Joel Velasco Calleja y Otros.

Expediente 117/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
117/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Joel Velasco Calleja y Otros.
  • Luis Yeudiel Cabrera Escobedo
  • Joel Velasco Calleja

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que ninguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos ********************y********************; por lo tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso a) (Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es conservable; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Se devuelve DVD. En otro aspecto, devuélvase al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, el disco versátil digital certificado, que contiene las determinaciones dictadas en la carpeta judicial ********************de su índice, que exhibió como apoyo a su informe con justificación. Finalmente, respecto al disco versátil sin certificación precisado en la certificación secretarial de cuenta, que fue ofrecido como prueba por la parte quejosa, se le requiere para que, en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Juzgado de Distrito, a recuperar dicho disco compacto; apercibida que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, será destruido junto con el presente expediente, en términos del artículo 20 del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Valoración documental. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) (Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es conservable; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 117/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta población, Joel Velasco Calleja y Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, por conducto de la Defensora Pública Federal, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca; que estiman violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20, apartado A, fracción V, de la Constitución General. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que por auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, la admitió con el número de juicio de amparo 117/2023, solicitó informe a la autoridad responsable, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, ordenó emplazar en su carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la cédula III-6 Tuxtepec, Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, en esta localidad, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. En auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, se admitió la ampliación de demanda respecto de diverso acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, a quien se le solicitó informe justificado. CUARTO. Trámite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad federal que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec: La resolución de calificación de la detención emitida el catorce de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 29/2023 de su índice, contra Joel Velasco Calleja y Luis Yeudiel Cabrera Escobedo. La resolución de vinculación a proceso emitida en audiencia de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 29/2023 de su índice, contra Joel Velasco Calleja, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de Cannabis Sativa L., y posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; y contra Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de Cannabis Sativa L.; posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional y portación de arma de fuego sin licencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en esta población, aceptó la existencia de ambas resoluciones reclamadas. Lo que se corrobra con el DVD que contiene las determinaciones dictadas en la carpeta judicial 29/2023 del índice de la autoridad responsable, al que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Causas de Improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, las partes no hicieron valer la existencia de alguna causa de improcedencia. De igual forma, este Juzgado Federal, considera no se actualiza alguna de ellas; por lo que se procede al análisis de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación, aún en suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ello, acorde con lo sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 1/2022 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1719, Tomo II, Libro 11, Marzo de 2022, Undécima Época, Materia Penal, Común, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2024343, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA EN AUSENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO PENAL. CUANDO EL QUEJOSO ES EL INCULPADO, OPERA TAMBIÉN RESPECTO DE CUESTIONES DE PROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito determinaron si el sobreseimiento decretado en juicio de amparo promovido por el inculpado debe ser estudiado en la revisión -conforme a la suplencia de la queja- o si se requiere de impugnación para su análisis por el órgano de amparo que conozca de la revisión. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, la suplencia de la ausencia de la queja, en amparo en materia penal respecto del quejoso inculpado, opera también en relación con cuestiones de procedencia y sobreseimiento. Justificación: Cuando el quejoso en el amparo sea la persona inculpada, el órgano revisor de amparo, en suplencia de la queja, debe estudiar las cuestiones de sobreseimiento y procedencia que advierta contrarias a derecho y que, de subsanarse, representen un beneficio en la esfera jurídica del inculpado, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo. Dicho numeral faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en diversos supuestos e, incluso, de manera total ante la falta de expresión de los mismos. Este deber se explica en tanto que la suplencia de queja responde a hipótesis normativas que se refieren a situaciones en las que está de por medio la vida, la libertad, la integridad personal y otros bienes jurídicos de capital importancia y que requieren, ante tales situaciones de riesgo, la protección judicial más amplia que pueda darse. Ahora bien, el deber de suplir la ausencia de la queja en amparo penal respecto de cuestiones de procedencia y sobreseimiento no tendrá que reflejarse siempre en la sentencia de revisión, sino únicamente en los casos en que, como expresamente lo dispone la Ley de Amparo, la suplencia derive en un beneficio." Respecto del acto reclamado consistente en: La resolución de calificación de la detención emitida el catorce de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 29/2023 del índice del Juzgado de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, contra Joel Velasco Calleja y Luis Yeudiel Cabrera Escobedo. Los quejosos aducen que en cuanto a la forma de su detención, la base de la imputación realizada en su contra derivó del señalamiento de los policías aprehensores quienes expusieron que el diez de enero de dos mil veintitrés, a las veintidós horas con cinco minutos, realizaban recorrido de seguridad sobre la carretera federal 182, con dirección en el paraje Puente de Fierro, donde los abordó una persona (hombre) diciéndoles que dos jóvenes que visten uno con playera azul y pantalón negro, y otro pantalón azul y playera manga larga negra, caminaban bajando de Chilchotla para el crucero, cargando un costal que contiene droga que reparten, y son conocidos porque la droga la llevan de Huautla de Jiménez y la entregan en las noches a las tienditas en Chilchotla y La Herminia, que a uno de ellos le dicen el zurdo y es del cártel Jalisco, y pone a los comerciantes para que los secuestren; que aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos el denunciante observó a dos hombres que llegaron en un taxi de la ciudad Huautla de Jiménez y los dejó en la entrada del pueblo donde bajaron un costal con la droga que venden; por lo que se dirigieron sobre la carretera federal 182 y a unos trescientos metros antes de la entrada a Santa María Chilchotla, siendo las veintidós horas con veinte minutos, vieron a dos hombres a pie, con dirección a la entrada de Santa María Chilchotla, al estar a cuatro metros aproximadamente les encendieron las luces, el sujeto de pantalón de mezclilla azul y playera negra portaba en su hombro derecho una arma larga envuelta en un costal y en la mano izquierda una bolsa negra, el otro sujeto de playera azul y pantalón negro llevaba abrazando un costal blanco, y al notar la presencia policial intentaron correr y tiraron sus pertenencias, al detenerlos verificaron que Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, llevaba una escopeta marca Champion, calibre 16, sin matrícula y sin modelo, abastecida con un cartucho del mismo calibre, y en la bolsa derecha de su pantalón llevaba dos cartuchos calibre 20 y un cartucho 5.56, en la bolsa negra había hierba seca y verde con las características de marihuana; Joel Velasco Callejas, llevaba en el costal veintiún bolsas