Johana Melina Ruíz Amezcua

Expediente 1346/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1346/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Johana Melina Ruíz Amezcua
  • Johana Melina Ruíz Amezcua y Otros.
  • Ma. Candelaria Vasquez Murillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    ...se reanudan los plazos. Por tanto, vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de los quince días que establece el artículo 202, párrafo primero de la Ley de Amparo vigente, para inconformarse contra la citada determinación de veintisiete de octubre de dos mil veinte, ha fenecido; en consecuencia, queda firme el citado auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte. Por lo anteriormente expuesto, remítase el presente expediente al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos del que se advierte que no obra en autos la constancia de notificación relativa al oficio 33341/2020 ordenada al Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la cual se hace de su conocimiento el contenido del proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, se ordena reexpedir el aludido oficio, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: ".Consecuentemente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a las quejosas, para el efecto que el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente ***. 2. Realice las actuaciones que resulten necesarias con el fin de allegarse de los elementos de convicción suficientes y necesarios para acreditar los extremos relativos a los conceptos de pérdida de oportunidad y, pérdida de ingresos o lucro cesante respecto de la víctima directa Mario Alberto Valencia Vázquez, con la finalidad de determinar de manera correcta las medidas de compensación, de conformidad con lo previsto por el artículo 64 de la Ley General de Víctimas. Lo anterior tomando en consideración de que, en términos del artículo 147 de la ley de la materia, es su responsabilidad lograr la integración del expediente, de modo que debe realizar todas las acciones y/o requerimientos para tal efecto, incluyendo requerimientos a autoridades que puedan aportar esa información. 3. Emita otra resolución, debidamente fundada y motivada relativa al plan de reparación integral de la víctima directa Mario Alberto Valencia Vázquez, en la que precise de manera detallada los elementos que tome en consideración para cuantificar el daño moral. Sin que pase desapercibido para la responsable, que para el cumplimiento de este efecto se reitera que uno de los principios establecidos en el artículo 5° de la Ley General de Víctimas es el "Interés superior de la niñez, del cual se dispone que "deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector". Finalmente, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor de la que ya se les había determinado, pues la materia del juicio de amparo se constriñe a salvaguardar los derechos fundamentales de los solicitantes del amparo." Del análisis a lo transcrito, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, la autoridad responsable debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente ***. 2. Realizar las actuaciones que resulten necesarias con el fin de allegarse de los elementos de convicción suficientes y necesarios para acreditar los extremos relativos a los conceptos de pérdida de oportunidad y, pérdida de ingresos o lucro cesante respecto de la víctima directa Mario Alberto Valencia Vázquez, con la finalidad de determinar de manera correcta las medidas de compensación, de conformidad con lo previsto por el artículo 64 de la Ley General de Víctimas. Lo anterior tomando en consideración de que, en términos del artículo 147 de la ley de la materia, es su responsabilidad lograr la integración del expediente, de modo que debe realizar todas las acciones y/o requerimientos para tal efecto, incluyendo requerimientos a autoridades que puedan aportar esa información. 3. Emitir otra resolución, debidamente fundada y motivada relativa al plan de reparación integral de la víctima directa Mario Alberto Valencia Vázquez, en la que precise de manera detallada los elementos que tome en consideración para cuantificar el daño moral. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el dieciséis de octubre de dos mil veinte, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió el siguiente documento: Resolución de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente ***. Documental que por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con dicha constancia se dio vista a la parte quejosa en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte para que en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera, cuestión que NO realizó. Ahora bien, el auto diecinueve de octubre de dos mil veinte, fue hecho del conocimiento de la parte amparista el veinte de octubre de dos mil veinte, mediante notificación por lista, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos. Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y las constancias remitidas en cumplimiento al mismo, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que emitió la resolución de cinco de octubre de dos mil veinte, en la cual dejó insubsistente la resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente ***; de igual forma, indicó que se allegó de los elementos de convicción para acreditar los extremos relativos a los conceptos de pérdida de oportunidad y, pérdida de ingresos o lucro cesante respecto de la víctima directa Mario Alberto Valencia Vázquez. Asimismo, determinó el plan de reparación integral del daño por las violaciones graves a derechos humanos cometidas en agravio de ***, en términos de la Recomendación *** de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora bien, cabe precisar que los alcances de la ejecutoria de amparo impiden que este Juzgado Federal, en el procedimiento de ejecución del fallo protector, pueda examinar los motivos o fundamentos que sustentan la resolución emitida, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Tesis: 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, consultable en su página 203, cuyo texto precisa: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Atento a lo anterior y, tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la vigente Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de garantías, precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201, fracción primera y 202 de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Principal

    ...agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del cual aduce que dio cumplimiento al fallo protector y al efecto remite las constancias con las que pretende acreditar su dicho. En atención a su contendido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, con copias simples de las documentales de mérito, dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que intenta dar la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo y en caso de así considerarlo, manifieste en relación con dicho cumplimiento, si existe exceso o defecto en la ejecución de la sentencia ejecutoria. Apercibida que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se acordará lo que en derecho corresponda con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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