Johan Peters Thiessen

Expediente 203/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
203/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Johan Peters Thiessen

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días establecido por el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en donde se desechó la demanda. En consecuencia, se declara que ha causado estado, para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se ordena archivar el presente asunto.

  2. Principal

    1. Recepción de la demanda. Visto el oficio de cuenta y anexos, se tiene por recibido el oficio del Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, del que se desprende que ese órgano declaró carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo 992/2021, de su índice, promovido por **********, quien se ostenta como representante de ***********, contra actos de la Subdelegación Cuauhtémoc de la Fiscalía General de la Republica, y de otras autoridades, por las razones ahí expuestas. Acúsese recibo. Regístrese con el número 203/2021, en el libro de gobierno respectivo de este órgano jurisdiccional. Al respecto, del oficio de cuenta se obtiene que aquél órgano estimó carecer de competencia, en virtud de que todos los Jueces de Distrito en el Estado de Chihuahua fueron señalados como autoridades responsables, resultando este Juzgado el más cercano a la jurisdicción del Decimoséptimo Circuito Judicial, lugar donde se ejecutarán los actos reclamados, al tenor de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, del citado ordenamiento, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, acepta el conocimiento de la demanda de amparo. 2. Análisis de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda relativa para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe señalar que si bien el legislador no previó la forma en que debe realizarse dicho análisis, el juez se encuentra obligado a estudiar la demanda en su integridad, puesto que el hecho de dividir la continencia de la causa contravendría los principios fundamentales del proceso y con ello la propia Ley de Amparo. De manera que ese estudio lleva al órgano jurisdiccional a determinar exactamente la intención del justiciable, armonizando todos y cada uno de los datos y elementos que la conforman, tales como su propio contenido, los escritos aclaratorios, o bien, los documentos que se adjuntaron a ésta, lo cual no implica una suplencia de la deficiencia argumentativa de los conceptos de violación, ni una alteración de los hechos o de los actos que se reclaman. Ahora bien, el promovente ********* reclama, en esencia, el mandato de captura dictado en contra de ********** (orden de aprehensión, detención o presentación) y su ejecución. Actuación contra la cual se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se considera así, pues en el caso no se actualiza alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, para admitir la demanda presentada a nombre de otro. En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, estatuyen el principio de instancia de parte agraviada, como mandato rector del juicio constitucional, el cual implica que este tipo de asuntos únicamente puede ser promovidos por la persona física o jurídica a quien afecte el acto reclamado. No obstante, dicho principio no implica que siempre deba hacerlo el agraviado sino que admite ciertas excepciones, a saber, cuando sea promovido por su apoderado o representante legal, por conducto de su defensor, o por cualquier persona en los términos previstos por la ley. En el caso, se destaca que de acuerdo al artículo 15 de la Ley de la materia, el amparo podrá ser promovido por cualquier persona cuando se combata, entre otros actos, el ataque a la libertad personal fuera de procedimiento. Empero, ello queda condicionado a que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el juicio de amparo, lo que se traduce en un impedimento para poder firmar la demanda por su propia cuenta y, así, instar la acción constitucional. Lo anterior se afirma así, pues de una interpretación realizada del principio de instancia agraviada en relación con los artículos referidos, se considera que tal excepción es tendente a dictar una medida suspensional con el fin de localizar y salvaguardar la integridad del quejoso. Ocurrido lo anterior, será él quien deba ratificar la demanda promovida a su favor y, en caso negativo, se tendrá por no presentada. En el caso particular, el promovente ********** refiere ser representante del quejoso **********, de acuerdo al artículo 15 del citado ordenamiento, reclamando de las autoridades responsables una orden de captura dictada en su contra (orden de aprehensión, detención o presentación) y su ejecución. Sin embargo, del análisis íntegro del líbelo constitucional no se advierte motivo alguno por el cual se pueda estimar que el quejoso esté imposibilitado para promover la demanda de amparo. Por el contrario, se obtiene que éste se encuentra gozando de su libertad personal y no ha sido ejecutado el mandato privativo de libertad reclamado. Por ello, se afirma que no es posible admitir el caso de excepción establecido en el referido numeral, es decir, que pueda ser promovida la demanda por cualquier persona a nombre del quejoso. No es obstáculo que los actos reclamados, en caso de materializarse, indiscutiblemente pudieran provocar una afectación de imposible reparación al directo quejoso, lo cual se trata de evitar con la presentación del líbelo constitucional; empero, como se ha precisado, su promoción se encuentra sujeta a ciertas exigencias establecidas constitucionalmente (instancia de parte agraviada), aunado a que ese tipo de actos no admite excepción como los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues, de lo contrario, el juez quien declinó competencia a favor de este juzgado hubiere proveído sobre la suspensión de los actos, en términos de los artículos 48, 125 y 126 de ese ordenamiento. Bajo esa lógica, a criterio del suscrito juzgador, no es posible admitir la demanda de amparo, mandarla ratificar o aclarar por las razones expuestas, máxime que los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado deben ser manifestados por el directo quejoso bajo protesta de decir verdad, al ser hechos propios de su persona, lo cual resulta un requisito indispensable para la promoción del juicio de amparo, como es dable colegir de la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.". 3. Desechamiento. En ese contexto, es evidente que, en la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 6, de la Ley de Amparo, y el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del citado cuerpo legal, se desecha de plano la demanda de amparo. 4. Consulta de expediente. En términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se informa a las partes que pueden programar citas para la consulta de expediente o comparecencia, y para tal efecto, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en el órgano jurisdiccional para la generación de desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorga a la persona a cuyo nombre se solicite un Código QR que, a su vez, permite que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y da derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional en la fecha y hora en que se programó la cita. Cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente al Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración de cada edificio sede. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, así como las diligencias correspondientes, para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. En atención las medidas preventivas que se deberán de implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus COVID19, todas las notificaciones del presente asunto se podrán realizar por medio de lista electrónica que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; asimismo, con excepción de los casos en que sea estrictamente necesario realizarla de manera personal, la que se deberá de llevar acabo conforme a los protocolos de salud para tal efecto, esto es, deberá usar el equipo personal de protección que le ha sido entregado, es decir, careta, guantes, cubrebocas y traje especial, ello para resguardar su salud física, así como la de los justiciables. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presente las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, captura de la sentencia que se dicte en el presente juicio o, en su caso, la resolución que le ponga fin, y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agréguese al expediente en que se actúa la constancia que así lo acredite. 9. Medios electrónicos. Conforme a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos en el presente juicio de amparo. 10. Acceso al expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas. De conformidad con los artículos 3 y 30 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas a través del nombre de usuario "JVALLES86". 11. Autorizados. Como lo solicita el promovente, se autoriza en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Jesús Roberto Valles Aragón, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se autoriza a Bernardo Bencomo Balderrama, Luis Pérez Torres y Luz María Villa Manríquez, en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no contar con dicho registro.

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