de nylon color negro y transparentes con hierba seca de marihuana, una bolsa con quince cartuchos calibre 20 y tres cartuchos calibre 9 mm y tres cartuchos calibre 22. Y los quejosos refieren que su detención no se realizó en los términos narrados en el parte informativo, sino que los hechos acontecieron en diversa forma: Luis Yeudiel Cabrera Escobedo señaló que salió de su casa entre tres y cuatro de la tarde, abordó el taxi de su municipio Santa María Chilchotla hacia Huautla de Jiménez, iba a ver a su esposa y de ahí iría a trabajar al taller; al llegar al Puente de Fierro estaba el retén de la estatal donde pararon al taxista, lo revisaron y llevaba un poco de mariguana, le preguntaron donde la compró y lo pasaron atrás de la patrulla, le quitaron los tenis y lo torturaron, un elemento de la policía estatal lo ahorcó y le preguntaba quién le había vendido la marihuana, lo trasladaron a Huautla de Jiménez, antes de llegar los policías le decían que dijera porque llegando a Huautla serían más estrictos y lo someterían; al llegar a la comandancia lo cambiaron a un coche rojo, le vendaron los ojos y le pusieron una chamarra en la cabeza y lo torturaron, lo amenazaron de muerte, diciéndole que le meterían un tiro, entre tanto miedo les dijo quién se la vendió y que la había comprado un día antes; por lo que los llevó a la casa de Joel Velasco Calleja, donde entraron a la brava, tiraron la puerta de lámina de la entrada, él estaba en el coche rojo, escuchó unos tiros en casa de Joel, lo sacaron del coche y no llevaba tenis, lo metieron a la casa de Joel y le preguntaron si él era quien le vendió la marihuana, les respondió que no, que era su hermano Antonio, los familiares de Joel estaban pegados en la pared y las cacheteaban y pegaban a Joel, sus hermanas gritaban, uno le dijo que si se movía le metían un tiro, empezaron los tiros y vio un perro que mataron porque empezó a ladrar, de allí se los llevaron a la Comandancia de Huautla donde los tuvieron toda la noche, donde los torturaron con golpes en las costillas y su pie derecho lo llevaba despellejado, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo asfixiaban y le decían que si no ponía al chavo que le vendió la marihuana lo iban a descuartizar; señaló que fue el hermano de Joel quien le vendió la marihuana un día antes de su detención. Mientras Joel Velasco Calleja refirió que el diez de enero de dos mil veintitrés fue a cortar café en el terreno de su mamá, cuando regresó a su casa a las cinco de la tarde ya estaba el desastre, no corrió porque no tiene problemas, no vende droga, ni vende marihuana, se acercó y los policías ya habían hechos sus cosas, en su cuarto tenía un arma 16, que le dejó su papá cuando murió, y la ocupa cuando se va a la milpa, vio que el perro estaba tirado porque le dieron un balazo sangraba de su cabeza, en su casa estaba su familia, hermana, sobrinas, esposa y su bebé, su hermano Antonio no estaba porque trabaja en México, fue cuando lo agarraron y lo llevaron en la camioneta a Tuxtepec. Aducen que no obstante lo manifestado por los imputados, el juez de Control desestimó sus dichos, cuando sí existen datos de prueba que corroboran la forma de detención de Joel Velasco Calleja, conforme lo manifestado por María del Carmen y María Magdalena, de apellidos Velasco Calleja, quienes coincidieron en indicar que aproximadamente a las cinco de la tarde, del diez de enero de dos mil veintitrés, elementos de policía entraron a su domicilio buscando cosas, abrieron violentamente la puerta de los cuartos y revisaron la casa, a las dos últimas las violentaron físicamente y mataron a un perro con un disparo de bala, y a otro lo lesionaron. Pero el juez de Control advirtió inconsistencia periféricas como son: a) Que María Magdalena Velasco Calleja primero refirió que al entrar los policías mataron a sus perros, y posteriormente cuando narró los hechos en el video señaló que mataron a los perros cuando ya se retiraban; que al entrar los policías a su casa les dijeron manos atrás y la cabeza a la pared, pero luego señaló que las pusieron con la cabeza y manos a la pared. b) María Magdalena y Lucía, de apellidos Velasco Calleja no señalaron a Luis Yeudiel Cabrera Escobedo en el momento en que los policías llegaron a su domicilio; c) María Magdalena señaló que le pegaron a Joel en las costillas y Joel indicó que lo tiraron; d) Lucía Velasco Calleja se espantó y preguntó a María Magdalena qué pasaba porque estaban en el patio y vieron que llegaron varios vehículos y unas personas se metieron a su casa. Y por tales razones no otorgó valor a esos datos de prueba, cuando los factores periféricos indicados son propios de la percepción de cada persona que vivió una intromisión sorpresiva y violenta en su domicilio, lo que hace razonable que afecte los detalles del hecho, aunado a que no todos tienen el mismo nivel de percepción de las cosas, dado el contexto en que ellas se desenvuelven; por lo que deben prevalecer las circunstancias esenciales narradas respecto de la detención de Joel Velasco Calleja, que no fue de la forma en que se relata en el Informe Policial homologado, cuya valoración no se sometió al mismo escrutinio, aunado a que en dicho informe nada se dijo de los objetos asegurados, no obstante que existe un apartado con ese nombre, en el que no se estampó que existieran cartuchos y bolsa de marihuana atribuida a Luis Yeudiel Cabrera Escobedo. Lo que dijo el juez de Control que esa omisión no es suficiente para demeritar su presunción de legalidad pues en el relato de hechos sí se expuso. Agregan que el resultado de la inspección realizada en el domicilio de Joel Velasco Calleja, corrobora el dicho de las anteriores declarantes, en cuya diligencia se asentó la existencia de datos objetivos de violencia como son el desprendimiento del marco de la puerta de uno de los cuartos, el desprendimiento de la madera de la ventana que da al exterior del inmueble y la ropa revuelta, objetos tirados y la existencia de los perros violentados; los que no pueden considerarse como maquinados, pues María Magdalena Velasco Calleja señaló que tomó fotografías de como quedaron las cosas en su domicilio después de ese evento, y tras lo sucedido acudió a denunciar el hecho, sin que ninguna autoridad acudiera a constatar lo denunciado, aunado a que su prioridad en ese momento era localizar a Joel Velasco Calleja. Sin embargo, el juez de Control responsable se concretó a desestimar esos datos de prueba diciendo que no fue debidamente justificada y asentó que los hechos de su detención ocurrieron conforme a lo narrado en el informe policial. Lo que refieren no ocurrió de tal forma, pues el diez de enero de dos mil veintitrés, entre las tres y cuatro de la tarde, Luis Yeudiel Cabrera Escobedo fue detenido cuando viajaba en un taxi en la carretera Huautla-Santa María Chilchotla, porque poseía marihuana y lo torturaron para que dijera a quién se la compró, por ello la policía lo llevó a la casa de Joel Velasco Calleja, donde entraron sin autorización y violentamente a detener a esta persona; lo que realizaron transgrediendo la inviolabilidad de un domicilio particular sin previa autorización legal, existiendo sobre este hecho, diversos datos de prueba que corroboran la ilegalidad de dicha actuación policial. Son infundados los conceptos de violación. Los derechos humanos de libertad y seguridad personales establecidos en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, y en el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prohíben afectar el derecho a la libertad personal, salvo por las condiciones y causas fijadas de antemano por la Constitución General, siendo por regla general una de ellas, la orden de aprehensión. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7, numerales 1, 2, 3 y 6, reconoce el derecho a la libertad de toda persona, la que puede ser restringida únicamente bajo las condiciones fijadas por las Constituciones Políticas de los Estados Partes, y que un Juez o tribunal decida, sin demora, sobre la legalidad de la detención. Sobre este tópico de la legalidad de la detención, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que el control de su legalidad, por parte del Juez, como obligación normativa, se actualiza en los casos de flagrancia o caso urgente, sin que comprenda la derivada de la ejecución de órdenes de aprehensión; ello, partiendo de la premisa de que en caso urgente la privación de la libertad es ordenada por el Ministerio Público; mientras que en el caso de la flagrancia puede ser ejecutada por cualquier persona; esto es, cuando se esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, así como en casos urgentes respecto de delitos graves así calificados por la ley y exista el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia y no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial. Por lo que a fin de evitar arbitrariedades en su ejecución, es que esas actuaciones deben ser motivo de escrutinio judicial, por el Juez de Control, a fin de verificar su legalidad. