Joel Velázquez Rodríguez
Expediente 326/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Joel Velázquez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el lapso de cinco días a que se refiere el numeral 98 de la legislación aplicable sin que el promovente del amparo interpusiera recurso de queja en contra del proveído del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado; al no existir actuaciones pendientes y encontrarse debidamente integrado el expediente físico y electrónico de este asunto, archívese como concluido. En términos de los preceptos 12 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es susceptible de destrucción, en virtud de que se desechó la demanda, lo que podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes y colóquese en la carátula el sello respectivo. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta se aprecia que obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el arábigo 21 del multicitado acuerdo, requiérase a dicho sujeto procesal para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional a recogerlo, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, será destruido. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Berenice Osorio Macedo, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del quince de noviembre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el lapso de cinco días a que se refiere el numeral 98 de la legislación aplicable sin que el promovente del amparo interpusiera recurso de queja en contra del proveído del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado; al no existir actuaciones pendientes y encontrarse debidamente integrado el expediente físico y electrónico de este asunto, archívese como concluido. En términos de los preceptos 12 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es susceptible de destrucción, en virtud de que se desechó la demanda, lo que podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes y colóquese en la carátula el sello respectivo. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta se aprecia que obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el arábigo 21 del multicitado acuerdo, requiérase a dicho sujeto procesal para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional a recogerlo, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, será destruido. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Berenice Osorio Macedo, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, todos del Estado de Guerrero, regístrese bajo el número 326/2023-II. Háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en el caso, el quejoso reclama: a) El acuerdo del dos de octubre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta ***donde se le requiere para que se presente a las nueve horas del veinte del mes y año en curso a la audiencia inicial de formulación de imputación; b) El probable auto de vinculación a proceso que se llegare a dictar en la audiencia del veinte de octubre de la anualidad; c) La probable aplicación de la prisión preventiva oficiosa por la imputación de un delito que le es aplicable dicha medida cautelar; y, d) La probable detención y remisión al Centro de Reinserción Social de esta ciudad. Al respecto, por lo que hace al inciso a), se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el solo auto de citación a audiencia inicial de formulación de imputación no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Lo anterior se considera así, toda vez que el Ministerio Público al consignar y solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. De ahí que per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que en el caso concreto, de los hechos narrados por el quejos y documentos que anexó a su demanda, no se advierte que se actualice. Por tanto, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Tiene aplicación la tesis II.2º.P.32 P emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 6979, Libro 26, Tomo VII, Junio de 2023, Undécima Época en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL IGUAL QUE EN EL SISTEMA TRADICIONAL (MIXTO), LOS ACTOS DEL MISNITERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES PARA LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ahora, tocante a los incisos b), c) y d) se actualiza de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, pues de una interpretación conjunta de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente, al ser inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí, que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo en que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido en el momento de la promoción del juicio, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. En el caso que nos ocupa, si el quejoso reclama el probable auto de vinculación a proceso, la probable aplicación de la prisión preventiva oficiosa y su probable detención, conforme a lo establecido y los hechos narrados es evidente que existe ausencia de afectación al quejoso, al tratarse de actos futuros que en su caso derivan de la audiencia de formulación de imputación; sin embargo, en este momento se desconoce el resultado de la misma. De esta forma, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del peticionario, sino que se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo al observarse conjeturas sobre una posible vinculación a proceso y privación de la libertad y no así un acto real, actual e inminente que se pretenda materializar en su contra, pues pudiera ser el caso de que en la audiencia de formulación de imputación el Juez de Control imponga diversa medida de la prisión preventiva, mientras que referente a la vinculación a proceso el resultado dependerá de los datos de prueba y valoración que se les dé, lo que no hace inminente su materialización. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere el quejoso; asimismo, por autorizada a la persona que designa para los efectos que establece, en el entendido que de hacerlo en amplios términos, deberá contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, no ha lugar a realizarle las notificaciones a través del correo electrónico y número de teléfono que refiere, en virtud de que no están previstos en la Ley de Amparo; no obstante ello, se toma conocimiento de los mismos a efecto de entablar comunicación no procesal. Con fundamento en el numeral 21 de la legislación de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Berenice Osorio Macedo, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy
- Principal
Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, todos del Estado de Guerrero, regístrese bajo el número 326/2023-II. Háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en el caso, el quejoso reclama: a) El acuerdo del dos de octubre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta ***donde se le requiere para que se presente a las nueve horas del veinte del mes y año en curso a la audiencia inicial de formulación de imputación; b) El probable auto de vinculación a proceso que se llegare a dictar en la audiencia del veinte de octubre de la anualidad; c) La probable aplicación de la prisión preventiva oficiosa por la imputación de un delito que le es aplicable dicha medida cautelar; y, d) La probable detención y remisión al Centro de Reinserción Social de esta ciudad. Al respecto, por lo que hace al inciso a), se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el solo auto de citación a audiencia inicial de formulación de imputación no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Lo anterior se considera así, toda vez que el Ministerio Público al consignar y solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. De ahí que per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que en el caso concreto, de los hechos narrados por el quejos y documentos que anexó a su demanda, no se advierte que se actualice. Por tanto, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Tiene aplicación la tesis II.2º.P.32 P emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 6979, Libro 26, Tomo VII, Junio de 2023, Undécima Época en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL IGUAL QUE EN EL SISTEMA TRADICIONAL (MIXTO), LOS ACTOS DEL MISNITERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES PARA LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ahora, tocante a los incisos b), c) y d) se actualiza de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, pues de una interpretación conjunta de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente, al ser inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí, que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo en que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido en el momento de la promoción del juicio, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. En el caso que nos ocupa, si el quejoso reclama el probable auto de vinculación a proceso, la probable aplicación de la prisión preventiva oficiosa y su probable detención, conforme a lo establecido y los hechos narrados es evidente que existe ausencia de afectación al quejoso, al tratarse de actos futuros que en su caso derivan de la audiencia de formulación de imputación; sin embargo, en este momento se desconoce el resultado de la misma. De esta forma, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del peticionario, sino que se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo al observarse conjeturas sobre una posible vinculación a proceso y privación de la libertad y no así un acto real, actual e inminente que se pretenda materializar en su contra, pues pudiera ser el caso de que en la audiencia de formulación de imputación el Juez de Control imponga diversa medida de la prisión preventiva, mientras que referente a la vinculación a proceso el resultado dependerá de los datos de prueba y valoración que se les dé, lo que no hace inminente su materialización. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere el quejoso; asimismo, por autorizada a la persona que designa para los efectos que establece, en el entendido que de hacerlo en amplios términos, deberá contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, no ha lugar a realizarle las notificaciones a través del correo electrónico y número de teléfono que refiere, en virtud de que no están previstos en la Ley de Amparo; no obstante ello, se toma conocimiento de los mismos a efecto de entablar comunicación no procesal. Con fundamento en el numeral 21 de la legislación de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Berenice Osorio Macedo, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."
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