Johana Angelina Arriaga Ruiz

Expediente 356/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
356/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Johana Angelina Arriaga Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Johana Angelina Arriaga Ruíz, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio del Estado, con sede en esta ciudad, y del Juez de Tribunal Unitario de Juicio Oral con sede en Matehuala, San Luis Potosí; por violación que estima en su perjuicio de los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número progresivo 356/2021-IV. Ahora bien, se desprende que los actos reclamados son los siguientes: "A) La omisión del agente de los ministerios públicos adscritos a la unidad de robo casa habitación, industria y comercio, en el estado de citar a los peritos que participaran en el desahogo de la Audiencia de Juicio Oral que tendrá verificativo el día 03 de mayo 2021 a las 10:00 horas en el Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede, Zona Altiplano, Matehuala, San Luis Potosí, dentro de la Causa Penal R11/VEN/CP-03-2018, POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO en agravio de José Miguel Hernández Monsiváis. B) Por cuanto hace a la diversa autoridad responsable hacer efectivo el apercibimiento por el JUEZ DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUICIO ORAL, Lic. JAVIER PÉREZ CONTRERAS adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Altiplano, Sala Sede, Matehuala, San Luis Potosí, el cual fue decretado en audiencia el día 08 de marzo del año 2021., en donde decreto que en caso de que no comparezcan los órganos de prueba (peritos), el día 03 de mayo del año 2021 en punto de las 10:00 de la mañana se nos tendría por desistidos en nuestro más entero perjuicio.". (sic) En concepto de esta juzgadora, se advierte que con relación a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, la parte quejosa reclama en forma destacada la omisión del referido agente del Ministerio Público en citar a los peritos que intervendrán en el desahogo de la audiencia de juicio oral señalada para el tres de mayo de dos mil veintiuno, en la Causa Penal R11/VEN/CP-03-2018. Sin embargo, ese acto no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en términos del artículo 105, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público es parte en el procedimiento penal. En efecto, una vez que el representante social judicializa la investigación, con la finalidad de poner en conocimiento a la autoridad jurisdiccional su pretensión de ejercer acción penal contra alguna persona determinada, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad -en la integración de la carpeta de investigación o investigación inicial- a parte del proceso penal. En síntesis, aun cuando el Ministerio Público sea la autoridad rectora de la fase de investigación inicial, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad que dirige el proceso es el Juez, mientras que el representante social actúa como parte; es decir, en igualdad de condiciones adjetivas que el imputado, su defensor, la victima u ofendido y su asesor jurídico. En efecto, de lo relatado bajo protesta de decir verdad por la quejosa en la demanda, se advierte que el cuatro de noviembre de dos mil veinte, se dictó auto de apertura a juicio oral, siendo que el ocho de marzo de dos mil veintiuno, se difirió la audiencia de juicio oral para el tres de mayo siguiente, en donde se decretó que en caso de que no comparezcan los órganos de prueba (peritos), se tendría a las partes por desistidos de éstos en su perjuicio. Resultando que el ocho de abril del año actual, la parte ofendida -aquí quejosa-, solicitó a los Fiscales la citación de diversos peritos, siendo que a la fecha de presentación de su demanda, no se había realizado la misma. En ese sentido, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 5°, fracción II de la misma ley, consistente en que lo impugnado no se trata de un acto de autoridad, susceptible de ser analizado a través del juicio biinstancial, ya que al haberse judicializado la carpeta de origen, el fiscal perdió la calidad de autoridad y se convirtió en parte procesal en términos del numeral 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que el juicio de amparo promovido deviene improcedente al surtirse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, lo que procede es desechar la demanda de que se trata, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia. Igual consideración recae respecto al reclamo elevada a la autoridad designada como Juez del Tribunal Unitario del Juicio Oral, pues se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda de que se trata en términos de la fracción XII del artículo 61 en relación con el dispositivo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, en el presente caso, la actualización del apercibimiento reclamado dependerá en todo momento de la conducta que se exteriorice ante la autoridad responsable por las partes del procedimiento, de tal suerte que si se cumple con lo ordenado, aquélla no tendría razón para emitir alguna determinación que cause agravio a la accionante del amparo. De ahí que la suscrita considere que el acto reclamado a la autoridad judicial en este momento no ocasiona un agravio personal, real y directo a la parte quejosa, por lo cual es evidente que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación invocada, a Omar Alejandro Balderas Herrera y Celia Gabriela Cárdenas Banda, con cédulas profesionales respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.

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