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 32/2020 (10a.), por contradicción de tesis 444/2019, consultable en la página 149, Libro 79, octubre de 2020, Tomo I, Materia Penal, Décima Época, con registro digital 2022158, de rubro y texto siguientes: "DETENCIÓN, CONTROL DE SU LEGALIDAD. NO PROCEDE EJERCERLO RESPECTO DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN (ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de los amparos en revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si el control de legalidad de la detención previsto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para los casos de flagrancia o urgencia, se debe realizar tratándose de órdenes de aprehensión. Criterio jurídico: Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el criterio que debe prevalecer, es que este control únicamente procede cuando la privación de la libertad personal del imputado tiene como antecedentes casos de flagrancia o urgencia, sin que pueda hacerse extensivo a las órdenes de aprehensión. Esto no significa que sea inviable alegar vicios cometidos en la ejecución de una orden de aprehensión, o bien, que el Juez de Control esté impedido para analizar oficiosamente violaciones a los derechos humanos ocurridas en el cumplimiento de dichas órdenes. Justificación: Ello, porque en los supuestos de flagrancia o urgencia, la privación de la libertad personal del imputado no ha sido sometida a un control judicial previo, como sí ocurre tratándose de órdenes de aprehensión, las cuales en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben librarse por la autoridad judicial competente. La razón se estructura atendiendo a que el bien jurídico tutelado por la Constitución Federal en ese supuesto, es la libertad personal de los inculpados, por lo que la finalidad de la audiencia es proteger esa prerrogativa, en los supuestos en que no existe un mandamiento judicial, tomando en cuenta que la privación de la libertad es ordenada por el Ministerio Público (en caso urgente) o ejecutada por cualquier persona (flagrancia), por lo que la consecuencia en caso de que se determinara su ilegalidad sería la libertad con reservas de ley. Mientras que en el caso de las órdenes de aprehensión, la privación de la libertad ya se encuentra justificada legalmente. Sin embargo, no escapa a la consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en la ejecución de una orden de aprehensión pudieran surgir cuestiones que la autoridad judicial deba analizar, incluso de oficio; por ejemplo, cuando se alega que aquélla se materializó contra diversa persona (verbigracia, un homónimo), o bien, con posibles violaciones a derechos humanos. En este último supuesto, el Juez deberá actuar en términos de la normatividad aplicable, sin que la decisión respectiva forme parte del control de la legalidad de la detención a que se refiere el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, como se dijo, solamente resulta procedente tratándose de las detenciones en flagrancia o caso urgente." Ahora bien, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, analizó la legalidad de la detención de Joel Velasco Calleja y Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, partiendo de los hechos narrados en el informe policial, de diez de enero de dos mil veintitrés, firmado por los elementos de la policía estatal Dionisio Ruiz López, Hugolino Ortega Escobar, Timoteo José Zaragoza, Nelson Alto Ignacio, Jorge Alberto Corrales Cobos, René Javier Velasco Bautista y Antonio Díaz Durán. Invocó la tesis 1a. XCIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 1096, Tomo II, Libro 16, Marzo de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2008638, de rubro: "DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA." Para argumentar que el derecho humano a la libertad personal no es un derecho absoluto, sino tiene límites, y para establecer contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona para realizar actos de investigación o prevención del delito, se pueden distinguir tres niveles de contacto: a) simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico, esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. En este momento de contacto, la autoridad deberá señalar la información (hechos y circunstancias) con la que contaba para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía. Y aplicó lo allí dispuesto al caso concreto, para resolver que sí se cumplieron esos requisitos, porque el primer momento de contacto consistente en que los elementos de policía a las veintidós horas con veinte minutos, del diez de enero de dos mil veintitrés, al transitar sobre la carretera federal 182 que comunica de Huautla de Jiménez a Santa María Chilchotla, Oaxaca, a trescientos metros antes de llegar a la entrada que conduce a esa última población, vieron a dos hombres caminando con dirección a la entrada de Santa María Chilchotla, al estar aproximadamente a cuatro metros de distancia les dirigieron las luces del vehículo y observaron que la persona que vestía pantalón de mezclilla azul y playera negra portaba e su hombro derecho un costal envolviendo un objeto largo, y en la mano izquierda una bolsa negra, mientras que la otra persona que vestía playera azul y pantalón negro, llevaba abrazando un costal blando; quienes al percibir su presencia tiraron los objetos que cargaban y corrieron, por lo que los elementos de policía les marcaron el alto y detuvieron su huida. Lo justificó el juez de Control argumentando que esa aproximación de los elementos de policía a los imputados se vio motivada con la circunstancia previa acontecida minutos antes, a las diez horas con cinco minutos, en que aquellos realizaban recorridos de seguridad, disuasión y vigilancia sobre la carretera federal 182 con dirección de Huautla de Jiménez a Santa María Chilchotla, en el paraje Puente de Fierro, fueron abordados por un hombre quien les dijo que dos jóvenes que visten uno con playera azul y pantalón negro y otro pantalón azul y playera negra manga larga, caminaban bajando de Chilchotla para el crucero y cargaban un costal que contiene droga que reparten y entregan en las noches en las tiendas de Chilchotla y La Herminia, que andan armados, a uno le dicen El Zurdo y es del cartel Jalisco, y él observó cuando eran aproximadamente las veintiún horas con treinta minutos, cuando esos dos jóvenes llegaron a la comunidad abordo de un taxi de Huautla de Jiménez de donde bajaron un costal y el taxi los dejó en la entrada del pueblo. Por lo que ante esa denuncia de la comisión de un posible hecho delictivo acudieron al lugar donde el denunciante les indicó, por lo que minutos después a las veintidós horas con veinte minutos, del mismo día, transitando sobre la carretera federal 182 que comunica de Huautla de Jiménez a Santa María Chilchotla, Oaxaca, a trescientos metros antes de llegar a la entrada que conduce a esa última población, vieron a dos hombres caminando con dirección a la entrada de Santa María Chilchotla. El juez de Control determinó que ese control provisional preventivo realizado por elementos de la policía, consistente en acercarse a los imputados, alumbrarlos con las luces de la patrulla y marcarles al alto mientras caminaban, se justificó con base en la información de la comisión de un probable delito previamente denunciado a ellos por un hombre -denuncia anónima-, al ser la causa mínima que lo justifica. El segundo momento de contacto lo justificó el juez de Control bajo el argumento que los imputados al percibir la presencia de los elementos de policía, tiraron los objetos al suelo y trataron de huir, por lo que esa conducta evasiva frente a los agentes de policía, propició su detención preventiva para solicitarles autorización para revisar el contenido de los costales que portaban, siendo que observaron que un costal envolvía un objeto largo, al parecer un arma larga porque vieron se asomaba el casquillo. En este contexto, solicitaron a los sujetos autorización para realizar verificación del contenido de los costales que portaban, por lo que observaron que un sujeto -Luis Yeudiel Cabrera Escobedo- llevaba una escopeta marca Champion, calibre 16, sin matrícula y sin modelo, abastecida con un cartucho del mismo calibre, y en la bolsa derecha de su pantalón llevaba dos cartuchos calibre 20 y un cartucho 5.56, en la bolsa negra había hierba seca y verde con las características de marihuana, y el otro sujeto -Joel Velasco Callejas- llevaba en el costal veintiún bolsas de nylon color negro y transparentes con hierba seca de marihuana, una bolsa con quince cartuchos calibre 20 y tres cartuchos calibre 9 mm y tres cartuchos calibre 22. Lo que justificó la sospecha razonada objetiva de que se estaba cometiendo un delito. Factores que el juez de Distrito tomó en consideración para resolver que el control preventivo provisional por parte de los agentes de