Joel Torres Chávez
Expediente 653/2017 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 33 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 25/07/2018
Partes del expediente
- Joel Torres Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "El acuerdo de veintinueve de mayo último, en el que se declaró cumplido el fallo protector, SE DECLARA CONSENTIDO. Glósese el original del incidente de suspensión a los presentes autos.Devuélvanse las constancias enviadas por el agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación Dos Sin Detenido, de la Coordinación Territorial TLP-1 (foja 128), sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues para este órgano de justicia federal es suficiente el sello de la autoridad en cita."
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El acuerdo de veintinueve de mayo último, en el que se declaró cumplido el fallo protector, SE DECLARA CONSENTIDO. Glósese el original del incidente de suspensión a los presentes autos.Devuélvanse las constancias enviadas por el agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación Dos Sin Detenido, de la Coordinación Territorial TLP-1 (foja 128), sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues para este órgano de justicia federal es suficiente el sello de la autoridad en cita.
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Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, mediante el cual solicita se tramite incidente de reclamación daños y perjuicios, así como incidente de inejecución de sentencia en el presente asunto. Por lo que hace al incidente de reclamación de daños y perjuicios, no ha lugar a proveer de conformidad, lo anterior bajo los siguientes argumento. Es dable establece que para que dicha figura sea procedente, debe haberse ordenado la apertura del incidente de suspensión del acto reclamado; que en este se haya concedió la suspensión, se haya requirió una garantía para que dicha suspensión surtiera efectos y en el caso de que existir tercero interesado, el mismo ofreciera una contra garantía a efecto de que dicha suspensión no surtiera sus efectos. Por lo que, una vez dictada la sentencia concesoria y que dicha determinación cause ejecutoria, la parte interesada cuenta con un término de seis meses para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorgaron con motivo de la suspensión del acto endilgado. Ahora, del estado de autos se aprecia que dichos hipótesis no se acreditan, pues si bien es cierto, el veinticinco de juicio del año próximo pasado se ordenó la apertura de los autos incidentales (fojas 47 a 50); también lo es que en los citados autos se negó la suspensión provisiona y definitiva al advertirse que los actos reclamados eran consumados, así como de naturaleza negativa, contra los cuales es improcedente conceder dicha medida, pues implicaría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que resuelve el juicio de garantías; aunado a ello, no se aprecia que se haya ofrecido garantía o contra garantía, esta última por el tercero interesado, haciendo patente que en el presente asunto no se tuvo a persona alguna con dicho carácter. Asimismo, debe decirse que en sentencia de nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 143 a 151), quien esto provee determinó, por un lado sobreseer en el juicio de amparo, y por otro que la Justicia de la Unión amparaba al peticionario contra los actos de la autoridad ministerial responsable; resolución que causó ejecutoria el uno de diciembre siguiente (fojas 160 y 161), sin que dicha circunstancia sea suficiente para otorgarle al impetrante la facultad para hacer valer la reparación de los daños y perjuicios que indica, pues como se dijo anteriormente, no se cumplen con los demás requisitos para tramitar el incidente de que se trata; en consecuencia, dado que no se colman los requisitos para el trámite del incidente en mención, no ha lugar a proveer de conformidad su petición. Por lo que hace al diverso incidente de inejecución de ejecutoria, los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, establecen que una vez que cause ejecutoria la sentencia emitida en el juicio de garantías donde se haya concedido el amparo, se solicitará el cumplimiento a la responsable; recibido el informe sobre el acatamiento, se dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, transcurrido éste, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si el fallo fue obedecido o no, si la autoridad incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Sólo en el supuesto de que aquél no se cumpla, el órgano de control constitucional hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá el expediente a la superioridad, para iniciar el trámite de inejecución. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en el caso el veintinueve de mayo pasado se tuvo por cumplido el fallo protector. En las relatadas condiciones, tomando en consideración que el diverso 193 de la Ley de Amparo dispone que deberá tramitarse la inejecución de sentencia cuando el órgano de control constitucional declare que ésta no ha sido cumplida por las responsables, y en el presente caso ya se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; resulta inconcuso que no es dable iniciar la incidencia planteada. Lo anterior, debido a que aquélla tiene como presupuestos básicos para su trámite y prosecución que las responsables hayan sido omisas o contumaces en relación con la solicitud de acatamiento a la resolución amparadora, y en el caso, se itera, ya se cumplió con la misma, por lo que sólo se encuentra pendiente que fenezca el plazo concedido a las partes para que presenten el recurso correspondiente para inconformarse con la determinación emitida en este asunto el veintinueve de mayo del presente año; circunstancia por la cual no es dable remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, a efecto de tramitar el mencionado incidente de inejecución de sentencia. No pasa desapercibido que el quejoso hace manifestaciones respecto de diversos delitos, que a su parecer, se configuran en el presente sumario por parte de la autoridad responsable; al respecto se hace de su conocimiento que el juicio de amparo no constituye una instancia intermedia entre las partes y las autoridades competentes para conocer de conductas presuntamente delictivas, por lo que éste tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la forma en que lo estime pertinente.
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I. ANTECEDENTES. Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que por sentencia terminada de engrosar a los autos el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************. DECLARATORIA Lo expuesto, de acuerdo con el criterio de este resolutor, es indicativo de que se acató la ejecutoria, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo tal contexto, toda vez que en lo que fue materia del presente juicio de amparo, se atendió el parámetro del fallo protector, en razón que de lo reseñado se advierte que la autoridad responsable cumplió sin defecto ni exceso tales lineamientos por los cuales se otorgó la protección constitucional, por lo que con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDO; haciéndole saber a la parte quejosa que se dejan a salvo sus derechos para interponer el recurso procedente. Consecuentemente, dése el aviso correspondiente a la autoridad responsable y realícense las anotaciones en el libro de gobierno, se ordena el archivo del presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente es susceptible de depuración.
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