Johan Krahn Friessen
Expediente 1437/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1437/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Johan Krahn Friessen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y toda vez que de la misma se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de diez de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por **********************; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de la responsable no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad por lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se le haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso d), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. El presente acuerdo no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el que no se considera de información reservada.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, diez de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio BOO.906.00.1.-6993 signado por el Director Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad citada rindiendo su informe justificado en alcance al diverso rendido en autos. Ahora bien, dicha autoridad remite copia certificada de diversas constancias relativas al expediente administrativo CHI-L-1123-28-03-19; al respecto, según lo establecido en el ordinal 119 de la ley de la materia, se tiene por recibida dicha documental pública, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. Luego, al imponerse del contenido íntegro de esas constancias, la suscrita advierte de oficio la actualización de la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, dado que el acto reclamado cesó en sus efectos. Dicho numeral señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". (Énfasis añadido). Ahora bien, cabe destacar que de la lectura integral de la demanda se aprecia que la parte quejosa en esencia reclama: "IV.- Actos Reclamados: a) De las responsables se reclama la OMISIÓN DE SUBSTANCIAR Y RESOLVER EN BREVE TÉRMINO, dentro del plazo de 60 días hábiles, plazo previsto por el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, sobre las peticiones que se formulen a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua por lo que se traduce en la no emisión del Acto Administrativo que solicita la PRÓRROGA DE CONCESIÓN, el cual se describe ampliamente en la solicitud respectiva, acto administrativo que debe recaer a la solicitud planteada, toda vez que a la fecha no se ha emitido ninguna respuesta a dicha solicitud, lo que se traduce en actos de autoridad viciados que representan una afectación, menoscabo y privación de los derechos que corresponden al suscrito." (Foja 2) Por otra parte, de las constancias allegadas por la autoridad responsable Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, al rendir su informe justificado, se advierte que: El uno de diciembre de dos mil veinte, la parte quejosa quedó notificada de la inscripción del título de concesión de cuatro de noviembre de dos mil veinte, relativa al expediente CHI-L-1123-28-03-19. Por tanto, resulta inconcuso, que la conducta atribuida a la responsable, cesó en sus efectos de manera inmediata e incondicional, a virtud que con la notificación del registro del título de prórroga de concesión relativo al expediente CHI-L-1123-28-03-19, volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado a éste, la protección constitucional solicitada, sobreviniendo así, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo Como apoyo legal a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y uno, Tomo VI, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y contenido reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Bajo este contexto, dado que durante la tramitación de este contradictorio federal, sobrevino la causa notoria y manifiesta de improcedencia antes indicada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio que nos ocupa. En lo conducente por las razones que le informan, resulta aplicable a lo anterior la tesis II. 1o. C. T. 217 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313, Tomo XIV, Octubre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Determinación a la que se arriba, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues la hipótesis de improcedencia que sobrevino, es notoria y manifiesta, de manera tal que con ningún otro medio probatorio se puede desvirtuar, por lo que resultaría innecesario y ocioso, pretender aguardar hasta que se verifique la audiencia constitucional para poder resolver el presente asunto, por ende, en perjuicio del derecho fundamental de administración de justicia pronta tutelado por el ordinal 17 de la Ley Suprema. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así las cosas, dado el sobreseimiento decretado en párrafos precedentes, se deja sin efecto la audiencia señalada para las once horas del siete de enero de dos mil veintiuno.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, dos de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que el diecinueve de noviembre del año en curso, se suspendió la tramitación del presente juicio de garantías, en cumplimiento a lo previsto por las circulares SECNO/24/2020 y SECNO/25/2020, suscritas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el treinta de octubre y doce de noviembre de dos mil veinte, respectivamente; mediante las cuales, se suspendieron los plazos y términos procesales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de este Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua, durante el plazo comprendido del tres al veintisiete de noviembre del año que transcurre; lo anterior, con la finalidad de proteger la salud de los justiciables, así como de los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Luego, toda vez el plazo de suspensión ha fenecido, se reanuda el trámite del presente juicio de amparo, en los términos precisados por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Para tal efecto, se señalan las ONCE HORAS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, de la que se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el Secretario autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Juez, así como por el secretario con quien actúe, en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito sin acudir físicamente a dicho acto. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes, que el trámite del juicio de amparo en que se actúa, se regirá por los lineamentos decretados en proveído de siete de octubre del año en curso. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio BOO.906.00.1.-6767 signado por el Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad citada rindiendo su informe justificado; por tanto, con su contenido dése vista a las partes para el uso de sus derechos. Asimismo, téngasele ofreciendo como pruebas las documentales que anexa para tal efecto, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, con las cuales hágase relación en la audiencia constitucional respectiva, ello con sustento en el precepto 119 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de Amparo en vigor, se tiene a la autoridad responsable señalando como delegados a las personas que indica en su informe de cuenta. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, de los que se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, de conformidad con la Circular SECNO/STCCNO/543/2020, suscrita el doce de noviembre de dos mil veinte, por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se suspende la tramitación del presente juicio de amparo. Ello es así, toda vez que a través de la diversa circular SECNO24/2020, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el treinta de octubre de dos mil veinte; informó que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19, en los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua", con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las personas que prestan sus servicios en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas; en la que se precisó que los órganos jurisdiccionales de este Decimoséptimo Circuito, se retrotraen al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19; durante el periodo comprendido del treinta y uno de octubre al trece de noviembre de dos mil veinte. Luego, el doce de noviembre de dos mil veinte, la Comisión Especial aprobó la propuesta de extensión de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19, en el Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua, del catorce al veintisiete del mes y año que transcurre; con la finalidad de proteger la salud de los justiciables, así como de los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Por tanto, este Juzgado de Distrito, continuará tramitando ocursos que sean considerados como "urgentes", independientemente de la forma de presentación; asimismo, dará seguimiento a los asuntos ya radicados que reúnan la misma naturaleza; procediendo a la suspensión de todos aquellos asuntos que no se encuentren dentro de este supuesto. De igual manera, se recibirán y tramitarán asuntos nuevos que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con la excepción de aquellos en los cuales se requiera celebración de audiencias o diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y no pueda desahogarse mediante videoconferencia o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. En ese contexto, se precisa que de conformidad con el AG 13/2020, del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, los asuntos considerados como urgentes, son los siguientes: "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: I. Los asuntos competencia del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. II. En materia penal: a) Ejercicio de la acción penal con detenido; b) Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; c) Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se resuelva sobre la situación jurídica; d) Solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas; e) La calificación de detenciones; f) Las vinculaciones a proceso; g) Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; h) Determinaciones sobre extradición; i) Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia; j) Procedimiento abreviado; k) Suspensión condicional del proceso; l) En el sistema penal tradicional, diligencias para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de pre-instrucción; m) En el sistema penal tradicional, resolución de incidentes innominados de traslación del tipo y desvanecimiento de datos; y n) Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas, contra las determinaciones que impongan medida cautelar de prisión preventiva, y contra las resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionadas con la libertad, salud e integridad física de las personas. III. En ejecución penal: a) Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; b) Actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan la resolución del expediente de ejecución; c) Resoluciones por escrito sobre peticiones de personas privadas de la libertad, si no existiere controversia entre las partes ni desahogo de prueba; d) Trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberacionales (libertad preparatoria, anticipada, condicionada y la sustitución o suspensión temporal de la pena) y los derivados de la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril de 2020; e) Asuntos relativos a condiciones de internamiento que versen sobre atención médica relacionada con el tercer escalón sanitario (hospitalización); f) Asuntos relacionados con segregación y tortura; y g) Planteamientos en torno a las afectaciones derivadas del Covid-19 con motivo del internamiento. IV. En general, todas las demandas de amparo o acciones contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. V. En amparo civil: a) Amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general; b) Amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y c) Amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de menores de edad y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. VI. Medidas cautelares en concursos mercantiles, ya sea que se trate de solicitudes o demandas nuevas, o los que ya estuvieran en trámite. VII. Declaración de inexistencia de huelga. VIII. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. En ese tenor, se advierte que en el presente juicio de garantías, no se reclama alguno de los actos señalados en el dispositivo legal antes transcrito; por tanto se suspende su tramitación, hasta en tanto se reanuden las labores de los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua.
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