosa y el tercero interesado. De la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La ejecución del acto reclamado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y a la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así lo reconocen dichas autoridades al rendir su informe justificado (fojas 4 y 19). Lo que se corrobora con las constancias que acompañó el magistrado responsable a su informe justificado consistentes en el original del toca I-67/2018, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de este último ordenamiento. CUARTO. Antecedentes. Antes de entrar al estudio del acto reclamado, es importante dejar asentados los antecedentes siguientes: 1) Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, Johana Miriam Solís Mendoza, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 240/2005, promovió incidente sobre el cumplimiento de pensión alimenticia en contra de José Emiliano Cortés Gómez (fojas 1 a 7 del tomo único de pruebas). 2) Dicho incidente lo admitió a trámite la Jueza Segundo de lo Familiar, el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, y ordenó la notificación a las partes (foja 9 del tomo único de pruebas). 3) Seguido el procedimiento en su curso legal, el juez de origen emitió sentencia interlocutoria el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, en la que determinó procedente la incidencia y condenó al incidentado al pago de la suma de $228,051.10 (doscientos veintiocho mil cincuenta y un pesos 10/100 moneda nacional), a favor de Johana Miriam Solís Mendoza (fojas 200 a 205 del tomo único de pruebas). 4) Inconforme, José Emiliano Cortés Gómez interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien mediante resolución del catorce de marzo de dos mil dieciocho, revocó la sentencia interlocutoria, declaró procedente la excepción de prescripción en la ejecución de convenio de pensión alimenticia que opuso el incidentado, declaró improcedente el incidente promovido por Johana Miriam Solís Mendoza y no condenó a constas de la instancia (fojas 249 a 258 del tomo único de pruebas). QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia que las partes hagan valer o que se adviertan de oficio de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación esgrimidos. Los motivos de disconformidad expuestos por la parte quejosa resultan infundados, sin que en el caso se advierta deficiencia de la queja que suplir, como lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, dado que la resolución reclamada, no transgrede los derechos fundamentales de la quejosa previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa formuló diversos conceptos de violación, los que se sintetizan de la siguiente manera: Violación a los artículos 1, 4 párrafos tercero, noveno, décimo y décimo primero, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se dejó de lado el control difuso, pues el magistrado responsable no tomó en consideración la vigencia de la validez del convenio, con lo que vulnera los derechos humanos de la menor, dejándola en estado de indefensión por no poder recibir alimentos. La responsable le niega el derecho a la menor de tener una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en razón de que la imposibilita adquirirla por el único medio que le queda, la vía incidental dentro del expediente 240/2005, ello no obstante de que es obligación del Estado velar y cumplir con el principio de interés superior del niño y garantizar de manera plena sus derechos. Violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues no se interpretó la ley aplicando el control difuso de constitucionalidad, dejó de lado los intereses alimentarios de la menor. Violación al artículo 133 de la Constitución Federal, por falta de aplicación de los tratados internacionales, dejando de lado la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 19, 25.1 y 25.2 incisos a) y b), la Convención sobre los Derechos del Niño en los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 24 y 37, y Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Como se señaló al inicio del presente los conceptos de violación formulados por la quejosa resultan infundados, como se demuestra a continuación. La parte quejosa considera que resulta desacertado que el magistrado responsable haya revocado la sentencia interlocutoria y declarado improcedente el incidente que sobre cumplimiento de convenio de pago de pensión alimenticia, por resultar procedente la excepción de prescripción en la ejecución del convenio. Lo anterior deviene infundado con base en la siguiente consideración: La autoridad responsable determina la improcedencia de la incidencia planteada, atendiendo a una correcta y adecuada fundamentación y motivación, concatenando los elementos planteados por la incidentista, como los esgrimidos por el incidentado, y tomando en consideración los hechos, actos y prestaciones reclamadas. Para ello, considera la responsable que acorde con los numerales 769 y 779 del Código de Procedimientos Civiles (vigente en la época), la acción para pedir la ejecución de una sentencia durará