policía que motivó la revisión ocular a las pertenencias de los imputados fue justificado, para posteriormente al advertir la comisión flagrante de algún delito, se procedió a limitar su libertad personal deteniéndolos. Al respecto, el juez de Distrito responsable invocó la tesis 1a.XXVI/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 669, Libro 27, febrero 2016, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2010961, de rubro: "CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA." El Juez de Control responsable dijo que en principio existe presunción legal de que los elementos de policía cumplieron con la ley que rige su actuación; y refirió que esa presunción legal no fue desvirtuada con otros datos de prueba. Posteriormente argumentó que tras su detención procedieron a la lectura de sus derechos y los trasladaron para realizarles certificación médica, luego los pusieron a disposición ante la Fiscalía Federal en Tuxtepec, Oaxaca, a las cinco horas con diez minutos del once de enero de dos mil veintitrés, porque se hicieron un tiempo aproximado de cuatro horas hasta ese lugar, y realizaron el registro nacional de detención; la Fiscalía puso a los imputados disposición del Juez Penal Federal, a las veintiún horas con cincuenta y seis minutos del doce de enero de dos mil veintitrés, esto es dentro de las cuarenta y ocho horas que establece la ley. Lo que consideró el juez Penal Federal un tiempo razonable entre la hora de su detención -veintidós horas con veinte minutos-, su traslado a Tuxtepec, Oaxaca -cuatro horas aproximadamente- y el tiempo en que se les realizó certificación médica, reporte y registro de su detención, a las cinco horas del día siguiente en que lo pudieron a disposición de la autoridad ministerial. En un segundo momento de análisis de la legalidad de la detención de los imputados, el Juez de Distrito determinó que la defensa planteó una hipótesis diversa respecto a la forma de detención de los imputados, aportando testimonios de diversas personas para corroborar lo informado por los detenidos; al respecto dijo que atendiendo a diversas teorías relativas a la psicología del testimonio, el dicho de los detenidos no se corrobora por más elementos de prueba, porque en esas declaraciones aportadas por la defensa adolecen de congruencia, coherencia y son contradictorias con el relato de las otras personas. Refirió el juez de Distrito responsable que Luis Yeudiel cabrera Escobedo, declaró que el diez de enero de dos mil veintitrés, salió de su casa entre tres y cuatro de la tarde, abordó el taxi de su municipio Santa María Chilchotla hacia Huautla de Jiménez, que iba a ver a su esposa y de allí iría a trabajar al taller, al llegar al Puente de Fierro, los detuvo el retén de la policía estatal, revisaron el taxi y a él, le encontraron que llevaba consigo un poco de marihuana -sin indicar qué cantidad-, le preguntaron que donde la había comprado y quién se la vendió, por lo que lo subieron a la patrulla de policía, le quitaron sus tenis y lo torturaron; que eso sucedió a las cuatro y media de la tarde, cuando lo detuvieron; lo llevaron a Huautla de Jiménez a la comandancia estatal, donde lo pasaron de la patrulla de policía a un vehículo color rojo, nunca lo ingresaron a la Comandancia, siempre lo mantuvieron en esos vehículos, sólo lo cambiaron de coche, le pusieron un trapo negro en los ojos y una chamarra sobre la cabeza y lo amenazaban de muerte, para que les dijera quien le vendió la droga y dónde la compró, allí se reunieron más elementos de policía de Huautla de Jiménez y otros iban vestidos de civiles, y lo llevaron a la casa de Joel Velasco Calleja en Chilchotla, Oaxaca. El Juez de Distrito responsable puntualizó que Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, declaró en audiencia inicial que tras su detención a las cuatro y media de la tarde, lo llevaron a la comandancia estatal en Huautla de Jiménez, Oaxaca, donde lo tuvieron en el auto rojo aproximadamente dos horas, y después se trasladaron a la casa de Joel Velasco Calleja ubicada en Chilchotla, Oaxaca. Con lo que concluyó que si su detención aconteció a las cuatro y media de la tarde, y estuvo dos horas aproximadamente en la Comandancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, para entonces ya eran seis y media de la tarde cuando se trasladaron a la casa de Joel localizada en Chilchotla, Oaxaca, que el tiempo de traslado aproximado en condiciones normales de Huautla de Jiménez a Chilchotla, es de veinticinco minutos; por lo que dedujo, conforme a la versión narrada por Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, que el arribo de los policías estatales a la casa de Joel Velasco Calleja aconteció aproximadamente a las siete de la noche, hora en que ya no hay luz natural. Esa declaración la contrastó con lo declarado por el diverso imputado Joel Velasco Callejas, para deducir que existe entre ellas incongruencia en cuanto a la circunstancia de tiempo. En su declaración Joel Velasco Callejas dijo que el diez de enero de dos mil veintitrés fue a cortar café en el terreno de su mamá, cuando regresó a su casa a la cinco de la tarde ya estaba el desastre, no corrió porque no tiene problemas, no vende droga, ni vende marihuana, se acercó y los policías ya habían hechos sus cosas, en su cuarto tenía un arma 16, que le dejó su papá cuando murió, y la ocupa cuando se va a la milpa, vio que el perro estaba tirado porque le dieron un balazo sangraba de su cabeza, en su casa estaba su familia, hermana, sobrinas, esposa y su bebé, su hermano Antonio no estaba porque trabaja en México, fue cuando lo agarraron y lo llevaron en la camioneta a Tuxtepec. El juez de Distrito después analizó los testimonios aportados por la defensa para respaldar esa versión de hechos Hizo referencia a la entrevista realizada a María del Carmen Velasco Calleja, en la que ella dijo que el diez de enero de dos mil veintitrés, a las cinco de la tarde con diez minutos, en su casa ubicada en Revolución, Chilchotla, Oaxaca, estaban su madre Eusebia Calleja, sus sobrinas Lucero, Esmeralda y Johana, su hermana Lucía y su cuñada Elizabeth, en el patio, cuando un auto rojo, dos motos y dos patrullas se estacionaron afuera de su casa y entraron de manera violenta, patearon la puerta y dispararon mataron a dos perros, al no poder entrar a la casa por esa puerta entraron por la ventana rompiendo las tablas de la ventana, los pusieron a todas contra la pared y con las manos atrás, les preguntaron dónde estaba Antonio y el dinero, pero su hermano Antonio no estaba porque había sido internado en el Hospital de Huautla de Jiménez, Oaxaca, después llegó su hermano Joel del campo, lo golpearon en la cara y costillas, y se lo llevaron detenido. En ampliación de entrevista refirió que forzaron la puerta de lámina, les quitaron dinero y una escopeta que estaba en el cuarto de Joel Velasco Calleja y utiliza para el campo. Agregó siete fotografías de su casa, que tomó justo después de que se llevaron detenido a su hermano Joel Velasco Calleja. Esas fotografías aportadas por la defensa fueron proyectadas en la audiencia inicial, en ellas se observa existe luz natural. El juez de Distrito aludió a esa circunstancia refiriendo que si esa persona dijo que tomó las fotografías después de que detuvieron a Joel Velasco Calleja, acorde con las circunstancias de tiempo ya referidas en párrafos que antecedentes, en las que se concluyó que el arribo de los policías a la casa de Joel Velasco Calleja aconteció aproximadamente a las siete de la noche; no coinciden las condiciones de luz natural que se observan en esas fotografías. También advirtió la diversa incongruencia obtenida de la entrevista realizada por María Magdalena Velasco Calleja, en la que dijo que el diez de enero de dos mil veintitrés, aproximadamente a las cinco de la tarde, escuchó el ruido de carros, vió un coche rojo y motos, escuchó algo que tumbaron y como cinco balazos, por lo que se encerró en su cuarto con su niño de seis años y por el susto que le ocasionó ya no salió hasta en la noche o madrugada que su hermana fue a su cuarto y le dijo que se habían llevado a Joel detenido. E hizo referencia a la entrevista realizada a María Luisa Miguel Patricio, esposa de Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, quien dijo que tiene siete meses de vivir con él cerca del taller donde trabaja y arreglan motos, que el diez de enero de dos mil veintitrés, Luis Yeudiel Cabrera Escobedo salió temprano de su casa y le dijo que iría con su mamá a Chilchotla, donde se quedaría unos días, y ella se iría con sus familiares a otra casa. Versión que no coincide con lo que Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, declaró que el diez de enero de dos mil veintitrés, salió de su casa entre tres y cuatro de la tarde, abordó el taxi de su municipio Santa María Chilchotla hacia Huautla de Jiménez, que iba a ver a su esposa y de allí iría a trabajar al taller. Aludió a lo señalado por