Joel Valencia Huízar

Expediente 4/2014 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 27 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
4/2014
Año
2014
Actuaciones
27
Última actuación
21/12/2015

Partes del expediente

  • Joel Valencia Huízar
  • Joel Valencia Huízar y Otros.
  • Martín Ernesto Valencia Huízar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiuno de diciembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual transcribe el proveído de once de diciembre de dos mil quince, del que se aprecia que ese órgano jurisdiccional, acusa recibo del oficio por el que se le remitió el original del juicio de amparo 4/2014 de este índice, un cuaderno de pruebas, así como del original y duplicado del incidente de suspensión respectivo, y se avoca al conocimiento del asunto, registrado con el número de amparo 1523/2015-II. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. Finalmente, dado que el cuaderno de antecedentes en que se actúa carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos II y III, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ SU ARCHIVO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, uno de diciembre de dos mil quince. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta signado por la parte quejosa Joel Valencia Huizar, Martín Ernesto Valencia Huizar, este en lo personal y como representante legal de Valencia y Valencia Abogados, Sociedad Civil, por medio del cual desahoga la vista otorgada en proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, objeta de falso el anexo al informe rendido por la autoridad responsable, ofrece pruebas y realiza manifestaciones. Por su parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que el veintisiete de noviembre de dos mil quince, este Juzgado de Distrito, se declaró legalmente incompetente por cuestión de territorio para seguir conociendo y resolver el presente asunto, motivo por el cual, se ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. En razón de lo anterior, se ordena el desglose de la promoción que se acuerda, previa copia que se deje para constancia, para ser remitida en alcance junto con las seis copias del mismo, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintisiete de noviembre de dos mil quince. Visto que del análisis pormenorizado del presente expediente se advierte que éste se encuentra debidamente integrado al constar en él los informes de las autoridades señaladas como responsables y constancias que se estiman necesarias para resolver el fondo del asunto. Ahora bien, de la demanda de garantías se advierte que los quejosos Joel Valencia Huizar, en lo personal y Martín Ernesto Valencia Huizar, por derecho propio y también como socio, administrador y representante legal de la moral Valencia y Valencia Abogados S.C. reclamaron los siguientes actos. "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES y actos que de cada una se reclaman: III.1) COMO AUTORIDAD ORDENADORA SEÑALAMOS AL JUEZ SÉPTIMO (antes Décimo) DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. Con domicilio en avenida del lago de Guadalupe. no. 72, colonia villas de hacienda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52920. De quien reclamamos los proveídos de dieciocho de junio y el de veintidós de agosto de dos mil trece, y sus consecuencias dictados dentro del juicio ejecutivo mercantil 392/2013, que contienen el auto admisorio, de exequendo, mediante el que ordenó que, en un domicilio en el cual nunca hemos residido ni constituye el domicilio legal de ninguno de nosotros, se nos notificara personalmente y se nos hiciere el requerimiento de pago y el embargo de bienes propiedad de los suscritos, así como el emplazamiento a dicho juicio y todo lo actuado en dicho juicio mercantil, y todas y cada una de las consecuencias legales que se deriven de tales actos reclamados, inclusive la sentencia definitiva dictada (no por vicios propios sino como consecuencia de la falta de emplazamiento a juicio), el auto que la declaró ejecutoriada, así como cualquier orden de ejecución de la misma, sea en el principal o en forma incidental, y se abstenga de proseguir tal ejecución por sí, por subalternos, mediante despachos y exhortos. III.2) COMO AUTORIDAD EJECUTORIA EL ACTUARIO RESPONSABLE ADSCRITO A LA AUTORIDAD ORDENADORA, DEL CUAL NO CONOCEMOS SU NOMBRE POR NO HABERLO ASENTADO EN EL ACTA RESPECTIVA. Con domicilio conocido en la Colonia Villas de la Hacienda de esa ciudad. De quien reclamamos las diligencias de ejecución y traba de embargo, así como el emplazamiento a juicio, realizadas el uno de julio de dos mil trece, dentro del juicio ejecutivo mercantil 392/2013, en cumplimiento al auto admisorio, de exequendo, de fecha 18 de junio de 2013, las cuales se llevaron con una persona que no conocemos ni tenemos parentesco o relación alguna, así como tampoco la moral ni las personas físicas tenemos como residencia o domicilio legal en el que se practicaron tales diligencias y las consecuencias legales que se deriven de tales actos reclamados. III.3) COMO AUTORIDAD EJECUTORA, AL MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. Con domicilio conocido en esta ciudad, de quien reclamamos la ejecución, por su conducto, de las órdenes de embargo sobre bienes de los quejosos, que pretende realizar en cumplimiento al oficio 2963/2013, y oficio que le ha remitido el Juez Séptimo (antes décimo) de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con Residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en los autos del juicio 21/2008. Acto reclamado que incluso hacemos consistir en cualquier orden, mandato, resolución, cualquier auto o acuerdo que la responsable pretenda emitir con apoyo en el referido oficio tendiente a cumplimentarlo." Asimismo, indicaron como autoridades responsables al Juez Séptimo (antes Décimo) de lo Civil del Distrito Judicial de Tlanepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y actuario de su adscripción, así como al Magistrado de la Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo de Estado de Baja California, en esta ciudad. De autos se advierte que el Juez Séptimo (antes Décimo) de lo Civil del Distrito Judicial de Tlanepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y actuario de su adscripción, reconocieron que en autos del juicio ejecutivo mercantil 392/2013, promovido por Altamira Alianza, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Valencia y Valencia Abogados S.C. y otros, del cual derivan los actos reclamados, se emitió proveído en fecha dieciocho de junio de dos mil trece, por el cual se admitió a trámite el juicio, ordenándose en el mismo requerir de pago, embargar y emplazar a los diversos codemandados; que todo ello fue cumplimentado mediante diligencia de primero de julio de dos mil trece, en aquella localidad. Al efecto, se precisa que la competencia legal, es un presupuesto procesal de estudio preferente, por lo tanto, es menester señalar