diez años, contados desde la fecha de la sentencia o convenio o del día en que se venció el término judicial para su cumplimiento, por lo que, a la fecha en que la quejosa promovió el incidente ya había prescrito su acción. La prescripción, según lo dispuesto en el artículo 1052 del Código Civil del Estado de Michoacán vigente en la época, es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. La adquisición de bienes se llama prescripción positiva o usucapión y la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se denomina prescripción negativa. La prescripción negativa se ha establecido en la mayoría de los sistemas jurídicos, a fin de evitar que por el no ejercicio de los derechos exista la incertidumbre de su efectividad en las personas que están obligadas. En esa virtud, a los derechos de contenido patrimonial, principalmente, se les ha fijado un término para su ejercicio, transcurrido el cual, el deudor puede excepcionarse válidamente y sin responsabilidad de cumplir con la obligación a su cargo. Esto es, la prescripción refiere la extinción o pérdida de la "acción", entendida ésta como la facultad que corresponde a todo ciudadano de obtener la intervención del Estado para hacer efectivas las relaciones jurídicas concretas. Ahora bien, la institución jurídica que comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción en términos del artículo 779 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán (vigente en la época), pues se toma en cuenta que la naturaleza jurídica de la acción de la parte vencedora emana de una sentencia, transacción o convenio y desde ese momento tiene derecho para ejercitarlo; derecho que debe ser tutelado por el Estado y la acción para pedir la ejecución de ese derecho se extinguirá si transcurrido el plazo de diez años no se ejerce la acción correspondiente. En ese sentido, en la contradicción de tesis 72/2005, de la que derivó el criterio de rubro: ALIMENTOS. LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE EN EL JUICIO PUEDE RECLAMAR SU EJECUCIÓN Y EL PAGO DE LAS PENSIONES ATRASADAS, VENCIDAS Y NO COBRADAS DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ AÑOS, SIN QUE LA DEMORA EN DICHA SOLICITUD IMPLIQUE QUE EL ACREEDOR ALIMENTARIO NO LOS NECESITÓ (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES); citado por la responsable en la resolución reclamada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México (similar al arábigo 779 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán vigente en la época), determinó que no había discusión en cuanto a que la relación para solicitar la ejecución de una sentencia o convenio, que contiene una decisión jurisdiccional relativa a la obligación de dar alimentos, tiene una temporalidad de diez años, lapso dentro del cual el acreedor alimentario, puede solicitar dicha ejecución, con el consiguiente reclamo de pago de las pensiones atrasadas, vencidas y no cobradas. Esto es, prescribe la acción del acreedor alimentista que obtuvo sentencia, transacción o convenio favorable en un juicio de alimentos, para reclamar el pago de las pensiones atrasadas, vencidas y no cobradas, después de ese período de diez años, pues si bien el artículo 1077 del Código Civil para el Estado de Michoacán vigente en la época, establece, tal como lo refiere la responsable, que la obligación de dar alimentos es imprescriptible, debe entenderse que ello es mientras subsistan las causas que generaron esa obligación, el derecho del acreedor alimentista también subsiste. Es aplicable por las razones que la exponen, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, página 329, registro 215240, que a la letra dice: "ALIMENTOS. EL DERECHO A RECIBIRLOS ES IMPRESCRIPTIBLE. Si bien el artículo 1077 del Código Civil del Estado de Michoacán, establece que la obligación de dar alimentos es imprescriptible, debe entenderse que mientras subsistan las causas que generaron esa obligación, el derecho del acreedor alimentista también subsiste, por cuyo motivo carece de fundamento lo argüido por el quejoso en el sentido de que el citado dispositivo se refiere a la obligación del deudor, no al derecho del acreedor, que si es prescriptible." Lo anterior, otorga seguridad jurídica, evitando la incertidumbre y prolongación indefinida de la posibilidad de exigir los alimentos atrasados, vencidos y no cobrados, y tiene su sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional como aquel que el gobernado tiene frente al poder público para que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y es correlativo a la obligación del gobernado de cumplir con los requisitos que ellas exijan, toda vez que la actividad jurisdiccional implica no sólo el quehacer de una órgano del Estado, sino también de los gobernados de reclamar el derecho sustantivo dentro de los plazos que la ley les concede. Sin que la prescripción antes mencionada, atente al principio rector del interés superior del menor reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, pues ello no significa violar el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, pues