la defensa respecto a que Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, fue violentado al mantenerlo descalzo y lastimado o despellejado su pie derecho; el juez de Distrito determinó que el mismo imputado declaró que al momento de su detención aproximadamente a las cuatro y media de la tarde, lo subieron a la patrulla, allí le quitaron su calzado, después en la Comandancia estatal lo pasaron a un coche rojo, donde allí lo mantuvieron, que no caminó nada, hasta que llegando a la casa de Joel Velasco Calleja, allí lo bajaron, lo metieron a la casa, le dijeron que si reconocía a Antonio, les dijo que no, y lo volvieron a subir al automóvil rojo; por lo que concluyó que esa manifestación de violencia física de la que resultó lesionado de la planta del pie, no es coherente con lo que el propio imputado manifestó pues no aportó dato objetivo de que hubiera caminado descalzo. Por lo que resolvió que esos datos de prueba por las circunstancias advertidas no le generaron convicción de que los hechos así hubieran acontecido, y tampoco con ellos se logra desvirtuar la presunción de legalidad en que actuaron los elementos de policía. Ahora bien, conforme a los argumentos legales expuestos por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en la resolución de calificación de la detención emitida el catorce de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 29/2023 de su índice, contra Joel Velasco Calleja y Luis Yeudiel Cabrera Escobedo; este Juzgado Federal considera que se encuentra ajustada a derecho porque como ya se manifestó el juez de Distrito examinó los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, así como los de la defensa, y con ellos tuvo por justificadas las razones de su detención, las que calificó de legales. Si bien los quejosos aducen que el juez de Control desestimó sus dichos, cuando sí existen datos de prueba que corroboran la forma de detención de Joel Velasco Calleja, conforme lo manifestado por María del Carmen y María Magdalena, de apellidos Velasco Calleja, quienes coincidieron en indicar que aproximadamente a las cinco de la tarde, del diez de enero de dos mil veintitrés, elementos de policía entraron a su domicilio buscando cosas, abrieron violentamente la puerta de los cuartos y revisaron la casa, a las dos últimas las violentaron físicamente y mataron a un perro con un disparo de bala, y a otro lo lesionaron. Esa versión quedó desvirtuada con el argumento principal expuesto por el juez de Distrito responsable en el sentido de que no existe concordancia en cuanto con la versión narrada por Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, que el arribo de los policías estatales a la casa de Joel Velasco Calleja aconteció aproximadamente a las siete de la noche, conforme a la mecánica de hechos que dice vivió. Incongruencia de la que derivan las diversas inconsistencias periféricas narradas por las personas entrevistadas: María Magdalena Velasco Calleja primero refirió que al entrar los policías mataron a sus perros, y posteriormente cuando narró los hechos en el video señaló que mataron a los perros cuando ya se retiraban; que al entrar los policías a su casa les dijeron manos atrás y la cabeza a la pared, pero luego señaló que las pusieron con la cabeza y manos a la pared. b) María Magdalena y Lucía, de apellidos Velasco Calleja no señalaron a Luis Yeudiel Cabrera Escobedo en el momento en que los policías llegaron a su domicilio; c) María Magdalena señaló que le pegaron a Joel en las costillas y Joel indicó que lo tiraron; d) Lucía Velasco Calleja se espantó y preguntó a María Magdalena qué pasaba porque estaban en el patio y vieron que llegaron varios vehículos y unas personas se metieron a su casa. Es cierto que la percepción que cada persona obtiene respecto de un mismo hecho puede variar atendiendo al lugar desde que lo percibió, su propia capacidad física de nivel de sentidos del oído, vista, etcétera; ello no determinó la inconsistencia relativa a la disparidad en el tiempo en que refieren los imputados fueron detenidos. Y respecto a su argumento de que en el informe policial se omitió describir los objetos asegurados; el juez Penal Federal refirió que esa omisión no es suficiente para demeritar su presunción de legalidad pues en el relato de hechos en su informe policial sí se describieron los indicios asegurados: 1) una escopeta marcha Champion, calibre 16, sin matrícula y sin modelo y un cartucho del mismo calibre; 2) dos cartuchos calibre 20 y un cartucho calibre 5.56; 3) hierba seca y verde con las características físicas de marihuana; 4) un celular; 5) veintiún bolsas de nylon color negro y transparentes que contienen marihuana; 6) quince cartuchos calibre 20, tres cartuchos calibre 9 mm y tres cartuchos calibre 22. Por cuanto hace a su argumento de que del resultado de la inspección realizada en el domicilio de Joel Velasco Calleja, se corrobora el dicho de las anteriores declarantes, en cuya diligencia se asentó la existencia de datos objetivos de violencia como son el desprendimiento del marco de la puerta de uno de los cuartos, el desprendimiento de la madera de la ventana que da al exterior del inmueble y la ropa revuelta, objetos tirados y la existencia de los perros violentados; los que no pueden considerarse como maquinados, pues María Magdalena señaló que tomó fotografías de como quedaron las cosas en su domicilio después de ese evento, y tras lo sucedido acudió a denunciar el hecho, sin que ninguna autoridad acudiera a constatar lo denunciado, aunado a que su prioridad en ese momento era localizar a Joel Velasco Calleja. Sobre este punto, el Juez de Distrito resolvió que no genera convicción ese dato atendiendo a que de las fotografías proyectadas se advierte que existe luz natural, que en la imagen de los perros no se observa sangre, que si bien existe una ventana abierta, por donde refirieron entraron los policías, ninguna ateste dijo cómo es que entraron por esa ventana, cuando de la imagen proyectada el juez Penal Federal responsable hizo la observación que objetivamente se ve pequeña, por lo que debieron haber entrado uno a uno. Por lo que consideró no ello no corrobora la ilegalidad de la actuación policial. Respecto al acto reclamado siguiente: La resolución de vinculación a proceso emitida en audiencia de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 29/2023 de su índice, contra Joel Velasco Calleja, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de Cannabis Sativa L., y posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; y contra Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de Cannabis Sativa L.; posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional y portación de arma de fuego sin licencia. Para la emisión de tal determinación, la autoridad responsable debe sujetar su proceder a los lineamientos establecidos en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]". Esto es, debe reunirse los requisitos siguientes: De forma: Debe emitirse por una autoridad jurisdiccional. Contener la precisión del delito que se imputa al acusado. Indicar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del ilícito de referencia. De fondo: d) Expresar los datos que establezcan que se cometió un hecho que la Ley señala como delito. e) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Apoya estas consideraciones, la tesis XIII.P.A.28 P, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Febrero 2011, página 2253, Novena Época, registro digital162926, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU NATURALEZA Y EFECTOS SON DISTINTOS AL DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El auto de formal prisión en los procedimientos tradicionales y el auto de vinculación a proceso en el procedimiento penal adversarial son de naturaleza y efectos distintos, pues el primero no tiene sentido y sustento bajo el nuevo sistema de enjuiciamiento oral, de corte garantista, en el que los imputados deberán ser considerados inocentes, hasta que se dicte sentencia firme en su contra, además, cuenta con nuevas reglas procesales, ya que para dictar un auto de vinculación a proceso únicamente se requiere que los datos (no pruebas formalizadas) que fueron recabados en la carpeta de investigación establezcan el delito que se atribuye al imputado, el lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución, y que exista la probabilidad de que él lo cometió o participó en su comisión; incluso se sustituyó la determinación de resolver sobre la libertad del imputado, pues eso, en su caso, será motivo de una medida cautelar, la que de manera independiente deberá solicitar la autoridad investigadora de los delitos; además, el Juez sólo puede decretar la prisión preventiva a petición del Ministerio Público cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; y el Juez sólo podrá decretar la prisión preventiva de oficio, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como en delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, y que pongan en riesgo el libre desarrollo de la personalidad y la salud." El juez de Distrito nombró en la audiencia a una intérprete para que comunicara en idioma mazateco la resolución a tomar a Joel Velasco Calleja. El primero de los requisitos enunciados en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, se acredita, al advertirse de autos que la resolución combatida por los quejosos proviene de autoridad judicial, como lo es el Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones jurisdiccionales de Juez de Control, que dijo ser competente por razón de fuero, porque los hechos tienen la apariencia de ser delitos sancionados por una ley federal que es el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Fundamentó su competencia en razón de fuero y territorio, de conformidad con los Acuerdos Generales 36/2014, artículo 8, fracción II y 46/2015, artículo 17, fracción II, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, del Pleno del Consejo de la Judicatura; pues los hechos sucedieron dentro de su jurisdicción: sobre carretera federal 182, con dirección de Huautla de Jiménez a Santa María Chilchotla, en el paraje Puente de Fierro. Puntualizó el juez de Control que el Ministerio Público formuló imputación y otorgó el derecho a los imputados a emitir declaración, quienes ejercieron ese derecho en la audiencia de control de su detención y ya no quisieron volverlo a realizar en la continuación de la audiencia en que se resolvería su vinculación o no a proceso. El Fiscal expuso los hechos delictivos que se llevaron a cabo conforme a las siguientes circunstancias de tiempo, modo y lugar: "A las veintidós horas con veinticinco minutos del diez de enero de dos mil veintitrés, sobre la carretera federal 182 que comunica de Huautla de Jiménez a Santa María Chilchotla, Oaxaca, como referencia a 300 kilómetros antes de llegar a la entrada que conduce a la última población, Dionisio Ruiz López, Hugolino Ortega Escobar, Timoteo José Zaragoza, Nelson Alto Ignacio, Jorge Alberto Corrales Cobos, René Javier Velasco Bautista y Antonio Díaz Durán, elementos de la Policía Estatal, detuvieron a Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, por poseer una arma de fuego tipo escopeta marca Champion, calibre 16, sin matrícula, ni modelo, que traía consigo sobre su hombro derecho, abastecida con un cartucho del mismo calibre 16, además un cartucho calibre 5.56 y dos cartucho calibre 20 que traía consigo dentro de la bolsa delantera derecha de su pantalón, y llevaba en la mano izquierda una bolsa negra que contenía (ochocientos cuarenta y dos gramos con tres decigramos de marihuana y un teléfono celular con la etiqueta "new Veracruz". Operativo en el que también se detuvo a Joel Velasco Calleja, por portar en ambas manos un costal blanco que contenía veintiún bolsas de nylon en su interior hierba verde y seca de marihuana siete kilogramos, setenta y ocho gramos y seiscientos miligramos y contenía otra bolsa en la que había quince cartuchos calibre 20, tres cartuchos calibre 9 mm y tres cartuchos calibre 22. Estupefacientes con un peso total de siete kilos con novecientos veinte gramos y nueve decigramos, que estuvieron dentro del radio de acción y ámbito de disponibilidad de ambos imputados. Conductas que se realizaron sin que pertenecieran a las fuerzas armadas del país respecto del arma bélica, y sin contar con los permisos expedidos por la Secretaría de Salud." [DVD 1, Audiencia Inicial, minuto 17:18 a minuto 20:25] En lo que atañe al requisitos de fondo que establece el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al sistema acusatorio adversarial, sólo se requieren datos que establezcan se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe resolver el Juez de Control y analizar el Juez de Distrito en Amparo, esto es, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público, o bien, con datos de pruebas que se desahoguen en la audiencia aludida, pero, si no es alguno de los supuestos de excepción, eviten formalizar las pruebas o exponer sobre su valoración, razonamientos que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. En esa tesitura, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones jurisdiccionales de Juez de Control, en la carpeta judicializada 29/2023 de su índice, en determinación de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, vinculó a proceso a Joel Velasco Calleja y Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de Cannabis Sativa L. -marihuana-, previsto y sancionado en el artículo 195 Bis, en relación con los diversos 193, ambos del Código Penal Federal, en concordancia con 234 y 235 de la Ley General de Salud. Además a Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, por portación de arma de fuego sin licencia -escopeta calibre 16-, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con los diversos 9, fracción III y 10, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos - y posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional -un cartucho calibre 5.56-, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y a Joel Velasco Calleja, por posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional -tres cartuchos calibre 9mm-, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En primer lugar analizó el Juez Penal Federal responsable los hechos delictivos consistentes en portación de arma de fuego sin licencia -escopeta calibre 16-, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con los diversos 9, fracción III y 10, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. "Artículo 81. Se sancionará con penas de tres a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente. Artículo 9o.- Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por esta Ley, armas de las características siguientes: [.] III.- Las que menciona el artículo 10 de esta Ley. [.]" Artículo 10.- Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia, son las siguientes: [.] III.- Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.)". Refirió que para su acreditación se necesita: La existencia de un arma de fuego de calibre superior al 12. Que alguien la porte. Que no tenga licencia expedida a su favor para portarla. Posteriormente, analizó los hechos constitutivos del delito de posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional -cartucho calibre 5.56-, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. "Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: [.] II.- Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley." Artículo 11.- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: [.] c).- Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos." Refirió que para su acreditación se necesita: La existencia de cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, calibre 5.56. Que alguien los porte en cantidades mayores a las permitidas en ley. Que no tenga licencia expedida a su favor para portarlos o estén autorizados para tenerlas consigo. Luego analizó los hechos constitutivos del delito de posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional -cartuchos calibre 9 mm-, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. "Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y Artículo 11.- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: [.] b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores." Refirió que para su acreditación se necesita: La existencia de cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, calibre 9 mm. Que alguien los porte en cantidades mayores a las permitidas en ley. Que no tenga licencia expedida a su favor para portarlos o no estén autorizados para tenerlas consigo. Analizó con posterioridad los hechos constitutivos del delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de Cannabis Sativa L. -marihuana-, previsto y sancionado en el artículo 195 Bis, en relación con los diversos 193, ambos del Código Penal Federal, en concordancia con 234 y 235 de la Ley General de Salud. Código Penal Federal. "Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública. El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso. Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción. Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables. ." "Artículo 195 Bis. Cuando por las circunstancias del hecho la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa. El Ministerio Público Federal no procederá penalmente por este delito en contra de la persona que posea: I. Medicamentos que contengan narcóticos, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. II. Peyote u hongos alucinógenos, cuando por la cantidad y circunstancias del caso pueda presumirse que serán utilizados en las ceremonias, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, así reconocidos por sus autoridades propias. Para efectos de este capítulo se entiende por posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona. La posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y, en su caso sancionada por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento." Ley General de Salud. "Artículo 234.