Joel Torres Cruz
Expediente 928/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Joel Torres Cruz
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 64901/2021-BIS del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por esta juzgador; en consecuencia realícense las anotaciones en el libro. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran seis meses- por tratarse de un cuadernos de antecedentes y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
RECLUSORIO OTE Visto el escrito de demanda presentado por ..., por propio derecho, contra la omisión por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México de reparar el daño al aquí justiciable derivado de la recomendación 18/2019, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 928/2021 e intégrense los respectivos expedientes. INCOMPETENCIA: Del contenido íntegro de la demanda, se obtiene en lo que interesa, que el justiciable interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en virtud de los actos de tortura que refiere sufrió por parte de los agentes aprehensores de la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, el citado organismo, emitió la recomendación 18/2019, en la cual conminó la reparación del daño sufrida al aquí quejoso, consistente en una indemnización económica. El diez de junio de la anualidad, fue informado por la citada Comisión de Derechos Humanos, que su expediente personal había sido remitido a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de que se diera cumplimiento a la mencionada recomendación. Establecido lo anterior, este juzgador no es competente, por razón de materia, para conocer del presente asunto, en virtud de lo siguiente: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en lo tocante con el procedimiento de acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral regido por la Ley General de Víctimas que se lleva a cabo ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es de naturaleza administrativa, no sólo por la autoridad ante quien se sigue, sino porque su materia se vincula con una cuestión de tipo administrativo, esto es, si procede o no y en qué media el acceso a los recursos del citado Fondo de Ayuda. Así, al considerar que la competencia es el límite de la jurisdicción y, por tanto, de análisis preferente en cualquier estado del juicio, puesto que su falta constituye un obstáculo procesal que impide entrar al conocimiento del fondo para su resolución final, en el caso se debe declinar competencia a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En ese sentido, la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª/J.24/2009, ha sostenido que tratándose de la competencia por razón de materia, debe tomarse en consideración tanto la naturaleza del acto reclamado como la autoridad responsable. Como ya se precisó en párrafos que anteceden, en el caso, el justiciable reclama que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ha sido omisa en atender la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a efecto de que esta repare el daño sufrido por el aquí quejoso, consistente en una indemnización económica. Ahora, la Ley General de Víctimas, en sus artículos 4, 6, 26, 27, 64, 65, 96 y 97, prevé que se denominará víctimas directas a las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa o que tengan una relación inmediata con ella. De los antecedentes, que dieron origen al acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, el justiciable refiere que se advierte que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, emitió una determinación, en la que proveyó que el justiciable debía ser indemnizado económicamente a efecto de reparar el daño que este sufrió, es decir una "compensación". La "compensación", es una medida comprendida dentro de la reparación integral del daño. En la exposición de motivos que dio origen a la Ley General de Víctimas, se dijo que la "compensación" es una figura de "naturaleza estatal", y es distinta a "la restitución, reparación o indemnización que el delincuente debe asumir frente a su víctima", ya que en la primera (o sea, en la "compensación"), se utilizan fondos públicos para compensar la nocividad del delito, partiendo del argumento que la sociedad, en su conjunto, es responsable de la prevención criminal, por lo que al fracasar ésta, resulta justo que se compense a la víctima. Asimismo, el legislador puntualizó que la "compensación" no concibe a las víctimas de determinados delitos "como una modalidad de beneficencia pública a favor de los más necesitados, por el contrario, la percibe como un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado, aspecto destacado por el moderno 'Estado Social' que se basa en la justicia y solidaridad para evitar el desamparo de la víctima ante la insolvencia del infractor o el desconocimiento de la identidad del victimario." Entonces, al indicar el creador de normas que atendiendo a un Estado Social de Derecho, la "compensación" es una figura de "naturaleza estatal" y por ende, la elevó como una "obligación", significa que el Estado mexicano asume la responsabilidad de reparar integralmente el daño causado a la víctima, ya sea 1) con motivo de un hecho delictivo; o, 2) por infracción a derechos humanos; obvio, únicamente cuando ocurran ciertos supuestos. La Ley General de Víctimas hace distingo a dos clases de "compensación": La "compensación" -en estricto sentido- que forma parte de la reparación integral del daño, que directamente se le exige a la persona física o al ente del Estado responsable de haber ocasionado el daño en la víctima por la comisión de un delito o violación a derechos humanos, que es ordenada por un órgano jurisdiccional nacional o internacional, u organismos nacionales o internacionales públicos de protección de derechos humanos (artículos 65 y 66); o bien, La "compensación subsidiaria", que acontece en tratándose de asuntos "truncos" en los que no hay condiciones para que la persona o ente directamente responsable satisfaga la reparación del daño que le causó a la víctima por la comisión de un delito; lo anterior, ya sea porque el victimario falleció, se sustrajo de la acción de la justicia, porque hay circunstancias que hacen imposible el ejercicio de la acción penal, o bien, porque el autor del daño no tuvo la capacidad de repararlo, entre otros supuestos (artículos 67 y 69). Por tanto, la naturaleza jurídica de la "compensación" a cargo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (materia del acto reclamado) es administrativa, pues en principio, la teleología de esta figura indica que el propio Estado mexicano es el que se responsabiliza de la reparación del daño causado a la víctima, a fin de no dejarla en una posición de "desamparo" en escenarios de impunidad o de denegación de justicia (en los que el Estado debió haber estado presente y que no logró su deber de que se conociera la verdad, que se castigara al responsable y que éste le reparara el daño). Obligación irrogada por el Estado mexicano que es materializada o llevada a cabo por autoridades formalmente administrativas, siendo que el procedimiento donde se dilucida la procedencia de acceso a la víctima a dicha compensación subsidiaria, es de la misma índole (administrativa). Por lo que al no estar ligada la actividad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Comité Interdisciplinario Evaluador de dicha Comisión, a aspectos conducentes a la materia penal, es por lo que no corresponde a los órganos de control constitucional especializados en esta materia el conocimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen actos relacionados a la "compensación subsidiaria" como una modalidad de la "compensación" -en estricto sentido- que conforma a la reparación integral del daño. Por tanto, es incuestionable que el juez competente para conocer, se surte en favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, pues se actualizan los supuestos del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, se trata del análisis de la legalidad de un acto de autoridad administrativa y de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden, en el que no se aplican normas generales en materia penal. En esos términos, se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 44/2019, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN O DILACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL REGIDO POR LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. El procedimiento referido es de naturaleza administrativa, no sólo porque se sigue ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino también porque su materia se vincula con una cuestión de tipo administrativo, a saber, determinar si procede o no y en qué medida el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sobre lo cual no existe un componente penal. No es óbice que uno de los supuestos del reconocimiento de la calidad de víctima pueda ser la existencia de un delito, ya que para emitir el pronunciamiento correspondiente no se hace un reexamen del proceso penal, no se emite un juicio respecto del carácter delictivo de determinados hechos ni se constata su comisión, no se analizan elementos del tipo ni se califica la gravedad del delito y tampoco se hace una identificación de la víctima, sino que esa situación queda en manos, más bien, de la autoridad penal que, en su caso, emite la decisión o sentencia ejecutoria de esos aspectos de manera previa, mientras que a la comisión indicada corresponde analizar aspectos específicos ordenados por la Ley General de Víctimas, a saber, la condición socioeconómica de la víctima, la repercusión del daño en la vida familiar, la posibilidad o imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño, el número y edad de los dependientes económicos y los recursos disponibles del fondo; aspectos que no son de naturaleza esencialmente penal y que, por ende, no se vinculan con un conocimiento especializado en esa materia. Por tanto, se concluye que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consiste en la omisión o dilación en el dictado de la resolución definitiva en ese procedimiento la competencia para conocer de aquél se surte en favor de un Juez de Distrito en materia administrativa, pues se actualizan los supuestos del artículo 52, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, se trata del análisis de la legalidad de un acto de autoridad administrativa y de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden, en el que no se aplican normas generales en materia penal. De ahí que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, la demanda de cuenta y las constancias correspondientes, a fin de que, en caso de estimarlo procedente, se avoque a su conocimiento; solicitándole atentamente el acuse correspondiente, así como que informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Consecuentemente, recábense copias de las constancias que resulten necesarias y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DE LA PARTE QUEJOSA: Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. INTERVENCIÓN MINSTERIAL: Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la adscripción, por tanto, se ordena la notificación del presente acuerdo de manera personal y las subsecuentes como legalmente corresponda. Se le autoriza la consulta por vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio, el cual queda a la vista en el sistema implementado para tales fines, al que podrá ingresar con el usuario correspondiente. EXHORTO PARA TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN: Se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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