la prescripción para ejercitar la acción derivada del convenio no limita la obtención de alimentos del menor, pues únicamente fija el término que tiene el acreedor para ejercitar su acción derivada del convenio. Es aplicable a lo antes expuesto, por las razones que la motivan, la tesis I.2o.C.9 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, página 1296, registro 2003914, que a la letra dice: "ALIMENTOS. LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO RECTOR DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, NO SIGNIFICA QUE DEBA DEJAR DE OTORGARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS DEUDORES ALIMENTARIOS, EN LA CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES DERIVADAS DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA. Si bien es cierto que toda contienda judicial en que se vean involucrados los derechos inherentes a los menores, debe resolverse sin desatender el principio básico del interés superior del niño, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, también lo es que tal circunstancia no se traduce en que el Juez deba dejar de conceder a sus deudores alimentarios la oportunidad de ser oídos previamente a establecer el monto líquido a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva, pues ello equivaldría a dejar de cumplir con la garantía de audiencia establecida en los artículos 14 constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en cambio, otorgarles la oportunidad de hacer valer lo que corresponda con relación a la liquidación, no significa que se dejen de atender las necesidades del acreedor alimentario, ya que las formalidades esenciales del procedimiento deben observarse dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no deje en estado de indefensión a las partes y, por el otro, asegure una resolución pronta y expedita de la controversia; además de que el caso referido actualiza un supuesto distinto del que se configura tratándose de la fijación de la pensión alimenticia provisional, hipótesis en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que debe darse preferencia al derecho de percibir alimentos inmediatamente, sobre el derecho a ser escuchado previamente, por tratarse de una medida transitoria, que se aplica durante el procedimiento y, por ello, sólo constituye un acto de molestia y no de privación. Tampoco es obstáculo a lo señalado, lo dispuesto por el artículo 942, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual no se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos; pues en el caso que nos ocupa, atinente a la liquidación de pensiones alimenticias adeudadas, dicho precepto legal no tiene el alcance de establecer que en materia de alimentos pueda dejar de cumplirse con las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso del deudor alimentario pues, de estimarse así, se colocaría a la ley secundaria por encima de las normas constitucionales, en contravención a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional." Así, la prescripción de la acción del acreedor alimentista que obtuvo sentencia favorable en un juicio de alimentos, para reclamar el pago de las pensiones atrasadas, vencidas y no cobradas, después de diez años, ya fue determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia ya mencionada, misma que resulta obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Por ello, procede la prescripción de la acción del acreedor alimentista que obtuvo sentencia favorable en un juicio de alimentos, para reclamar el pago de las pensiones atrasadas, vencidas y no cobradas, después de ese periodo, pues tal decisión quedó firme al no controvertirse y atendió a la necesidad de satisfacer el derecho del acreedor alimentario. En el caso particular, en la resolución reclamada, el magistrado responsable estimó decretar la prescripción a reclamar los alimentos que aducen como vencidos y no pagados, respecto del periodo comprendido desde el treinta y uno de mayo de dos mil cinco hasta el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, fecha en que se promovió el incidente de cumplimiento de pago de pensión alimenticia. Lo anterior, según lo estimado por la responsable, en virtud que el treinta y uno de mayo de dos mil cinco, se aprobó el convenio suscrito por los progenitores, en el que el incidentado se comprometió a proporcionar a favor de su menor hija Hanna Melissa Cortés Solía, la cantidad que resulte de un salario mínimo vigente en esa área geográfica comercial, por concepto de pensión alimenticia, es por ello que a partir del mes de mayo de dos mil cinco, podían hacerse efectiva la pensión alimenticia; de ahí que al haber concluido el juicio con un convenio el que adquiere la calidad de sentencia, desde ese momento comenzó a generarse el mencionado arábigo, siendo que dicho incidente se presentó el veintidós de marzo de dos mil diecisiete. De ahí lo infundado del primer concepto de violación, en virtud que conforme a lo antes expuesto, fue correcta la estimación de la responsable, al determinar la prescripción de alimentos, después de los diez años. Sin que