que el 37 de la Ley de Amparo vigente, dispone al efecto lo siguiente: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto transcrito se observan tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en materia de amparo indirecto, consistentes en: a) Cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución, de conformidad con el último párrafo del numeral en comento. En este caso, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro del ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. b) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) Más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, esta constituye un matiz de la regla antes mencionada, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En las relatadas circunstancias, en el asunto que nos ocupa, es evidente que nos encontramos en presencia del segundo de los supuestos, ya que al consistir los actos reclamados en la admisión, requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, derivados de la interposición de un juicio ejecutivo mercantil, y existir constancia que estos fueron admitidos en todas sus partes por el Juez civil responsable, actos reclamados que posteriormente fueron ejecutados por el actuario adscrito a ese juzgado (quien igualmente aceptó haber intervenido en ellos), concluyendo dicho juicio con una sentencia que condenó a los aquí quejosos al pago de diversas prestaciones, importando destacar que estos actos reclamados acontecieron en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, y ninguno en esta localidad. En la especie, como se advierte de las constancias remitidas por las autoridades responsables Juez Séptimo (antes décimo) de lo Civil del Distrito Judicial de Tlanepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y actuario de su adscripción, cuyo valor probatorio es pleno, se ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en aquella ciudad, todo lo cual la parte quejosa indica que contraría preceptos constitucionales. Por su parte, la única autoridad señalada como responsable que tienen domicilio en esta ciudad, Magistrado de la Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo de Estado de Baja California, negó los actos reclamados, esto es, todos los actos reclamados que fueron reconocidos por las autoridades responsables se realizaron en aquella localidad, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Entonces si se obtiene que los actos reclamados se ejecutaron en aquella localidad, la cual está fuera del ámbito de competencia territorial de este juzgador, es que se estima se surte la competencia para el Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en Turno. Lo anterior, tal como lo indica el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Y como se señaló con antelación, la única autoridad con sede en esta localidad negó categóricamente el acto reclamado, lo cual motivaba la competencia legal de este juzgado para conocer del presente juicio de amparo. Entonces, ante la negativa expresa de la responsable local, no desvirtuada por la parte quejosa, el suscrito queda obligado a declinar la competencia del asunto. Tal como se establece en la Jurisprudencia P./J. 9/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190373, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, página 5, que señala: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Sin que represente un obstáculo el hecho de que, en atención de las circunstancias que imperaban en diversa etapa procesal (específicamente al presentarse la demanda), este órgano de control constitucional haya admitido a trámite el juicio de amparo en que se actúa, pues al ser la competencia una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe resolverse en cualquier etapa del procedimiento, toda vez que, si bien es cierto que al momento de la admisión del escrito de amparo se debe de atender a lo ahí manifestado por la parte quejosa, ello no impide que con posterioridad, al rendir las autoridades responsables su informe justificado se decida de acuerdo con el sentido de los mismos. Lo anterior, no obstante que el domicilio señalado por la parte quejosa se encuentre en esta ciudad, lugar donde aun cuando pudiera ser indicativo de la ejecución el acto reclamado, dicha circunstancia no basta para conceder competencia, ya que la negativa de la autoridad local se insiste, no fue desvirtuada por la parte quejosa, más aún, porque la autoridad ordenadora expresó que la ejecución de los actos por ella ordenados se realizaron en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, localidad que se encuentra fuera del ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional. En tales condiciones, establecida la incompetencia legal, por cuestión de territorio, para resolver y seguir conociendo del presente juicio, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, remítase a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, para que lo remita al juzgado que por turno corresponda; y una vez recepcionado el sumario constitucional y las demás constancias relacionadas, se le solicita comunique a este órgano de control constitucional lo que tenga a bien determinar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para debida constancia, remítase de inmediato este juicio de amparo, así como el original y duplicado del expediente incidental relativo y solicítese el acuse de recibo correspondiente. En mérito de lo expuesto, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil trece; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil quince. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito con número de registro 18636, presentado por la parte quejosa, a través del cual solicita la expedición de copias certificadas. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el promovente, se expiden copias certificadas de las constancias que indica en el ocurso de cuenta. Ahora bien, visto el diverso escrito, téngase a la parte promovente, dando cumplimiento al requerimiento efectuado el doce de noviembre de dos mil quince y proporcionando como domicilio cierto y actual del testigo Rubén Reyes Moreno, el ubicado en Bahía Sebastián Vizcaíno 677, colonia Moderna Oeste, de esta ciudad. En consecuencia, y a fin de preparar la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, túrnense los presentes autos a la Actuaria Judicial adscrita, para que se sirva a notificar el presente proveído al ateste de referencia y lo requiera para que comparezca debidamente identificado ante este órgano jurisdiccional, a las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil quince, fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional, con el apercibimiento que de no comparecer, se le aplicará una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 237, fracción I en relación con el 238 y 259 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL TESTIGO RUBÉN REYES MORENO.

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