Joel Tamayo Alvarez

Expediente 3781/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3781/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Joel Tamayo Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado la sentencia. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Archivo del asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y dado que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es depurable, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo y se negó la protección de la justicia Federal, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere dicho artículo. Asimismo, atento a lo ordenado por el artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el acuerdo referido en el párrafo que antecede, por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Devolución de documentos. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventas días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Toda vez que por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio con el cual el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "4", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicios de Administración Tributaria, en representación de la Jefa de Administración Tributaria, por el cual dicha autoridad informó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en al presente expediente. De lo anteriormente informado, se ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que su derecho conviniera y, como se advierte de la certificación secretarial que antecede, ha transcurrido dicho término sin que haya realizado manifestación alguna al respecto, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, este juzgado de distrito se pronunciara respecto del cumplimiento dado a la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa. En atención a lo anterior, se procede a resolver, oficiosamente, si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. Cabe precisar que en este asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa para los siguientes efectos: ". B. Conceder el amparo respecto del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. En esa tesitura, la concesión del amparo será en apego a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, para los efectos siguientes: En caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica en contra de la quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Ahora bien, de la lectura del oficio 600-04-04-03-00-2022-08196 dictado en el expediente 10842/2014, del índice de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales del Servicio de Administración Tributaria, se advierte que la autoridad señaló lo siguiente: "(.) de una consulta a las bases de la autoridad fiscal, se advierte que a la fecha NO ha sido instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, a la quejosa Cronologus, S.A. de C.V. con R.F.C. CRO140527BG7, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes para cumplir el fallo protector, máxime que dicho numeral ha dejado de tener vigencia." En primer orden, debe tenerse en cuenta que en este asunto se concedió el amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece y su reforma posterior publicada en el citado medio de comunicación el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomara en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, entre otras cosas, se circunscribe a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." D.O.F. 9/12/2013 y su reforma de 18/11/2015 D.O.F. 03/11/2016 Artículo 53-B.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente: [.] IV. En caso de que el contribuyente exhiba pruebas, la autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días contados a partir de su desahogo para la emisión y notificación de la resolución con base en la información que se cuente en el expediente. En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones dentro del plazo establecido en la fracción II de este artículo, la resolución provisional y, en su caso, el oficio de preliquidación que se haya acompañado, se volverán definitivos y las cantidades determinadas en el oficio de preliquidación se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. [.] Artículo 53-B.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente: [.] IV. La autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y notificación de la resolución con base en la información y documentación con que se cuente en el expediente. El cómputo de este plazo, según sea el caso, iniciará a partir de que: a) Haya vencido el plazo previsto en la fracción II de este artículo o, en su caso, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente; b) Haya vencido el plazo previsto en la fracción III, inciso a) de este artículo o, en su caso, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente, o c) Haya vencido el plazo de 10 días previsto en la fracción III, inciso b) de este artículo para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la información o documentación aportada por el tercero. Segundo párrafo derogado. [.] Del cuadro comparativo anterior, se desprende que a partir del uno de enero de dos mil diecisiete el legislador modificó el esquema procesal conforme al cual la autoridad hacendaria puede llevar a cabo la revisión electrónica de los contribuyentes. De dicha modificación destaca, entre otras cosas, la derogación del párrafo respecto del cual se concedió el amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, del análisis del oficio que exhibió la autoridad responsable se desprende que en relación con los quejosos, no ejerció facultades de comprobación conforme al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, al advertirse que la parte quejosa fue omisa en realizar manifestación alguna del oficio que antecede y dado que la autoridad responsable manifiesta que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de dichos contribuyentes y que la responsable no está en condiciones de sancionar a la citada parte por el incumplimiento de la obligación formal de ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, respecto de aquel ejercicio en el que estuvo imposibilitada de hacerlo, se concluye que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, lo que- se insiste- impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento; por lo que se ordena el archivo del expediente una vez que adquiera firmeza el presente proveído Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO).De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." En tal sentido, se concluye que no es posible emitir la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, notifíquese personalmente a la parte quejosa esta determinación y una vez que transcurra el plazo establecido en artículo 202 de la Ley de Amparo, provéase lo que corresponde en relación con el archivo del presente asunto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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