Joel Villa Torres

Expediente 364/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
364/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
10/06/2015

Partes del expediente

  • Joel Villa Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal, con el que rinde su informe respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida en proveído de quince de mayo del presente año.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A QUEJOISO POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE 15 DE MAYO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, EN EL QUE SE DETERMINÓ: Vista la demanda de cuenta, se aprecia que Joel Villa Torres, acude a solicitar la protección constitucional contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en México, Distrito Federal, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, Director del Centro Federal de Reinserción Social Número Cuatro y Médico adscrito al Centro Federal de Reinserción Social Número Cuatro, con domicilio en el Ejido El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, los cuales hace consistir en la orden verbal o escrita de que se le niegue el servicio médico, y su cumplimiento. A fin de estar en aptitud de proveer lo relativo, se ordena registrarla en el libro de gobierno respectivo y asignarle el consecutivo 364/2015-IV. Del escrito que nos ocupa, se aprecia que en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, el quejoso señaló lo siguiente: "EL suscrito fui consignado ante el Juez Cuarto de Distrito por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana quedando radicado el expediente bajo el número de expediente 109-2014-III a raíz de mi consignación fui puesto a disposición del juzgado en comento internado en el Cefereso Número 4 con domicilio conocido en el Ejido El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit.". Establecido lo anterior, es menester analizar si este juzgado resulta competente para conocer de la misma, ello en virtud de ser la competencia una cuestión de orden público, no sólo por el presupuesto procesal que constituye, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte relativa establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". En adición al precepto transcrito, es necesario atender lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Como se mencionó en párrafos anteriores, el promovente del amparo acude a combatir la orden verbal o escrita de que se le niegue el servicio médico, y su cumplimiento. Así, conforme a la reclamación planteada, este juzgador permite considerar que se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece que es competente para conocer de la demanda, el juez que ejerza jurisdicción en el lugar en donde debe tener ejecución el acto reclamado, trate de ejecutarse o se esté ejecutando, pues se trata de un amparo indirecto promovido por la negativa de proporcionar atención médica al quejoso y su ejecución. Por tanto, se estima que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción en el lugar en donde se encuentra el quejoso, puesto que la ejecución del acto que se reclama se está llevando en el lugar en que éste se encuentra recluido en virtud del proceso penal que se le sigue por el delito contra la salud, máxime que el acto que se reclama conlleva una ejecución material, tal y como se precisa en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Luego, si como se mencionó en párrafos anteriores, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro, con domicilio en el Ejido El Rincón, Municipio de Tepic, Nayarit, y es por virtud de la negativa de brindarle atención médica, es inconcuso que quien debe conocer de la demanda es un juez de Distrito con residencia en esa localidad. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en turno, con residencia en Tepic, para que conozca de la demanda promovida por Joel Villa Torres. Por lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia simple del escrito de demanda, por conducto del encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, remítase el original al Juez de Distrito que por razón de turno corresponda de su conocimiento, a efecto de que determine si se avoca o no al conocimiento de la misma, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. No obstante lo anterior, dada la naturaleza del acto que se reclama, por tratarse de un acto que según lo expuesto bajo protesta de decir verdad pone en peligro la vida del impetrante, procede pronunciarse sobre la suspensión de plano en términos del numeral 126 de la ley de la materia, de cuyo contenido se obtiene que para la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, el juez de distrito debe atender a dos circunstancias: a) La naturaleza del acto reclamado, el cual debe implicar gravedad en los efectos de su ejecución para el quejoso; y, b) La necesidad de conservar la materia del amparo. Esto es, se debe evitar la imposibilidad de restituir a la parte agraviada en el uso y goce de los derechos violados. Así, el elemento que determina la procedencia de la suspensión de plano es la imposibilidad material o física de reparar la violación en que incurran las autoridades responsables, dejando al arbitrio del juzgador apreciar cuando se trate de actos cuya ejecución, de consumarse, haría imposible la restitución al agraviado en el goce y disfrute del derecho infringido. En ese orden de ideas, se considera que en el caso en concreto la falta de asistencia médica de que se duele el quejoso, constituye un acto que de continuar ejecutándose haría físicamente imposible la restitución en el goce de sus derechos violados, no obstante lo previsto en el ordinal 77 de la Ley de Amparo, pues aun cuando en la sentencia que en su caso se dicte se conceda la protección de la Justicia de la Unión, sería ineficaz de continuar ejecutándose. En el caso, toda vez que se reclama de las responsables, una omisión por parte de éstas de proporcionarle la asistencia médica al amparista, por padecimientos que aduce el propio quejoso, deben ser tratados de inmediato, vinculados con cuestiones de conservar la vida, dado que pueden deteriorar la salud del promovente, lo que haría físicamente imposible restituirlo en el goce del derecho reclamado, resulta procedente como se precisó suspender de plano el acto que se reclama. En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta de plano la suspensión del acto precisado (falta de asistencia médica). Lo anterior es así, pues como se establece en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "protocolo de San Salvador", que reconocen la salud como derecho humano, entendiendo como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social a que todo ser humano tiene derecho, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión del plano para el efecto de que cese de inmediato la omisión de proporcionar asistencia médica al quejoso por la autoridad responsable. Por tanto, el médico responsable bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar la veracidad del padecimiento del quejoso y corroborar de acuerdo a su especialidad si efectivamente se requiere o no, suministrar un medicamento al paciente, ahora quejoso, en las dosis que medicamente sean necesarias, para el restablecimiento de su salud. Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que quede notificado de este acuerdo, acrediten el debido cumplimiento a la suspensión de plano; apercibidos que en caso de negativa o evasión, para la ejecución y cumplimiento de esta medida se aplicará en su contra los medios de apremio legalmente establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta suspensión entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dichas autoridades que tratándose de juicios de amparo en los que se reclama cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. En términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II, y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el despacho marcado con el número 658 Sur, colonia La Joya, y como sus autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados César Octavio Rivas Ávila y Lauro Campos Martínez, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la Secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Se autoriza a la secretaria firmar los oficios que se envíen a las autoridades responsables.

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