- Para los efectos de esta Ley, se consideran estupefacientes: [.] CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas." "Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V. (Se deroga). VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los actos a que se refiere este artículo [sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y] requerirán autorización de la Secretaría de Salud." "Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato [.] Dosis máxima de consumo personal e inmediato Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr. [.]" El Juez de Control responsable determinó que los elementos a acreditarse en este hecho delictivo son: La existencia de una sustancia estupefaciente, en este caso marihuana. La cantidad asegurada rebase cinco gramos por mil, esto es cinco kilogramos - se aplicará el Código Penal Federal-, si no rebasa esa cantidad se aplicará la Ley General de Salud. Al rebasar esa cantidad aplica el Código Penal Federal. La posesión del estupefaciente sin autorización legal de la autoridad competente. Al respecto refirió que el Fiscal Federal acreditó la existencia del arma de fuego y de los cartuchos allí descrito; de los dictámenes periciales en arma de fuego se concluyeron las características físicas de tales objetos, así como del dictamen pericial en química forense advirtió características de la marihuana con el peso ya especificado. Elementos de prueba respecto de los cuales no existe debate. Aunado al informe policial homologado de diez de enero de dos mil veintitrés, emitido por Dionisio Ruiz López, Hugolino Ortega Escobar, Timoteo José Zaragoza, Nelson Alto Ignacio, Jorge Alberto Corrales Cobos, René Javier Velasco Bautista y Antonio Díaz Durán, policías estatales. Y ausencia de autorización legal para portar esos objetos, y de permiso sanitario respectivo. Conforme a los argumentos jurídicos y preceptos legales invocados, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones jurisdiccionales de Juez de Control, consideró existen suficientes datos de prueba para establecer de manera razonable la actualización de los elementos normativos descritos en la ley como los referidos hechos ilícitos. Lo que este Juzgado Federal considera acertado, por los argumentos lógicos jurídicos que precisó el juez responsable. Reiteró que la teoría del caso de la defensa consistente en que la detención de los imputados se realizó en forma distinta a lo narrado en el informe policial homologado de diez de enero de dos mil veintitrés, con los datos de prueba aportados no le genera convicción de que los hechos sucedieron como lo hacen valer, derivado de las inconsistencias advertidas de lo manifestado por los propios detenidos y lo que expresaron las atestes en las entrevistas que se les realizaron el once de enero de dos mil veintitrés. Ello, en primer lugar, porque la declaración de un imputado no puede beneficiarle en sí misma, sino que su dicho debe ser corroborado con datos de prueba, y en el caso concreto, conforme a lo que narra Luis Yeudiel Cabrera Escobeda, no existe elemento de prueba objetivo que confirme que fue detenido el diez de enero de dos mil veintitrés, aproximadamente a las cuatro y media de la tarde, en Puente de Fierro, en Santa María Chilchotla, Oaxaca. Respecto a que Joel Velasco Calleja fue detenido en su casa en Revolución Chilchotla, Oaxaca, a las cinco de la tarde, las atestes María del Carmen y María Magdalena, de apellidos Velasco Calleja, coincidieron en indicar que aproximadamente a las cinco de la tarde, del diez de enero de dos mil veintitrés, elementos de policía entraron a su domicilio buscando cosas, abrieron violentamente la puerta de los cuartos y revisaron la casa, a las dos últimas las violentaron físicamente y mataron a un perro con un disparo de bala, y a otro lo lesionaron. Sin embargo, desvirtuó esa versión con lo narrado por Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, que el arribo de los policías estatales a la casa de Joel Velasco Calleja aconteció aproximadamente a las siete de la noche, conforme a la mecánica de hechos que dice vivió. Incongruencia de la que derivan las diversas inconsistencias periféricas narradas por las personas entrevistadas: María Magdalena Velasco Calleja primero refirió que al entrar los policías mataron a sus perros, y posteriormente cuando narró los hechos en el video señaló que mataron a los perros cuando ya se retiraban; que al entrar los policías a su casa les dijeron manos atrás y la cabeza a la pared, pero luego señaló que las pusieron con la cabeza y manos a la pared. b) María Magdalena y Lucía, de apellidos Velasco Calleja no señalaron a Luis Yeudiel Cabrera Escobedo en el momento en que los policías llegaron a su domicilio; c) María Magdalena señaló que le pegaron a Joel en las costillas y Joel Velasco Calleja indicó que lo tiraron; d) Lucía Velasco Calleja se espantó y preguntó a María Magdalena qué pasaba porque estaban en el patio y vieron que llegaron varios vehículos y motos y unas personas se metieron a su casa, y Luis Yeudiel Cabrera Escobedo jamás refirió que existieran motos; e) existen inconsistencias respecto a la muerte de los dos perros que las atestes refirieron que los policías les dispararon, y de las fotografías proyectadas por la defensa se evidencia que un perro fue herido dentro de una habitación y sólo otro murió y no existe mancha hemática. De lo que concluyó el juez de Control responsable, que no se puede deducir que la detención de Joel Velasco Calleja se realizó conforme a esa mecánica de hechos, al no existir ubicuidad de tiempo respecto al diverso detenido Luis Yeudiel Cabrera Escobedo; y los elementos de prueba aportados por la defensa no tienen un sustento mayor que los datos de prueba aportados por el Fiscal para sustentar la teoría del caso de éste. Y derivado de ello resolvió que no existe ilegalidad en su detención, y por tanto al informe policial si es dable otorgarle valor probatorio para acreditar la forma en que ocurrió la detención de los imputados y cómo es que acontecieron los hechos constitutivos de los delitos que se les atribuyen, como se determinó en párrafos que anteceden. Lo que este Juzgado Federal considera es apegado a derecho porque el juez de Distrito responsable resolvió de manera razonable, aplicando la lógica, realizando valoración individual y en su conjunto de los elementos de prueba aportados tanto por la defensa como por la Fiscalía Federal. Atendiendo a ello, el juez de Control responsable resolvió la acreditación de los elementos de los delitos imputados a los quejosos. La parte quejosa en el segundo concepto de violación, refiere argumentos relativos a la legalidad en la determinación de su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que se analizan. Respecto de Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, aducen que no existen datos de prueba que permitan determinar su comisión del delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana, previsto en el artículo 195 bis del Código Penal Federal, porque fue vinculado por la totalidad de la marihuana asegurada, a pesar de que en el informe policial se asentó que Joel Velasco Calleja llevaba cargando esa bolsa con ochocientos cuarenta y dos gramos con tres decigramos de marihuana; por lo que no existe ningún dato de prueba que demuestre que él quería y podía disponer del total de esa marihuana, porque no se indica que fueran juntos o a qué distancia estaba uno del otro; aunado a que la circunstancia de lugar es imprecisa al indicarse únicamente la carretera Huautla-Santa María Chilchotla a trescientos metros de esa última población, sin señalar el lugar exacto en el que vieron caminar a esas dos personas. Agrega que la circunstancia que refieren los policías de que ellos venden droga en las tienditas, no está corroborado con ningún dato objetivo; por lo que la posesión que se atribuye a Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, debió clasificarse en una posesión simple prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, por tratarse de ochocientos cuarenta y dos gramos con tres decigramos; por lo que existe inexacta aplicación de la ley. Son infundados los sintetizados conceptos de violación. El juez de Control en la resolución reclamada, al respecto, aludió al criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª/J.195/2005, visible en la página 396, Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 175856, de rubro: "PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO. SE INTEGRA ESE DELITO CUANDO ÉSTA SE LLEVA CONSIGO, EN CUALQUIER PARTE DEL VEHÍCULO Y CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE MOVIMIENTOS QUE EL SUJETO ACTIVO DEBA REALIZAR PARA ALLEGÁRSELA". Así como al diverso emitido también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 129, volumen 169-174, segunda parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 234391, de rubro: "SALUD, DELITO CONTRA LA. POSESION. CONCEPTO DE RADIO DE DISPONIBILIDAD EN TAL MODALIDAD". Ello, para referir que al vocablo "portar" debe darse un significado amplio que se traduzca en llevar consigo el arma; ello tomando en consideración que el delito es de los llamados de peligro, y esa conducta implica un riesgo para la seguridad y la paz social ante la posibilidad de que el sujeto activo con facilidad se allegue el arma cuando así lo decida, en razón de su cercana disponibilidad. Aunado que el concepto "radio de disponibilidad" no está limitado al ámbito meramente físico, ni a una distancia determinada, cerca o lejos, sino a la facultad de poder del objeto, en este caso del vegetal en cualquier forma, directamente o a través de otras personas. Lo anterior, aplicado al caso concreto en que se encontró a dos personas caminando que uno llevaba consigo un arma y una bolsa con marihuana, y otros cargaba un costal con marihuana; evidencia que ambos tenían en su radio de acción la posesión de esa droga en su totalidad. Y esa posesión refirió el juez de Control Federal, que debe catalogarse como "posesión simple", y no con fines de comercio como lo solicitó el Fiscal, porque la conducta de posesión, sólo con la cantidad no justifica la finalidad cuando no existe algún elemento de prueba que haga presumir alguna finalidad de las previstas en el 194 de la Ley General de Salud. Por lo que consideró que no existe posesión con fines de comercio. Lo que este Juzgado Federal considera acertado, por los argumentos lógicos jurídicos que precisó el juez responsable. De tal forma que, contrario a lo manifestado por los quejosos en sus conceptos de violación, el auto de vinculación reclamado de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se encuentra debidamente fundado y motivado, pues se evidencia que el Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, analizó y valoró los medios de convicción reseñados, conforme a los principios de la valoración de la prueba, esto es, la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, contenidos en los artículos 259, 263, 265 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como se aprecia de la resolución escrita y del contenido del disco en formato DVD que remitió, considerando, en esta etapa procesal suficientes, pertinentes e idóneos para establecer de acuerdo al estándar probatorio que se acreditan los elementos de los tipos penales ya analizados; además que como ya se detalló, el Juez de Distrito responsable expone con claridad los motivos que toma en consideración para concluir en esos términos, resultando acertado su juicio de valor. Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que los artículos invocados de la Ley General de Salud, se basan constitucionalmente en una medida de prevención y combate en general del narcomenudeo. En cuanto a la probable responsabilidad de Joel Velasco Calleja y Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, en la comisión de los ilícitos descritos, el juez de Distrito responsable precisó que no se encuentra una causa de exclusión del delito, y existen requisitos y elementos que hacen probable que los imputados sean quienes en el día de los hechos, poseían el arma de fuego descrita, los cartuchos indicados y el psicotrópico en la cantidad precisada, sin contar con la autorización de la autoridad competente; ello, quedo acreditado con el informe policial homologado de diez de enero de dos mil veintitrés, los dictámenes periciales en arma de fuego en el que se concluyeron las características físicas de tales objetos, así como del dictamen pericial en química forense advirtió características de la marihuana con el peso ya especificado. Lo que permite establecer de manera probable su intervención de manera directa en la realización de los hechos. Que ello aconteció a titulo doloso, porque se trata de dos personas mayores de edad, que tienen acceso a los medios de comunicación y tienen criterio suficiente para saber que poseer sustancias psicotrópicas se encuentra sancionado como delito en la Ley. Dicha participación el Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, tuvo por demostrada en grado probable, con el material probatorio ya detallado en líneas que anteceden en las circunstancias de lugar, tiempo y modo precisadas; encontrándose en consecuencia satisfechos los requisitos previstos en los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque los datos recabados por el Ministerio Público, y que se precisaron con antelación son suficientes en la etapa procesal en que se dictó la resolución combatida, para determinar, como ya se dijo, que los imputados, aquí quejosos hayan intervenido en los hechos que se les atribuyen, a título de autores. Cabe precisar que para tener por acreditada la probable participación de los imputados en la comisión de los hechos tipificados como delito, no se requiere prueba plena, sino únicamente que existan datos que permitan sostener que pudo haberlo cometido o intervenido en su comisión. Luego, bajo el criterio de la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia; debe decirse que resulta razonable la conclusión a la que arribó el Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, al emitir la resolución reclamada de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en la que vincula a proceso a Joel Velasco Calleja y Luis Yeudiel Cabrera Escobedo. Es aplicable, en lo conducente, la tesis XVII.1o.P.A.53 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en página 2082, Libro 50, Enero 2018, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ESTÁNDAR DE VALORACIÓN PARA SU DICTADO NO DEBE REBASAR EL DEL DATO, AUN CUANDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO O LA DEFENSA EN LA AUDIENCIA INICIAL, HAYAN INTEGRADO ALGÚN MEDIO DE PRUEBA. El Juez de control, quien interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, al resolver, según sea el caso, sobre la calificación de la detención, la vinculación o no a proceso o la imposición de medidas cautelares al imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, considerando ambas hipótesis o teorías del caso, respaldadas con datos provenientes de la carpeta de investigación del Ministerio Público o de la investigación de la defensa y aun en caso de haber desahogado medios de prueba en la etapa inicial el imputado o su defensor, deben valorarse con el mismo rango que los datos de prueba del Ministerio Público, pues las pruebas en esta etapa sólo sirven para integrar datos, por lo que darle un mayor valor, en ese momento, rebasaría las directrices constitucionales, además de que originaría desigualdad de la defensa con el Ministerio Público y la víctima u ofendido, toda vez que, de acuerdo con los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, el único que puede desahogar prueba durante el plazo constitucional o su ampliación, es el imputado, por lo que valorarla con distinto estándar al dato, la colocaría en una situación invariablemente privilegiada, violando el principio de igualdad de las partes. Lo anterior, no obstante que el Ministerio Público en la carpeta de investigación reúna pruebas y no datos necesariamente, pues al igual que los de la defensa, deben valorarse en la etapa inicial como datos, en atención al principio de igualdad previsto en el artículo 10 del código mencionado." En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, se concluye que las resoluciones reclamadas al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca: La resolución de calificación de la detención emitida el catorce de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 29/2023 de su índice, contra Joel Velasco Calleja y Luis Yeudiel Cabrera Escobedo. La resolución de vinculación a proceso emitida en audiencia de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 29/2023 de su índice, contra Joel Velasco Calleja, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de Cannabis Sativa L., y posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; y contra Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de Cannabis Sativa L.; posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional y portación de arma de fuego sin licencia. No son violatorias de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado en los artículos 1º, 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Joel Velasco Calleja y Luis Yeudiel Cabrera Escobedo, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese, y personalmente a los quejosos, así como a su Defensor Público Federal.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el oficio del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, mediante el cual rinde su informe justificado, en relación a la ampliación de demanda interpuesta por la parte quejosa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE.

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