decretar la prescripción, atente contra el principio rector del interés superior del menor, pues ello no significa violar el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación al segundo de los conceptos de violación, también resulta infundado, en razón de que, contrario a lo que refiere la quejosa, con la determinación reclamada no se niega el derecho a la menor de tener una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, ya que si bien es cierto se declaró prescrita la acción ejercitada a través del incidente de cumplimiento de convenio del pago de pensión alimenticia, esto únicamente se refiere al derecho de ejercitar su acción respecto del cumplimiento del convenio que puso fin a las diligencias de jurisdicción voluntaria 240/2005. Máxime que conforme al artículo 278 del Código Civil del Estado de Michoacán vigente en la época, la obligación de dar alimentos se suspende o cesa en los siguientes supuestos: "I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; II. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; III. En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos; IV. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad; V. Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables; y, VI. Las demás que señale este Código." De ahí, que mientras no se dé alguno de estos supuestos, existe la obligación de dar alimentos, con lo que queda garantizado el interés superior del menor a recibirlos. En relación al tercer concepto de violación que formula la quejosa en el sentido de que la autoridad responsable no interpretó la ley aplicando el control difuso de constitucionalidad y dejó de lado los intereses alimentarios del menor, resulta infundado en razón de que si la sala responsable no inaplicó la norma que da sustento a su determinación, es porque considera que la misma no es inconstitucional, sin que estuviera obligada a explicar o dar razones de ello. Finalmente, resulta infundado el último de los conceptos de violación que refiere, por las razones que se expresan a continuación. Como acertadamente lo señala la quejosa la convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 19, establece el derecho que los niños tienen derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familiar, de la sociedad y del Estado; mientras que, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 27 apartado 4, establece que los Estados Parte tomarán todas la medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres y otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño. Sin embargo, no debe soslayarse que en el caso se analiza la institución procesal de la prescripción, la que refiere la extinción o perdida de la acción por el transcurso del tiempo, con lo cual no se contraviene ningún ordenamiento estatal, constitucional o internacional, pues su finalidad es dar seguridad jurídica a las partes, evitando la incertidumbre y prolongación indefinida de una controversia. Esto es, con el acto reclamado no se imposibilita el derecho que tiene la menor para recibir alimentos, pues el establecimiento del pazo de diez años para solicitar la ejecución de la sentencia o convenio, no contraviene los principios fundamentales de la institución de los alimentos, porque debe tenerse presente que el derecho a percibirlos y la obligación de proporcionarlos es una cuestión que fue analizada, juzgada y determinada, de forma definitiva, en la sentencia o convenio y no fue materia de análisis en el incidente. Máxime que, mientras el estado de necesidad (que es el que otorga el derecho) subsista, también la facultad para reclamarlos subsistirá, aun después de decretado el divorcio. Sin que los criterios citados por la quejosa, consistentes en: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO." e "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES."; sean suficientes para declarar fundado el motivo de disenso a estudio, pues en ellas solo se define el principio rector del interés superior del menor, y no establecen que atendiendo a dicho principio, no deba decretarse la prescripción de alimentos vencidos y no pagados. Así las cosas, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, y al no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, respecto del acto reclamado en esta vía constitucional. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, registro 2014703, que a la letra dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." En el entendido que algunas de las tesis que se citan en el presente asunto, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también es cierto que las mismas no se oponen a los preceptos de la nueva Ley de Amparo; lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Johana Miriam Solís Mendoza, contra los actos reclamados al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y a la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCIA ARMAS, hasta el día de hoy veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, ante el secretario Humberto Loza Aguilar, con quien actúa y da fe.

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